Las repatriaciones son realizadas luego de un trato individual en los centros de procesamiento que la DGM tiene en diferentes demarcaciones territoriales y donde a cada persona se le toman los datos datos biométricos y huellas dactilares, además de que se investiga el real estatus y la condición de cada uno.

Los nacionales haitianos son entregados directamente a las autoridades de su país.

Las estadísticas de la DGM muestran que las deportaciones de agosto constituyen la cantidad más alta procesada en un mes durante el transcurrir de este año. En enero fueron 31,221, en febrero 26,659, en marzo 28,534, en abril 32,540, en mayo 34,290, en junio 30,759 y en julio 31,462.

En el mes recién concluido, específicamente se deportaron 12,457 haitianos indocumentados desde el centro de Haina, 1,309 desde el de Santiago y 843 desde Benerito. También 10,314 por Dajabón, 6,184 por Elías Piña, 1,264 por Jimaní y 2,905 por Pedernales.

• Las detenciones de esos extranjeros indocumentados marcan una trayectoria en crecimiento sostenido que demuestra la eficacia de los operativos de interdicción ejecutados por la DGM, cumpliendo la disposición expresa del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y las directrices del presidente Luis Abinader, para enfrentar la migración irregular y garantizar la integridad y soberanía dominicana ante la crisis socio-política que padece Haití.
  
  

Incremento de repatriaciones genera reacciones encontradas

Mientras las autoridades destacan la efectividad de los operativos y el fortalecimiento de los controles migratorios, distintos sectores de derechos humanos han manifestado preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que quedan muchos de los repatriados.

Organizaciones locales e internacionales han llamado a que se garantice el respeto a los derechos fundamentales de las personas durante el proceso de detención y deportación, especialmente en el caso de menores, mujeres embarazadas y personas con condiciones médicas.

Desde sectores gubernamentales, sin embargo, se insiste en que las acciones están amparadas en la ley y responden a la necesidad de preservar el orden, la seguridad y el cumplimiento de las normas migratorias.

“No se trata de criminalizar la migración, sino de regularla de forma responsable ante una realidad compleja que impacta en lo social, económico y humanitario”, expresó un funcionario de la DGM que pidió reserva de su nombre.

Los extranjeros fueron entregados directamente a las autoridades de la vecina nación por las puertas fronterizas de Dajabón (565 personas), Elías Piña (488), Jimaní (144), y Pedernales (80), luego de haber sido sometidos a un proceso de depuración en los centros de retención administrados por la DGM en distintos lugares del país. En estos sitios, para la identificación formal, también se les tomaron los datos biométricos y las huellas dactilares, entre otras medidas de registro personal.

Asimismo, la institución responsable del control de los flujos migratorios en operaciones coordinadas junto a los organismos de seguridad del Estado ayer también aprehendió a otros 985 extranjeros indocumentados, como parte de los esfuerzos desplegados para garantizar la seguridad, el orden y los derechos de los dominicanos y extranjeros formalmente establecidos.

Esas detenciones, en cumplimiento de la Ley 285-04 y las disposiciones del Gobierno y el Consejo de Defensa y Seguridad de la nación para combatir cualquier acción ilícita que involucre a inmigrantes, fueron en el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega (30), Puerto Plata, Dajabón, Barahona, La Altagracia, Montecristi, Elías Piña, Azua y otras demarcaciones importantes para el desarrollo económico y social del país.

Las operaciones, realizadas mediante estrategias de inteligencia de gran alcance, se hacen con la estrecha y destacada colaboración del Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, el Cesfront, Ciutran, Digesett y el Ministerio Público, entre otros organismos. Esta efectiva labor interinstitucional refleja la visión de futuro y el compromiso del Gobierno de seguir fortaleciendo las políticas migratorias y de seguridad en la nación.

El ministro no especificó las edades y tampoco explicó por qué «viajaron solos» esos niños, que formaban parte de un grupo de 311 migrantes que volvieron a su país, aunque aseguró que «la mayoría tiene aquí a sus familiares, que los están esperando para recibirlos y llevarlos a sus hogares».

Por otra parte, el también considerado número dos del chavismo señaló que «algunos» de esos más de 300 venezolanos «no llegaron a los Estados Unidos» debido a que «nos los dejaron pasar» y «los coyotes (traficantes de personas) los dejaron abandonados».

«Algunos fueron, inclusive, secuestrados en el Darién (frontera natural de Colombia y Panamá) y llamaron a sus familiares (…) aquí que tenían que entregar un dinero para poder devolverlos, entregarlos», dijo Cabello.

