El presidente de la entidad, Ramón Gómez, al defender el proyecto que introduce modificación de la legislación, consideró que los trabajadores del volante siempre han estado desprotegidos y, en muchos de los casos, al final de sus vidas, se enferman y hasta mueren por falta de un seguro médico.

Indicó que los hombres y mujeres que forman parte del gremio de taxistas por plataformas lucharán junto a CONATRA hasta lograr las conquistas de sus afiliados, tras entender que son trajadores que laboran hasta 18 horas al dia y no es justo que esas plataformas no paguen la TSS ni otros impuestos al Estado.

“El 40 por ciento de lo que producimos en Uber, InDrive y Pedidos Ya, se lo gana la plataforma, que es la propietaria de la compañía, y con lo que resta, tenemos que comprar combustibles, lubricantes, neumáticos, piezas para el carro y pagar el préstamo en el banco o la financiera”, señaló.

“Y al final, terminamos sin nada, porque al no poder cumplir con esos compromisos, perdemos el carro que habíamos adquirido a crédito, con tantos sacrificios y al final, terminamos en la casa con serias complicaciones de salud”, agregó el dirigente gremial.

Sin dinero

Gómez argumentó que más del 70 por ciento de los trabajadores del transporte que laboran en esas compañías de taxis por plataformas como Uber, InDrive y Pedidos Ya, están sin dinero y sin vehículos; “lo han perdido todo, porque los costos operacionales no son rentables y al final, nuestros afiliados mueren por falta de protección oficial”.

Sostuvo que entre los beneficios solicitados por CONATRA en su documento figura seguro médico, vehículos a precios bajos y planes de vivienda, entre otros, por lo que llamó a otros trabajadores que pertenecen al sector trasporte de taxis por plataformas a que se integren a esta lucha por mejores conquistas.

Puntualizó que una vez lograda la modificación a la pieza y las conquistas, los asegurados de esas empresas afiliadas a ese gremio cumplirán religiosamente con las exigencias establecidas en el Código Laboral, en lo que concierne al pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) “y así disfrutar de todos los beneficios establecidos” en la legislación.

El nombre “Camaleón” alude a la capacidad de los implicados para camuflarse, ocultar sus acciones y adaptarse a diferentes contextos operativos para cometer los delitos sin ser detectados. La operación incluyó más de 20 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, con la participación de más de 170 agentes, fiscales y técnicos en delitos electrónicos.

Uno de los puntos neurálgicos de la investigación es la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, especialmente un proyecto valorado en más de RD$1,300 millones para la modernización del sistema de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo. El contrato fue otorgado de manera irregular a la empresa Transcore Latam S.R.L., presuntamente ligada a José Ángel Gómez Canaán (conocido como «Jochi» Gómez), empresario acusado de ser el cerebro tecnológico detrás del esquema.

Entre los implicados figura también Hugo Beras Goico, exdirector del Intrant, quien habría facilitado la firma del contrato bajo condiciones cuestionables. Según el Ministerio Público, esta red utilizó estructuras empresariales complejas, usurpación de identidades y tecnología de última generación para ejecutar fraudes, espiar comunicaciones, manipular sistemas digitales y sabotear la infraestructura vial. Parte de los crímenes también están relacionados con el robo de identidad, lavado de activos, contrabando, coalición de funcionarios, falsificación y delitos de alta tecnología.

Los fiscales han documentado cientos de evidencias, incluyendo equipos electrónicos, documentos, licencias de software espía y bases de datos manipuladas. En los allanamientos se incautaron discos duros, celulares, laptops y documentación legal que, según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), prueban el alcance de la trama.

Actualmente, los implicados enfrentan cargos formales y medidas de coerción mientras continúa la recolección de pruebas y el seguimiento judicial.

Por primera vez, un grupo de marginados sociales se convierte en el centro de atención en una historia que desafía las narrativas tradicionales de poder y privilegio. En un intento audaz por prevenir la Tercera Guerra Mundial, estos inesperados héroes se aventuran en una misión submarina llena de acción y humor.

