El detenido es José Miguel García Rosario (a) Neño, sorprendido en la carretera La Victoria, en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte, lugar donde fue mandado a detener por el control preventivo policial, perteneciente al Departamento de Investigaciones de Robos de la Dicrim.

El prevenido fue remitido de inmediato por ante el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), para los fines correspondientes.

Al momento de su detención, a García Rosario le ocuparon un bulto tipo cangurera, el cual contenía 32 tarjetas del “Plan Quédate en Casa” y 17 del plan “Supérate”.

El detenido será puesto a disposición de la justicia vía el Ministerio Público.

Los nombrados Oscar Eduardo Reyna Moreno y Alexander Santos Velásquez están acusados de decodificar los códigos de las cédulas de identidad de las personas beneficiarias que consumían sus subsidios en Comercial Plaza Devoro, propiedad de Viviana Isaac Reyes, quien guarda prisión por la supuesta comisión del delito incurrido al usar el datafono asignado a su negocio para llevar a cabo la sustracción de un millón 343 mil pesos, así como también del Comercial La Fe.

En tanto a Isaac Reyes, Reyna Moreno y Santos Velásquez, le fue ratificada la medida coercitiva, mientras que los demás no apelaron, ya que en este caso hay un total de cinco personas apresadas, a los que se les impuso coerción el 3 y el 5 de abril del presente año.

La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) ha desarrollado una guerra sin cuartel en contra de los delincuentes cibernéticos y los comerciantes desaprensivos que se han dedicado al crimen de sustraer los montos del programa temporal “Quédate en Casa”, apresando a una veintena de ellos y obligándolos a devolver el dinero robado, con la ayuda del Ministerio Público actuante.

El programa “Quédate en Casa” fue creado para dar cobertura social a las personas que, a raíz de la llegada de la pandemia de la COVID-19, quedaron en situación de vulnerabilidad, debido a la pérdida de su medio de producción, por lo que fue usada la cédula de identidad como herramienta para transferir los montos de dicho subsidio, documento que fue aprovechado por los malhechores por su fragilidad tecnológica, para sustraer los fondos de los/as benefciarias/os del citado programa de ayuda social.

Los nombrados Oscar Eduardo Reyna Moreno y Alexander Santos Velásquez están acusados de decodificar los códigos de las cédulas de identidad de las personas beneficiarias que consumían sus subsidios en Comercial Plaza Devoro, propiedad de la señora Viviana Isaac Reyes, quien guarda prisión por la supuesta comisión del delito incurrido al usar el datafono asignado a su negocio para llevar a cabo la sustracción de un millón 343 mil pesos, así como también del Comercial La Fe.

A Viviana, igual que a Oscar Eduardo y Alexander, le fue ratificada la medida coercitiva, mientras que los demás no apelaron, ya que en este caso hay un total de cinco personas apresadas, a los que se les impuso coerción el 3 y el 5 de abril del presente año.

La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) ha desarrollado una guerra sin cuartel en contra de los delincuentes cibernéticos y los comerciantes desaprensivos que se han dedicado al horrendo crímen de sustraer los montos del programa temporal “Quédate en Casa”, apresando a una veintena de ellos y obligándolos a devolver el dinero robado, con la ayuda del Ministerio Público actuante.

El programa “Quédate en Casa” fue creado para dar cobertura social a las personas que, a raíz de la llegada de la pandemia de la COVID-19, quedaron en situación de vulnerabilidad, debido a la pérdida de su medio de producción, por lo que fue usada la cédula de identidad como herramienta para transferir los montos de dicho subsidio, documento que fue aprovechado por los malhechores por su fragilidad tecnológica, para sustraer los fondos de los/as benefciarias/os del citado programa de ayuda social.

Indicó que al inicio del programa, en abril de 2020, se beneficiaban 800 mil personas con la modalidad de tarjetas, pero con la pandemia del Covid 19 se amplió la cantidad a 760 mil nuevos beneficiados incorporados sólo con el número de cédula de identidad, lo que provocó que el sistema se hiciera muy vulnerable.

“Es un proceso largo y nos tomará como un año, pero hemos logrado reducir los casos y estamos trabajando a fondo en eso con nuestro departamento de inteligencia. Ya tenemos 30 o 40 personas apresadas. No sabemos la cantidad real de dinero que fue sustraído porque solo se ha contabilizado lo robado con las denuncias que hicieron los usuarios, pero mucha gente no lo denunció porque pensó que simplemente lo habían sacado del programa. Ya hemos intervenido en Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este y Norte, Barahona y seguimos detrás de eso”, explicó.

Peña Guaba señaló que además han iniciado un proceso de desmonte a las 547 mil personas beneficiadas que entraron al programa con el número de cédula para entregarle la tarjeta, cuyo sistema es más seguro y no ha sido vulnerado.

