La agencia venderá o traspasará a otras agencias federales los siete almacenes, en los que invirtió 700 millones de dólares para adquirirlos, en un giro de 180 grados, ya que convertirlos en centros de detención era parte de la política antiinmigrante del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que puso en marcha la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

• Sin embargo, el nuevo secretario Markwayne Mullin, quien en privado había expresado escepticismo sobre el plan, ha dicho públicamente que quiere que la agencia sea más discreta en cuanto a la forma en que lleva a cabo las medidas de control migratorio, recordó el diario.

«La realidad de crear un nuevo sistema de detención ha resultado compleja, al igual que las promesas de deportaciones masivas han chocado con la complicada burocracia que conlleva intentar expulsar a un gran número de personas», señaló el New York Times.

Siete almacenes saldrán del plan

Entre los centros que ya no abrirán sus puertas figura el almacén que ICE había comprado en Roxbury, Nueva Jersey, lo que fue celebrado hoy por su gobernadora, la demócrata Mikie Sherrill, que considera que se trata de una victoria para la seguridad pública, el municipio de Roxbury y el estado.

Los planes siempre fueron ilegales:

el almacén de Roxbury es un centro logístico diseñado para el manejo de paquetes, no para miles de personas, y no contribuía en absoluto a la seguridad de Nueva Jersey«, indicó la gobernadora en su cuenta de X y recordó la demanda que presentaron contra Seguridad Nacional en un intento de evitar que se estableciera el centro de detención.

Por su parte, John Fabbricatore, que hasta hace poco trabajó como asesor sénior en temas de inmigración en el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Trump, recordó que los almacenes fueron una idea rápida para ampliar la deportación masiva.

La compra de los almacenes, para establecer una red de 24 nuevos centros, enojó a las comunidades que se oponen a estos o en zonas conservadoras preocupadas por el impacto en los servicios públicos y la economía locales, o tener protestas en su patio, señala además el diario.

Incluso líderes republicanos escribieron a Seguridad Nacional para oponerse a los centros en las comunidades que representan.

Costes, oposición y demandas ambientales

Otro obstáculo que la idea de tener una red de centros de detención enfrentó es el coste, ya que, según el inspector general del país, por algunos se ha pagado más de 145 millones de dólares, sin incluir la inversión en renovarlos para su propósito.

Pero, según el diario, el mayor reto son las demandas ambientales que ha enfrentado, basadas en la ley federal que exige examinar el impacto de sus proyectos en el medio ambiente local. 

La política fue adoptada en 2021, durante el Gobierno de Joe Biden, y pedía al Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, en inglés) informar de estos fallecimientos al Congreso e investigar sus causas.

La medida se produce en medio de críticas de la oposición y grupos de derechos humanos por las condiciones en los centros de detención, mientras las muertes de migrantes bajo custodia de las autoridades alcanzaron su punto más alto en los últimos veinte años.

Cambio en el conteo

DHS justifica su decisión al asegurar que, «cuando un individuo no está en custodia» del Gobierno, ellos ya no son responsables de monitorear su estado.

Esto es de sentido común», indicó un portavoz de DHS a EFE. El Gobierno «no es responsable cuando una persona fallece semanas después de haber salido de su custodia», añadió.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la agencia encargada de detener y deportar migrantes, «sigue comprometido con la transparencia en relación con la muerte de personas detenidas», agregó el vocero.

• Según esta fuente, «la nueva directriz detalla los procedimientos para notificar, revisar e informar, de manera oportuna, los fallecimientos ocurridos bajo custodia».

Muertes y críticas

En 2025, el primer año de la segunda Administración Trump, 32 personas murieron bajo custodia de ICE, la cifra más alta en más de dos décadas.

Este año, los datos indican que se podría superar este récord, pues en los primeros seis meses ya se han registrado 18 muertes y, según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association, la tasa de mortalidad en custodia de ICE aumentó tras una disminución en los últimos años.

El reporte señala que este incremento en la mortalidad coincide con «la interrupción en los mecanismos de supervisión, la rápida expansión de la capacidad de detención, acompañada de denuncias de hacinamiento y posibles retrasos en la atención médica».

Casos tras la liberación

Durante años, las organizaciones promigrantes en EE. UU. han estado documentando casos de migrantes que fallecen poco después de ser liberados.

Uno de los episodios más recientes se registró en California, donde un hombre de 44 años murió en marzo, pocas semanas después de haber sido liberado del centro de detención Adelanto.

Según indicaron familiares del fallecido —a medios locales—, el hombre, Irvin Cruz-Nape, se había quejado de dolor de pecho y de síntomas similares a un paro cardíaco mientras estaba detenido, pero los guardias del centro no le dieron atención médica.

Alejandra Arredondo

Los demandantes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), alegan que la retención es «ilegal» y que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los mantiene en condiciones «deplorables», extremo que negó este organismo en un comunicado remitido a EFE.

Para la ACLU, el caso se enmarca dentro de una nueva política migratoria del presidente Donald Trump, que busca mantener retenidos durante días o semanas a solicitantes de asilo en aeropuertos y otros puntos de entrada hasta que abandonen sus solicitudes y acepten ser deportados.

Detalles del caso

La mujer, identificada como Anabella Gyasi, de 38 años y con un embarazo de cuatro meses y medio, llegó el pasado 19 de mayo junto a su hijo, procedente de Ghana, después de obtener una visa turista y una cita médica en el Akron Children’s Hospital de Ohio.

La demanda sostiene que la retención se produjo cuando la madre expresó su temor de regresar a Ghana y su intención de solicitar asilo en EE. UU., y asegura que madre e hijo han permanecido encerrados durante días en una habitación sin ventanas dentro del aeropuerto, equipada únicamente con una cama, un lavabo y un inodoro, y sin acceso adecuado a alimentos o atención médica.

De acuerdo con la querella presentada por los abogados de la mujer ante una corte federal en Virginia por la ACLU, el niño nació con deformidades severas en ambas manos y su madre esperaba que recibiera tratamiento quirúrgico en Estados Unidos.

Choque de versiones

El Gobierno de EE.UU. niega las denuncias de la ACLU y asegura que son «falsas».

Todas las personas bajo custodia de CBP, incluida esta persona, tienen acceso a la atención adecuada, incluyendo evaluación médica por un doctor, medicamentos y alimentos», indicó un portavoz de la agencia a EFE.

Sin embargo, según detalla la querella, Gyasi y su hijo «han soportado condiciones tan deplorables que ella tuvo que recibir atención hospitalaria en dos ocasiones, debido a complicaciones en su embarazo tras haber sido privada de alimentos adecuados y atención médica».

Argumentos legales

La demanda argumenta que la detención es «ilegal», ya que viola normas federales y políticas internas de la CBP, que establecen que mujeres embarazadas y menores deben permanecer bajo custodia el menor tiempo posible y en condiciones adecuadas.

Los abogados solicitaron a la corte ordenar la liberación inmediata de Gyasi y su hijo para que puedan recibir atención médica y continuar con su proceso de asilo fuera de custodia. EFE

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) argumentó en un comunicado que así lo estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que los sucesivos Gobiernos no habían hecho cumplir esa disposición.

Bajo esta política, las personas que se encuentren en Estados Unidos con visas temporales, como las destinadas a trabajo, turismo o estudios, y que deseen cambiar su estatus a residente permanente deberán abandonar el país y tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen.

Las visas temporales, conocidas como «visas de no inmigrante», incluyen la B‑1 y B‑2, para quienes viajan por negocios o turismo; la F‑1 y la M‑1, dirigidas a estudiantes de programas académicos; y diversas categorías de trabajo temporal, como las H‑1B para ocupaciones especializadas y las H‑2A y H‑2B para labores agrícolas y no agrícolas, entre otras.

Actualmente, algunos migrantes temporales solicitan un cambio de estatus migratorio dentro de Estados Unidos porque califican para la residencia, ya sea por matrimonio, empleo o reunificación familiar, y piden su «green card» desde el país, un proceso que puede tardar años y durante el cual se les renuevan sus visados.

El Gobierno de Trump, sin embargo, planea que esas personas regresen a sus países y acudan a un consulado del Departamento de Estado para los trámites, salvo en circunstancias excepcionales que no han sido especificadas.

Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la ‘green card’ deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales», declaró el portavoz de USCIS, Zach Kahler.

