Detalles confirmados sobre la detención

Evans «permanece incomunicado desde el 13 de diciembre», cuando «fue llevado» por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a «una supuesta entrevista sin orden judicial», indicó el SNTP en una publicación en X en la que también exigió su liberación.

El lunes, la familia del politólogo introdujo ante la Justicia un habeas corpus -un recurso para solicitar que un detenido sea presentado ante tribunales- para conocer el paradero.

Como «demócrata y fiel creyente de los derechos humanos» no tuvo más opción que actuar de forma pacífica y ser llevado por «estos supuestos funcionarios a esta supuesta entrevista», indicó la familia el domingo al ofrecer detalles sobre su detención.

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Cronología y contexto de la desaparición

Evans denunció, a través de una transmisión en vivo en X, que una comisión del Sebin llegó hasta su residencia, en Caracas, con el fin de convocarlo a una «entrevista», a la que dijo que acudiría voluntariamente.

El también fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI) indicó que antes hubo «algunas advertencias» sobre este llamado, pero sostuvo que no tiene nada que temer.

En julio de 2020, Evans fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tras ser acusado de «instigación al odio«.

En agosto de ese mismo año, fue liberado, junto a un grupo de exdiputados opositores, periodistas y activistas sociales, tras recibir un indulto, mediante decreto presidencial.

Evans apoyó a la llamada revolución bolivariana hasta el fallecimiento del presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Desde entonces fue acentuando sus críticas a la Administración de Nicolás Maduro e incluso en 2019 publicó un artículo en The New York Times en el que dijo estar arrepentido de haber apoyado a Chávez.

Análisis satelital y seguimiento del petrolero

De acuerdo con el análisis del medio estadounidense, el barco aparece hundido en el agua y aparentaba estar sobrecargado después de transportar una cantidad significativa de petróleo que oscilaba entre 1,9 millones de barriles.

Los datos proporcionados por TankerTrackers.com sugieren que el buque ha transportado frecuentemente petróleo desde países sancionados por Estados Unidos. Los datos de seguimiento del buque muestran múltiples viajes a Irán y Venezuela en los últimos dos años, según el NYT.

Una imagen satelital capturada el 18 de noviembre muestra al petrolero atracado en la terminal petrolera José del país, mientras su transponedor mostraba que estaba en otro lugar.

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Declaraciones oficiales y contexto político

El presidente estadounidense, Donald Trump dijo esta tarde: «Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad», declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, y no por alguna relación con el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Estos hechos ocurren el mismo día de la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien no asistió, aunque asegura que se encuentra en la capital noruega.

La Administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del supuesto grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

«Sumamos nuestra voz a la justa demanda de los familiares del periodista Joan Camargo, desaparecido desde hace más de 48 horas. Exigimos información oficial sobre su paradero», manifestó la PUD en su cuenta de X.

El jueves, el SNTP denunció que el reportero salió de su casa a las 8:05 hora local (12:05 GMT) y fue interceptado por una «moto y un vehículo rojo del que se bajaron varios hombres que lo obligaron a subir».

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Búsqueda y denuncia familiar

La familia del periodista publicó un comunicado a través de la cuenta de X del SNTP, señalando que durante el viernes recorrieron seis centros de detención en Caracas, algunos hasta en dos o tres oportunidades, sin obtener resultados. «En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: que Joan no se encuentra allí», relató la familia.

La PUD calificó la situación como una desaparición forzada, una violación de los derechos humanos que exige una respuesta inmediata, coordinada y efectiva de las autoridades competentes.

Contexto de la prensa en Venezuela

Hasta el momento, ni el Gobierno ni la Fiscalía han reportado el arresto. De confirmarse una detención, el número de periodistas encarcelados en Venezuela ascendería a 23, según el SNTP.

El pasado 19 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela hay periodistas detenidos como parte de la represión a la prensa independiente. En el Índice de Chapultepec 2024, la SIP ubicó a Venezuela en el puesto 21 de 22 países analizados sobre las libertades de expresión y de prensa.

