El nuevo Reglamento establece la regulación parcelaria como regla general para individualizar una porción de parcela, y reserva el deslinde como excepción para la etapa judicial, únicamente cuando resulte necesario un proceso contradictorio. 

Entre las ventajas de la modificación reglamentaria figuran: Se fomenta el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada, debidamente individualizada y ubicada, mediante la simplificación de las condiciones y requisitos para la regularización parcelaria.

Reservación del proceso de deslinde como una figura contradictoria y de excepción, aplicable únicamente en los casos con características litigiosas que ameriten la intervención judicial. 

También se incentiva el uso de la regularización parcelaria, fortaleciendo la cohesión social y jurídica del sistema inmobiliario. 

Entre las novedades también está el agregar un párrafo al artículo 6 la Resolución núm. 790-2022, el cual establece que la anotación realizada en el Registro Complementario del inmueble, que da constancia de que el mismo está siendo objeto de un proceso de regularización parcelaria, tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de su registro. 

Esta anotación puede ser cancelada con la aprobación o el rechazo de los trabajos técnicos emitida por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales competente, o al vencimiento del plazo de vigencia. 

1. El Pleno estuvo integrado por el juez presidente Henry Molina, y los magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Fran Euclides Soto Sánchez, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, María Garabito Ramírez, Moisés Alfredo Ferrer Landrón y Francisco Antonio Ortega Polanco.

Para tener acceso al Reglamento modificado, diríjase al siguiente enlace:   

https://transparencia.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/resoluciones_pj/RPJ_resolucion82_2025.pdf

Nelson Ramírez, Comisionado del TBS Distrito 2025 informó que los ocho clubes, que están divididos en dos grupos —el Grupo A con Mauricio Báez, San Carlos, Huellas y Los Prados, y el Grupo B con Bameso, El Barias, San Lázaro y El Millón—, fueron debidamente informados.

Asimismo, indicó que a cada club se le entregaron sus respectivos documentos: el reglamento disciplinario y el de redes sociales.

El certamen distrital dará inicio el sábado 20 de septiembre, por primera vez en la historia en los Estados Unidos, el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey, en una arena de característica NBA, con el “Juego del Respeto” entre los clubes Mauricio Báez y Bameso.

El Mauricio es el campeón vigente de la justa capitalina, al ganarle la final a Bameso en 2024.

El esperado encuentro en la icónica cancha del Prudential Center, en el 25 Lafayette en Newark-NJ, será a partir de las 6:00 de la tarde, cuyos boletos están a la venta en www.Ticketmaster.com con precios que van desde los 69 a los 257 dólares.

Juegos del domingo 21

Al día siguiente, el domingo 21, las acciones se trasladan a la sede oficial del campeonato distrital que es el Pabellón de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, en una jornada de tres partidos, de la fase intergrupos, a las 3:00 de la tarde, entre los clubes El Millón y Los Prados.

Luego, a las 5:00 de la tarde chocarán las escuadras de San Lázaro contra Huellas del Siglo, y en el cierre, a las 7:00 de la noche, se medirán los conjuntos de Rafael Barias y San Carlos.

Ramírez destacó que siguen rigurosamente dando los pasos de lugar hasta que se cante “salto al centro” el próximo 20 de septiembre.

Agregó que a inicios de semana también se les entregó a los clubes el calendario de competencia, que incluye 40 fechas y los días de juego, establecidos para martes, miércoles, viernes y domingos, con algunos sábados habilitados adicionalmente.

Informó que para el 10 de septiembre los equipos deben hacer la inscripción de 10 jugadores en la oficina técnica que dirige Ramón Ceballos.

• Paniagua Féliz subrayó que, fundamentada en la Ley 140-15 del Notariado y la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, esta normativa regula con precisión la validez de los documentos digitales, posicionando a la República Dominicana como referente regional en transformación tecnológica.
  
  

Agradeció al presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina, “por su visión y respaldo a esta iniciativa que moderniza la función notarial sin perder su esencia”. Señaló que la firma electrónica no sustituye al notario, sino que le proporciona nuevas herramientas para desempeñar su misión con mayor eficiencia, transparencia y cercanía a la ciudadanía.

• En el encuentro regional, el presidente del Colegio de Notarios estuvo acompañado por una delegación dominicana integrada por el embajador en Perú, César Florentino Díaz, y 13 representantes de las distintas filiales regionales del gremio.
  
