Báez argumentó que una proporción significativa de los recursos destinados a servicios de parto y atención médica son consumidos por extranjeras no afiliadas al sistema, lo que —según dijo— genera una carga considerable para el presupuesto nacional y afecta negativamente la calidad y rapidez de los servicios brindados a las ciudadanas dominicanas.

“Como órgano defensor de los derechos de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, entendemos que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, pero también tiene el compromiso de priorizar los recursos de la seguridad social y la red hospitalaria pública en favor de los nacionales que sí aportan y pertenecen formalmente al sistema”, expresó el funcionario a través de un comunicado.

El titular de la DIDA señaló que el gasto que representa la atención a parturientas extranjeras no afiliadas constituye una pérdida para el sistema, provocando una saturación en los centros de salud y afectando directamente a las dominicanas, quienes muchas veces deben enfrentar largas esperas y limitaciones en el acceso a servicios médicos.

La medida gubernamental contempla implementar un sistema de cobro a las extranjeras que no estén afiliadas al Seguro Familiar de Salud ni coticen al sistema de seguridad social, como una forma de equilibrar el uso de los recursos públicos destinados a la salud.

Reprochó que en el país se registren alrededor de 30 mil partos de haitianas debido a que con apoyo de organismos internacionales atraviesan entre las montañas la frontera lo que perjudica enormemente a República Dominicana.

“El parto de cada haitiana tiene un costo de 200 dólares en Haití que multiplicado por los 30 mil registrados, asciende a 364 millones 200 mil pesos”, puntualizó.

Mostró preocupación debido a que las extranjeras están desplazando a las embarazadas dominicanas que se preparan para que le realicen un parto cesaría.

Dijo que con las haitianas ocurre todo lo contrario porque a su juicio, llegan a alumbrar sin ningún tipo de preparación para que el Estado dominicano le “de todo” lo que se requiere durante las labores de parto.

“Si tienen hemorragia y ustedes han visto que la mortalidad materna anda por el 47% del grupo declarado, que sucede que ese grupo nosotros tenemos que garantizarle todos los medicamentos, incluyendo sangre debido a que no donan sangre”, puntualizó.

Agregó “yo personalmente creo que el fracaso es de la democracia de Haití y su espiral de violencia al considerar que es el Estado haitiano que debe crear las condiciones para que las extranjeras alumbren en su país.

Dijo que el problema de las haitianas embarazadas no se resuelve permitiendo que atraviesen las fronteras para dar a luz en los hospitales de la red pública, sino que sus autoridades tomen las medidas de lugar para que lo hagan en su país.

Rivera solicitó a la comunidad internacional avanzar con la estabilidad política y social en el vecino país, además de invertir en el desarrollo económico para desincentivar la inmigración ilegal.

Destacó que República Dominicana aportó en la educación y formación de médicos haitianos en universidad como la Autónoma de Santo Domingo (UASD), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y otras para que se han esos galenos los responsables brindar asistencia médica en su país.

Mientras que los senadores Julito Fulcar, de la provincia Peravia y Félix Bautista, de San Juan, aseguran que la problemática de décadas ha tocado fondo y se matiza con la crisis que se vive en Haití.

El doctor Leonel Montero, director del Hospital Rosa Duarte en Elías Piña, dijo a El Informe con Alicia Ortega, que dichos le llegan referimientos en creole.

“Los referimientos vienen en creole, cosa que no debería ser porque somos dos naciones y no hay acuerdo de servicios entre ambos hospitales y ellos los refieren con yo referir un paciente a San Juan”, explicó Montero.

En este centro hospitalario, en lo que va del año 2024, se han realizado un total de 545 partos de los cuales el 73% corresponde a madres haitianas.

Similares referimientos son recibidos en Jimaní, provincia Independencia, donde el 63% de los partos realizados el año pasado fueron a extranjeras.

“Tenemos un referimiento que viene de Haití, un referimiento que no es de aquí no es dominicano”, señaló José López, médico general del Hospital General Melenciano.

