La demanda alega que el Gobierno busca usurpar la autoridad del Congreso de decidir a dónde se dirige y cómo se gasta el dinero de las arcas federales, y nombra como acusados a Trump, al director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, entre otros funcionarios.

La acción legal llega en respuesta a un decreto del mandatario, que a principios de mayo ordenó a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) reducir al mínimo legal el presupuesto actual de NPR y la cadena de televisión PBS, a las que ha acusado en reiteradas ocasiones de mantener un sesgo izquierdista.

La orden ejecutiva también incluye negar cualquier “financiación futura” para ambas emisoras, cuyos fondos públicos son manejados directamente por el Congreso estadounidense.

Según NPR, que defiende su integridad e independencia editorial, esta acción del presidente también va en contra de la Primera Enmienda de la Constitución, donde se consagra y protege el derecho a la libre expresión.

«La orden ejecutiva (de Trump) es una clara violación de la Constitución y las protecciones de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y asociación, y la libertad de prensa», dijo la presidenta y directora ejecutiva de NPR, Katherine Maher, en un comunicado publicado por el medio.

En su decreto, Trump invocó su autoridad como presidente y dijo que ni NPR ni PBS «ofrecen una representación justa, precisa e imparcial de la actualidad a los contribuyentes».

La CPB, creada por el Congreso en 1967, es el principal canal de distribución de fondos federales para los medios públicos y cuenta con un presupuesto de unos 535 millones de dólares para el actual año fiscal.

Aunque los fondos federales representan cerca del 1 % del presupuesto total de NPR, suponen entre el 8 % y el 10 % para sus más de 1.300 emisoras afiliadas.

Tres de estos medios se unieron a la demanda de NPR: la Radio Pública de Colorado y las locales Radio Pública de Aspen y la KSUT, esta última con transmisiones dirigidas a cuatro tribus nativas en los estados de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

El ataque contra NPR y PBS no es el primero de la Administración contra los medios públicos. En marzo, Trump ordenó el cierre de la Agencia de EE.UU. para los Medios Globales (USAGM), lo que supuso la suspensión en las operaciones de la emisora Voz de América y el cese de más de 1.300 empleados, quienes también demandaron al Gobierno

Para representantes de Participación Ciudadana, El presidente Abinader debe dejar que los diputados sean quienes escuchen a todos los sectores en las vistas públicas para modificar la propuesta de reforma fiscal, que fue depositada sin consenso.

En tanto que gremialistas entienden que la modificación de la pieza tributaria sí puede hacerse en ambos escenarios.

Al arribar a su octavo día apostado frente al congreso, integrantes del Campamento Patriótico contra la reforma fiscal consideran que sin importar la vía de consenso la propuesta debe ser retirada de la cámara baja.

Durante un encuentro con representantes de la iglesia evangélica el jueves, el presidente Luis Abinader ordenó respetar lo establecido en la Ley 122-05, de Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, para que se modifique el proyecto de ley de modernización fiscal.

Según los que participaron en esa reunión solo las iglesias no católicas serán excluidas de pagar impuestos de aprobarse la reforma fiscal.

Indicó que el proyecto presenta oportunidades de mejora para optimizar los recursos estatales, tanto en términos de propiciar una mayor claridad en las implicaciones de los criterios de evaluación de los procesos de licitaciones públicas, como en su impacto potencial, de lograr una mayor participación en las empresas medianas y pequeñas.

En una alocución pronunciada con motivo de encabezar el Desayuno Conversatorio Aplicación del nuevo Reglamento de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, que contó con la participación de Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCCP), el presidente de la UNE, Leonel Castellanos Duarte, planteó asimismo la posibilidad de que la ordenanza establezca que las empresas oferentes posean una experiencia probada, así como una marcada trayectoria en el área licitada para evitar la inserción improvisada.

“De lo que se trata es evitar que empresas oferentes sin experiencia, pero con disponibilidad de recursos, atraídas por el capital participen sin las prácticas adecuadas, e incurran en muchos errores con el producto o servicio a ofrecer, lo que en ocasiones termina empañando la gestión de la institución”, comentó Castellanos.

Afirmó que este Reglamento acompañado del proyecto de ley que se encuentra en el congreso y que esperamos sea prontamente conocida, será una herramienta útil para combatir prácticas desleales que se puedan ejercer en las compras estatales, y que van en detrimento de una competencia justa y sana en el mercado corporativo.

“De ahí que en la UNE valoramos con beneplácito que el reglamento considere aspectos tan relevantes como la modalidad “valor por dinero’, en la que el menor precio no sea un indicador de la mejor decisión para la adjudicación, sino otros criterios sustentables de evaluación como la sostenibilidad, vida útil y calidad del producto, entre otros parámetros que establecen régimen de consecuencia cuando se determine que hayan alteración o falsificación de documentos”, dijo.

A su juicio, esta herramienta contribuirá de manera positiva a una competencia justa, eficiente, de sostenibilidad y simplificación de los procesos de compras estatales.

La actividad se inscribe dentro de las iniciativas que viene emprendiendo la organización empresarial, con miras a mantener actualizados a la membresía sobre los temas que afectan la actividad productiva y que de una manera u otra impactan en el desempeño de los entes productivos nacionales.

Disposiciones que fortalecen Sistema

Durante su disertación, Carlos Pimentel destacó las disposiciones que fortalecen el Sistema de Contrataciones, tales como mejores prácticas relativas a la organización del sistema, criterios de evaluación, uso de herramientas tecnológicas, sostenibilidad, valor por dinero e inclusión de sectores productivos.