Antecedentes

La situación de la prensa independiente en Venezuela ha estado marcada por constantes restricciones y hostigamiento a periodistas y medios críticos al gobierno.

Diversos organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han documentado detenciones arbitrarias, amenazas y censura como parte de una política sistemática para limitar la cobertura de noticias que cuestionen al régimen de Nicolás Maduro.

En los últimos años, se ha registrado un aumento en los casos de periodistas desaparecidos o detenidos, así como ataques a medios de comunicación, lo que ha generado preocupación sobre la violación de derechos humanos y la libertad de expresión en el país.

Según reportes del SNTP, el número de profesionales de la prensa encarcelados ha ido en aumento, reflejando la grave crisis de la libertad de información en Venezuela.

El Índice de Chapultepec 2024 posicionó a Venezuela en el penúltimo lugar entre 22 países de América Latina evaluados, destacando la precariedad de la libertad de prensa y la falta de garantías para el ejercicio periodístico seguro y sin represalias.

Esta situación genera un contexto de alto riesgo para los profesionales de los medios y dificulta la labor de informar con transparencia y veracidad.

“Las autoridades deben ahora revelar el paradero y la situación legal de los cuatro hombres restantes -y garantizar sus derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales de Esuatini en materia de derechos humanos”, indicó AI en un comunicado sobre los detenidos, que son de Cuba, Laos, Vietnam y Yemen.

Orville Etoria, uno de los cinco hombres deportados el 16 de julio pasado y recluidos en una prisión de Esuatini, fue devuelto a Jamaica el domingo pasado, según el Gobierno de este país del sur de África, que no explicó los motivos de su detención.

Protección de datos

“La llegada sana y salva de Etoria a Jamaica no puede ser excusa para guardar silencio sobre lo que le sucedió mientras estuvo detenido sin cargos y sin acceso pleno y confidencial a abogados”, dijo el director regional de AI para África oriental y austral, Tigere Chagutah, en un comunicado.

Según el programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA) de la ONU, las repatriaciones deben ser voluntarias, con consentimiento documentado, asesoría legal confidencial, sin coerción, con protección de datos y sin consecuencias por rechazar el retorno, recordó la organización pro derechos humanos.

“La devolución solo es aceptable cuando es verdaderamente voluntaria y respeta los derechos. Las autoridades deben garantizar el contacto familiar sin supervisión y el acceso confidencial a abogados, atención médica adecuada y protección contra la devolución para cualquier persona que aún se encuentre detenida”, agregó Chagutah.

Normas internacionales

Los cuatro deportados -Roberto Mosquera Del Peral, Kassim Saleh Wasil, Dung Tien Nguyen, Phone Chomsavanh- fueron recluidos presuntamente en el Complejo Penitenciario de Matsapha (centro), de máxima seguridad, según la organización.

La defensa denunció que las autoridades han bloqueado repetidamente las visitas, permitiendo sólo propuestas de contacto por video o supervisado, lo que no cumple con las normas internacionales.

La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a países terceros se activó después de que la Corte Suprema autorizara en junio pasado al Gobierno del presidente Donald Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero pasado, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países africanos como Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur para realizar deportaciones, una de sus principales promesas de campaña.

De acuerdo con las versiones ofrecidas por allegados, el presunto agresor, Esmailin peralta Almonte, visitó la vivienda del padre y los abuelos de la víctima la mañana del jueves. Allí, según relataron, compartió alimentos con la familia y descansó por varias horas, sin levantar sospechas de sus intenciones.

Horas después, el hombre habría seguido a la víctima a bordo de una motocicleta y, en circunstancias aún bajo investigación, le disparó a corta distancia, provocándole la muerte. Mercedes contaba con una orden de alejamiento vigente, la cual había sido emitida por las autoridades competentes, y a la que Noticias SIN tuvo acceso.