Rosa Iris Perdomo, directora de este centro de salud, explicó que una vez que las parturientas extrajeras llegan al hospital, son atendidas.

“Nada, ellas llegan con su referimiento desde otros hospitales extranjeros (haitianos), están embarazadas necesitan la atención, pues inmediatamente se la damos porque aquí lo que hacemos es medicina y si llego la paciente, nuestro deber es atenderla”.

Al tiempo de indicar las madres haitianas a veces llegan con una condición de salud que no es la adecuada, Perdomo, expresó que las extranjeras superan por mucho a las dominicanas en los partos y consultas.

En lo que va de año en la provincia Independencia, se han realizado un total de 192 partos de los cuales 117 se realizaron a mujeres haitianas, es decir, casi el 61%.

Las investigaciones de El Informe, revelan que no solo los hospitales ubicados en las provincias de la línea fronteriza son los que mantienen estas cifras, sino que en provincias como La Altagracia, ubicada en la zona Este del país, las extranjeras registran un porcentaje de cerca del 60% de los partos y en, por lo menos, cuatro de los primeros seis meses de este año duplican los de dominicanas.

Asimismo, en los hospitales de San Lorenzo de los Mina de la Provincia Santo Domingo y Presidente Estrella Ureña en Santiago, casi todos los meses del segundo semestre del año pasado, presentaron más partos de extranjeras que de dominicanas, alcanzando hasta un 58%.

Durante su participación en El Despertador del Grupo SIN, dijo que este aumento se debe a la población que ya radica en la República Dominicana y porque no pueden acceder de manera oportuna a la calidad de servicios en su país, ante la grave crisis que vive Haití.

«Cuando nosotros analizamos las estadísticas, por cada morbilidad en condición de riesgo de una dominicana, la población extranjera tiene cuatro condiciones de riesgo. Es por eso que de nuestra razón de morbilidad de riesgo es tan alta en RD», agregó Mario Lama.

«Indiscutiblemente a República Dominicana le representa un peso económico atender temas de salud, educación, entre otros, sobre migrantes que no coticen al sistema de salud o que no financien al sistema de salud», manifestó en la entrevista central de El Despertador.

«En el Plan Nacional de Regularización habían 73 mil mujeres con permisos de trabajo en el país, la mayoría en servicios domésticos y tenían permisos de estar en el país, parte de esas mujeres pudieron haber tenido hijos, y parte de ellas cotizaban a través de la Tesorería de Seguridad Social».

Dijo que hay varios desafíos, de las haitianas que cruzan frontera para venir a tener partos y se devuelven, «entonces uno tendría que tener políticas diferenciadas, entre quienes viven aquí y tienen permisos, o de quienes cruzan la frontera en un tráfico hacia usar el sistema de salud y devolverse.

Agregó que hay que mirar de cómo se puede financiar esa actividad, que el gobierno dominicano ha estado pidiendo a la cooperación internacional para que se construyan hospitales en la zona fronteriza del lado haitiano para atender esa presión.

«De hecho hay hospitales del lado haitiano que el problema no es la construcción es la operación», sostuvo.

Al ser cuestionado en el programa El Despertador que cuál es la realidad, Chanel Rosa Chupany dijo que el último año que estuvo en el SNS, en atención a población migrantes, y no solamente en parto sino en todas las atenciones, el costo fue de 5 mil millones de pesos, y que más del 80 por ciento de ese costo está compuesto por el personal que atiende, por lo que considera como exageración ese monto anunciado por el Gobierno, » eso significa que cada parto salía en más de 350 mil pesos».

Asimismo dijo que hay de dos tipos de parturientas haitianas, «unas que vienen que es cierto que la traen, que hay mafia, pero muchas de ellas residen en el país, que son las mujeres, compañeras y esposas de lo que están trabajando en construcciones».

