Presión política contra Óscar Arriola

La salida de Arriola es un reclamo que distintos sectores políticos han mantenido en las últimas semanas ante el aparente fracaso de las medidas para enfrentar el crimen organizado en el país, que han incluido la declaración del estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao, así como en Pataz, el epicentro de la minería ilegal en Perú.

El coronel de la Policía Harvey Colchado, jefe de operativos contra la corrupción en las altas esferas del poder y ahora diputado del partido de centroizquierda Ahora Nación, afirmó en sus redes sociales que el Ejecutivo vuelve a ser «cómplice» de la permanencia de Arriola.

A quien le dijo que «tenga el decoro y la responsabilidad de dar un paso al costado» y que solicite su pase al retiro.

Colchado, que fue sacado de la Policía tras la polémica suscitada por un allanamiento a la vivienda de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), criticó que el gobierno responda al asesinato de cuatro personas y al secuestro del empresario minero con un pedido al Congreso de facultades legislativas para enfrentar la inseguridad.

A pesar de que el Ejecutivo prometió revisar la norma que impide la remoción del jefe de la Policía por un periodo de dos años.

Colchado señaló que en las facultades legislativas solicitadas no hay «ni una sola línea» que modifique la ley que impide remover al general Arriola, una norma que fue votada en mayoría por el partido de Fujimori, Fuerza Popular, en el Congreso anterior.

Entonces, no trasladen al Congreso una responsabilidad que ni siquiera intentaron resolver», anotó Colchado.

Por su parte, la diputada Indira Huilca, también de Ahora Nación, dijo en su cuenta de la red social X que «el crimen organizado avanza sin control, pero Keiko Fujimori sigue buscando excusas para mantener en la cabeza de la Policía Nacional a quien representa el fracaso de la lucha contra la delincuencia».

Arriola debe irse ya. No tiene ningún resultado que amerite su permanencia desde la época de (la expresidenta) Dina Boluarte, salvo los pactos del Congreso pasado», expresó.

La diputada Rossana Alayza, del centrista Partido del Buen Gobierno, afirmó que todos están de acuerdo en que «el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, debió haber presentado su renuncia —o se la debieron exigir— hace mucho tiempo» debido a los constantes hechos de violencia en el país y el más reciente en Trujillo.

Por su parte, el diputado del partido ultraderechista Renovación Popular, Diego Bazán, manifestó que «la renuncia del comandante general de la Policía no va a solucionar el problema, pero hay que ser claros: él ha pasado por los últimos cuatro gobiernos y los resultados han sido nulos».

Proyecto para cambiar el mandato policial

Bazán dijo que va a apoyar la iniciativa legislativa de la bancada izquierdista de Juntos por el Perú, planteada por la diputada Catherin Palomino, para modificar la extensión del cargo de director de la Policía, que actualmente es de dos años.

No se trata de posiciones ideológicas, sino de lo que le interesa al país», declaró Bazán a Canal N.

Por su parte, la diputada Palomino comentó en su cuenta de X que «Keiko Fujimori prometió orden y mano dura contra el crimen, pero su gobierno sin rumbo solo ofrece desorden y caos al país».

El empresario raptado el domingo ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno.

Por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías, mientras que los cuatro asesinados en su vehículo eran sus acompañantes.