La mujer fue velada durante una hora en la residencia de sus familiares y sepultada en el cementerio Cristo Salvador. Vecinos y parientes la describen como una persona tranquila, enfocada en su trabajo y en mejorar su situación personal.

Una de las principales preocupaciones expresadas por la familia es la desaparición del hijo de la víctima, quien fue llevado por el presunto agresor tras cometer el hecho. Hasta el momento, no se tiene información sobre su ubicación, lo que ha motivado la intervención de las autoridades para su localización y protección.

• Asimismo, fue detenido un motorista que presuntamente acompañaba al señalado agresor y cuya participación está siendo investigada por las autoridades.
  
  

Este caso vuelve a poner en el centro del debate público la urgencia de reforzar las medidas de prevención frente a la violencia de género, así como la efectividad de las órdenes judiciales emitidas en favor de las víctimas.

Vecinos exigen justicia y mayor protección para las víctimas

Residentes del sector Gregorio Luperón manifestaron su indignación por lo ocurrido y reclamaron mayor vigilancia y respuesta oportuna de las autoridades ante las denuncias de violencia.

Aseguran que, pese a que Mercedes contaba con una orden de alejamiento, su expareja continuaba frecuentando el entorno familiar sin restricciones aparentes. “No es la primera vez que esto pasa; hacen la denuncia, les dan un papel, pero nadie viene a verificar si lo están cumpliendo”, expresó una vecina.

La comunidad pidió que se haga justicia y que se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de mujeres que ya han dado señales de estar en riesgo.

Datos del menor

Se trata de Fadiel Antonio Rivera, un adolescente de 15 años con trastorno del espectro autista; se encuentra desaparecido desde hace 15 días.

Su madre explicó que, según las imágenes de las cámaras de vigilancia de la terminal de autobuses, la última vez que se vio a Fadiel fue en la calle 30 de marzo en Santiago. 

Comentarios del joven

La madre informó que, días antes de su desaparición, el joven le había comentado a un amigo su deseo de independizarse, argumentando la falta de oportunidades de empleo en su comunidad.

Agregó que esta es la primera vez que el menor sale solo de su casa. 

Contacto

Si alguien tiene alguna información sobre su paradero, puede comunicarse al número 809-742-4287.

Nueva York.- El Departamento de Estado de EE.UU. subió este martes hasta los cinco millones de dólares la recompensa a quien revele el paradero o facilite la detención de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, el más notorio líder de las bandas armadas en Haití.

La recompensa —que sube a cinco los dos millones de dólares ofrecidos anteriormente— se hace pública después de que Haití declarara el estado de emergencia durante tres meses tras una escalada de violencia que parece no tener fin y que hace que el 90 % de Puerto Príncipe esté bajo control efectivo de las bandas delictivas.

El pasado jueves, Cherizier juró que se encargaría de «derrocar» al Consejo Presidencial de Transición, el organismo que trata de devolver al país a una relativa normalidad, comenzando por la celebración de elecciones a fines de este año.

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Acusaciones por crímenes y violaciones a derechos humanos

La recompensa por la captura de Barbecue fue justificada por la fiscal Jeanine Ferris, del Distrito de Columbia:

«Es el líder pandillero responsable de odiosos abusos a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití (…) Nuestra oficina se compromete a garantizar la seguridad de los estadounidenses en cualquier lugar del mundo, y la violencia que asuela a Haití debe terminar».

Financiación ilegal y sanciones internacionales

Tanto Cherizier como su aliado Bazile Richardson, alias Fredo —haitiano naturalizado estadounidense—, han sido imputados por un cargo de conspiración por el traslado ilegal de fondos desde EE.UU. para financiar las actividades de la banda de Barbecue, Viv Ansanm, «en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos«.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití ha experimentado un profundo vacío de poder, que ha sido aprovechado por bandas armadas para expandir su control territorial, especialmente en la capital, Puerto Príncipe.

