En un acto sobre la preparación para la defensa del país, el presidente aseguró que, de todas las medidas anunciadas el mes pasado, «se han priorizado aquellas que tienen que ver con desatar las fuerzas productivas», según un reporte de la Presidencia cubana.

Además, agregó Díaz-Canel, se ha aprobado para su puesta en marcha «todo lo que tiene que ver con el sistema empresarial, con el sector no estatal, con las relaciones entre el sector estatal y no estatal, (y) con las facilidades de autonomía que se le da a los municipios y a las empresas».

80 medidas ya aprobadas

El presidente indicó, asimismo, que en la próxima semana se va a llegar «a más de un centenar de transformaciones listas para su implementación».

Está previsto que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) analice el paquete de reformas en la sesión ordinaria que comienza el 29 de julio.

Reformas para turismo, inversión y banca

El paquete de reformas, aprobado con urgencia en apenas una semana, incluye desde la entrada en el sector turístico de «nuevos actores» en «nuevas modalidades» al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.

Entre otras actividades, según lo que han avanzado las autoridades, permitirán el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas del país, así como establecer la posibilidad de desarrollar negocios de naturaleza inmobiliaria en La Habana y otras zonas vinculadas a este sector.

Además, prevén autorizar una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la posible creación de una banca privada bajo la supervisión del Banco Central y sujeto a las mismas regulaciones del sistema bancario estatal.

El Gobierno cubano asegura que estas medidas se toman debido a la crisis en que se encuentra sumida la isla y niega que la reforma esté relacionada con las presiones de Washington para introducir cambios políticos y económicos en el país.

• Cuba atraviesa desde hace varios años una profunda crisis económica, caracterizada por la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, frecuentes apagones, una elevada inflación, caída de la producción nacional y un aumento de la migración.
• Las autoridades atribuyen gran parte de esta situación al embargo económico de Estados Unidos, mientras economistas también señalan factores internos como la baja productividad, las restricciones al sector privado y las dificultades para captar inversiones.

Ante ese panorama, el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel presentó en junio de 2026 un amplio paquete de 176 medidas económicas, considerado la mayor apertura económica impulsada por el Estado cubano en varias décadas. El objetivo oficial es reactivar la economía, atraer inversiones, incrementar la producción nacional y generar nuevas fuentes de ingresos sin modificar el sistema político socialista.

Las reformas contemplan una mayor participación del sector privado, la ampliación de las facultades de las empresas estatales, más autonomía para los municipios, incentivos a la inversión extranjera directa —incluida la de cubanos residentes en el exterior— y cambios en sectores estratégicos como el turismo, el mercado inmobiliario y el sistema financiero. 

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció hoy que emitirá licencias para que las empresas que quieran hacer transacciones de venta con crudo venezolano y sus derivados hacia Cuba puedan hacerlo sin ser sancionadas por Washington.

En su página web, la Oficina de Control de Activos (OFAC) señaló que EE.UU. con esta decisión permite transacciones que «apoyen al pueblo cubano«, incluyendo exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba, pero que no involucren al Gobierno cubano.

Para ser aprobadas por EE.UU., las transacciones deberán adherirse a algunas de las restricciones impuestas a la venta y el comercio de crudo venezolano, como depositar los ingresos por ventas en una cuenta controlada por Washington. Sin embargo, permitirá que compañías que no sean estadounidenses puedan solicitar estas excepciones.

Tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela, que terminó con el derrocamiento de Nicolás Maduro y su posterior traslado a una cárcel en Nueva York, Washington relajó las sanciones a Caracas y ha estado presionando a las petroleras estadounidenses para que vuelvan a operar en el país suramericano.

Como parte de esta nueva apertura, las firmas globales de comercio de materias primas, Vitrol y Trafigura, obtuvieron licencias para revender crudo venezolano en enero y ya han comenzado a exportar barriles hacia EE.UU. y Europa., de acuerdo con medios especializados.

Cuba se encuentra en la situación más delicada en los últimos 67 años, desde que Washington impuso un embargo a la isla, después de que el Gobierno de Donald Trump decidiera imponer sanciones adicionales a los países que suministren petróleo a la isla (aunque la sentencia del Supremo estadounidense del pasado viernes los ha dejado en el aire).

Intervención militar de EE.UU.