Esta producción de Bougroup se suma a la reputación de la productora por crear narrativas innovadoras que no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión sobre temas universales. La película explora qué sucede cuando los más rechazados por la sociedad son los únicos capaces de salvarla.

“Los Rechazados: Operación Submarino” es un viaje visual y emocional que transporta al público desde las profundidades del océano hasta la tensa atmósfera de una base militar en Rusia, donde el destino del mundo está en juego. Este filme nos recuerda que, en tiempos de crisis global, la unidad es esencial.

Producida y escrita por José Ramón Alama y dirigida por Yasser Michellen, la película cuenta con las actuaciones estelares de Frank Perozo, Manolo Ozuna, Pepe Sierra, Vicente Santos, Salvador Pérez «El Pera», Fausto Mata, y otros notables talentos como Luinis Olaverria, El Napo, El Nephew, Harakakiko y Manolay. Destacan también las participaciones especiales de figuras como Santiago Matías, Hony Estrella, Vitaly Sánchez, Pedro Casals, Gabi Desangles y Ariel Santana.

“Los Rechazados: Operación Submarino” se estrena en República Dominicana este 6 de marzo bajo el sello de Caribbean Films Distribution y, a nivel internacional, el 13 de marzo con Buena Vista Distribution. Posteriormente, se añadirá al catálogo de Disney+.

El documento explica que «el coronel recibió dinero en efectivo en el interior de una mochila entregada por el cabo Rosario quien vendía municiones a través de un contacto en el vecino país de Haití«.

Detalla que el cabo Rosario “era un visitante frecuente de la intendencia”.

Promocionaban venta de armas y municiones en grupos de WhatsApp

Imputado Narciso Antonio Feliz Romero sustrajo fusil Colt M-16 con fines de venta, según la investigación del Ministerio Público el arma era promocionada en grupos de WhatsApp junto a municiones

La solitud de medida de coerción explica que mediante informe pericial emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), se obtuvo la imagen del referido fusil que era promocionado para fines de venta por el Raso Ángel Rubiel Martínez Bacilio (a) Escobar.

El documento explica que «en las conversaciones previas continúan las negociaciones de venta de las cajas de municiones en distintas fechas. También se pudieron identificar los precios desde DOPS 4,000.00 hasta DOP 5,000 por caja. Se observa en el contexto de las conversaciones que Jack Núñez no compraba las municiones para su uso sino para revenderlas».

La Operación Pandora, llevada a cabo por el Ministerio Público y la Policía Nacional, desmanteló una red criminal que sustraía municiones de depósitos oficiales para venderlas en un mercado ilegal. Según los documentos investigativos, este esquema abastecía a armerías, civiles y personas vinculadas a actividades ilícitas, generando un negocio millonario operado desde dentro de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «los investigados identificaron y desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes delictivos, quienes adquirían las municiones sustraídas con pleno conocimiento de su origen ilícito, para revenderlas a precios más altos a policías, militares, civiles y armerías, destinadas al comercio de armas, municiones y accesorios».

La creación del mercado ilegal

La red, supuestamente encabezada por el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien dirigía la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, utilizaba su posición para desviar proyectiles destinados al uso oficial. Junto a otros oficiales, como el capitán Nelson Valdez y el auditor Víctor Manuel Santos, desarrollaron un sistema para sustraer, almacenar y distribuir las municiones, evadiendo los controles establecidos.

Los imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.

A través de la operación Flor de Loto las autoridades rescataron a 45 víctimas, 43 de ellas colombianas y 2 venezolanas, en allanamientos ejecutados en varios residenciales del sector Gurabo en Santiago.

Los hombres arrestados durante la operación tenían bajo control los documentos de identidad de algunas de estas víctimas y, además, tenían control del pago que hacían sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp.

Durante los allanamientos los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.

