Al ser abordados por los periodistas, el procurador adjunto de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, sostuvo que la revisión de Coral 5G se aplazó como consecuencia del pedimento de varios miembros de las defensas para que se les notifiquen las evidencias adicionales que presentó el Ministerio Público y para que se les notifique la querella que presentó la barra del Estado en este caso.

También dijo que, por decisión del tribunal, si alguna de las barras de la defensa deposita documentación deberán notificarla al Ministerio Público.

Respecto a la petición a los tribunales de una posible fusión de los casos Coral y Coral 5G, indicó que “es una decisión que está sobre la mesa, pero que todavía no tomamos”. Añadió que una solicitud de esa naturaleza va a depender de muchos factores, “incluso de la posibilidad de si un caso puede retrasar a otro”.

“Pero hay algo cierto, estos casos son conexos, uno es la continuación del otro”, añadió.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso en diciembre pasado medidas de coerción a 13 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa del caso Coral 5G y declaró el proceso de tramitación compleja.

La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), mientras que en otra audiencia recibió la misma medida el general Julio Camilo De los Santos Viola (FARD).

Por disposición del tribunal también cumple prisión preventiva el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD).

En tanto que arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.

Al coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.

El tribunal ordenó que la prisión preventiva sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Durante el desarrollo de las investigaciones contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y otros elementos probatorios.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.

El Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra los involucrados en el caso.

A los oficiales de cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.

SANTO DOMINGO.- Para esta tarde el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictará el fallo de la revisión obligatoria de las medidas de coerción del exprocurador Jean Alain Rodríguez y el exdirector de Tecnología de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, imputados en la red de corrupción administrativa que malversó miles de millones de pesos de los contribuyentes, develado mediante la Operación Medusa.

Pasadas las 10:30 de la mañana inició el conocimiento de revisión obligatoria del exprocurador Jean Alain Rodríguez y el exdirector de Tecnología de la Procuraduria, Javier Alejandro Forteza Ibarra, quienes guardan 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, desde el pasado mes de julio.

El abogado del exprocurador, Gustavo Biaggi, solicitó al tribunal que dirige la jueza Yanibet Rivas la variación de la medida de coerción a una menos gravosa, al alegar que no existe riesgo de que Jean Alain Rodríguez entorpezca la investigación que realiza el ministerio Público.

La barra de la defensa de Rodríguez Sánchez, se comprometen a que su cliente se presente a cada una de las citas procesales.

El pasado 8 de diciembre, se aplazó esta revisión debido a que el Ministerio Público depositó nuevas pruebas en último momento, sin notificar a las defensas de los imputados, quienes pidieron tiempo para conocer y hacer su defensa.

La red de corrupción supuestamente funcionaba desde la Procuraduría General de la República y malversó al menos seis mil millones de pesos de los contribuyentes, según el Ministerio Público.

Los abogados de Rodríguez, esperan también la decisión de un recurso de casación presentado ante la Suprema Corte de Justicia por alegada violación de derechos a su defendido.