Tras la intervención militar de EE.UU. a Venezuela, Trump bloqueó los envíos de crudo y gasolina a la isla desde Caracas, dejando a Cuba sin este aliado esencial.

Para afrontar la situación, el Gobierno de Cuba ha implementado un plan de emergencia que dejó la sanidad y el transporte en servicios mínimos, racionó severamente el combustible y aplicó restricciones en múltiples sectores, incluido el educativo.

Estos miembros del limitado sector privado en Cuba -que hablaron en condición de anonimato- son la punta de lanza de una serie de iniciativas empresariales individuales que trabajan en este sentido, esfuerzos que están sin embargo muy lejos de los volúmenes que necesitaría la isla para escapar de la asfixia energética inducida por Washington.

El pasado enero, EE.UU. detuvo los envíos de petróleo desde Venezuela a la isla y amenazó con aranceles a aquellos países que suministraran crudo a Cuba. La Habana puso entonces en marcha un duro plan de contingencia para tratar de subsistir sin importaciones energéticas.

Reuniones y regulaciones para la importación de combustible

El Gobierno cubano ha celebrado encuentros en los últimos días con empresarios extranjeros asentados en la isla y con emprendedores locales para explicarles cómo podría realizarse esa gestión, azuzados por la progresiva parálisis económica y social que atenaza al país.

Se trata de concretar el anuncio que hizo en noviembre pasado el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, de que «en breve» iba a permitirse a empresas extranjeras y mixtas importar su propio combustible, «cuando sea necesario».

Hasta el momento el Estado cubano detentaba el monopolio de la importación de petróleo y combustibles -principalmente mediante tanqueros propios y rentados- y de la venta minorista de productos refinados dentro de la isla.

Las importaciones de empresas serían en todo caso en tanques de acero inoxidable de dimensiones estandarizadas y dentro de buques cargueros. Los puntos de origen de los combustibles son tanto EE.UU. como otros países de la región, según estas fuentes.

Varios participantes en estas reuniones con responsables del Gobierno explicaron a EFE que la importación de depósitos de combustible dentro de buques cargueros sería similar a la de cualquier otro producto en el exterior (a través de una importadora estatal), un proceso habitualmente lento.

Además, añaden, habría que cumplir algunos requisitos extra de seguridad, por tratarse de material peligroso, y contar en destino con una localización segura también certificable o almacenarlos en empresas estatales ya acondicionadas para este uso.

Las autoridades cubanas recalcaron que el combustible que puedan importar particulares es exclusivamente para autoconsumo y no está permitida la reventa.

La presión de EE.UU. está paralizando progresivamente la economía cubana, que se encontraba ya en su peor crisis en décadas. Tan sólo en los últimos cinco años, la isla ha perdido un 15 % de su producto interno bruto (PIB) y más de un 20 % de su población.

El incremento comenzó a reflejarse a partir del 1 de abril de 2025, con la aplicación inicial de un 12 %, como parte del acuerdo tripartito entre el Gobierno, el sector empresarial y las centrales sindicales.

• A partir de hoy trabajadores recibirán aumento salarial del 12 %, pero el alza de precios preocupa
• El presidente Luis Abinader celebra aumento salarial y destaca logros laborales en su discurso de rendición de cuentas

El aumento salarial beneficia a cerca de dos millones de trabajadores del sector privado no sectorizado en todo el país.

Salarios mínimos vigentes con el 20 % aplicado en febrero de 2026

Grandes empresas

1) Salario mínimo: RD$29,988 mensuales

(Abril 2025: RD$27,988.80)

Empresas medianas

2) Salario mínimo: RD$27,489.60 mensuales

(Abril 2025: RD$25,656.96)

Empresas pequeñas

3) Salario mínimo: RD$18,421.20 mensuales

(Abril 2025: RD$17,193.12)

Microempresas

4) Salario mínimo: RD$16,993.20 mensuales

(Abril 2025: RD$15,860.32)

Otros sectores beneficiados

• Vigilantes privados: devengan desde febrero de 2026 un salario mínimo de RD$24,633 mensuales, tras subir desde RD$20,527.50.
• Trabajadores del campo: el salario diario se ubica en RD$714 por jornada de 10 horas, frente a los RD$595 previos al ajuste.