Los argumentos expuesto ante la magistrada Elianni Mena, por parte de los imputados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, no fueron suficientes para que se le variara la medida.

«Es que no han variado los presupuestos/argumentos diferentes teoeria diferente y se mantienen los mismos presupuestos»,dijo Héctor López

El principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma, es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios.

«Si el estuviera devolviendo esos afectados no estuvieran aquí»,indicó Fernanda Sena, afectada.

Con relación a este caso, La fiscal del Estado de Nueva York, Leticia James, al hablar en exclusiva con Alicia Ortega, dijo que los estafados incluyen a cientos de dominicanos residentes de Washington Heights. Se concentra en los acuerdos establecidos con la República Dominicana en materia de corrupción, trata de personas y delincuencia.

El tribunal fijó para el 1 de agosto, a las 2:00 la tarde, la lectura íntegra de la decisión. Mientras que, la revisión de la medida fue pautada para el 15 de octubre. Al salir de la sala de audiencia, parte de los querellantes, vociferaban contra los imputados.

Los presuntos responsables alegaban contar con la debida autorización para llevar a cabo actividades de intermediación financiera y participar en el mercado de valores, tanto a nivel nacional como internacional.

Cuando el esquema se hizo insostenible, colapsó y los estafadores desaparecieron, cediendo sus acciones en las empresas a terceros y cerrando las cuentas bancarias.

Indica la Solicitud de medida de coerción que la supuesta red se introducían en las iglesias cristianas, principalmente las evangélicas.

La estructura criminal, que operó en el período de tiempo comprendido desde finales del año 2020 hasta septiembre del año 2022, se encontraba liderada por el nombrado “Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz Martínez”, quienes tenían como socios en las actividades de reclutamiento y captación de víctimas más de 12 socios.

El modus operandi consistía en que Rafael Martínez Batista, o algunos de los reclutadores, convocaban a las víctimas a una sesión que llamaba “entrenamiento”, que tenía lugar, en muchos casos, en las oficinas de las empresas “Investor Winner IW SRL y Guro Investments SRL”,  ubicada en la Av. 27 de Febrero o en las instalaciones de Higüey, provincia La Altagracia.

Para captar estas víctimas usaban inicialmente el sistema de referencias por los que llamaban “asesores”. También, “…crearon páginas web y perfiles de redes sociales”, con el objetivo captar víctimas sin importar el lugar donde se encontrarán, y dar apariencia de seriedad a las empresas utilizadas en el esquema de estafa.

 Inmediatamente colapsó el esquema, eliminaron las páginas web y borraron el contenido de las redes sociales.

Dice el MP que Predicaban a través de las redes sociales que pretendían “estar fuera del radar” refiriéndose a sistema financiero regulado. Buscando con lo mismo captar cualquier tipo de dinero y también justificar los altos rendimientos que ofertaban.

Señala el documento que ya captados los interesados, se llevaba a cabo la reunión en donde se engañaban a las víctimas presentándoles gráficos y esquemas de supuestas inversiones en el mercado de valores internacional y de operaciones de trading, además de enseñarles testimonios falsos de personas que habían obtenido beneficios.

También les “…mostraban pagos de impuestos para generar confianza y establecían las actividades de captación de fondos que realizaban eran con los permisos correspondientes de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia del Mercado de Valores”

Al momento de convencer a las víctimas para que realizaran la entrega del dinero, los reclutadores les hacían llenar un formulario que titulaban “Formulario de solicitud para ingreso a cuenta de inversión Persona Física”, en donde estos debían colocar los datos de “…sus ingresos, completar su perfil personal, establecer datos laborales, identificar a la persona que lo refiere, además de su asesor” de igual forma debían llenar una “Declaración de Justificación de Ingresos” donde se establezca el origen de los fondos de su “inversión

La supuesta red hacia promociones de entrega de órdenes de compras por valor de DOP$ 20,000.00 para las personas que se hicieran miembros o que aumentaran su capital. De igual forma, la estructura entregaba certificaciones a las personas, a los fines de que pudieran obtener préstamos o más fondos para aumentar su capital.

