Fue tras una semana de intensa búsqueda entre familiares cuando la madre del joven recibió información del hallazgo de un cuerpo en el Río Ozama.

Allí, entre las aguas, Luis Miguel García Hernández fue encontrado envuelto en una sábana y amarrado con sogas a bloques de concreto.

“Estaba arropado y todo, y como quiera, supe que era mi hijo. Y pasé el día en la orilla del río”, narró Elizabeth Hernández, madre de la víctima.

“Lo que sabemos es que no lo mataron y lo encontramos tirado en el río. Como mismo se comentaba que estaba tirado con un block, así lo hallamos, lo hallamos amordazado y amarrado, envuelto en una sábana”, Hilario García, padre de Luis Miguel.

En medio la consternación, los parientes reclamaron a las autoridades dar los responsables del crimen.

“Justicia, porque una muerte así no se le desea ni a peor enemigo que uno tenga en la vida”, clamó Hernández.

“Y esperamos que quien lo hizo, que quien lo hizo que pague. Tanto el Señor Divino como la justicia terrenal que se encarguen de ello”, agregó García.

Aseguró desconocer que su hijo tuviera conflictos con alguien.

“Todo el mundo lo quería allá en el barrio”, sostuvo la madre del fallecido.

Explicaron que lograron identificar los restos de su pariente por varios tatuajes y el estilo de su peinado.

Los restos del joven permanecen en la sede de Insitituto Nacional de Ciencias Forenses del Cementerio Cristo Redentor para los fines de autopsia.

A García Hernández, le sobrevive un niño de tres años en la orfandad.

El ingeniero Romer Francisco Pérez Vargas, director de Mantenimiento de puentes de Obras Públicas, expresó que el cierre solo será efectivo de 9 a 10 de la mañana.

El puente flotante comunica la Zona Colonial de la ciudad de Santo Domingo con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este.

El MOPC pide comprensión a la ciudadanía, en especial a quienes se desplazan por esa estructura, debido a los inconvenientes que la medida pueda ocasionar.

La avería dejó a varios pasajeros se encuentran varados en las cabinas sobre el río Ozama esperando que se restablezca el sistema para poder completar la ruta.

Ante lo sucedido, la Oficina para el Reordenamiento Transporte (Opret) informó que la línea está fuera de servicio temporalmente y el personal de la institución se encuentra trabajando para restablecer la operatividad del tramo señalado.

Según el comunicado difundido en las redes sociales que hasta el momento el sistema se encuentra ofreciendo servicio solo en el tramo 2 desde la estación de Sabana Perdida hasta Charles de Gaulle.

Mientras algunos recordaban los síntomas que padecieron cuando la enfermedad azotó el país en el 2014, piden a las autoridades sanitarias ir en su auxilio, aunque otros moradores de la zona dijeron estar listos para enfrentar posibles contagios.

El Ministerio Público explicó que la alerta se emite en modo preventivo, ya que, en países del Cono Sur, como Brasil y Paraguay, se ha registrado un incremento exponencial de pacientes afectados.

El término «chikungunya» significa «El hombre encorvado», haciendo alusión a los fuertes dolores que produce esta enfermedad en todo el cuerpo, haciendo difícil el caminar erguido y cuyos padecimientos pueden permanecer durante largos meses.

El convenio fue suscrito Armando Rodríguez, vicepresidente de Seabord, que opera las plantas Estrella del Mar II y Estrella del Mar III. y Alvin Rodríguez, presidente de la red ambiental.

Rodríguez dijo que Seaboard está comprometida con el desarrollo sostenible de la República Dominicana, generando energía confiable y aplicando prácticas que protegen el medio ambiente y previniendo daños a las personas.

Agregó que el acuerdo busca aunar voluntades mediante iniciativas de investigación y educación, a fin de obtener “un resultado mayor de desarrollo que el que lograría cada parte de manera individual”.

Dijo que Seaboard apoya iniciativas conjuntas entre las empresas, el Estado, las universidades, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales para maximizar el potencial de los recursos naturales, sociales y energéticos del país y contribuir al logro del desarrollo sostenible de la República Dominicana.

SEABOARD contribuiría con los recursos financieros, tecnológicos y logísticos, así como con su experiencia en gestión social y ambiental, innovación, transferencia de conocimiento, capacitación y fomento del empleo.