El funcionario anunció la apertura de «un espacio» en la embajada en México solo para la atención de venezolanos, quienes se podrán registrar para próximos vuelos de repatriación, gracias a un acuerdo -señaló- con el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Un total de 919 venezolanos han retornado a su país en cinco vuelos desde el pasado febrero, cuando fueron repatriados 190 en un primer momento, 176 que estaban en la base militar estadounidense de Guantánamo y más recientemente 242, también procedentes de México, según cifras oficiales.

El miércoles, Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección el año pasado, ordenó incrementar las acciones para garantizar los vuelos de repatriación de migrantes detenidos en EE.UU.

«Vamos a regresar a todos los migrantes», expresó Maduro, quien dijo haber dado esa instrucción al enviado especial para las negociaciones de paz con Washington, Jorge Rodríguez.

Previamente, el Departamento de Estado estadounidense advirtió que aplicará «sanciones nuevas, severas y progresivas» a Venezuela si no acepta nuevos aviones con sus nacionales deportados, después de que Caracas condenara la deportación de más de 200 migrantes a El Salvador sin una vista judicial previa y bajo acusaciones de supuestamente pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

El grupo de repatriados dominicanos arribó por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (José Francisco Peña Gómez).

Los repatriados llegaron escoltados por agentes federales del FBI, oficiales del ICE y agentes Marshall, quienes mantuvieron un riguroso control sobre los repatriados durante todo el trayecto.

Con este nuevo grupo, suman 320 dominicanos los repatriados de Estados Unidos este año.

En el aeropuerto se desplegó un dispositivo de seguridad con la presencia del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y funcionarios de la Dirección General de Migración, quienes esperaban la llegada de la aeronave.

Una vez en el país, y tras desembarcar la aeronave los deportados, fueron trasladados en dos autobuses hacia el Centro de Retención de Deportados de la Dirección General de Migración en Haina, San Cristóbal, donde se realizará un proceso de depuración, en el cual los que no presentan delitos pendientes con la justicia dominicana serían liberados.

En los últimos días la intensidad de estas deportaciones ha aumentado, generando un clima de temor en la comunidad de dominicanos indocumentados en Estados Unidos.

Muchos de estos migrantes, que llegaron a Estados Unidos a través de la frontera sur de México, temen ser capturados y repatriados.

La primera aeronave partió a San Diego (California) y la segunda hacia Houston (Texas).

La Cancillería detalló en un comunicado que el Gobierno dispuso «un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para que traiga de regreso a casa a 110 connacionales deportados desde Estados Unidos cumpliendo los protocolos establecidos para el retorno digno y con garantía de derechos a los connacionales que llegan en vuelos de deportación».

En el aparato viajan funcionarios de Migración Colombia y la Cancillería, así como personal sanitario, para garantizar «el respeto a los derechos de los ciudadanos y hacer monitoreo médico en caso de ser necesario».

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que «se espera que en los próximos días salga otro avión con el mismo objetivo».

Horas después la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) dijo en su cuenta de X que despegaba una «segunda aeronave de la Fuerza Aérea Espacial, el FAC 1222 con destino a Houston, Texas, para continuar con la misión de repatriar a otro grupo de connacionales».

Petro rechazó el domingo en un primer momento dos aviones enviados por EE.UU. con deportados y afirmó en X que «un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece».

«Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos», señaló el mandatario.

Al parecer EE.UU. utilizó en esa operación aviones militares y traía a los emigrantes esposados, algo que realizó en vuelos similares llegados a Brasil.

La declaración de Petro llevó al presidente de EE.UU., Donald Trump, a ordenar la imposición de aranceles del 25 % a todos los productos colombianos y adelantó que en una semana «se elevarán al 50 %», además de otras sanciones de viaje y migratorias.

Petro respondió con el principio de reciprocidad y le ordenó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, «elevar los aranceles de importaciones desde los EE.UU. en un 25 %».

Sin embargo, la Casa Blanca dio por cerrada la crisis con Colombia sobre las repatriaciones de inmigrantes al asegurar a última hora del domingo que el Gobierno de Bogotá acepta «todos los términos del presidente Trump» al respecto.

Eso incluye «la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos en aviones militares, sin limitaciones o retrasos».

Casi de inmediato, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reposteó el comunicado estadounidense sin ningún comentario, dando a entender que lo valida por completo, aunque minutos después lo eliminó sin ninguna explicación.

El comunicado de tono severo emitido por la Casa Blanca asegura que, según este acuerdo, los aranceles prometidos por Donald Trump contra las importaciones colombianas y las sanciones «no se firmarán, a no ser que Colombia no honre este acuerdo«.