Destacó que el éxito de la propuesta dependerá del respaldo tanto del sector público como del privado.

En ese sentido, Olivares detalló que en lo adelante darán otros detalles del proyecto y saludó que el sector empresarial está trabajando y escuchando la propuesta del estado para también en un futuro aplicar la medida.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, explicó que este convenio tiene como objetivo la conformación de una Red de Empleadores para apoyar la inserción laboral de sobrevivientes de trata de personas, explotación sexual comercial y otros grupos vulnerables.

Olivares enfatizó la responsabilidad compartida del Estado y el sector privado para garantizar que nadie quede fuera del mercado laboral. Agregando que las letras de este convenio simbolizan el camino correcto de una sociedad que camina hacia el progreso.

“El trabajo tiene un componente importantísimo de sensibilización social y la exclusión es enemiga del trabajo. Donde hay exclusión, hay una injusticia tan profunda que no se puede bajo ninguna circunstancia esconder”, añadió Olivares.

En tanto que, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), Rosanna Ruiz Concepción, reafirmó el compromiso del sector bancario con la inclusión, conscientes de que la banca múltiple dominicana tiene un rol clave en la construcción de una economía más inclusiva y sostenible”.

“El 44 % de los hogares en el país tienen a una mujer como cabeza de familia, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad. Promover su acceso al trabajo digno es esencial para romper ciclos de pobreza y abrir oportunidades reales de desarrollo”, añadió Ruiz.

El acuerdo fue suscrito con la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), el Banco de Reservas, el Banco Popular Dominicano, el Banco BHD y la Asociación de Bancos Múltiples (ABA).

Esa iniciativa se apoya en dos programas fundamentales como son el Programa de Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja y el Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de las personas sobrevivientes de trata, explotación sexual comercial y otros grupos vulnerables en República Dominicana.

A través de esta alianza público-privada se busca crear condiciones efectivas para el acceso a un trabajo decente, mediante la capacitación, orientación y colocación de personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos del mercado laboral.

Entre ellos: personas con discapacidad, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, personas que viven con VIH, familias en riesgo de trabajo infantil, entre otros.

La creación de esta Red de Empleadores representa un paso estratégico hacia la construcción de un mercado laboral más justo e inclusivo, que reconozca el valor y el potencial de todos los sectores de la sociedad dominicana.

Durante la firma estuvieron presentes el director del Gabinete Ministerial, Angel Mora; la viceministra para Sectores Vulnerables y Trabajo Infantil, Mairenys Corniel; el viceministro de Mediación y Arbitraje, Demetrio Paulino; la directora de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, Yissell Villar; Benny Metz y Alexis Alcántara, presidente y director ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), respectivamente.

Además, Doris Laura Uribe Velázquez, vicepresidenta ejecutiva de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas; Martha María Peralta Beriguete, vicepresidenta senior de Talento y Cultura del Banco BHD; María De Los Ángeles Povedano Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Gestión Humana del Banco Popular Dominicano; y

El aumento salarial será aplicado en dos fases, una a partir del 1 de abril con un incremento de un 12% y otra con un 8% adicional, el cual será efectuado en febrero del próximo año.

La información se dio a conocer luego de una reunión entre el presidente Luis Abinader, otras autoridades del Gobierno, el CNS, el sector empresarial y las centrales sindicales en la sede del Ministerio de Trabajo.

 “Hoy, en fin, ganamos todos, y por eso desde el principio pensamos que un 20% era la suma justa, en los niveles también de aumento de la productividad que ha tenido la economía dominicana”, expresó Abiander durante el acto.

Asimismo, añadió que este ajuste no solo fortalece el salario real de los trabajadores, sino que también supera la inflación acumulada desde el último incremento, estimada entre un 6.7% y 6.8%, según datos de la CEPAL.

“Y repito, esto es conveniente para toda la población dominicana, conveniente para los trabajadores, para los comerciantes y empresarios y continuará mejorando la productividad y fortaleciendo también en todas las áreas consecutivas del sector salud y del sector de pensiones”, agregó Abinader.