«Aquí se hizo un estudio donde el 74 por ciento de las mujeres haitianas tenían cuatro chequeos prenatales que indican que no llegó de un día para otro, yo siempre decía que el sistema de salud no puede ser un tema migratorio, eso es en la frontera que hay que atenderlo, el hospital no puede resolver ese problema», sostuvo.

«Los hospitales del país se les da asistencia a todos los seres humanos sin importar su estatus migratorio, preferencia sexual o condición religiosa», expresó Mario Lama.

Lama reiteró que los hospitales tienen una gran carga ya que se asisten a unas 30 mil parturientas extrajeras al año.

Según estimaciones del director del SNS, cada parturienta representa un gasto para el país de 300 a 400 dólares.

Este martes la presidencia de la República fijará su posición oficial respecto de lo dicho por la ONU.

Documento ONU:

«El Comité recomienda que suspendan inmediatamente las deportaciones de mujeres haitianas embarazadas o postparto y mujeres de origen haitiano, asegurar su protección contra la violencia de género y la discriminación, así como que se otorguen permisos permanentes de residencia a mujeres haitianas cuyos hijos nacieron y se criaron en el país, con el fin de mantener su derecho a la vida familiar, de acuerdo a las convenciones internacionales”.

Montecristi.- Al principio del anuncio de la prohibición de asistencia médica a las parturientas indocumentadas hecho por el gobierno dominicano, disminuyó considerablemente la presencia de extrajeras en el Hospital Padre Fantino de este municipio.

Según la dirección del centro, esta semana ha recobrado el ritmo de tiempos anteriores a la medida, donde por mes llegaban de parto al centro unas 120 mujeres de nacionalidad haitiana sin ningún tipo de chequeo previo lo que aumenta los gastos de ese centro asistencial, donde por lo regular llegan desnutridas, carente hasta de ropas para los bebé que esperan.

«Las pacientes no reciben los chequeos personales adecuados y cuando llegan al hospital ya tienen un estado de salud muy delicada que nos genera más gastos», aseguró Jorge Luís Minaya, sub director del centro médico.

En un comunicado enviado desde la Cancillería, las autoridades dominicanas reiteraron que la comunidad internacional debe intervenir en Haití, al tiempo que calificaron de injusto los cuestionamiento de la comisión.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó, que no está violando los compromisos asumidos en los tratados internacionales, ya que la deportación de parturientas haitianas no se representan riesgo a ser sometidas a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves a sus derechos humanos.

Comunicado íntegro: 

El deterioro institucional de Haití, sobre todo a partir de 2019, ha agravado una situación excepcional y extraordinaria de ingreso masivo de migrantes haitianos hacia República Dominicana, entre ellos, mujeres embarazadas en procura de los servicios gratuitos de salud pública que su gobierno no les provee.

En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos. En 2019, con el aumento de la inestabilidad en ese país, los partos casi se duplicaron a 27,984. En 2020, aumentaron a 30,322 y entre enero y septiembre de 2021 se han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos. Esto implica que mientras en 2018, el 12.5% de los partos de la totalidad dela red pública fueron de madres haitianas, esta proporción aumentó a 23% en 2019, a 27.2% en 2020 y a 30% en los primeros nueve meses del 2021.

Lamentablemente, Haití vive una situación de precaria gobernabilidad y violencia extrema que motiva a muchos de sus ciudadanos a buscar servicios básicos fuera de ese país. Esta incapacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía es una corresponsabilidad de la comunidad internacional, ya que Haití se encuentra bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 2004. Ese fracaso de la comunidad internacional en Haití ha dejado a República Dominicana en la inadmisible situación de suplir por sí sola la ausencia de servicios públicos del país vecino.

Ese es el contexto en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA emite su injusto e inoportuno comunicado sobre las embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana.

El Gobierno dominicano respeta irrestrictamente el principio de no devolución (non-refoulement) en elsentido de no deportar a individuos que corren el peligro de ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones graves a sus derechos humanos, en razón de su raza, credo, opinión política, nacionalidad, etc.