  

Durante el evento internacional, Paniagua Feliz dirigió un mensaje contundente a presidentes, delegados y autoridades notariales de América y otras regiones del mundo. Anunció el desarrollo de una plataforma integral de gestión notarial que permitirá comparecencias en línea, junto con un programa permanente de capacitación en áreas clave como redacción jurídica, legislación comparada y protección de datos. También destacó las inversiones en infraestructura, digitalización de registros y fortalecimiento patrimonial.

Con firmeza, abordó los retos pendientes, desde la implementación técnica de la firma digital hasta la erradicación de prácticas notariales irregulares en el extranjero, subrayando que “la transformación debe ser gradual, voluntaria y acompañada de formación ética y técnica”.

El punto culminante fue su llamado a la unidad del notariado americano con miras a las elecciones mundiales de la UINL en Berlín. Respaldó con énfasis las candidaturas de David Figueroa a la presidencia mundial de la UINL y de Homero López Obando a la presidencia de la Caam, afirmando que “no es por personas, es por América”.

• Asimismo, invitó a participar en la Jornada Académica Nacional e Internacional, que se celebrará en Punta Cana del 12 al 14 de septiembre próximo, un evento sin precedentes que contará con destacados ponentes nacionales e internacionales, el respaldo de las altas cortes dominicanas y la activa participación de universidades nacionales.
  
  

En un emotivo cierre, rindió tributo a la mujer notaria, reconociendo su aporte invaluable y reafirmando el compromiso con la equidad e inclusión dentro del gremio.

Con visión clara y renovado compromiso, el doctor Paniagua concluyó afirmando que el notariado latinoamericano está llamado a ser un actor global de liderazgo, innovación y cohesión, en defensa de la seguridad jurídica y la paz social. Su exclamación final, “¡Viva América!”, fue respondida con una ovación de pie que selló una jornada memorable para la Caam.

Desde el año 2012, el país, cuenta con un marco jurídico que reglamenta el uso de firmas digitales en documentos y transacciones, usando plataformas aprobadas por el INDOTEL, para lograr que los documentos firmados bajo esta modalidad, tengan el mismo valor jurídico que los firmados con rúbricas tradicionales.

El INDOTEL, con el reglamento 071-19, creó los mecanismos técnicos y jurídicos que permiten plasmar las voluntades de las partes, en contratos y documentos digitales.

Marvin Soriano, afirma que, tanto los bancos comerciales de República Dominicana, los cuales, hace años aperturan cuentas bancarias, aprueban préstamos desde dispositivos electrónicos, emiten y activan tarjetas de crédito, serán ampliamente beneficiados con la nueva aprobación de la alta corte.

El jurista también recuerda que hasta el presidente de la República, Luis Abinader, desde hace 9 meses, firma sus decretos con su firma digital, por lo cual, este paso va a fortalecer la seguridad jurídica en torno a los documentos firmados digitalmente, afirma Marvin Soriano.

Mediante la resolución 50-2024, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó el “Reglamento de aplicación para el uso de documentos y firmas digitales”, con el fin de regular el uso de firmas digitales seguras en los documentos notariales en atención a lo dispuesto en las leyes 140-15, sobre Notariado, y 126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital, entre otras normas.

Este reglamento, que entrará en vigor en un plazo de 12 meses desde su publicación, permitirá que los notarios empleen herramientas digitales para la redacción, firma y conservación de documentos con plena validez jurídica. 

• La ABA resaltó que esta medida tiene un impacto directo y positivo en sectores como el financiero, al reducir tiempos y costos en transacciones que requieren validación notarial, como préstamos hipotecarios, contratos societarios y otros acuerdos clave.
  
  

El gremio de los bancos múltiples resaltó que la adopción de firmas digitales en el ámbito notarial genera múltiples beneficios, entre ellos, fortalecimiento de la seguridad jurídica, viabilidad y eficiencia en los negocios, mayor inclusión, así como trazabilidad y transparencia.

Con respecto al primer aspecto, indicó que la firma digital incrementa los niveles de protección, autenticidad e integridad de los actos notariales, reduciendo los riesgos de manipulación o falsificación.

A juicio de la ABA, la posibilidad de realizar actos notariales con firma digital facilita transacciones más ágiles, seguras y remotas, lo cual contribuye al dinamismo de la economía y a una mayor competitividad del entorno de negocios en el país.

Agregó que la posibilidad de reducir barreras geográficas, económicas y de tiempo permite que un mayor número de ciudadanos y empresas accedan a servicios notariales confiables y seguros, promoviendo así la equidad y la transformación digital de los negocios y la justicia.

Finalmente, la ABA sostuvo que el uso estandarizado de tecnologías de firma digital permitirá un mayor control, verificación de origen y validez de los actos notariales, lo que fortalece la confianza de todos los actores involucrados.