Se recuerda que alrededor de 125 mil denuncias de retiro de los fondos de beneficiarios del programa se investigan a través del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat) y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) por estafas al programa social que se ejecutaban en comercios de la Red de Abastecimiento Social (RAS), específicamente en colmados y almacenes.

Los beneficiaros se quejaron en esta primera jornada de la lentitud en la entrega de las tarjetas.

En total unos 294 millones de pesos fueron robados a beneficiarios del programa “Quédate en casa” desde abril de 2020, estafa que recibió 125 mil denuncias en todo el país y por las que están apresadas 20 personas.

Estas estafas fueron denunciada por El Informe con Alicia Ortega y tras la alerta la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y desde hace meses se daba seguimiento al tema para un programa que saldrá este lunes.

Desde que inició el programa Quédate en Casa, como ayuda económica para paliar la crisis causada por la pandemia, desde distintas partes del país beneficiarios denunciaron que sus fondos habían sido retirados por terceros en provincias alejadas de ellos.

En total unas 125 mil denuncias se hicieron por sustracción de los fondos Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

Estas personas se filtraron al sistema cuando se creó el programa Quédate en Casa, dijo Reynoso.

El error que permitió su entrada es porque al momento de incluir a los beneficiarios “no se fue incluyendo periódicamente sino que ellos cogieron una sola data”.

A partir de junio, cuando comiencen a sustituir por tarjetas a quienes reciben los subsidios mediante la cedula, estas personas saldrán del sistema.

En un almacén en Guaricanos, narró la directora de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), se detectó el fraude cuando el hijo de una beneficiaria envió el comprobante con la supuesta compra hecha por su madre.

“3,000 pesos en azúcar, 4,000 pesos en canela… es mucha la canela, eso llama la atención”, dijo Digna Reynoso en el programa El Despertador del Grupo SIN.

Otras alertas eran la cantidad de transacciones por establecimiento, debido a que en promedio deben ser máximo 150 por día y en algunos casos superaban ese total. Además de esto, también generó alerta las horas a las que se transaba.

En la actualidad, dijo Reynoso, los bancos emiten alertas a la ADESS cuando un comercio registra más transacciones del total previsto y cuando se hacen fuera de horario permitido.

El acusado fue detenido en febrero y enviado a la cárcel como medida de coerción, pero esta se le varió y ahora está en arresto domiciliario.

Según explicó Digna Reynoso, directora de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), este exempleado tomó la numeración de los plásticos que serían entregados a los beneficiarios y clonó las tarjetas.

Hasta el momento, dijo la funcionaria, está por determinarse el monto sustraído de esta forma.

Dijo que la red es estructurada y eso dificulta dar con la cabeza de la mafia en la que adultos mayores entraron como dueños de establecimientos comerciales a colaborar con los estafadores.

En la actualidad más de 270 establecimientos han sido identificados en labores de investigación, pero el número sigue en aumento.

“Son más porque en la medida que van pasando los días las delegaciones van reportando y eso hace que se incremente”, dijo Reynoso.

Hasta el momento, explicó, las provincias donde mayor incidencia tuvo el fraude son Gran Santo Domingo, San Juan, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Barahona.

Pero esta red criminal está “diseminado como si fuera un virus, una pandemia, en varias provincias donde ha crecido más el proceso de sustracción de los fondos”.

La detenida fue identificada como Ryselly Pineda Cedeño, oriunda de Barahona, quien trató de abordar un vuelo con destino a Nueva Jersey en los Estados Unidos de donde también posee nacionalidad.

Cedeño, a quien las investigaciones que realizan la Procuraduría General de la República y el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat), la señalan como la “hacker cabecilla” de la defraudación en la Región Sur del país.

En su contra había una orden de detención, por no haber comparecido a las citaciones que le hizo el Ministerio Público, como parte de las investigaciones de la estafa que hasta el momento se cuantifica en RD$294 millones.

Vilmania Pérez de los Santos, procuradora fiscal adjunto de la fiscalía de esta provincia dispuso orden de arresto contra Pineda Cedeño el pasado 23 de abril, ya que de acuerdo al expediente, contrataba “vendedores” y los ponía a negociar con los colmados y almacenes con los datos robados a los beneficiados con el plan de ayuda.

La Interpol entregará a Pineda Cedeño a las autoridades del Ministerio Público en las próximas horas.

Unas 20 personas han sido sometidas a la justicia acusadas de participar en la supuesta defraudación millonaria al programa de asistencia social “Quédate en Casa”, acción que implica la sustracción de RD$294 millones, desde que se inició el plan en abril de 2020.