De esta forma, aseguró, «se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente» en Estados Unidos.

La ley se redactó de esta manera por una razón y, aunque se ha ignorado durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente», apuntó.

El anuncio se enmarca en la política migratoria restrictiva de la Administración de Trump, que busca reducir la inmigración irregular y, al mismo tiempo, restringir las vías regulares y el asilo mediante medidas de disuasión y deportación.

Tres congresistas republicanos del sur de Florida —María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart— votaron junto a los demócratas a favor de la medida, rompiendo la línea de su partido en un tema migratorio clave.

La iniciativa ahora pasa al Senado de EE.UU., donde enfrenta un escenario político incierto, y aún requiere la firma del presidente Donald Trump para convertirse en ley.

Debate político en el Congreso de Estados Unidos

El proyecto de ley busca proteger de la deportación a hasta 350.000 inmigrantes haitianos, permitiéndoles permanecer legalmente en el país bajo el programa del TPS.

La medida también obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a mantener la designación de Haití dentro del programa de protección temporal.

• El resultado de la votación fue de 224 votos a favor y 204 en contra, con el respaldo de 10 republicanos que se sumaron al bloque demócrata.

Tensiones migratorias y postura de la Administración Trump

La decisión legislativa ocurre en un contexto de fuerte debate sobre la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha intentado eliminar el TPS para haitianos.

Un juez federal bloqueó previamente esa decisión, y posteriormente una apelación del Gobierno dejó el caso en revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El TPS está diseñado para ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras condiciones que impiden su retorno seguro, como es el caso de Haití.

Los antecedentes generales de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos en Estados Unidos se relacionan con la figura migratoria creada para responder a crisis humanitarias en distintos países.

El TPS permite que personas provenientes de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales o situaciones de inestabilidad grave puedan permanecer de forma temporal en Estados Unidos, con autorización para trabajar legalmente.

Haití ha sido incluido en este programa durante años debido a su situación de inestabilidad política, crisis económicas recurrentes y el impacto de desastres naturales que han debilitado su infraestructura y condiciones de vida.

Contexto del TPS para ciudadanos haitianos

La presencia de ciudadanos haitianos bajo el TPS en Estados Unidos ha sido objeto de debate constante dentro del sistema político estadounidense, especialmente en temas relacionados con la política migratoria.

Las decisiones sobre su continuidad han variado según las administraciones, generando incertidumbre entre los beneficiarios del programa y las comunidades migrantes afectadas.

La votación del viernes, la quinta desde el inicio del cierre, no alcanzó los 60 votos necesarios, quedando en 47 a favor y 37 en contra, con dieciséis senadores que evitaron votar.

El cierre se produjo tras la negativa de los demócratas a aprobar el presupuesto sin cambios en la política migratoria implementada por la Administración Trump, ya que consideran que ciertos operativos afectan derechos fundamentales.

Conflictos por operativos migratorios

La muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en las protestas por las redadas masivas migratorias en Minneapolis fue el detonante para que los demócratas exigieran cambios, incluyendo que los agentes no actúen con el rostro cubierto y que se requieran órdenes judiciales para allanar propiedades privadas.

Aunque el candidato a nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, suavizó su mensaje sobre política migratoria en las audiencias de confirmación, las negociaciones entre demócratas y republicanos para reabrir el DHS continúan enrrocadas.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, indicó que las conversaciones sobre la aplicación de las leyes de inmigración “aún tienen un largo camino por recorrer” debido a “profundos desacuerdos”.

Efectos en aeropuertos y medidas temporales

Al cumplirse el día 35 del cierre parcial, los efectos son cada vez más visibles en aeropuertos de Estados Unidos, donde muchos agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) han dejado de presentarse o renunciado por no recibir salario.

Esto ha generado larguísimas colas en aeropuertos como Atlanta, JFK en Nueva York y Nueva Orleans. Se espera que el Senado vote este sábado para financiar únicamente la TSA, dejando en cierre parcial el resto de las operaciones del DHS.

• “El caos en la TSA está llegando a un punto crítico. Necesitamos reabrirla lo antes posible”, dijo hoy Chuck Schumer en un discurso ante el pleno del Senado.