“La no existencia de un reglamento no impide la aplicación de la ley”, subrayó Peralta, al referirse a la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. En ese sentido, explicó que, si bien esta normativa aún no cuenta con su reglamento, su aplicación no está condicionada a ello.

El reglamento está en estudio tras revisión del TC

El funcionario informó que actualmente el Tribunal Constitucional ha revisado dos artículos de la Ley 368-22, razón por la cual la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se encuentra en proceso de análisis, dado que estos dictámenes podrían influir en la redacción final del reglamento.

“Cuando aprobamos el reglamento de la Ley de la Policía, lo hicimos en esta gestión, a pesar de que esa ley tenía más de 10 años promulgada”, agregó Peralta, señalando que el enfoque del Gobierno ha sido consensuar los reglamentos con todos los sectores involucrados.

La ley ya está en vigor y es de obligatorio cumplimiento

La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) respaldó la posición de Peralta al recordar que, según el artículo 109 de la Constitución, las leyes son obligatorias una vez transcurren los plazos legales establecidos tras su publicación.

FEDODIM también citó el artículo 1 del Código Civil, que establece que las leyes, una vez promulgadas y publicadas en la Gaceta Oficial, se consideran conocidas y, por tanto, obligatorias: al día siguiente en el Distrito Nacional, y dos días después en el resto del país.

La Ley 368-22 fue promulgada y publicada el 22 de diciembre de 2022 en la Gaceta Oficial No. 11092, por lo que su entrada en vigencia se produjo el 24 de diciembre de ese mismo año, siendo de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional desde esa fecha.

Tanto la Consultoría Jurídica como FEDODIM coincidieron en que los procesos regulatorios deben realizarse de manera participativa, pero reiteraron que la vigencia de una ley no depende de la existencia de su reglamento, conforme al ordenamiento jurídico dominicano.

El mandatario enfatizó que en el país existen numerosas leyes que se están aplicando sin la existencia de un reglamento, aclarando que este último tiene el propósito de fortalecer la implementación de la ley, pero no es un requisito indispensable para su ejecución.

«Hay cientos de leyes que se están aplicando sin reglamento. El reglamento viene a fortalecer su aplicación, pero no es necesario», expresó Abinader al referirse a la normativa que regula el ordenamiento territorial en la República Dominicana.

Asimismo, el jefe de Estado desmintió que se estén violando disposiciones de ordenamiento territorial en el distrito municipal de Verón-Punta Cana, donde se han levantado múltiples proyectos hoteleros bajo la normativa existente. «No creo que el reglamento haya detenido nada. Aquí hemos tenido que hacer cantidad de reglamentos, porque el 80% de las leyes aprobadas no tenían reglamento», explicó.

Por su parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, reafirmó que la falta de reglamento no impide la aplicación de la ley. «Esta no es una ley vieja, y el estilo de la consultoría y del gobierno es que el reglamento sea consensuado con todos los actores interesados», indicó.

Con estas declaraciones, el presidente Abinader ratifica su compromiso con el desarrollo ordenado de las comunidades y da respaldo a las gestiones municipales que buscan aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial para beneficio de sus demarcaciones.

Mientras que la ordenanza provocó opiniones encontradas entre abogados y legisladores en cuanto a los alcances e implicaciones de la resolución.

Para la Sociedad Dominicana de Diarios la resolución de “Política de Protección de Datos“ podría afectar el acceso a la información y la transparencia en el sistema judicial.

La Suprema Corte de Justicia aseguró que el documento emitido el pasado 14 de noviembre protege la dignidad y privacidad de las personas y aseguró que no constituye obstáculo para la libertad de prensa.
Abogados consideraron que la resolución no entra en contradicción ya que el artículo 49 la Constitución establece límites que protegen la dignidad de las personas.

Legisladores también se expresaron en torno a la resolución.

La Política de Protección de Datos establece directrices para la publicación de información personal, tales como estado de salud, situación laboral, entre otros.

La Sociedad Dominicana de Diarios informó que está semana se reunirán con el Presidente La Suprema Corte de Justicia para abordar su preocupación sobre la resolución.

La propuesta busca actualizar la normativa vigente para garantizar una mayor protección a la familia, niños, niñas y adolescentes ante contenidos audiovisuales que puedan resultar perjudiciales.

El diputado Rojas argumenta que la República Dominicana necesita un marco regulador moderno y coherente en materia de espectáculos públicos y materiales audiovisuales, que esté en armonía con la realidad social y que promueva la protección de los valores morales y las buenas costumbres del pueblo dominicano.

