El excoordinador de Participación Ciudadana dijo que la gravedad de las acusaciones en los casos Antipulpo, Medusa o Coral, son «borchonosos», y que  avergüenza a los dominicanos.

«La gente me dice porque tu insiste con eso, insisto por el silencio que tiene el presidente Medina, una persona a la que le reconozco sus méritos, sin embargo tiene involucrado a una parte importante de su familia de sangre y política en estos casos de corrupción, y no ha dicho absolutamente nada al respeto, y fue durante su gobierno». «Y yo como ciudadano imagino que muchos queríamos escuchar que quiere decir el presidente sobre esos hechos», manifestó Álvarez, entrevistado en El Despertador.

Donald Guerrero

«Con el caso de Donald Guerrero es increíble lo que ocurrió según la información que ha llegado y se manejan de cantidad de persas que el Estado le había apropiados bienes hace 20 y 40 años, nunca el Estado le había pagado, y de buenas a primera el Estado se agiliza días antes de un cambio de gobierno», sostuvo al preguntarle de que se ha visto diferencia en el Ministerio Público, que se ha visto detalles de esas investigaciones que se está llevando pero todavía no ha pasado nada.

Expresó que ha conversado con algunas de esas personas y reconocieron que tuvieron que entregar parte del dinero a los intermediarios para sacar esos pagos, que es un tema muy serio y muy grave que no debería quedarse sin acusación.

Dijo que en Estados Unidos una acusación puede durar 3 o 4 años, y mientras tanto las personas están libre, «aquí el Ministerio Público debería fijarse en ese ejemplo, para no meter en prisión preventiva a alguien sin haber avanzado la investigación profundamente, porque el plazo comiza a correr de los 18 meses a parir del momento en que le dictan prisión preventiva, entonces para eso es preferible priorizar la investigación, reunir las evidencias y luego solicitar prisión preventiva. Entonces en Hacienda lo que está ocurriendo es que están investigando su caso antes de pedir medida de coerción». 

Caso Jean Alain

Al ser cuestionado sobre el caso de Jean Alaín donde este martes se conocerá la variación de la medida de coerción al cumplir 18 meses de prisión preventiva, Álvarez comentó que hay una diferencia entre jueces y fiscales, porque algunos jueces entienden que ese plazo es matemático, y que el Ministerio Público tiene una visión diferente, en la cual está de acuerdo, de que no es un plazo matemático, que los 18 meses es para evaluar si hay riesgo de fuga.

«Y el Ministerio Público puede probarlo o las pruebas están en peligro, su integridad, entonces debería mantenerse la prisión preventiva. Igual ocurriría si mañana le varían la prisión preventiva a domiciliaria, imagínense,  y de buenas a primera, un mes después es atrapado tratando de cruzar la frontera, va a prisión preventiva si viola las condiciones, las condiciones bajo las cuales debe aguardar el juicio de fondo».

«Imagínense el caso de que a alguien le den prisión domiciliaria y lo viole porque sale de la casa o se va algún otro sitio, ¿qué mecanismo hay para traerlo al orden, la prisión preventiva, el hecho de que haya cumplido 18 meses no le exonera de ser nuevamente enviado a prisión preventiva si viola las condiciones bajo las cuales debe permanecer mientras ocurra la audiencia preliminar y el juicio de fondo».

Carta de Mirian Germán

El experto dijo que los jueces y fiscales tienen palabras y deben usarla, cuando se le cuestionó sobre la carta que envió Miriam Germán a los adjuntos advirtiéndoles que no deben criticar las decisiones de los jueces.

«Todo el mundo respeta a Miriam Germán, ahora soy de lo que creo que los jueces y fiscales tienen palabras y deben usarla, eso de que los jueces nada más hablan por sentencia, eso no es cierto, y yo no creo en ese sistema, yo creo que si un juez lo está cuestionado, tiene derecho a referirse a eso y explicarle a la opinión pública cuál es su posición».

Agregó que igual derecho tiene un fiscal, si no está de acuerdo con la decisión del juez tiene el derecho cuando sale de audiencia a dar una declaración al respeto, «debe conservar la altura en su critica porque obviamente no podemos permitir que el sistema de justicia se convierta en un chiquero, tiene que mantener la critica con altura, pero no quedarse callado, ademas eso pondría en desventaja al Ministerio Público porque los abogados de la defensa salen a dar declaraciones».

Sobre las especulaciones que hay desde la semana pasada de que Yeni Berenice y Wilson Camacho podrían renunciar de adjuntos al Ministerio Público, dijo «yo no creo para nada que ellos vayan a renunciar, ellos tienen una determinación muy firme que han demostrado con el paso del tiempo, con las declaraciones que dan… yo lo que hago es un llamado que las criticas la hagan con altura porque no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con una decisión, sin palabras insultantes, con objetividad y no representa un desafío para la magistrada Miriam Germán».

El abogado dijo que este lugar era desconocido por la mayoría de colegas de su entorno, lo que lo hace preguntarse si la procuradora conocía esa situación, lo que responde él mismo con una negativa porque entiende que «si lo hubiese conocido, hubiera hecho algo al respecto».

A mediados de marzo, el Director Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, visitó el lugar denominado «carcelita» de Bellas Colinas, del sector San Miguel, en Santo Domingo Oeste, donde reclamó su clausura y destrucción de manera inmediata.

Valentín Santos explicó que el sitio fue construido para ser un destacamento y se convirtió en una cárcel preventiva que aloja cerca de 240 privados de libertad, donde existe un sótano en condiciones infrahumanas que es donde pernoctan los reos. 

El excoordinador de Participación Ciudadana sostuvo que todo el proceso penal puede continuar sin ningún obstáculo, como los allanamientos y las investigaciones.

El jurista explicó que ningún legislador ha renunciado a la inmunidad parlamentaria ni puede hacerlo, porque es una garantía de la Cámara a la que pertenece ese diputado o senador, pero que si puede rechazar la inmunidad de palabra.

“La constitución establece dos tipos de inmunidades para los legisladores, una que se llama inmunidad de palabra, que el legislador puede en el foro que constituye cada una de las cámaras hacer uso de la palabra y si alguien cree que fue difamado nadie puede querellarse contra él”, sostuvo.

Dijo durante una entrevista en el programa televisivo «El Día» que la otra es la parlamentaria, que es la que impide que mediante legislatura un legislador pueda ser arrestado que ese derecho no le corresponde a ellos, sino a la cámara legislativa.