Sin embargo, consideramos que dicho principio no aplica en el presente caso ya que no se trata de perseguidos políticos, miembros de una minoría étnica o religiosa, ni un grupo político particular. En Haití lo que se vive es una situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizadas, de la cual República Dominicana no tiene responsabilidad alguna.

Se toma nota de la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos y de los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, entre otros instrumentos citados por la CIDH en su comunicado, los cuales no consideramos aplican en las circunstancias actuales.

Es menester señalar que la normativa internacional sobre los migrantes vulnerables aplica para situaciones ordinarias de migración, en las cuales un Estado no puede discriminar o menoscabar los derechos de un grupo de migrantes frente a sus nacionales. De lo que se trata en este caso, es de una presión masiva y excepcional a los servicios públicos de salud dominicanos, frente a lacarencia de estos servicios en Haití. El Estado dominicano tiene el derecho y el deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestra red pública de hospitales.

Las normas internacionales sobre migrantes no responden al estado de emergencia migratoria que asedia a nuestro país, la región y el mundo hoy día. En efecto, el hemisferio se encuentra sumido en una crisis nunca vista, donde decenas y decenas de miles de migrantes se movilizan por Centroamérica y Norteamérica. La mayoría de los Estados de paso y de destino de la región se ha visto obligada a tomar medidas para deportar a esta abrumadora cantidad de migrantes.

Este es un problema hemisférico y global que requiere soluciones creativas y novedosas, desde una perspectiva multilateral, con el aporte de los Estados y los organismos internacionales. No es el momento de recriminar a los Estados que responden a esta situación en función de su actual infraestructura de servicios, cuya primera responsabilidad son sus ciudadanos.

Invitamos a la CIDH a consultar con el Estado de manera oportuna las situaciones particulares de las que tenga conocimiento y que puedan generarle dudas para, a través de los canales oficiales, suministrar las informaciones necesarias y así evitar descontextualizaciones ante la opinión pública, reputando como veraces situaciones no verificadas.

Respecto a la denuncia sobre un caso en el que una mujer haitiana fue supuestamente deportada después de dar a luz y separada de su bebé, el Gobierno dominicano afirma que, después de investigar, no existe evidencia de que esto haya ocurrido. Hasta el día de hoy se han registrado cuatro casos de mujeres que han entrado en labores de parto al momento de ser trasladadas al centro para migrantes ubicado en Haina.

En esos casos, todas fueron enviadas al hospital en ambulancia y luego de haber recibido el alta médica, la Dirección General de Migración (DGM) las trasladó de regreso en ambulancia a recintos de acogida, donde se les ha provisto alimentos, vestimenta, refugio y productos de higiene personal para la madre y los neonatos.

En todo caso, la DGM mantiene un protocolo para los migrantes vulnerables, como es el caso de las mujeres embarazadas, en el que se garantiza la seguridad, la integridad y la salud de las personas. En primer lugar, la Dirección General de Migración cuenta con un servicio de ambulancia las 24 horas del día para el traslado de las embarazadas a un centro hospitalario de ser necesario. Asimismo, se habilitó un presupuesto especial para pagar los gastos de emergencia requeridos. En caso de que una embarazada sea ingresada en un centro de salud, las autoridades no penetran al hospital, solo el personal médico que asume el caso.

Cabe destacar que este protocolo integra la incorporación de un equipo conformado por mujeres en los operativos para garantizar la integridad física de las pacientes, e impide tajantemente la deportación durante las labores de parto. La repatriación solo ocurre cuando es médicamente seguro para la madre y la criatura. Para atender los casos de las embarazadas próxima a dar a luz, se cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Niñez (CONANI).

El Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el derecho internacional general y americano y, en particular, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados en la materia ratificados por el país.

Sin embargo, ante la incapacidad del Gobierno haitiano para resolver las necesidades básicas de su población y la inexcusable ausencia de la comunidad internacional en ese sentido, República Dominicana manifiesta su más enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos. Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana.