No entiendo cuál es el sentido. Científicamente, no tiene sentido que la mujer vaya a cambiar de decisión», aseguró la ministra Chomali en entrevista con el medio local Tele13 Radio.

La secretaria de Estado añadió que «no existe, y hemos buscado, evidencia científica de que un acto como ese pueda reducir la probabilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto».

La iniciativa legal denominada «Escucha su corazón» busca modificar el Código Sanitario para que, cuando una mujer solicite abortar, sea informada sobre si existe actividad cardíaca detectable en el feto y se le «ofrezca» escuchar el latido; y, si la mujer rechaza el ofrecimiento, el médico deberá negarse a practicar el procedimiento.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 bajo tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo», respondió ante la consulta sobre si el proceso descrito en el proyecto podría ser «fuerte» para las mujeres.

La propuesta legislativa fue presentada en junio pasado por un grupo de parlamentarios del ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido Republicano (PR), fundado por el presidente chileno, José Antonio Kast.

La ministra agregó que, desde la perspectiva médica, el proyecto tampoco aporta elementos nuevos: «Las ecografías se tienen que realizar igual. Para decir que hay inviabilidad fetal, por ejemplo, tiene que haber una ecografía y, cuando está en riesgo la vida de la madre, también».

El proyecto ha generado cuestionamientos y cientos de mujeres se manifestaron en Santiago y casi 30 ciudades de Chile el pasado viernes, en su rechazo, bajo lemas como «Escucha mi corazón», «Escucha mi decisión».

Desde partidos conservadores como la Unión Demócrata Independiente (UDI), que forma parte del oficialismo, consideraron que el proyecto de ley resulta «difícil de fiscalizar» y ofrecerán una alternativa al Ejecutivo para que sea presentado desde La Moneda.

Kast, reconocido por su posición contraria al aborto, prometió en su campaña presidencial no dar una «batalla cultural» y centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la economía.

El diputado del PNL Cristóbal Urruticoechea, por su parte, aseguró que «hay experiencia, hay datos, hay porcentajes en todos los estados de Estados Unidos, donde esta ley se aplica, y también en Hungría. No sé por qué no la han podido encontrar. Luego, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de salvar una vida?».

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto a los voceros de las distintas bancadas, informó que los legisladores evaluarán con «responsabilidad, rigor técnico y sentido de Estado» cada una de las observaciones que sean presentadas.

Pacheco aseguró que la meta es que la República Dominicana cuente con un nuevo Código Penal durante la primera semana de agosto, al considerar que se trata de una reforma histórica que moderniza la legislación penal y fortalece la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad y justicia.

El legislador destacó que el proyecto incorpora más de 70 nuevos tipos penales, entre ellos el uso de ácido del diablo, el feminicidio conexo, el sicariato, las estafas piramidales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, además de fortalecer las sanciones contra la corrupción, el crimen organizado, la violencia y los delitos tecnológicos.

Aunque defendió los avances de la iniciativa, Pacheco afirmó que toda legislación puede perfeccionarse mediante el diálogo y la participación de la sociedad.

«Invitamos a las academias, a los gremios profesionales, a las entidades de la sociedad civil, a los operadores del sistema de justicia y a todos los ciudadanos interesados a presentar propuestas específicas y debidamente fundamentadas«, expresó.

El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que el compromiso del Congreso es entregar al país «el mejor Código Penal posible», preservando los avances alcanzados e incorporando aquellas propuestas que contribuyan a fortalecer el proyecto sin alterar el espíritu de la reforma.

• Al fijar la posición oficial de la organización en rueda de prensa, el titular de esa secretaría, Raúl Martínez, explicó que la iniciativa busca autorizar el pago a múltiples personas físicas y jurídicas de una cantidad indeterminada de dinero, para satisfacer supuestas deudas contraídas por la Administración Pública respecto de obras de infraestructura ejecutadas sin cumplir con los procedimientos normativos vigentes. Indicó que dicho proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra bajo discusión en el Senado de la República.

El dirigente político recordó que una propuesta similar fue aprobada anteriormente por la mayoría oficialista en el Congreso, pero fue observada por el Poder Ejecutivo a principios de este año.

No obstante, señaló que los diputados del PRM han insistido en retomar esta iniciativa, la cual calificó como un “mayúsculo desatino” que contraviene la Constitución y las normas de control del sistema de administración financiera del Estado dominicano.

Martínez sostuvo que la pieza legislativa constituye una seria amenaza para la sostenibilidad fiscal, al pretender que el Estado reconozca compromisos alegados sin que se hayan cumplido las previsiones legales que garantizan la transparencia y legalidad de las contrataciones públicas.

En ese sentido, afirmó que la propuesta incluso permitiría la erogación de fondos públicos para pagar obras supuestamente realizadas sin respaldo contractual.

• Asimismo, advirtió que el proyecto contradice principios constitucionales fundamentales como la responsabilidad financiera y la legalidad presupuestaria, al tiempo que debilita los mecanismos de control del gasto público y el endeudamiento estatal establecidos en normativas como la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, la Ley de Crédito Público, la Ley de Planificación e Inversión Pública, así como las disposiciones más recientes en materia de organización administrativa y contrataciones públicas.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo cuestionó, además, que la iniciativa reconozca la condición de acreedores del Estado a centenares de personas físicas y empresas, sin que se determinen previamente las condiciones en que fueron contraídos esos compromisos, la efectiva ejecución de las obras o los montos a pagar.

A su juicio, legislar de esta manera “irresponsable y opaca” abre la puerta a posibles actos de corrupción a gran escala, con consecuencias negativas para las finanzas públicas.

La Fuerza del Pueblo exigió al Senado de la República rechazar el proyecto de ley y expresó que espera que el Poder Ejecutivo, en caso de ser aprobado en la Cámara Alta, se abstenga de promulgarlo y lo devuelva al Congreso con las observaciones correspondientes.

La organización política aseguró que se mantendrá vigilante frente a esta iniciativa, al considerar que representa un grave riesgo para el manejo responsable de los recursos del Estado y el respeto a la Constitución y las leyes de la República Dominicana.

Avance del proyecto en Diputados

A un paso de su aprobación definitiva, el proyecto que eliminaría las candidaturas independientes avanza en la Cámara de Diputados, luego de que fuera acogido el informe de la comisión que estudió la iniciativa, colocándolo en agenda para su conocimiento en segunda lectura.

Aunque la iniciativa cuenta con respaldo mayoritario, incluido el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que entiende corrige un exceso del Tribunal Constitucional, el bloque del PRD adelantó su rechazo y sectores sociales advierten que acudirán a esa alta corte si se concreta la aprobación.

Reacciones y posibles impugnaciones

De ser sancionada en la sesión de este martes, la pieza quedaría lista para ser enviada al Poder Ejecutivo, por lo que la decisión final recaerá en el presidente Abinader, quien podrá promulgar u observar la ley.

La iniciativa contempla la eliminación de varios artículos de la normativa vigente, bajo el argumento de que las postulaciones sin el aval de los partidos políticos no se ajustan al marco constitucional ni al sistema de partidos.

• Tras esta primera aprobación, los diputados volverán a conocer la pieza en los próximos días para decidir si la sancionan en segunda lectura, paso previo a su eventual promulgación por el Poder Ejecutivo.

También se modificaron artículos sobre renovación de contratos, abandono de inmuebles y derechos del inquilino en caso de fallecimiento, así como la responsabilidad por daños.

Asimismo, se eliminó la obligación de ofrecer en venta la propiedad primero al inquilino y se limitó el alcance de los depósitos a los bancos estatales BanReservas y Banco Agrícola, previo acuerdo entre las partes.

En cuanto a los desalojos, se estableció que solo podrán ejecutarse conforme a la Ley 396-19 sobre el uso de la fuerza pública. El proyecto, de la autoría de Alfredo Pacheco, pasa ahora al Senado para su revisión y posible aprobación.

Titulado «Concientización sobre el consumo responsable de azúcar», el proyecto fue impulsado por el diputado del opositor Partido Nacional por el departamento (provincia) de Salto, Pablo Constenla.

Según aseguró el legislador en diálogo con EFE, la iniciativa, que él heredó de un diputado por Salto del período anterior, surgió contemplando la realidad de quienes sufren diabetes y otras enfermedades que les impiden consumir azúcar agregado, que en Uruguay son alrededor de 300,000 personas.

«Es tomando en cuenta una necesidad de contemplar a esas poblaciones, que son alrededor de 300,000 uruguayos -más los muchos más que no sabemos, porque la diabetes puntualmente es una enfermedad muy silenciosa– que surge este proyecto», remarcó.

De acuerdo con Constenla, el proyecto, que, según se lee en el texto ya remitido a la comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, propone asimismo que se coloque en los restaurantes un cartel con la frase «Menos azúcar, más vida. El consumo de azúcar es perjudicial para la salud», está enfocado en concienciar y no busca regular el consumo de azúcar.

«Quien quiera consumir azúcar puede consumir todo el azúcar que quiera, simplemente se está avisando, informando, concientizando de que el exceso es malo y muy perjudicial para la salud», afirmó.

En esa línea, el proyecto propone además la creación de una jornada denominada «Día de Concientización sobre el Consumo Responsable de Azúcar», que coincida con el Día Mundial de la Alimentación proclamado por Naciones Unidas en 1981 y celebrado cada 16 de octubre.

«El Ministerio de Salud Pública advirtió hace un tiempo que nuestro país presenta una de las cifras más altas del continente en sobrepeso infantil. Pero el problema es general, ya que un estudio reveló que el 65 % de los adultos y casi el 40 % de los niños padecen problemas de obesidad y sobrepeso», remarca el texto de Constenla.

Como parte de una ley para la promoción de hábitos alimenticios saludables en niños y adolescentes, en octubre de 2013 Uruguay prohibió que en los centros escolares y liceales haya saleros o recipientes con sal para agregar a las comidas.

En 2014, la Intendencia de Montevideo aprobó un decreto que estableció que los saleros no podían estar en las mesas de bares y restaurantes del departamento capitalino ni ser ofrecidos salvo que el comensal lo solicite y que, además, los obligó a exhibir carteles con la leyenda «Menos sal, más vida. El consumo excesivo de sal de sodio es perjudicial para la salud». 

Trump presiona para que la Cámara de Representantes apruebe su llamada «Ley grande y hermosa», adoptada ya por el Senado, pero se enfrenta a la oposición de distintos sectores de su díscolo partido porque dispara la deuda nacional y ataca la red de seguros de salud.

Al llegar la medianoche del miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, todavía mantenía abierta una votación de procedimiento necesaria, último obstáculo del proyecto de ley antes de poder avanzar para su aprobación final más de dos horas después de la convocatoria inicial.

Sin indicios claros de que se destrabara el asunto, sus aliados tuvieron una reunión tensa a puerta cerrada con los rebeldes que votaron en contra o que todavía no se habían presentado ante el pleno de la Cámara.

«Lo lograremos esta noche». «Estamos trabajando en ello y somos muy, muy optimistas», declaró Johnson a periodistas en el Capitolio, según Politico.

La agenda de Trump

«Este proyecto de ley es la agenda del presidente Trump, y lo estamos convirtiendo en ley», declaró Johnson en un comunicado. Según él, los republicanos están «preparados para terminar el trabajo».

El paquete cumple con muchas de las promesas electorales de Trump: aumenta el gasto militar, financia una campaña de deportación de migrantes y moviliza 4,5 billones de dólares para extender su alivio de impuestos del primer mandato.

Pero añade 3,3 billones adicionales de deuda al creciente déficit del país.

Los halcones fiscales están molestos por los recortes de gastos, que dicen no cumplir con lo que se les prometió.

Johnson tiene que negociar márgenes muy ajustados. Solo se puede permitir que tres congresistas republicanos voten en contra y en realidad tiene a más de 20 abiertamente opuestos al proyecto de ley.

«Me cuesta imaginar que pase tal cual está». «Hay algunas cosas increíblemente malas aquí», opinó el conservador Andy Biggs en la radio local KTAR News.