El jefe de Estado felicitó a todas las partes involucradas en el consenso, destacando la importancia del diálogo y la colaboración para lograr un desarrollo económico sostenible. “Felicito a este equipo de convivencia, de prudencia, de patriotismo y de inteligencia. Han hecho un gran trabajo de lograr la armonía que se ha logrado a favor del pueblo dominicano”.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, calificó como histórica la decisión tomada hoy, en la que, una vez más se presenta el sector empresarial y laboral como un verdadero referente en cualquier país del mundo, en una labor enriquecedora que se llevó a cabo en unas tres semanas, cuando en ocasiones anteriores eran largas discusiones de 6 y 7 meses.

De su lado, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, resaltó el compromiso del presidente Luis Abinader en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y su interés en fortalecer los organismos tripartitos encargados de la política salarial.

“El presidente Luis Abinader se ha empeñado mucho en que el valor de los salarios reales de la República Dominicana recupere su capacidad de compra, pero además se ha preocupado mucho por prestigiar estos organismos y en armonizar con propuestas concretas. Eso hay que apreciarlo”, afirmó Abreu.

Abreu subrayó que este tipo de acuerdos refuerzan la institucionalidad y permiten avanzar en la construcción de soluciones que el país necesita en materia laboral y salarial.

Mientras Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), aseguró que el reciente ajuste salarial representa un avance significativo en beneficio de los trabajadores y de la economía del país.

“Una decisión que sin lugar a duda repercutirá positivamente en el beneficio de los asalariados, de los trabajadores. Realmente fue un día que gana el país. Esto ha sido un esfuerzo grande por parte de las empresas dominicanas”.

Marranzini agradeció al gobierno y al sector laboral por su disposición al diálogo y reafirmó la importancia de la modernización del Código de Trabajo como un pase clave para el desarrollo del mercado laboral dominicano.

Previo al encuentro, el director del CNS, Ángel Mieses, expresó su expectativa de que se logren avances significativos en la negociación.

“Como le dije la semana anterior, espero que hoy lleguemos a los términos, vamos a oír la propuesta de ellos, ya sabemos la propuesta del sector sindical y estamos esperando la propuesta de ellos para saber y tomar una decisión. Esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible, yo espero en Dios resolver eso como muchos en esta semana”, afirmó en un video difundido antes de la reunión.

El resultado de esta discusión será determinante para definir el porcentaje de aumento que recibirán los trabajadores del sector privado no sectorizado, uno de los principales grupos laborales del país.

Este estudio mide la calidad en base a factores como los ingresos, la seguridad social, beneficios sociolaborales, horas de trabajo, contrato y estabilidad laboral, donde los índices entre los años 2016 y 2023, fueron mayores en el sector público.

«Esta selección responde a factores como el salario monetario y en especie, la afiliación a un seguro de salud y a un plan de pensiones, el derecho a beneficios sociolaborales (vacaciones, licencia por enfermedad con disfrute de sueldo, regalía pascual, entre otras), el número de horas trabajadas a la semana, la existencia de un contrato escrito o verbal e indefinido y la estabilidad laboral de los individuos en su puesto de trabajo».

Asimismo el documento indica que «la categoría ocupacional con mejor resultado y desempeño es asalariado público. En 2023, los ocupados en esta categoría alcanzaron un puntaje de 71.2, es decir en promedio, los asalariados públicos muestran tener empleos de calidad. A estos le siguen, con cierta distancia, los asalariados privados, con una puntación de 53.7 en el último año, resultado que queda clasificado en el renglón de empleo de calidad. aunque muy cercano al limite inferior de esta categoría».

El estudio señala que todas las categorías muestran mejorías con respecto a años anteriores, así como retrocesos.

«Al comparar con el 2016, todas las categorías muestran mejorías en el valor del índice, a pesar de que la pandemia tuvo un impacto negativo sobre la calidad del empleo. En lo que respecta a los componentes, se observa que los independientes mejoraron en cada una de las categorías; los asalariados privados registraron reducciones en beneficios sociolaborales, aunque estas podrían considerarse poco significativas; servicio doméstico y asalariado público muestran retrocesos en beneficios y estabilidad laboral, respectivamente».

El seminario tenía dentro de sus objetivos profundizar el reconocimiento de intervenciones y buenas prácticas locales y desde organizaciones de la sociedad civil, sumar nuevos actores, actualizar conocimientos sobre los determinantes de las uniones tempranas y destacar la importancia del monitoreo y evaluación de la implementación de la Política para la Prevención y atención de uniones tempranas y embarazo en adolescentes (PPA), con el propósito de garantizar su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.