De su lado, RAUDO ayudaría con la conceptualización, elaboración, desarrollo y evaluación de las investigaciones y proyectos, así como la documentación, sistematización, capacitación y difusión de experiencias.

Una nota de Seabord precisa que entre los compromisos de la empresa están las aguas residuales sanitarias generadas en las barcazas, que son succionadas y transportadas en camiones por una empresa autorizada para su tratamiento.

La propuesta de RAUDO consignada en el acuerdo será compartida por SEABOARD al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para incorporar sus consideraciones respecto a las estaciones de monitoreo.

Como un problema de conciencia ciudadana califican algunas personas que un río contaminado provoque la muerte de un manatí.

La gente no tiene conciencia, no deben tirar basura a las calles porque eso hace daño.

Aunque se han realizado algunas iniciativas para tratar de sanear a ríos como el Ozama, Ramón Tiburcio entiende que estas no son suficientes.

Otros entienden que se deben establecer sanciones drásticas contra quienes de alguna manera contaminan los afluentes.

Noticias SIN realizó un recorrido por barrios como La Zurza, Simón Bolívar, La Ciénega y Las Cañitas, ubicados en las márgenes de los ríos Ozama e Isabela donde se observaron varios vertederos donde el plástico resalta por la gran cantidad.

Se recuerda que en diciembre de 2020, luego de permanecer varios años en el Acuario Nacional, Juanita fue trasladada junto Pepe y Lupita a una ensenada de 4 mil 150 metros cuadrados en Bayahíbe y luego fueron liberados de forma definitiva.

Sin embargo, tras su liberación definitiva en junio de 2021, Juanita se incorporó al río Ozama donde hacía vida desde entonces.

La gran cantidad de plástico encontrado en el cuerpo del manatí Juanita, es una muestra del nivel de contaminación del río Isabela.

Reclamaron que las plantas sean retiradas del río Ozama y llevadas a otro lugar porque con los ruidos, gases y otros componentes químicos que emanan, provocan enfermedades a miles de personas que viven en los barrios aledaños, como: Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, La Ciénega, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita y Ciudad Colonial.

Resaltaron, además, que estas plantas afectan gravemente el medioambiente, dañando el ecosistema en el principal río de la ciudad de Santo Domingo.

Ysaias Lara Kevelier, presidente del Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), recordó que en el informe realizado por la Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), se reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la vibración de las dos barcazas de Seaboard afectan gravemente la salud de los moradores de la zona y el medio ambiente.

Lara destacó que esa investigación dejó muy claro que todos los contaminantes que emanan de las barcazas de Seaboard ponen a las comunidades locales en grave riesgo de enfermedad y muerte.

En tanto que Nelson Pimentel, coordinador de litigios del Instituo de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), planteó que Seabord alega tener los estudios y permisos para la operación de sus plantas, sin embargo ha admitido que se modificó la Categoría de Estrella del Mar lll de A a B y se unificaron las Iicencias y el permiso de ambas plantas, violando la ley y el compendio de reglamentos de permisos y licencias, “por lo que todo lo que nace de un acto ilegal e ilegítimo es ilegal”.

Afirmó que la empresa está operando de manera ilegal, ilegítima y arbitraria, dado que, para esos generadores en ese lugar, no se puede dar ningún tipo de permisos, ni por parte de los ayuntamientos y mucho menos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según el párrafo 1 del artículo 113 de la ley 64-00. “Las operaciones de las Plantas Estrella de Mar II y Estrella de Mar III son ilegales e ilegítimas porque violan el ordenamiento jurídico en materia de medioambiente”, dijo.

Luis Kelvin Martínez, de la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama informó que esa institución está coordinando acciones con más de 600 organizaciones en las tres cuencas del río Ozama “para que de una vez y por todas, nuestro río sea rescatado y saneado, tal como se lo propusimos a nuestro Presidente de la República, Luis Abinader, un año antes de él tomar posesión cuando le entregamos una serie de propuestas de un contentivo que se llama ‘Por un Gobierno Verde y Ecológiista’. En ese sentido, estamos aquí representando la cuenca baja del río Ozama solicitando que por favor nos desalojen esas barcazas que por demás, expertos han demostrado que están ahí de manera ilegal, que contaminan y afectan la salud de todos los pobladores de este entorno”.

De su lado, Cándida Rosa Bonell Alcántara, madre de 13 hijos, expresó que “está en protesta constante contra el maltrato que nos están haciendo en esta comunidad por más de 20 años. Tenemos cantidad de personas muertas, tenemos personas con problemas renales, personas con sinusitis, con infartos cardíacos, con artritis, y personas con un asma enorme que no se les quita nunca porque la contaminación de las barcazas una de 110KW y otra de 150KW absorben el agua y cuando botan el agua contaminan el río, matan la flora, nos lo están secando y nos rompen la calle. Decidimos ya que las barcazas se van”.

Roberto Suero, secretario general del Movimiento Cívico Ciudadanos manifestó que participaba en la Gran Parada Cívica porque las barcazas están destruyendo la salud de los moradores cercanos “porque contaminan el río y la fauna y esto a los moradores les causa muchas enfermedades. Le pedimos al Presidente de la República que tome carta en el asunto para que ejecute la orden de retirar esas barcazas ya que los ministros van y vienen y no han hecho nada, y el pueblo sigue sufriendo y recordarle que el medio ambiente es de todos y hay que salvarlo”.

Con esta Gran Parada Cívica, los participantes están manifestando la permanencia de su lucha para que las barcazas sean trasladadas por la contaminación y el daño que ocasionan a la salud y al medioambiente.

Entre las organizaciones que participaron en esta parada cívica estuvieron diversas juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones comunitarias, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama, la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental, la Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, entre otras.

“Hacemos esta solicitud al Defensor del Pueblo en su calidad de autoridad independiente y defensor de los derechos humanos y los intereses colectivos y difusos, conforme lo dispone el artículo 190 de la Constitución, así como el 191 sobre sus competencias y funciones. No solo es por este mandato constitucional que tiene la autoridad para asumir la defensa de las comunidades violadas en sus derechos fundamentales, sino que es un deber moral y ciudadano ayudarnos a resolver este problema de violación de los derechos fundamentales de esas comunidades y en ese tenor, pedimos al Defensor del Pueblo asumir la defensa de esas comunidades y exigir el traslado inmediato de esas barcazas que están en el río Ozama, para garantizar los derechos a la salud y a un ambiente sano de las comunidades afectadas”, expusieron.

Las organizaciones manifestaron que hacen esta petición en virtud del alto riesgo al que están sometidas las familias de todos estos sectores, moradores de los barrios cercanos a las plantas de Seaboard, tales como: Calero, Ciudad Colonial, Villa Francisca, Timbeque, La Ciénaga, Los Guandules, Gualey, entre otros, por los graves daños a la salud que provocan las barcazas debido a la contaminación que emiten sus generadores eléctricos ubicados de manera ilegal.

Las instituciones que hicieron la solicitud fueron el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama, la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la Central de Trabajadores Unidos (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.

Euren Cuevas, director ejecutivo del INSAPROMA, manifestó que de manera concreta hacían tres peticiones formales al Defensor del Pueblo: 1) Asumir la defensa de las comunidades afectadas y del medio ambiente 2) Acompañar y ser veedor y parte fundamental en la comisión multidisciplinaria que va ha anunciado el Ministerio de Salud Pública que creará para investigar los impactos de estas plantas generadoras a la salud y 3) Que solicite al Ministerio de Medio Ambiente realizar una auditoría sobre el proceso de permisología mediante el cual se le entregaron licencias y permisos al margen de la ley y el reglamento a Seaboard, “y que nos mantengan informados de todo esto”.

De su lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, informó que ese órgano constitucional evaluará la documentación depositada por las diversas organizaciones y designará el segundo adjunto, Darío Nin, para que encabece de parte de la institución todo lo relativo a la parte técnica. “Y la Secretaría General, a su vez designará técnicos peritos para que puedan acompañar el proceso mismo y en ese sentido lo que va a terminar haciendo el Defensor del Pueblo es dando un acompañamiento bajo los tres puntos que usted está planteando acá”.

Ulloa precisó que todo se hará preservando el principio de la neutralidad consagrado en el artículo 1 de la Ley 19-01 que es la base de cualquier proceso del Defensor del Pueblo.

Las ONG´s informaron al Defensor del Pueblo de todos los pasos previos que han dado, incluyendo que esas mismas organizaciones solicitaron a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, continuar con las investigaciones sobre la denuncia depositada en favor de la vida y la salud de los moradores apostados alrededor de las barcazas de Seaboard, así como por el daño ambiental que producen.

