El ataque ocurrió la noche del viernes 9 de enero, en el sector Monterico, del distrito municipal Santiago Oeste, cuando la funcionaria salía de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Tamboril.

De acuerdo con el informe oficial, individuos encapuchados que se desplazaban en una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra la yipeta Mitsubishi Montero Sport blanca en la que viajaba Ricardo, la cual recibió al menos siete impactos de bala. La funcionaria resultó ilesa.

Durante la balacera, una bala perdida alcanzó a Crecencio Nolasco Cruz, chofer de la ruta F, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Contra Bretón Veras pesa una orden de arresto y figura en la lista de los 10 delincuentes más buscados por la Policía Nacional en Santiago. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para localizar y capturar al resto de los implicados, en un caso que ha generado indignación por la muerte de una víctima inocente.

Tras el atentado, se ejecutó una intervención de alto impacto en el penal de Rafey, que incluyó requisas exhaustivas y el traslado de al menos 20 privados de libertad a otros centros, como medida de refuerzo de seguridad del sistema penitenciario.

La Policía exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que contribuya al esclarecimiento del caso, garantizando el anonimato y la confidencialidad.

• Pilarte López, de 54 años, deberá cumplir de manera definitiva la condena de cinco años de prisión, impuesta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia núm. SCJ-PL-25-00009, dictada el 29 de agosto de 2025.
  
  

La decisión fue adoptada en base a lo establecido en el artículo 438 del Código Procesal Penal, tras comprobarse la violación a los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3) y 9 (numerales 1 y 2) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado dominicano.

• En el acto administrativo, el juez González Espinal dispuso que en breve se notificará el auto sobre ejecución de fallo y el cómputo definitivo de la pena que deberá cumplir la condenada.

De acuerdo con lo dispuesto, la exlegisladora cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Mujeres.

La sentencia, emitida el pasado 29 de agosto, rechazó en su totalidad el recurso de casación presentado por la defensa de Pilarte y confirmó su culpabilidad.

Además de la condena a prisión, fue sentenciada al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público.

El tribunal también ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles ubicados en La Vega, entre ellos un terreno, propiedades con extensiones de 728.11, 811.45, 682.50 y 1,492.42 metros cuadrados, así como la parcela número 11 de 28,273 metros cuadrados, un local comercial de 35.75 metros cuadrados y otro inmueble identificado como comunidad funcional B1, de 46.86 metros cuadrados, entre otros bienes.

Ministerio Público había solicitado la condena fuera de 10 años

Cabe destacar que el Ministerio Público había solicitado a la Sala Penal de la Suprema Corte que la condena fuera de 10 años de prisión, pero el tribunal finalmente impuso una pena de cinco años.

1. Lavado de activos.
2. Exdiputada Rosa Amalia Pilarte.

El prófugo ha sido identificado como José Félix García Núñez, quien cumplía una larga condena por homicidio. Hasta el momento, se desconocen los detalles precisos sobre cómo logró evadir los controles de seguridad del recinto, que forma parte del nuevo modelo penitenciario implementado en el país.

Tras conocerse la fuga, las autoridades activaron un amplio operativo de búsqueda que involucra a diversas instituciones castrenses, con el objetivo de capturar al recluso y retornarlo al centro penitenciario.

El caso ha puesto en evidencia posibles fallos en el sistema de seguridad del recinto carcelario. Las autoridades del Ministerio Público y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades.

El incidente ha generado preocupación en sectores de la sociedad civil, que reclaman mayor vigilancia y controles más rigurosos en los centros de reclusión.

SANTIAGO.- Decenas de trabajadores del vertedero de Rafey en Santiago se manifestaron frente al ayuntamiento de ese municipio en protesta contra el cierre de una puerta que les permite el acceso al basurero.

Los recicladores denunciaron que desde hace tres meses la puerta fue cerrada dejando a miles de personas de más de 18 empresas de Santiago sin fuente de ingreso.

Explicaron que desde el cierre de la puerta han acudido a la alcaldía en busca de ayuda para que le permitan trabajar libremente, sin embargo no han recibido una solución.

Aseguran que tras el cierre han tenido pérdidas cuantiosas y que lo único que buscan con sus reclamos es seguir llevando el sustento a sus hogares.

Advierten que de no buscarle una solución rápida continuarán con los reclamos y manifestaciones.

Ante esta situación, los habitantes de la comunidad realizaron una protesta para visibilizar la precariedad que enfrentan debido a la escasez del líquido.

Los afectados explicaron que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) envía agua cada 15 días, lo hace en horas de la madrugada y solo durante 15 minutos, lo que les obliga a permanecer desvelados para poder almacenar el líquido.

Asimismo, dijeron que para mitigar la crisis, muchos residentes se ven obligados a comprar camiones de agua a precios que oscilan entre 1,500 y 2,000 pesos, lo que está afectando gravemente su economía.

