El organismo panamericano reafirmó en el texto, aprobado por consenso, su «apoyo a la integridad electoral, la transparencia, la justicia y las libertades fundamentales» en Guatemala.

Asimismo, exhortó a «todas las instituciones del Estado de Guatemala, incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial«, a actuar «con estricto apego a la Constitución Política de la República, al Estado de derecho y a los principios democráticos».

Además, pidió garantizar «la independencia de los poderes del Estado, el respeto al debido proceso y los estándares interamericanos de derechos humanos«.

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Misión especial para fortalecer las instituciones

Los Estados miembros de la OEA acogieron «con beneplácito» la decisión del secretario general del organismo, Albert Ramdin, de designar una Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de Guatemala.

Los países también exhortaron a Ramdin a mantener informado al Consejo Permanente de la OEA «sobre la evolución de la situación política e institucional» en el país centroamericano.

Denuncias de persecución judicial contra Arévalo

El pasado 30 de octubre, el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez intervino ante el Consejo Permanente de la OEA para denunciar un caso de «lawfare» (guerra judicial) contra el Gobierno de Arévalo de León, presuntamente impulsado por la fiscal general Consuelo Porras.

La Fiscalía, que intervino en las elecciones de 2023 e intentó evitar que Arévalo asumiera el poder, ha presentado varias solicitudes para retirar la inmunidad del presidente, buscando vincularlo con supuestos delitos como incumplimiento de deberes por la fuga de reos en una prisión de máxima seguridad.

El Gobierno guatemalteco ha denunciado que las acciones judiciales emprendidas por Consuelo Porras y el juez penal Fredy Orellana —ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción— están socavando el sistema democrático del país.

«Sus inversiones son bienvenidas, y los animamos a que TRAIGAN LEGALMENTE a su gente muy inteligente, con gran talento técnico, para construir productos de clase mundial», escribió el mandatario en su cuenta de la plataforma Truth Social.

El hecho de Hyundai

El operativo tuvo lugar el pasado jueves en una megaplanta de Hyundai en el estado sureño de Georgia. La mayor parte de los migrantes detenidos eran surcoreanos que no tenían permiso legal para trabajar en el país.

Como resultado de la redada, que se considera el mayor de su tipo en la historia del HSI, los agentes detuvieron a un total de 475 trabajadores que estaban indocumentados o trabajando ilegalmente en la planta, localizada en el condado de Bryan, a unas 30 millas al oeste de Savannah.

La mayoría de los detenidos fueron puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y se encuentran en el Centro de Procesamiento de Folkston, en el sureste de Georgia, a pocas millas de Jacksonville, Florida.

De acuerdo con testigos, cientos de oficiales irrumpieron el jueves en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America en vehículos militares todoterreno y causaron terror entre los trabajadores, lo que provocó que algunos intentaran huir.

• El Gobierno surcoreano lamentó el pasado viernes la redada en el sitio de construcción de la planta de baterías conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.

«En cumplimiento de la ley en Estados Unidos, no deben ser injustamente afectados ni las actividades económicas de nuestras empresas de inversión ni los derechos de nuestros ciudadanos» dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lee Jae-woong.

El sitio de construcción de la planta de baterías donde se produjo la redada forma parte del complejo Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), inaugurado en marzo y destinado a producir vehículos eléctricos y sus componentes.

Lula hizo alusión a una nueva amenaza arancelaria hecha al mundo por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien este lunes alertó de que «los países con tasas, legislación, normas o regulaciones digitales» sufrirán «aranceles adicionales sustanciales».

Gobierno de Estados Unidos

Al abrir una reunión con su gabinete, Lula reiteró que «el Gobierno de Estados Unidos actúa como si fuera emperador del planeta y continúa haciendo amenazas al mundo entero».

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El líder progresista afirmó que Trump considera que las empresas tecnológicas «son un patrimonio estadounidense y no acepta que nadie se meta con ellas», pero agregó que eso no ocurrirá en Brasil.

