Las detenciones fueron realizadas por agentes de las direcciones Central de Investigación (DICRIM), Inteligencia (DINTEL), Policía Preventiva y demás organismos especializados, en coordinación con las autoridades competentes.

Delitos bajo investigación

De acuerdo con el reporte preliminar, los arrestados son investigados por su presunta vinculación con delitos como robo, atraco, porte ilegal de armas de fuego, microtráfico de sustancias narcóticas, violencia de género e intrafamiliar, agresión física, asociación de malhechores, estafa, así como por encontrarse prófugos de la justicia, entre otros hechos delictivos.

Las intervenciones incluyeron labores de inteligencia, allanamientos debidamente autorizados, patrullajes preventivos y operativos focalizados en distintas provincias y municipios del país, permitiendo, además, la ocupación de evidencias relacionadas con diversas actividades ilícitas.

Operativos y estrategia

• La institución del orden destacó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad ciudadana orientada a fortalecer la convivencia pacífica, preservar el orden público y garantizar el cumplimiento de las leyes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar ejecutando operativos preventivos y de persecución del delito en todo el territorio nacional, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante la denuncia oportuna de cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales establecidos.

Como parte inmediata de estas acciones, las autoridades anunciaron que unos 1,500 agentes de la Policía Nacional se sumarán este fin de semana a las labores preventivas de la Digesett para reforzar la seguridad ciudadana en las calles.

Fiscalización, orden y desmantelamiento de paradas

El plan gubernamental se enfocará en el levantamiento de las paradas de motoconchistas, la depuración de sus miembros y la aplicación estricta de las sanciones de tránsito. Según explicó la ministra Raful, se busca que los conductores cumplan con las normas básicas de vialidad.

«Que anden con sus cascos, que puedan cumplir con las normas viales para que no se crucen las líneas en rojo, para que respeten el paso de peatones (cebra), para que puedan andar dando realmente el ejemplo que esta sociedad necesita», enfatizó la funcionaria.

Asimismo, Raful advirtió, de manera contundente, que no se tolerará la informalidad ni la delincuencia organizada en el sector:

«El tema de las paradas ilegales, ratificamos que la Policía Nacional seguirá trabajando para desmantelar las mismas».

Una «profilaxis» en el sector de dos ruedas

Tras una reunión iniciada cerca de las tres de la tarde entre las autoridades y los principales gremios de motoconchistas, se acordó realizar una supervisión conjunta en cada parada para evaluar el perfil de los trabajadores del volante.

La ministra detalló que los conductores pasarán por una especie de «profilaxis» para evaluar su nivel de comportamiento. Las mismas federaciones se comprometieron a colaborar para que, si alguno de sus miembros actúa de manera arbitraria, las autoridades intervengan con su total respaldo.

Gremios respaldan la regulación

Lejos de oponerse, los representantes del sector mototaxi saludaron y respaldaron las medidas del Gobierno, asegurando que esto ayudará a limpiar la imagen de los trabajadores honestos.

• Juan Travieso (Presidente de Asomotapa): «Nosotros hemos tratado de organizarnos porque llevamos el pan de cada día a nuestro hogar. Organizados podemos lograr un gran propósito para la sociedad y estamos dispuestos a seguir trabajando de la mano con el gobierno».
• Esteban Beltré (Presidente de Mototaxi SDO): «Aquí se va a definir quién es el motoconcho que trabaja, quién utiliza una motocicleta para delinquir, quién anda haciendo violaciones en la calle y quién anda alterado».

Con este pacto entre los gremios y el Ministerio de Interior y Policía, se espera una reducción significativa de los incidentes viales y los actos delictivos vinculados a los vehículos de dos ruedas en todo el país.

Armas destruidas

Durante la jornada fueron desintegradas 2,268 armas de fuego, entre revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera, así como 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.

La actividad fue encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto a representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.

Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.

Este esfuerzo conjunto entre el sector público y privado demuestra que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida. La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia”, afirmó Raful.

Proceso y coordinación

La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.

Por su parte, el director país de Metaldom, Fernando de la Vega, destacó el compromiso de la empresa con iniciativas que generan impacto social y ambiental. “Tenemos un firme propósito de construir soluciones que transforman, y es lo que hacemos hoy en este gran patio de chatarra”, expresó.

Indicó, además, que la compañía procesó más de 90,000 toneladas métricas de residuos ferrosos durante el último año, contribuyendo a la economía circular y al fortalecimiento de prácticas sostenibles.

Sin costo al Estado

La destrucción del armamento se realizó sin costo para el Estado, mediante un proceso de compresión que convierte las armas en chatarra, en cumplimiento del acuerdo suscrito entre las entidades en 2020.

Esta iniciativa responde a la Resolución MIP-RR-0008-2021, que crea la comisión interinstitucional encargada de regularizar y destruir armas incautadas o entregadas voluntariamente, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y promover una cultura de paz.

En el acto también participaron el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.

La sesión de trabajo se está llevando a cabo en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional.

En ella se evalúan las tareas cumplidas hasta la fecha, los resultados alcanzados y las nuevas disposiciones que serán adoptadas para continuar elevando los niveles de seguridad en beneficio de los dominicanos.

En compañía del mandatario, se encuentran los ministros; de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Interior y Policía, Faride Raful; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

Participación de autoridades y fiscales en la reunión de seguimiento

También, el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; y el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols.

También, el presidente, del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro de Jesús Abreu; los directores, de la Comisión Militar y Policial (Comipol), coronel Luis Rafael Herrera Almonte; de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez.

De la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga; del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, coronel piloto Randolfo Rijo de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías; el subdirector general de la Policía Nacional y director central de Transformación Policial, general Juan H. Guzmán Badia; el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Werner Núñez Quezada.

Además, de los directores de la Policía Escolar, el general Francisco Osoria de la Cruz; de Prisiones, Roberto Santana; el Comisionado Ejecutivo para Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández y el coronel paracaidista Osvaldo W. Montero Mena, en representación de la Fuerza Aérea.

En la reunión participan una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de San Cristóbal, Ramona Santana; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo, y de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez. 

Al igual que, los fiscales titulares de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán; de Santo Domingo Oeste, Eduard López; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas, y de La Romana, Kevin Santana.