Otras técnicas utilizadas para mantener la confianza de las personas y seguir captando nuevas víctimas era con la “…celebración de actividades, fiestas y  rifas”

El sistema se mantuvo rentable para la estructura a pesar de que estos iban sacando y gastando el dinero adquiriendo distintas propiedades, incluyendo  La “…construcción de un costoso inmueble en Higuey, donde instalaron “The Investor Winner Academy”, con un costo aproximado de 60 millones de pesos”

En de noviembre de 2021, Rafael Martínez Batista y Eridania García Veloz de Martínez, adquirieron un inmueble ubicado en rl  Municipio Padres las Casas, provincia Azua, por la cual pagaron la cantidad de RD$3,000,000.00.

El dinero que era depositado a las diferentes cuentas de las empresas, luego era transferido a cuentas personas de los miembros de la estructura criminal

Además de la adquisición de bienes y la utilización de los fondos en actividades personales, comenzaron a repartir beneficios irracionales entre los miembros del que llamaban “departamento operativo”,  “…quienes debían encargarse de seguimiento a inversionistas, captación, respuestas por redes, entre otras funciones de tipo operativas”

En el esquema piramidal, cada vez que la estructura hacía los pagos a las víctimas enviaba a través de “WhatsApp o Telegram, o en algunos casos colgándolo en Facebook o Instagram, un anunció que establecía el pago del mes correspondiente”

En agosto del año 2022, a causa de la sustracción de los fondos y la baja en la captación de nuevas víctimas, comenzó a hacerse insostenible el pago de las supuestas comisiones, y volvieron a publicar los avisos con “…disculpas por los inconvenientes”

 En el mes de septiembre de 2022 se volvió irremediable el déficit de fondos, por lo cual dejaron de pagar a todas las víctimas, lo que generó el reclamo masivo de estas por los canales de comunicación (WhatsApp) y con visitas a las oficinas. La estructura criminal procedió a establecer el cierre temporal de las actividades, justificados en el paso de la “Tormenta Tropical Fiona”

Además de la excusa del fenómeno atmosférico, a las personas que no querían aceptar el cambio en el tipo de pagos de interés se les decía que no se estaban realizando los pagos a los clientes porque tenían las cuentas congeladas y algunas canceladas por culpa de las autoridades del sistema financiero.

En el periodo de septiembre 2022 hasta marzo 2023, la estructura recogió el dinero que quedaba en las cuentas, siendo cerradas algunas de estas por las autoridades y otras simplemente vaciadas por los miembros de la red; ocultaron y vendieron bienes; se mudaron a lugares remotos del país, e incluso algunos fuera del país.

Hasta noviembre de 2021 la alegada red  tenía un promedio mensual de DOP$ 30,000.00, aumentando a montos desde DOP$ 93,000,0000.00 millones mensuales, luego de iniciar con la captación de  los montos de las víctimas

En las muestras de los movimientos bancarios se observan también transacciones a favor del imputado Julio Miguel Duverge García con conceptos de

“pagos de servicios”, “viaje a Dubai”, “compra de activos”, entre otros, lo que demuestra el uso del imputado del dinero captado a través de maniobras fraudulentas y falsas promesas realizadas a las víctimas.

El modus operandi empleado por esta red delictiva consistía en atraer a individuos con la promesa de rendimientos mensuales que oscilaban entre el 10% y el 30% de la inversión realizada. Se les aseguraba que estos beneficios se derivarían de operaciones de trading1 realizadas a través del bróker2 Pepperstone, supuestamente llevadas a cabo por los miembros de la estructura.

El expediente señala que los bienes de Ortiz están compuestos por más inmuebles que los declarados, además de otros bienes que adquirió y ocultó a través de sus empresas y de relacionados.