En medio de esta crisis, figuras como Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ex policía convertido en líder pandillero, han ganado protagonismo como actores clave de la violencia que mantiene al país en un estado de inestabilidad crónica y creciente preocupación internacional.

• La recompensa —que sube a cinco los dos millones de dólares ofrecidos anteriormente— se hace pública después de que Haití declarara el estado de emergencia durante tres meses tras una escalada de violencia que parece no tener fin y que hace que el 90 % de la capital, Puerto Príncipe, esté bajo control efectivo de las bandas delictivas.
  
  

El pasado jueves, Cherizier juró que se encargaría de «derrocar» al Consejo Presidencial de Transición, el organismo que trata de devolver al país a una relativa normalidad, comenzando por la celebración de elecciones a fines de este año.

• La recompensa por la captura de Barbecue fue justificada por la fiscal Jeanine Ferris, del Distrito de Columbia: «Es el líder pandillero responsable de odiosos abusos a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití (…) Nuestra oficina se compromete a garantizar la seguridad de los estadounidenses en cualquier lugar del mundo, y la violencia que asuela a Haití debe terminar».
  
  

Tanto Cherizier como su aliado Bazile Richardson, alias Fredo -haitiano naturalizado estadounidense-, han sido imputados por un cargo de conspiración por el traslado ilegal de fondos desde EE.UU. para financiar las actividades de la banda de Barbecue, Viv Ansanm, «en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos».

Según nuestro corresponsal en zona, el error se produjo al confundirlo con otro detenido que llevaba el mismo nombre y que sí debía ser despachado.

Actualmente, se desconoce el paradero de Compres Tejada, por lo que las autoridades han activado su búsqueda de forma urgente.

En tanto que la Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que, si posee información sobre su ubicación, la comparta con las autoridades más cercanas.

«Toda persona que conozca de su paradero deberá presentarlo a la orden del Ministerio Público (MP, Fiscalía)», se lee en una imagen que publicó el Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la red social, donde, inicialmente, se ofreció una recompensa de 500.000 dólares que, minutos después, rebajaron a 100.000.

Asimismo, a través de la publicación -cuyos comentarios fueron bloqueados minutos después de subirla a Instagram- la PNB indicó que «cualquier persona» que tenga información sobre la ubicación de González Urrutia deberá «comunicarlo de inmediato».

En la imagen, en la que aparece el rostro de González Urrutia con las palabras «se busca», se acusa al opositor de los delitos de «complicidad en el uso de actos violentos contra la república, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a la instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir».

Hasta el momento, la publicación está reflejada en cuentas de instituciones de cuerpos de seguridad del Estado, pero no ha sido compartida por ninguno de los funcionarios de Gobierno que tradicionalmente usan sus redes para informar de asuntos relacionados con denuncias o reclamos, especialmente, cuando se trata de políticos opositores.

En septiembre, González Urrutia solicitó asilo a España al considerar que sufría persecución política y judicial después de las presidenciales del 28 de julio, cuya victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por la principal coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y gran parte de la comunidad internacional.

El exembajador fue llamado tres veces por la Fiscalía a comparecer con motivo de una investigación por la supuesta «usurpación de funciones, forjamiento de documento público» y «conspiración», a las que González Urrutia no acudió, tras lo que fue emitida una orden de captura en su contra.

El candidato de la principal coalición antichavista ha reiterado que regresará a Venezuela para asumir la Presidencia en Venezuela, por lo que pidió a los venezolanos seguir «juntos el compromiso» de hacer valer el «mandato» de los comicios presidenciales.

«El 10 de enero, como ustedes saben, es la fecha que pauta la Constitución para que, como presidente electo, asuma las funciones correspondientes», escribió el martes en la red social X.

Entretanto, Maduro, que ha recibido públicamente el apoyo de las instituciones del Estado, entre ellas la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha insistido también que jurará como mandatario reelecto el próximo 10 de enero.