El respectivo decreto del Ministerio de Cultura con la decisión del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan) fue publicado en la edición de este martes del Diario Oficial.

El organismo consideró que la edificación tiene que ser protegida para preservar su memoria histórica, artística y arquitectónica, así como para destacarla como un escenario de luchas sociales y políticas en defensa de la democracia.

• Dos personas mueren electrocutadas tras caída de cable eléctrico sobre su vehículo en Gaspar Hernández
• Chronos y kairos: dos formas de habitar el tiempo

Declaración y homenaje a las víctimas

En una ceremonia en octubre pasado en que el Iphan pidió que se le declarase patrimonio, el presidente del órgano, Leandro Grass, afirmó que el acto era necesario para conservar la memoria de los años de la dictadura militar, que se caracterizaron por la censura y las violaciones a los derechos humanos.

«Con el acto se rinde homenaje a aquellos que fueron torturados, perseguidos, muertos o desaparecidos por luchar por la libertad. Al convertir el edificio en patrimonio contribuimos para que las generaciones presentes y futuras no repitan los errores del pasado», dijo.

La edificación de tres pisos y patio central en el tradicional barrio de Tijuca fue la sede de la Comisaría Especial de Seguridad Política y Social (Desps) durante el régimen del presidente Getúlio Vargas entre 1933 y 1944, y posteriormente abrigó la sede del DOPS entre 1962 y 1975.

El también conocido como Palacio de la Policía fue destino habitual de presos políticos en diferentes períodos y un conocido centro de torturas.

Entre los presos políticos que estuvieron en sus instalaciones durante el régimen de Getulio Vargas destacaron los mayores opositores de la época, como Luiz Carlos Prestes, Graciliano Ramos y Olga Benário.

La edificación inaugurada en noviembre de 1910 fue diseñada por el arquitecto Heitor de Melo, uno de los principales representantes de la escuela ecléctica en Brasil.

Acusación Caso Medusa

Acuerdos Sean Hudson Dawggins y Smart Logistics International SRL

Acuerdo Rossanna Vianela Pimentel y Comercial Viaros

Acuerdo Ricardo Antonio Carrasquero y Constructora Carrasquero

Acuerdo Reynaldo Santos y Zwaziland

Acuerdo Rafael Salvador Rasuk Sanchez

Acuerdo Mercedes Camelia

Acuerdo Lisandro Macarrulla y Mac Construcciones

Acuerdo Jose Antonio Santana, Abastes y Constructora Integrada

Acuerdo Jose Alberto Abbott Brugal y Distribuidora Ropi

Acuerdo Jenny Marte Peña

Acuerdo Hilda Cristina Jackson Mallol y Ropalma

Acuerdo Giselle del Carmen Molano Frias

Acuerdo Francisco Arturo y Rogama

Acuerdo Felipe Armando Fernández de Castro Asencio

Acuerdo Fausto José Cáceres Salterio y La Parasata Mercantil

Acuerdo F&F Ezel Import SRL

Acuerdo Daniel Enrique Vásquez Feliz, Francisco Alb. Vásquez Feliz y Divamor Grop

Acuerdo Cesarion Morel Grullon y Constructora Morel Grullon y Asociados

Acuerdo Carolina Pimentel Bonifacio

Acuerdo Carlos Augusto Guzmán Oliver y Herrajes Rachell

Al solicitar que se dicte auto de apertura a juicio contra Juan Alexis Medina Sánchez y otras 25 personas físicas y 21 compañías acusadas de formar una red que estafó al Estado con miles de millones de pesos, el Estado pidió la declaratoria de conjunto económico y levantamiento del velo corporativo de las empresas.

“Con el levantamiento del velo corporativo, el Estado dominicano persigue garantizar la ejecución de la sentencia de fondo a intervenir en la etapa de juicio, persiguiendo directamente a los socios o accionistas de las entidades a comerciales acusadas”, explicó Jorge López Hilario, quien representa al Estado dominicano en audiencias a través del ERPP.