Pero matiza que «las restricciones de visados emitidos por el Departamento de Estado -para los altos funcionarios colombianos-, las inspecciones reforzadas de Aduanas y de Protección Fronteriza se mantendrán en efecto hasta que el primer avión cargado de deportados colombianos regrese con éxito», añade la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«El presidente Trump continuará protegiendo con fuerza la soberanía de nuestra nación y espera que otras naciones del mundo cooperen a fondo y acepten las deportaciones de sus ciudadanos ilegalmente presente en los Estados Unidos», señala el comunicado.

El presidente Trump anunció este domingo la imposición de aranceles del 25 % sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevará al 50 % dentro de una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del Gobierno colombiano y sus familias.

Además, el mandatario ordenó inspecciones reforzadas en las aduanas y los controles fronterizos para «todos» los ciudadanos y mercancías colombianas, y la «imposición total» de sanciones fiscales, bancarias y financieras a Colombia, a lo que se sumó el anuncio de la suspensión de la emisión de visados en la sección consular en Bogotá.

El Gobierno estadounidense justificó estas medidas por «la negativa» del presidente Petro a «aceptar dos vuelos de repatriación que había autorizado previamente».

En represalia, Petro anunció que Colombia también aplicará aranceles del 25 % de los productos estadounidenses importados, y a continuación envió numerosos mensajes en su cuenta de X para defender su postura, de la que ahora parece haberse retractado.

Aunque no se ha especificado la razón exacta que había llevado a Petro a rechazar dos vuelos de deportación -por otra parte habituales ya desde la época de Joe Biden-, parece estar en que EEUU utilizó para su ello aviones militares y que traía a los emigrantes esposados, algo que ya ha estado haciendo con vuelos similares llegados a Brasil.

La controversia por estos vuelos ha tenido un alcance continental, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó para el jueves una reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), supuestamente para expresar apoyo a Colombia.

Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia, mientras que para Estados Unidos Colombia es solo el número 23, y exporta al país norteamericano sobre todo petroleo refinado, oro, aluminio, carbón, café o flores, principalmente. Es un importante importador de maíz estadounidense. 

SANTO DOMINGO.- Frente a la violencia desatada esta semana en Haití que dejó aislado a ese país, familiares de personas que han sido detenidas por la Dirección de Migración (DGM) piden a las autoridades detener las deportaciones.

“Él no sabe nada de allá ese es el miedo porque imagínate y ese muchacho no quiere ni casi hablar Creor porque usted sabe cómo es cuando ellos se crían aquí”, expresó Gillena Williams, quien busca a su hijo deportado.

Al mostrarse preocupada, Mimina Avel dice tener temor a que su esposo que está detenido desde ayer sea deportado y cuando pise tierra haitiana pueda ser agredido por los pandilleros que tienen el control de su país.

“Claro que me preocupa porque él no sabe nada allá en Haití y nunca no ha ido y eso es un peligro porque él no sabe nada y no tienen ningún familiar”, dijo Avel.

Asimismo, Wilson Mateo dijo que busca a su hermano detenido y entiende que “ deben buscar la forma de hacer las paces igualmente que manden otra gobernar y de mi punto de vista entiendo que ellos pueden mandar un funcionario de aquí”.

Mientras continúan los operativos, la Dirección General de Migración ha informado que no contemplan parar las operaciones y redadas.

La institución ha repatriado, en menos de dos meses, a más de 48,000 haitianos indocumentados.

Según el Departamento de Estadísticas de Migración desde el mes de octubre hasta el 10 de noviembre han enviado a su país unos 40, 223 haitianos.

Mientras, 20,784 inmigrantes ilegales decidieron optar por un retorno voluntario hacia su país.

Santo Domingo.- En momentos en que el canciller Roberto Álvarez se apresta a acudir nuevamente a la ONU a exigir medidas para detener la crisis de Haití, las autoridades de Migración continúan los operativos para detener y repatriar inmigrantes haitianos.

El canciller participará en la nueva reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en momentos en que los operativos de interdicción continúan en búsqueda de cumplir la meta semanal de repatriar 10 mil haitianos indocumentados.

Al tiempo en el que los camiones de Migración, la Policía y el Ejército cargados de haitianos no cesan, familiares de los migrantes que son trasladados al Centro de Acogida Vacional de Haina dicen vivir asediados pese a tener sus documentos.

Ante los operativos a “gran escala” con los que el gobierno busca repatriar al menos 10,000 haitianos indocumentados por semana, los haitianos exigen a las autoridades depurarlos antes de ser trasladados al Vacional de Haina, ya que son detenidos varias veces en la semana.