Según denuncian, que deben pagar cada mes por un servicio que no reciben con regularidad ni en cantidad suficiente.

Piden al nuevo director de Coraasan André Burgos, poner atención a las comunidades que vienen sufriendo la crisis de agua.

Se trata de Francisco José Vásquez, alias Dubalier, de 25 años de edad, quien supuestamente se habría asfixiado con una almohada en el centro penitenciario de esta ciudad.

Los familiares del joven niegan la versión ofrecida por las autoridades del centro penitenciario, por lo que exigen que se investigue el caso.

El fallecido llevaba siete meses cumpliendo prisión preventiva acusado de un asalto.

También, miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), se encuentran en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre de esa demarcación, para realizar una investigación sobre el suceso.

Asimismo, el cadáver será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para fines de autopsia.

Se trata de Amfry José Rómulo alias e»El Cojo», de 20 años de edad, quien era buscado por las autoridades acusado de ser la persona que le disparó al funcionario de Coraaplata, para despojarlo de varias cadenas de oro y otras pertenencias.

En este sector de Rafey en Santiago, donde se originó el tiroteo, los residentes narraron el terror que vivieron, al asegurar que sus callejones se llenaron de los agentes.

La uniformada informó además, que el mismo estaba vinculado a la muerte a tiros del juez Alexis Cruz Marte, de 50 años de edad, en un hecho corrido en el sector Villa González el pasado mes de abril.

Por la muerte del funcionario la Policía persigue a Juan de Dios Gómez López, quien también está vinculado a la muerte a tiros del mecánico Misael Jaime Luciano Colón (el Secre) en el sector  Los Ciruelitos de esta provincia en septiembre del año pasado cuando este trató de impedir un atraco.

De acuerdo a la Policía Nacional, a la víctima se le ocupó una pistola calibre nueve milímetros.

Los restos de la víctima se encuentran en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes.

La acción fue llevada a cabo como parte de las medidas de supervisión de la seguridad penitenciaria y prevención de actos ilícitos en el centro de privación de libertad.

Entre los hallazgos fueron encontrados cuarenta y cuatro celulares; una computadora portátil; cuarenta y uno herramientas corto punzante; cuarenta y tres porciones, presumiblemente, de mariguana; diez buchetas, presumiblemente, de mariguana y cincuenta y siete porciones, presumiblemente, de cocaína.

También fueron decomisados ciento veinte unidades de paper filin; diez y seis fundas de tabacos; treinta y uno radios; ocho encendedores; dos Aipap; veinte y ocho relojes; ocho memorias USB; veinte y siente cortaúñas; treinta afeitadoras; un juego de dados; cincuenta y seis hojas de afeitar; ocho pedazos y un disco de lija y sesenta cargadores de teléfono.

El operativo de requisa fue dirigido por Rafael Domínguez Reyes Bautista, coronel de la Policía Nacional, encargado de Inteligencia y por Noel Toribio, director de los Centros de Corrección y Rehabilitación, con la participación de miembros de las Unidades Especiales de la DGSPC (Unidad Canina SPC), y la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR)

Otros miembros de las unidades especiales participantes en la requisa fueron, Ramón Madrigal, director vigilante de Tratamiento Penitenciario (UTAR), Yimbrer Zapata M.A, director de las Unidades Especiales, Luis Montas, director VTP. K-9, encargado nacional de la Unidad Canina y director VTP (UTAR) y Luis Manuel de la Rosa, encargado de las Unidades Especiales de la zona Norte y subdirector Operativo VTP, k9.

Con la formación de cinco equipos, entre ellos uno de reacción UTAR, uno de búsqueda con los ejemplares K9 y tres equipos de intervención en celdas, fueron desocupadas las áreas y se procedió iniciando por el primer nivel compuesto de seis módulos

Concluida la requisa, Reyes Bautista reunió a los privados de libertad en el área del comedor y les habló sobre lo importante que es el buen comportamiento de estos, para su regeneración y reinserción social.

Las sustancias que se presumen son mariguana y cocaína fueron entregadas a los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), para su descargo.

Se trata de Gregory Antonio Hernández Reyes, quien estaba condenado por la muerte a causa de heridas con un arma blanca de Maryeli Francisco. El crimen ocurrió el 4 de noviembre del 2013, en el municipio de Villa Bisonó, de la provincia de Santiago.

El procurador general interino de la Corte de Apelación Regional de Santiago, Juan Carlos Bircann Sánchez, informó que manejan la hipótesis de que el condenado se habría suicidado.

Dijo que compañeros en el penal manifestaron que el hoy occiso había expresado inconformidad luego de que se le rechazara un recurso de amparo, para que se le permitiera visita conyugal. Hernández Reyes también habría estado depresivo por la muerte de un pariente.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para fines de autopsia.