Es preciso recordar, que el magistrado Peguero autorizó en julio del año 2022 el embargo retentivo de diez millones de pesos en favor del Estado al dictar auto de apertura a juicio en el caso de la acusada Milagros Isabel Torres Castellanos, socia de la entidad EDITORAMA, que también forma parte del proceso, quién por una condición de salud se le conoció su proceso separado de los demás acusados en el caso.

Torres Castellanos fue acusada por lavado de activos, asociación de malhechores y otros ilícitos penales por el Ministerio Público y por el Estado Dominicano.

Al concluir con la réplica, Jorge López indicó que este proceso es histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad, toda vez que en apenas unos dos años que lleva el proceso, ya se han formalizado 4 acuerdos donde los imputados aceptan su responsabilidad penal y retornan a favor del Estado más de 350 millones de pesos tanto en decomiso como en indemnizaciones.

El jurista aseguró que con estos acuerdos y las pruebas aportadas, se espera un Auto de Apertura a Juicio.

Mientras el presidente del Colegio de Abogados acudió este martes al Congreso Nacional a rechazar la iniciativa gubernamental.

La modificación de varios artículos del proyecto de fideicomiso público ayudaría a la creación de un instrumento que no debilite las estructuras del Estado, consideró el economista Antonio Ciriaco.

Explicó que el fideicomiso estaría regulada por la ley 340-06 de Contrataciones Públicas solo en aspectos generales.

Ciriaco señaló del articulado que debería ser modificado para el fortalecimiento de la pieza legislativa, tras recomendar que la República Dominicana deba mirar las experiencias en otros países.

Esta mañana Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados, acudió a la sede legislativa a mostrar su oposición a la iniciativa.

En la última sesión de la Cámara de Diputados el proyecto, que había sido sancionado por el Senado de la República, no logró el consenso para su aprobación y fue enviado a una comisión especial.

Ahora la comisión especial deberá rendir un informe favorable ante el hemiciclo para ser sometido a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados antes de que concluya esta legislatura el 12 de enero.

Julio De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización, alegó que las pretensiones se evidencian con el establecimiento en la pieza legislativa de que cada fideicomiso tendría su propio reglamento de compras y contrataciones de bienes y servicios, basados en los principios de la Ley 340-06, lo que significa que no se regirán por las disposiciones normativas.

“Entendemos que es necesaria la normativa, sin embargo, la misma debe sujetarse a las disposiciones constitucionales y del derecho público al tratarse de una figura de administración de lo público, bajo un régimen, que en la actualidad, se venía aplicando en el derecho privado, haciéndolo incompatible con el manejo y administración de los bienes públicos”, acotó.

Dijo que están  de acuerdo que el Estado le dé participación al sector privado, pero dentro de las estrictas medidas de transparencia, donde el ciudadano, como poseedor de acciones en la cosa pública, pueda requerir informaciones y participar de los procesos de compras y contrataciones, lo que estaría ausente, de aprobarse el proyecto que actualmente está en la cámara baja y que debes ser dejado en la mesa, hasta tanto sean acogidas las sugerencias que expertos y organizaciones, han venido formulando.

http://<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Afirman proyecto Ley de Fideicomiso busca traspasar patrimonio público “a buitres” del sector privado. <a href=»https://twitter.com/hashtag/Noticiassin?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw»>#Noticiassin</a> <a href=»https://twitter.com/hashtag/Fideicomiso?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw»>#Fideicomiso</a> <a href=»https://twitter.com/hashtag/Sectorprivado?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw»>#Sectorprivado</a> <a href=»https://twitter.com/hashtag/Adocco?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw»>#Adocco</a> <a href=»https://t.co/YxbNnnMHXA»>https://t.co/YxbNnnMHXA</a> <a href=»https://t.co/31UfVhBkRF»>pic.twitter.com/31UfVhBkRF</a></p>&mdash; Noticias SIN (@SIN24Horas) <a href=»https://twitter.com/SIN24Horas/status/1610401446108733440?ref_src=twsrc%5Etfw»>January 3, 2023</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>