En una intervención durante el día de cierre, la primera dama de la República y presidenta honorífica del GANA, Raquel Arbaje, destacó los avances y resultados positivos de la implementación de la PPA. “Hemos estado trabajando juntos y viendo los resultados. No nos enfoquemos en lo que nos falta sino en cómo vamos avanzando y veámoslo de forma positiva; en cómo haber escuchado a los jóvenes y a los padres, quienes han mostrado interés en estar más informados sobre estos temas, nos ha ayudado a todas las organizaciones involucradas a tocar la vida de las familias dominicanas, a romper el círculo de la pobreza”.

De su lado, la presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Pérez Peña, explicó que las uniones tempranas y el embarazo en la adolescencia representan problemáticas complejas y graves en la República Dominicana. De ahí la importancia de subsanar estas situaciones, lo cual es un proceso clave en esta gestión. “Por ello, hemos intensificado los esfuerzos para abordar de manera integral los factores determinantes de las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes, cada institución desde su ámbito de acción”.

El representante de UNICEF en el país, Carlos Carrera, basó su discurso en la importancia de seguir contribuyendo para que las uniones a temprana edad sean eliminadas y no se conviertan en un obstáculo para que las niñas puedan tener libertad de ejercer su derecho, alcanzar su pleno potencial “y que puedan llegar a ser lo que quieren ser”.

En la misma línea, el representante nacional de UNFPA, Mario Serrano, valoró que, sin duda, la República Dominicana ha dado un gran paso en la protección de los derechos de las niñas y adolescentes al prohibir el matrimonio infantil mediante la ley 1-21 promulgada en enero del 2021. “Aun así, persisten importantes retos que dificultan la erradicación de la práctica cultural de uniones a temprana edad, uno de los más trascendentales son las normas sociales y de género discriminatorias, porque se normalizan.

Estas normas arraigadas en la cultura y transmitidas de generación en generación establecen retos y expectativas de género que limitan las oportunidades de las niñas y las hacen más vulnerables a unirse a parejas a una temprana edad. Erróneamente, vista como una forma de aliviar la carga económica y asegurar el futuro de las niñas y adolescentes, las uniones tempranas reducen la probabilidad de completar sus estudios, lo que limita sus oportunidades de desarrollo”.

El director de la KOICA, Joonsung Park, agradeció al CONANI su dedicación y compromiso con la asociación entre los dos países y las colaboraciones con la entidad que representa, al tiempo que destacó los esfuerzos del Gobierno dominicano para avanzar en la lucha contra las uniones tempranas de niñas y adolescentes y en la construcción de un futuro más brillante.

Sobre el seminario. El encuentro, llevado a cabo los días 28 y 29 de noviembre, sirvió como espacio de reflexión y diálogo (multisectorial) que contribuyó a la definición de consensos sobre intervenciones escalables y estrategias de aceleración para la reducción de las uniones tempranas.

La participación de adolescentes y jóvenes como actores con potencial y liderazgo en las estrategias nacionales y locales de prevención de uniones tempranas, fue además ocasión propicia para colocar las voces, miradas y necesidades de esta parte de la población en la agenda.

El seminario estuvo dirigido a representantes de instituciones responsables de la PPA, en el sector público, la sociedad civil y los organismos internacionales, que implementan algún programa o componente de prevención de las uniones tempranas, así como a integrantes de la sociedad civil, académicos e investigadores, adolescente, jóvenes y actores del sector privado.

Se realizaron presentaciones, reflexiones en grupos pequeños y paneles temáticos, sobre todo incluyendo a los y las jóvenes y adolescentes, quienes hablaron sobre sus experiencias y perspectivas acerca de la prevención de las uniones tempranas, destacando sus visiones y condiciones necesarias para su participación y la pertinencia de los servicios prioritarios para la realización de sus derechos.

Durante el cierre del evento se dialogó además sobre la importancia de escalar las intervenciones dirigidas a la prevención de las uniones tempranas y así poder sentar las bases para un consenso sobre estrategias de aceleración en la reducción, y el apalancamiento de recursos económicos necesarios para este fin, lo cual es particularmente urgente de cara a las metas nacionales para el año 2027.