En ese mismo sentido, en la sección de cuenta bancarias declaró poseer tres (03) cuando realmente posee (05); En lo relativo a capital invertido el acusado declaró falsamente tener participación accionaria en dos (02) entidades comerciales, cuando realmente posee participación en más empresas, indica el documento.

Además, Ortiz, al momento de realizar la declaración jurada número DJP-023133 falseó la información relativa a la titularidad de tres (03) cuentas de ahorros, dos (02) corrientes y nueve (09) tarjetas de créditos, las cuales no declaró.

Asimismo, el implicado falseó la información relativa a la titularidad de su participación accionaria en las empresas PYXIS bufete empresarial (P.B.E), S.A, Servicios de Distribución del Norte C.Por A, Gold servicios y representaciones, S.A, D2 elecciones 2016,SRL, Contrutech S.A, CGP Consultoría y Gestiona de proyectos SRL, BC grupo dominicano de Broadcasting c por a, Euroauto, compañía de distribución eléctrica de Santo domingo C por A, sucesores Rogelio Pellerano c por a y Carmax C Por A.

El órgano acusador indica que Ortiz usaba empresas en paraísos fiscales y usó la modalidad de salir simuladamente de muchas de sus empresas cuando fue nombrado ministro en el año 2016.

“Movilizó un alto volumen de dinero a través de sus empresas relacionadas, dejó de usar sus empresas más antiguas y conocidas, como es el caso de GCP Consultoría y Proyectos, también como persona física dejó de movilizar dinero, para movilizar grandes montos a través de empresas a nombre de sus familiares y de terceros relacionados“, describe el expediente del MP.

En ese mismo sentido, Ortiz declaró menos bienes o patrimonio que los declarados cuanto entro como ministro, ya que, con una sola entidad comercial, TIVALSA, movilizó miles de millones de pesos, compañía que tuvo un crecimiento con un capital inicial de RD $60,000,000.00, y terminó con un capital en el año 2020, es decir, en cuatro años de más de mil millones de pesos.

El Ministerio público,  establece que con dichas acciones intentaron ocultar el dinero y los activos movilizados producto de los utilizando personas físicas relacionadas y terceros, así como una variedad de entidades comerciales constituidas en la República Dominicana y en paraísos fiscales tales como Islas Bahamas, Las Tortolas, Panamá, Puerto Rico, entre otras.

Por ello, el órgano afirma que el incremento patrimonial de Ortiz,  resulta irracionalmente exorbitante y no se corresponde con las actividades empresariales y declaradas que este y sus empresas desarrollan ni con el comportamiento precedente del acusado. Ese incremento de su patrimonio evidencia un enriquecimiento ilícito, que no tiene justificación alguna, el cual quiso utilizar sus conocimientos como profesional de la economía y consultor.

El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano más de 41 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.

De los montos, 20,281,133,589.11 (20, 281 millones de pesos) corresponden a expropiaciones y reconocimiento de deuda administrativa; mientras que por concepto de líneas de crédito y contratistas del Estado vía Banco de Reservas fueron unos 20,904,831,250.65 (20,904 millones de pesos).

El Ministerio Público alega que esta estructura se configuró a partir del partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.

Supuestamente los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.

También alegadamente adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, queen algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.

Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y Aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.

Los imputados

En el documento depositado figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero.

Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.

Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.

En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.

El órgano acusador señala que en principio la Agencia de Cambio RM, S. A. le facilitó al ingeniero Ventura Rodríguez, cincuenta millones de pesos, que fueron entregados en dos partidas, en efectivo, en plásticos de seguridad, envueltas en fundas plásticas negras y divididas en dos, cada una con un monto de veinticinco millones de pesos (DOP 25,000,000.00).

El acusado José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández adquirió, poseyó, administró y utilizó la suma de cincuenta millones de pesos (DOP50,000,000.00), dinero ilícito que llegó hasta su oficina ubicada en el Palacio Nacional, en varias divisiones de fundas plásticas con contenido de hasta veinticinco millones de pesos, según lo descrito en la acusación.