El Instituto Duartiano, a través de su presidente, el doctor Wilson Gómez Ramírez, calificó como traidores militares que por pagas dejan pasar a los nacionales haitianos al país de manera ilegal.

En los primeros 17 días del mes en curso, migración supuestamente ha repatriado a 23,535 haitianos. De los cuales, 15,488 fueron detenidos en operativos con apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras que 8,047 regresaron voluntariamente.

Según un oficial de la Dirección General de Migración, solo en el Distrito Nacional este lunes han desplegado más de 15 equipos de interdicción.

Genao sostuvo que la República Dominicana tiene la soberanía “para establecer su propia política migratoria sin pedir permiso a nadie”. 

“Nuestro partido siempre ha abogado por una política migratoria responsable, nacionalista y humana, que, sin violentar los derechos humanos, imponga normas migratorias en función del interés nacional, la capacidad presupuestaria del Estado y, sobre todo, la capacidad de nuestra economía”, afirmó Genao, quien también es vocero del PRSC en el Senado. 

“Llamamos a los demás partidos políticos, entidades cívicas y a la sociedad en general a respaldar estas medidas, así como el reclamo constante que mantiene el presidente Abinader a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití, en su pacificación y restablecimiento democrático”, agregó. 

El senador y alto dirigente reformista aprovechó la oportunidad para saludar el surgimiento de nuevos movimientos ciudadanos que buscan preservar el legado de los trinitarios como padres fundadores de la dominicanidad. 

“En los temas de soberanía, como el migratorio, todos debemos abrazar la insignia tricolor y no politizar el tema. La Patria simplemente se defiende”, concluyó. 

Los gobiernos de todo el mundo se apresuran a sacar a sus ciudadanos y a su personal de Haití, ante una situación que este jueves la ONU calificó de «cataclismo»: según el último de informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos se contabilizaron 1.554 muertos y 826 heridos en los tres primeros meses del año.

La violencia se ha incrementado aún más desde finales de febrero pasado y a los ya habituales secuestros, matanzas y violaciones se suman desde entonces ataques a instituciones, empresas, propiedades privadas, cárceles, aeropuertos…en especial en el área metropolitana de Puerto Príncipe, con el 90 % del territorio bajo el control de las bandas armadas.

La violencia obliga a salir de Haití

Ante esta situación, los gobiernos de todo el mundo se apresuran a sacar a sus ciudadanos: Canadá ha evacuado en dos días a más de 80 personas a la vecina República Dominicana, Francia también ha organizado varios vuelos especiales que han permitido el embarque en helicópteros militares de más de 170 franceses y de 70 ciudadanos de terceros países o Perú logró sacar ayer a ocho de sus nacionales.

Estas evacuaciones se suman a las efectuadas por China, Estados Unidos, República Dominicana… entre otros muchos países.

Además, gran parte de las embajadas en Haití funcionan con el personal esencial y el resto ha sido evacuado ante la inseguridad y la violencia crecientes.

Todos los países con nacionales en Haití están muy pendientes de su situación, con contacto permanente con los miembros de sus colonias y prestándoles ayuda e información.

Las evacuaciones se llevan a cabo cuando no se puede salir en vuelo regular desde Puerto Príncipe, dado que el aeropuerto internacional Toussaint-Louverture no funciona desde principios de mes y todas las compañías han suspendido sus vuelos a la capital.

Sí funciona el aeropuerto de Cabo Haitiano (norte del país), pero el problema es llegar hasta allí por la presencia de las bandas y una «situación de seguridad muy volátil», en palabras de las autoridades de Canadá, que desaconsejan «fuertemente todo desplazamiento por carretera» entre esa ciudad y Puerto Príncipe.

Deportaciones sin freno, pese a la inseguridad

Y mientras los ciudadanos extranjeros salen de Haití, aquí son repatriados haitianos desde otros países, pese a los llamamientos en contra de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

Así, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advierte de que «la vida, la seguridad y la libertad de las personas haitianas se ven amenazadas por la confluencia del alarmante aumento de la violencia de las pandillas y las violaciones a los derechos humanos» y recuerda a los Estados «el imperativo de asegurar que las personas de Haití que necesiten protección internacional como refugiados la reciban».

Además, insiste en su llamamiento a todos los países a que no devuelvan por la fuerza a personas a Haití, incluidas aquellas cuya solicitud de asilo se haya denegado.

Los haitianos huyen de su país escapando de la violencia, pero también de barrios de Puerto Príncipe y de la zona metropolitana de la capital.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en menos de dos semanas, del 8 al 20 de marzo, más de 33.000 personas abandonaron Puerto Príncipe.