Se esperaba que los congresistas votaran el miércoles, aunque tienen dos días para adoptar la ley antes de la fecha límite fijada por Trump para el 4 de julio, el día de la Independencia de Estados Unidos.

El texto de más de 800 páginas pasó el filtro del Senado después de una serie de ajustes que en algunos temas lo llevaron aún más hacia la derecha.

Un conservador se opuso porque dispara la deuda del país y dos moderados por los recortes a los seguros médicos.

«Vergüenza»

Según analistas independientes, los principales beneficiarios de la ley serán los hogares más acomodados, mientras algunas estimaciones prevén que unos 17 millones de personas perderán su seguro de salud y sufrirán el cierre de numerosos hospitales.

Los cambios en la ayuda alimentaria federal harán que millones de estadounidenses pobres pierdan el acceso a los cupones de alimentos.

Trump presiona a los indecisos, como lo ha hecho en el pasado.

«Nuestra nación hará una fortuna este año, más que cualquiera de nuestros competidores, pero solo si se aprueba la ley grande y hermosa», escribió este miércoles en su plataforma Truth Social.

Una luz verde del Congreso sería una gran victoria para Trump, a quien se ha criticado por gobernar por decreto.

Los congresistas demócratas piensan sacar rédito del polémico proyecto de ley para recuperar el control de la cámara en las elecciones de medio término de 2026.

El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, lo consideró una «vergüenza» y dijo que le parecen lamentables «los republicanos de la Cámara por seguir arrodillándose ante la agenda extrema de Donald Trump».

El martes los senadores del Partido Republicano aprobaron el paquete por un voto, después de 27 horas de debates.

El texto aumentará la deuda nacional e impone los mayores recortes al programa de seguro de salud Medicaid desde su lanzamiento en la década de 1960.

Fue aprobado por la Cámara de Representantes en mayo, pero regresa a ella para su adopción formal. Pero el éxito no está garantizado.

• La agenda de Trump

«Este proyecto de ley es la agenda del presidente Trump, y lo estamos convirtiendo en ley», declaró el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en un comunicado.

Según él los republicanos están «preparados para terminar el trabajo».

El paquete cumple con muchas de las promesas electorales de Trump: aumenta el gasto militar, financia una campaña de deportación de migrantes y moviliza 4.5 billones de dólares para extender su alivio de impuestos del primer mandato.

Pero añade 3.3 billones adicionales de deuda al creciente déficit del país.

Los halcones fiscales están molestos por los recortes de gastos que dicen no cumplir con lo que se les prometió.

Johnson tiene que negociar márgenes muy ajustados. Solo se puede permitir que tres congresistas republicanos voten en contra y en realidad tiene a más de 20 abiertamente opuestos al proyecto de ley.

«Me cuesta imaginar que pase tal cual está. Hay algunas cosas increíblemente malas aquí», opinó el conservador Andy Biggs en la radio local KTAR News.

Se espera que los congresistas voten el miércoles por la mañana, aunque tienen un margen de dos días antes de la fecha límite fijada por Trump para el 4 de julio.

El texto de más de 800 páginas pasó el filtro del Senado después de una serie de ajustes que en algunos temas lo llevaron aún más hacia la derecha.

Un conservador se opuso porque dispara la deuda del país y dos moderados por los recortes a los seguros médicos.

• «Vergüenza»

Algunas estimaciones sitúan el número total de beneficiarios que perderán su seguro de salud en 17 millones y se prevé que cierren numerosos hospitales.

Los cambios en la ayuda alimentaria federal harán que millones de estadounidenses pobres pierdan el acceso a los cupones de alimentos.

Johnson confía en que Trump presione a los indecisos, como lo ha hecho en el pasado.

Una luz verde del Congreso sería una gran victoria para Trump, a quien se ha criticado por gobernar por decreto.

Los congresistas demócratas piensan sacar rédito al polémico proyecto de ley para voltear el control de la cámara en las elecciones de medio término de 2026.

El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries lo considera una «vergüenza» y le parecen lamentables «los republicanos de la Cámara por seguir arrodillándose ante la agenda extrema de Donald Trump».