En la propuesta de modificación se contemplan cambios específicos en los artículos 42 y 51 del reglamento, que establecen las categorías de clasificación de los materiales audiovisuales.

Según la propuesta, los contenidos deberán clasificarse en categorías «A», «B» y «C», donde se prohibiría la transmisión de materiales que inciten a la violencia, usen lenguaje obsceno, contengan escenas eróticas o pornográficas, contenido LGBT y cualquier material que promueva argumentos inmorales o que falten al respeto a la Constitución, la familia, los valores patrios y las costumbres dominicanas.

Además, el legislador exhorta al Presidente a instruir a la Ministra de Cultura, Milagros Germán, y al director de la CNEPR, Giovanny Cruz, para que se garantice la observación y aplicación estricta del reglamento, en beneficio de las familias dominicanas.

“Las familias dominicanas tienen derecho a disfrutar de contenido de valor, donde se respeten las buenas costumbres de nuestro país y de mantenga la cultura nacional” indico el diputado Rojas.

Con esta resolución, Juan José Rojas busca reforzar el compromiso del Estado con la protección de la familia dominicana y garantizar un contenido audiovisual y cinematográfico que respete los principios y valores fundamentales de la Constitución Dominicana.

De igual manera, la CCRD ha realizado múltiples capacitaciones de manera presencial y virtual en diferentes municipios e instituciones con sujetos obligados a declarar a los fines de que el declarante aclare cualquier duda relativa al uso del sistema y los requerimientos normativos.

La plataforma de declaración jurada de patrimonio arroja que, para el cierre del día 11 de septiembre de 2024, de 190 diputados solo un número de 95 declaraciones han sido abiertas, de las cuales menos de 20 han sido notificadas para revisión a CCRD. Así también, de los 32 senadores, solo 16 han interactuado con el sistema, de las cuales solo 4 han sido notificadas a CCRD para iniciar el proceso. De igual manera, la mayor parte de las interacciones fueron a partir del día 6 de septiembre del presente año, con proximidad al vencimiento del plazo.

Este órgano constitucional de control externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado tiene a bien recordar que la Ley que norma la Declaración Jurada de Patrimonio (Ley núm. 311-14) es de 2014 y su reglamento de aplicación de 2016. En ese sentido, no ha ocurrido ninguna modificación a la normativa y requerimientos existentes desde el pasado período, de manera que todos los requisitos que deben cumplir los declarantes continúan siendo los mismos. El cambio que ha operado es la trazabilidad de la documentación lo cual es un mecanismo de fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.

“Un funcionario público no tiene bienes privados del escrutinio. Es de conocimiento general que las informaciones sobre las declaraciones juradas son públicas. Todo debe estar sobre la mesa de la transparencia, las cuentas deben estar claras. La transparencia se refuerza con más transparencia, lo público debe hacerse público y para ello contamos con la declaración jurada como un mecanismo de prevención de la corrupción”. Planteó la CCRD en un comunicado.

De igual manera, la CCRD tiene a bien garantizar el cumplimiento de los requerimientos de confidencialidad que establece la ley que rige la materia.

En 2021, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0405/21 donde establece que “El logro del indicado objetivo de la Ley núm. 311-14 no se agota con la mera presentación de la declaración jurada de los funcionarios y servidores públicos enunciados en el artículo 2 de la misma, en los plazos y forma establecidos, sino que las informaciones recabadas deben ser objeto de verificaciones, comprobaciones e investigaciones a cargo de las autoridades públicas competentes, en miras no solo de detectar inconsistencias, irregularidades, omisiones y conflictos de intereses que sean fuente del enriquecimiento ilícito, sino también de prevenir la comisión de dicha infracción.”

Conforme al criterio del Tribunal constitucional, “toda persona que pone al servicio del Estado sus aptitudes, habilidades y conocimientos debe estar consciente del deber que asume de rendir cuentas no solo de su gestión sino también de la transparencia respecto del origen de sus bienes ante cualquier autoridad competente, en cualquier momento. Esto nunca debería interpretarse como un menoscabo de sus derechos fundamentales sino como el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la citada Ley núm. 311-14.

Para aquellos que tomaron posesión este pasado 16 de agosto, el próximo lunes 16 de septiembre vence el plazo para presentar su declaración jurada de patrimonio en tiempo hábil.

Reiteramos nuestra disposición para orientar a los funcionarios obligados en el cumplimiento oportuno de la obligación constitucional y legal a su cargo, en apego estricto a las disposiciones legales y normativas.