«Somos un país soberano, tenemos una Constitución y quien quiera entrar en estos 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, en nuestro espacio aéreo o marítimo o en nuestras selvas, tiene que rendir cuentas a nuestra Constitución y nuestra legislación», dijo Lula.

Trump ha gravado en un 50 % a gran parte de las exportaciones de Brasil hacia Estados Unidos en represalia por el juicio penal por golpismo que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro, frente a lo cual Lula reiteró que su Gobierno está «24 horas por día dispuesto a negociar asuntos comerciales», pero no su «soberanía«.

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Lula también aludió al exmandatario y a las gestiones que su hijo y diputado, Eduardo Bolsonaro, se ufana de haber hecho en favor de las sanciones a Brasil ante las autoridades de Estados Unidos, país en el que se encuentra desde hace seis meses.

«Lo que está pasando con la familia del expresidente y su hijo en Estados Unidos es posiblemente una de las mayores traiciones que una patria ha sufrido», declaró el gobernante frente a los 38 miembros de su gabinete.

Explicó que pese a los esfuerzos hechos para que se limite a plazos específicos la actividad política en el país ,ha sido imposible lograr detener esa «enfermedad», con todo y que se aprobó la Ley de Partidos 33-18, luego la 15-19 y la modificación con la 20-23 del Régimen Electoral.

«Nadie quiere sujetarse a los plazos, ni a los controles que establece esa ley y la Junta Central Electoral, que aún con las garras, no ha sido capaz de imponer la disciplina a los partidos políticos», lamentó el congresista.

Agregó que cualquiera que visite la República Dominicana en el día de hoy, a más de un año de haber establecido un nuevo gobierno y faltando 3 años para las nuevas elecciones del 2028, pudiera creer que se está a poco tiempo de celebración de una elección general.

El senador y alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) aseguró que hay decenas de precandidatos presidenciales en la oposición y también, lamentablemente en el gobierno, lo cual provoca que estos últimos distraigan la atención de su función en los cargos de la administración pública del país, para dedicarlo a las actividades políticas.

«Lo propio pasa en la oposición, que en vez de estar contrapesando positivamente a las autoridades de turno se dedican actividades políticas no propias de la distancia del proceso electoral», dijo.

El congresista de la provincia de La Vega hizo un llamado ferviente a sus colegas de los 35 partidos políticos reconocidos, a que se sujeten a los plazos que establece la ley de régimen electoral y dejen que la República Dominicana no sea un lugar donde se esté en política electoralista las 24 horas al día de cada semana.

Otro aspecto que fue señalado por Rogelio Genao como un mal que también enferma la democracia y que debe ser erradicado, es el costo de la política.

Indicó que es una vergüenza la indeterminada cantidad de recursos que hay que invertir para hacer una campaña política de un cargo tan simple como un vocal de un Distrito Municipal, hasta la complejidad del que aspire a ser presidente de la República.

«Eso hay que controlarlo, porque en función de los compromisos que se hacen en las campañas políticas para lograr los apoyos financieros, para poder costear esas caras campañas electorales, así mismo vienen los problemas más tarde, tratando de honrar esos compromisos», reveló Rogelio Genao.

El pedimento a la JCE y Tribunal Superior Electoral

En su alocución ante la asamblea legislativa que realizó una sesión extraordinaria en el Museo Ramón Cáceres de la ciudad de Moca, el senador llamó a la Junta Central Electoral (JCE) «a ponerse los pantalones» e imponer la ley y al Tribunal Superior Electoral (TSE) que esté atento a las violaciones, para que sancione a los partidos, agrupaciones o candidatos individuales que violen la ley.

El dirigente político concluyó su discurso solicitando a la Comisión Permanente de Justicia del Senado de la República está apoderada a plazo fijo de una iniciativa que busca derogar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley de Régimen Electoral, para que a la mayor brevedad posible se concluya con el estudio y rinda un informe, a fin de evitar contratiempos y perturbaciones que afecten la estabilidad política en la robusta democracia dominicana.