El Gobierno del presidente Donald Trump celebró este viernes el fallo que permite a la empresa Sable Offshore Corp., con sede en Texas, seguir usando el oleoducto Santa Ynez (CA-324 y CA-325), que hacen parte del sistema Las Flores.

En marzo pasado, la Casa Blanca invocó la Ley de Producción de Defensa con el objetivo de eludir las regulaciones estatales y elevar la producción de petróleo en un intento por aliviar las presiones sobre el suministro mundial de crudo generadas por la guerra en curso con Irán.

La Fiscalía de California acudió a los tribunales para evitar que se reanudara el uso del oleoducto, alegando que el Gobierno de Trump “carece de autoridad” para eximir a la petrolera de cumplir con las leyes estatales y federales y varias órdenes judiciales que abordan, entre otras, las violaciones relacionadas con la ruptura del oleoducto CA-324, que causó el peor derrame de petróleo en la costa de California en 25 años.

Pero el tribunal se ha puesto del lado del gobierno federal en un fallo que también limitó gran parte de la supervisión que California ejercía sobre la antigua red de oleoductos.

El oleoducto CA-324, que transporta petróleo desde la plataforma marítima hasta la costa, estaba sujeto a un acuerdo judicial tras el derrame de petróleo de Refugio Beach en mayo de 2015, cuando un segmento corroído se rompió y liberó cientos de miles de galones de petróleo cerca de una playa en las afueras de Santa Bárbara.

El derrame de petróleo causó graves daños a la salud y seguridad públicas, incluyendo la liberación de petróleo y humos peligrosos que enfermaron a las comunidades, contaminaron las aguas costeras, dañaron a los mamíferos marinos y las aves marinas, y obligaron al cierre de playas, según ha advertido la fiscalía californiana en la demanda interpuesta en marzo pasado contra la Casa Blanca.

Este fallo respalda una acción federal decisiva para proteger la seguridad nacional al reactivar el flujo de 50.000 barriles de petróleo diarios, cuando se ve amenazada la estabilidad del suministro energético de Estados Unidos«, declaró en un comunicado Adam Gustafson, fiscal de la División de Energía y Recursos Naturales del Departamento de Justicia.

Se espera que el estado de California apele la decisión del tribunal.