También, que esta coalición de instituciones de la sociedad civil depositó un documento ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a los fines de dar apertura a una investigación-estudio sobre la afectación a la salud y los daños provocados por estas barcazas, a lo que el ministro respondió que conformará un equipo multidisciplinario para dar curso a esa solicitud.

Además, depositaron ante este ministerio, un estudio elaborado por el científico Rye Howars, del Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), el cual reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la vibración de las dos barcazas amenazan gravemente la salud de los moradores de la zona y el medio ambiente. Refería que todos los contaminantes que emanan de las plantas ponen a las comunidades locales en grave riesgo de enfermedades y muerte.

Así mismo, las instituciones citadas solicitaron ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que examine el expediente completo de las barcazas de Seaboard para que determine las irregularidades, toda vez que son violatorias a la ley 64-00 y que en consecuencia remueva dichas barcazas con sus generadores para otro lugar.

De igual manera, depositaron el citado estudio de los daños que producen esas barcazas al ambiente y a la salud de los moradores de la zona al Colegio Médico Dominicano y su presidente, Senén Caba, se comprometió a acompañar a las comunidades en su reclamo por un medio ambiente sano y su derecho fundamental a la salud.

Otra institución a la que también le solicitaron unirse a esa investigación fue a la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la cual acogió positivamente la petición.

Informaron que, además, el PACMA depositó en el Tribunal Superior Administrativo, una solicitud de medida cautelar, procurando sea revocada la resolución 0022-2021, la cual autoriza, modifica una licencia ambiental, viola el reglamento de permisos y licencias y la Ley 64-00 y permite que se potencie la violación a los derechos fundamentales de los moradores que viven alrededor de las plantas de SEABOARD.

Explicaron que estas han presentado estudios que demuestran los efectos dañinos de estas plantas, contrario a Seaboard que “no ha mostrado una sola prueba, y tratando de justificar la ilegalidad de sus barcazas se incriminó al admitir que se violó el reglamento de permisos y licencias y varios artículos de la Ley 64-00”.

«Las entidades calificaron como gravísimo que Seaboard, mediante un comunicado que difundió a la opinión pública nacional, “en su desesperación por justificar lo injustificable, incriminó incluso a las autoridades del Gobierno, incluyendo al Presidente de la República, cuando dice que ha sido ´ayudada’ por el primer mandatario, por el ministro de Energía y Minas y en la pasada gestión por el ministro Ángel Estévez y el viceministerio de gestión ambiental, al violentar la ley para establecer sus generadores eléctricos llamados Estrella del Mar II (EM II) y Estrella del Mar III (EM III), lo cual constituye una franca violación a los artículos 171, 172 y 184 de la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

Reiteraron que para ese tipo de generadores en ese lugar no se puede dar ningún tipo de permisos, ni por parte de los ayuntamientos y mucho menos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según establece el párrafo 1 del artículo 113 de la ley 64-00, toda vez que las emisiones constantes pueden producir una serie de enfermedades que podrían causar hasta muertes a los moradores de sectores aledaños como Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, La Ciénega, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita, Ciudad Colonial, entre otros.

Las instituciones que respondieron a Seaboard fueron el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA), la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama, la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental, la Central de Trabajadores Unidos (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.

Explicó que Seaboard trató de cuestionar el estudio que recientemente presentó esta coalición de organizaciones y que han entregado a diversas instancias como el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico Dominicano y la Academia de Ciencias, solo con acusaciones, no con otro estudio elaborado por un científico de las competencias y la institución de prestigio internacional que elaboró ese. Recordó que ese informe fue realizado por la Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), el cual reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la vibración de las dos barcazas amenazan gravemente la salud de los moradores de la zona y el medio ambiente. Refería que todos los contaminantes que emanan de las plantas ponen a las comunidades locales en grave riesgo de enfermedades y muerte.

Cuevas insistió que Seaboard reconoce su ilegalidad y se incrimina cuando trató de explicar el proceso que han seguido para legalizar sus operaciones, pues la empresa comenzó diciendo que en el año 2017 no le renovaron la licencia porque se emitieron instrumentos jurídicos como decretos para sanear el río y preguntó que, siendo así, “¿cómo puede explicar esa empresa que se hayan mantenido allí sus plantas, cuando está prohibido por la Ley 64-00 y por varios decretos de saneamiento del río Ozama?”