El testimonio de Alexis Rincon sostiene que en su calidad de chofer, transporto dinero en efectivo hacia la oficina del señor Bolívar Ventura Rodríguez, y en una ocasión por instrucciones de su jefe entregó en el sótano de la la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) dos fundas plásticas negras cada una de veinticinco millones de pesos (DOP $25,000,000,00) en efectivo.

De igual manera, la acusación del MP  señala que en el vehículo de Ramón Emilio Jiménez Colli (a) Mimilo, se trasladaba dinero dentro de maletas grandes de las usadas para viajar y fundas además en algunas ocasiones era necesario el uso de dos vehículos porque en un solo no había suficiente espacio.

El expediente también cita a Alexis Rincón, Wilmer Vicente Ozuna y Vidal Vílchez Roja, empleados de la Agencia de Cambio RM, S.A., quienes en un vehículo tipo todoterreno, desmontaban  el dinero contenido en dos fundas.

Utilizando fundas plásticas la mayoría de implicados en la Operación Calamar lograron movilizar altas cantidades de dinero, para campañas internas del Partido de la Liberación Dominicana por el candidato Gonzalo Castillo, entre otras acciones ilícitas encabezadas por la organización criminal orquestada por el entonces ministro de Hacienda Donald Guerrero y el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta.

El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano más de 41 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.

De los montos, 20,281,133,589.11 (20, 281 millones de pesos) corresponden a expropiaciones y reconocimiento de deuda administrativa; mientras que por concepto de líneas de crédito y contratistas del Estado vía Banco de Reservas fueron unos 20,904,831,250.65 (20,904 millones de pesos).

El Ministerio Público alega que esta estructura se configuró a partir del partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.

Supuestamente los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. Asimismo, de acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.

También alegadamente adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, queen algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.

Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y Aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.

Los imputados

En el documento depositado figura el exsenador por la provincia Azua, Rafael Calderón así como los exministros imputados desde el inicio de la investigación Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero.

Además de los exministros se encuentra en el documento acusatorio de la presunta estafa al Estado Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirillo Mcabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (DePaola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.

Igualmente, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Natividad Martínez Capellán, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena.

En el expediente de 3,662 páginas también se incluye a 12 empresas privadas entre ellas Razón social Miqui Trade, S.R.L., Razón social Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Razón social Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L, Razón social Brimart Comercial, BM, S.R.L., Razón social Bribae Dominicana, S.R.L., Razón social Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Razón social Inmobiliaria Santa Bárbara,S.R.L., Razón social Desarrollos Rurales, S.R.L., Razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos, INC, Razón social Financiamiento de Papeles de Créditos S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.

El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo al tramitar la solicitud de medida de coerción contra Malbin Martínez Féliz, Gloria Elena Cuevas, Geise Féliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas.

La estructura trasegaba droga desde el departamento La Guajira, Alta Guajira, en Colombia, hacia la costas sur de República Dominicana, en donde se ocuparon cargamentos de clorhidrato de cocaína durante la Fase I de la Operación Caimán.

A los arrestados en la Fase II de la Operación Caimán se les ocuparon armas ilegales, incluyendo pistolas y escopetas, así como vehículos, drones, 6 embarcaciones, brújulas, GPS y teléfonos satelitales.

También, planes de navegación que evidencian que eran para el tráfico internacional de cocaína, radio de comunicación cargadores de fusiles, motores fuera de borda y evidencias de transferencias financieras con socios en Colombia.

El Ministerio Público desarrolló la Operación Caimán junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Ministerio de Defensa. Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.

La operación, desplegada por aire, mar y tierra, abarcó varias provincias del sur y Santo Domingo Este en donde operaban los integrantes de la estructura del crimen organizado a la que se le han ocupado más de cinco toneladas de cocaína en los últimos meses.

Más de 40 fiscales participaron en las acciones antidelictivas en la que se realizaron unos 40 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este. En los operativos participaron alrededor de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo integrantes de sus unidades sensitivas.