Asimismo, refirió el régimen de contratación por excepción, administración y ejecución de los contratos, así como el desarrollo de las disposiciones sobre el ciclo de la compra y contratación en cada etapa, las medidas cautelares, las medidas y procedimientos disciplinarios, sanciones a las ofertas temerarias y los recursos administrativos.

El director general de la DGCCP citó la inclusión oficial del monitoreo de las contrataciones públicas por parte del órgano rector, la incorporación de las compras conjuntas de las instituciones, y la adición de sanciones administrativas que permitirán a la DGCP el inicio del procedimiento de inhabilitación de oficio.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que el objetivo de la actividad, que reunió a viceministros, directores y representantes de instituciones públicas, es continuar fortaleciendo el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, apostando a la transparencia, la eficiencia y la equidad en las adquisiciones, pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad.

“La implementación de la Metodología MAPS representa un paso crucial en este camino hacia una contratación pública más efectiva y justa. A través de esta metodología, buscamos promover las mejores prácticas, identificar áreas de mejora y garantizar la optimización de los recursos públicos, además de mejorar la eficiencia de la capacidad operativa, encausando a las unidades operativas a una toma de decisiones más efectiva con el mejor uso de los recursos disponibles”, dijo el titular de la DGCP en su discurso.

Pimentel también aprovechó para agradecer la colaboración y el apoyo brindado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como otros organismos internacionales para el fortalecimiento de la gestión de las compras públicas.

Dicha herramienta tiene como objetivo identificar las fortalezas y oportunidades de mejora del Sistema, a través de un análisis comparativo que toma en cuenta factores como: evaluaciones de años posteriores, prácticas internacionales de mercado, capacidad operativa, normativas y niveles de transparencia.

Esta Metodología fue desarrollada por un grupo de trabajo liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Comité de Ayuda al Desarrollo, así como agencias bilaterales, bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y más de 30 países.

“Estimados usuarios, les informamos que nuestras cuentas  de Instagram y Facebook, han sido hackeadas”, posteó la institución en la red social X.

De igual manera, informaron que actualmente trabajan para restablecer a la normalidad las plataformas digitales.

La tarde de este miércoles en la cuenta de Instagram de la entidad, fueron publicadas imágenes de la reconocida estrella porno Mia Khalifa.

Sin embargo, al poco tiempo de la publicación las imágenes fueron eliminadas de la cuenta.

La ciberseguridad es uno de los principales retos de las instituciones públicas y privadas que se mantienen en línea. Se estima que diariamente más de 30 mil sitios de internet son víctimas de ataque en línea.

Los delincuentes digitales usualmente van en busca de vulnerabilidades en las credenciales de usuarios, así como de los sitios web para infiltrarse y tomar control.

Mediante una circular firmada por el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, se establece que queda a la disposición de titulares de órganos, entes y empresas públicas, a que, por la naturaleza de sus funciones y servicios, pueden establecer horas y días de trabajo especiales, a fin de garantizar la prestación de servicios que brindan a la ciudadanía.

Castillo Lugo resaltó que la Semana Santa es un momento de reflexión y de pasar en familia, e indicó a aquellos que decidan trasladarse y disfrutar de los balnearios, seguir las recomendaciones tanto de la Defensa Civil como del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Las labores normales de las instituciones públicas se reanudarán el próximo lunes primero de abril del año en curso.

El listado  publicado en la página de la entidad incluye un recuadro con las 172 empresas inhabilitadas anteriormente.

Entre las empresas impedidas este año se encuentra Organizzare, SRL, por incumplimiento contractual conforme al l Núm. 4) del párr. III del art. 66 de la Ley Núm. 340-06 y sus mods., yliteral. b) núm. 1 del art. 28 del Reglamento Núm. 543-12, a partir del primero de marzo.

Asimismo, queda inhabilitada Cosmo Caribe SRL y Constructora Copisa SRL por presentar documentos falsos o alterados conforme a la ley  Núm. 340-06.

Se encuentran imposibilitados además, Global Service Solutions, SRL, Aquino Moreno Construcciones, SRL, Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL, DYNC Solutions, SRL entre otros proveedores.

Para consultar el listado de proveedores inhabiles, puede visitar el portal de la DGCP accediendo al enlace.

Beras manifestó que “las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación, me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones, para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República Luis Abinader, precisó.

Asimismo, Hugo Beras indicó que desde el Intrant se han respondido todas las inquietudes y solicitudes de la DGCP sobre este proceso, al tiempo de expresar que “apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias”.

Beras informó que previo a la solicitud de licencia, depositó este jueves ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), un escrito en el que pide a dicha instancia dejar sin efecto la solicitud de variación de medida cautelar depositada por ante ese mismo órgano el tres de noviembre del 2023.

De esta forma la institución se suma a la solicitud de investigación ya hecha por la DGCP, específicamente en torno a las cuestionadas credenciales de la empresa Transcor Latam, quien resultó adjudicataria de la licitación No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, del proceso de “Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo”.

Beras sostuvo que “nos sumamos a todas las acciones llevadas a cabo por los organismos competentes en aras de dejar claro la veracidad de los documentos cuestionados, tras lo cual, de demostrarse las presunciones, el organismo habría sido sorprendido en la buena fe que se le presupone a todo oferente”.