Más grave aún, admite Seabord que le fue cambiada la categoría para instalar una planta de 150 MW en el proceso de permisos, señalando que fue modificada de Categoría A a Categoría B, lo que solo es posible en una abierta componenda con el pasado ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, admitiendo también la unificación del permiso ambiental de EM III con la licencia ambiental de EM II; ambas admisiones constituyen una violación flagrante al reglamento y a la normativa ambiental. “Esto sugiere contubernio, coautoría y, obviamente, demuestra posible prevaricación y ausencia de transparencia. La única categoría permitida para este tipo de planta es A, la cual obliga los Estudios de Impactos Ambientales, que es claramente lo que evitó Seabord con estas maniobras”, explica INSAPROMA.

Respecto a la resolución 0022-21, Cuevas la calificó como una aberración jurídica, toda vez que, de manera arbitraria e ilegal, el entonces ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le otorgó un permiso provisional para la generadora Estrella del Mar III por 2 años y que ordenó que debía salir de funcionamiento Estrella del Mar II inmediatamente, lo cual la empresa no ha cumplido porque ambas plantas están operando de manera paralela y potenciando el daño a la salud y al medio ambiente.

Explicó que esta autorización y las admisiones de Seabord comprometen la responsabilidad penal tanto de la empresa como del funcionario que la emitió, toda vez que violenta el reglamento de permisos y licencias, el artículo 113 de la ley 64-00, además de los artículos 38, 40 y 41, por no hacerse un estudio de impacto ambiental, “que en buen derecho no se debía hacer porque nunca esas plantas podían establecerse allí, pero además obliga a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar a fondo el vínculo del pasado ministro y la empresa en estas acciones contrarias a la ley”.

De su lado, Nelson Pimentel, coordinador de litigios concluyó con cuatro llamados fundamentales y concretos 1) al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice una auditoría al procedimiento de permisos y liciencias que dice tener Seaboard 2) a la PEPCA para que investigue qué pasó para que el pasado ministro Ángel Estévez, en un contubernio aparente con Seaboard, modificó, unificó licencias y violó de manera flagante la ley para favorecer a Seaboard y 3) al Ministerio de Salud Pública para que concrete la investigación solicitada y que constituya la comisión multidisciplinar para determinar los impactos a la salud de las plantas y 4) al Presidente de la República para que de manera inmediata intervenga para que estas plantas sean reubicadas, trasladadas de su ubicación actual, y se respete la integridad, la salud y la gente que es por lo que debe luchar todo gobierno, toda presidencia y toda institución.

Tanto Cuevas como Pimentel expresaron que en esta lucha contra la presencia ilegal de las barcazas, junto al INSAPROMA, trabajan diversas organizaciones ambientales y comunitarias de una larga trayectoria de servicio y defensa ambiental, las cuales mantienen su demanda de que las plantas que opera Seaboard sean retiradas de manera inmediata del río Ozama, por el daño que causan a las comunidades y por la ilegalidad bajo la cual se han establecido en el país, violentando todo el ordenamiento jurídico en materia de medio ambiente.

En el encuentro con comunicadores, el presidente manifestó que en su gestión se está invirtiendo cinco veces más en agua de lo que se invertía en pasadas gestiones, detallando los proyectos de alcantarillado sanitario en el Gran Santo Domingo así como en las cañadas, para la descontaminación del río Ozama.

Detalló que en algunas comunidades del país que cuentan con grandes presas cercanas no cuentan con agua y el gobierno está trabajando para llevar el líquido preciado a esos sectores.

La limpieza de cañadas conlleva la construcción y reparación de viviendas, vías de acceso, aceras, contenes, badenes y, por supuesto, la incorporación a la red de distribución de agua potable a familias que residen en las proximidades.

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví. dijo que esa institución prioriza sus acciones en elevar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable que sirve a sectores del Gran Santo Domingo; y maximiza los recursos para mantener en condiciones óptimas los sistemas de producción del importante líquido.

Distrito Nacional

En el Distrito Nacional, las autoridades han intervenido diez cañadas con una longitud total de 10,406 metros a favor de más de 320 mil habitantes, con una inversión de RD$1,673,098,800.49 millones.

Las primeras en terminarse fueron Perfilado del Jardín Botánico, Bonavides, Villa Eloísa, El Arrozal, Villa Marina, fase I y San Luis, que se encuentra en el sector de Gualey, donde se sanearon 600 metros del cauce principal, beneficiando a 10 mil personas del ensanche Espaillat, con la construcción de cuatro (4) viviendas, y el remozamiento de unas 50 casas, pero también se entregó una media cancha de baloncesto para el sano esparcimiento de los jóvenes del lugar.
Otras cañadas ejecutadas son: Arroyo Hondo I, II y III; Jardines del Norte La Javilla y Villa Marina.

Por otro lado, en el municipio de Santo Domingo Este, cuya población sobrepasa el millón 230 mil habitantes, la CAASD ha intervenido a la fecha ocho cañadas, con una longitud total equivalente a los 5,484 metros, beneficiando a más de 50 mil habitantes, con una inversión de RD$774,772,755.63 millones de pesos.
Entre las cañadas saneadas y entregadas figuran: La Pipiota, Marañon, Cachón Oeste, fase I, Cancino Adentro, San Luis, Simonico, La Gallera y Altos de Cristo Rey, en Los Tres Brazos.

Calidad de Vida

Mientras que, en Santo Domingo Norte, municipio que tiene una población que sobrepasa el millón 100 mil habitantes, es donde existen más cañadas, unas 45 han sido identificadas de las cuales han sido intervenidas ocho, con una longitud total de 5,255 metros trabajados y una inversión de RD$837,548,149.08 millones, beneficiando a más de 55,500 habitantes.

La CAASD ha intervenido en estos últimos dos años la cañada de Los Platanitos, donde, además, se entregaron 8 apartamentos pertenecientes a 9 bloques construidos para reubicar a 72 familias que habitaban en los bordes del acuífero. Con estas viviendas, las cuales están provistas de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, se beneficiarán un total de 340 personas que vivían en condiciones deplorables.

Asimismo, el presidente Luis Abinader dispuso la intervención y saneamiento de la cañada en Altos de Sabana Perdida, con una extensión de 1 kilómetro, lo cual permitió mejorar considerablemente la calidad de vida a más de 15 mil personas en los sectores Cerros del Paraíso y Costa Linda, dónde, además, se entregaron 30 viviendas a familias afectadas.

También, en Villa Emilia, se han remozado 320 metros de cañada, en beneficio de más de 500 familias, y se repararon seis viviendas, además de la iluminación de la vía que da acceso al área saneada.

En cambio, en El Manguito, se realizó el encajonamiento de 530 metros de cañada, así como la construcción de un paso vial con una longitud de 1.7 kilómetro de calle, beneficiando a 1,500 familias en los sectores El Manguito, La Javilla y Sabana Perdida. Pero, además, se construyeron cinco (5) nuevas viviendas, y veintidós (22) domicilios fueron remozados.

Igualmente, las autoridades procedieron al remozamiento de la cañada Dos de enero, con una longitud de 585 metros. Su limpieza benefició a 5,000 personas y se construyeron diez (10) viviendas para las familias afectadas.

También, fue remozada la cañada de Lotes y Servicios II, con una longitud de 420 metros, benefició a una población de 10 mil habitantes. Y, además, se construyeron catorce (14) viviendas con acceso vial e iluminación. Así también, la cañada de Marañón, cuyo inicio se anunció durante la jornada del programa el Gobierno en las Provincias con una inversión que supera los 600 millones de pesos, y, junto a ella están presupuestadas Brisas del Norte, Ponce y Bajo Mundo.

Actualmente, la CAASD tiene en proceso de saneamiento la cañada de Lotes y Servicios I, en su segunda fase, además, Suberví anunció que en los próximos meses se inaugurarán 14 kilómetros de cañadas intervenidas.

Suberví también habló de la situación de los diferentes acueductos que abastecen al gran Santo Domingo y expuso sobre los que se están interviniendo para beneficio de algunos municipios que conforman la región.
Agregó que han llevado soluciones a sectores del gran Santo Domingo que tenían más de 20 años sin redes de agua potable.

El director de la CAASD expuso además que se ha eficientizado el tiempo de respuesta por parte de los encargados de las diferentes áreas de operaciones en la solución de averías, pasando de unas 100-150 al mes, a más de mil cada mes. Así mismo puntualizó se ha mejorado la producción de agua en un 12%, llevándola a 421 millones de galones por día.

Del mismo modo, fue introducida la automatización en la CAASD, donde la digitalización en la institución y el pago de factura en forma digital han sido clave para el avance.