SANTO DOMINGO.- La decisión el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de declarar la extinción penal contra los militares y empresarios implicados en los sobornos en la compra de los aviones Super Tucanos, pese a que apenas en agosto había iniciado un nuevo juicio, abre el debate entre diversos sectores sobre el peligro de que el cúmulo de reenvíos y la lentitud de los juicios obliguen a dejar grandes casos de corrupción en la impunidad y las personas que se benefician de eso.

Para Participación Ciudadana, la decisión de los jueces que conforman el cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, representa un nefasto precedente para la lucha contra la corrupción.

Mientras que para el Colegio de Abogados, esta decisión confirma que solamente hay justicia para los más desposeídos.

Aunque consideran que la resolución del tribunal está amparada en la ley, legisladores de distintas bancadas también critican que sean solo las personas con muchos recursos los únicos beneficiados del debido proceso.

Luego del fallo, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, reaccionó a través de sus redes sociales donde manifestó, “Siempre hay una excusa para favorecer a los procesados por casos de corrupción… Es difícil mover las fronteras de la impunidad, pero seguiremos empujando. ¡No nos ganarán por cansancio!”.

El cuarto Tribunal Colegiado declaró el jueves la extinción de la acción penal contra el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el ex coronel Carlos Piccini Núñez y varios empresarios, a quien se le conocía un juicio de fondo por recibir el pago de más 3.5 millones de dólares en soborno que admitió una empresa brasileña para la compra de los aviones supertucanos.

Los jueces del cuarto Tribunal tomaron la decisión a solo tres meses de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenara un nuevo juicio contra los acusados en el caso.

La fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Isis de la Cruz, explicó que continuaron con la presentación de las pruebas documentales en el proceso que se sigue en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en contra de Carlos Ramón Piccini Núñez, Pedro Rafael Peña Antonio, Daniel Aquino Hernández, 4D Business Group y Magycorp.

“En la próxima audiencia continuamos presentando las pruebas documentales y está pautada para el próximo jueves, a las 2:00 de la tarde”, dijo De la Cruz a su salida del tribunal.

Explicó que la defensa presentó un incidente para evitar la presencia de los representantes de los medios de comunicación en la sala.

“El principal incidente era sobre la presentación o no de los medios de comunicación en la sala, pero el tribunal, dado que se trata de un juicio público, no acogió la solicitud de la defensa de que fueran eliminados los medios de comunicación de la sala”, indicó.

En ese sentido, la fiscal destacó que “para el Ministerio Público es de suma importancia lo que es la oralidad y la publicidad de los juicios, por lo que en ningún momento el Ministerio Público está contrario a la presentación de los medios de comunicación (en los juicios)”.

“Nosotros tenemos una acusación firme que presentar y no tenemos ninguna objeción a que todo el país tenga comunicación y tenga información de los hechos que están ocurriendo en la sala de audiencia”, manifestó la fiscal de la Pepca.

El Ministerio Público inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández.

También, contra la empresa 4D Business Group, S. A. (hoy 4D Business Group, S.R.L.), así como de la compañía Magycorp, S. A. (hoy Magicorp, S.R.L).

El grupo es acusado de sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El proceso inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017 y ahora se encuentra en la etapa de juicio de fondo.

Los jueces Arlín Ventura, presidenta; Milagros Mercedes Ramírez Cabrera y Leticia Martínez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente.

Por este caso de corrupción administrativa la empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.

aseguró que de más de 60 trazas que se registraban años anteriores, solo a 15 este año 2021

Muñoz Noboa explicó también que la reducción obedece a los controles del espacio aéreo que mantiene la institución, utilizando los aviones Súper Tucanos para impedir el ingreso ilícito de aeronaves con carga de drogas y mercancías al territorio nacional.

Asimismo explicó que la trayectoria final de las aeronaves intrusas, no necesariamente van a terminar en aterrizando en el territorio nacional, sino que muchas de ellas solo pasan por el espacio aéreo dominicano y siguen hacia otros destinos.

Recordó que durante el último año han registrado cuatro accidentes de aeronaves que han tratado de ingresar a territorio dominicano y se le ha denegado el permiso y finalmente se han accidentado.

El comandante general de la FARD, ofreció sus declaraciones en el marco de un encuentro con miembros de la prensa donde anunció la realización de ejercicios militares entre la Fuerza Aérea Dominicana y de Colombia para combatir el flagelo de las operaciones de drogas.

Estos ejercicios en el que participaran aeronaves y miembros de las dos instituciones militares tienen que ver con la detección e interceptaciones de aviones en operaciones ilícitas.

En el caso de más preocupación para nosotros es el caso del narcotráfico, donde describió que existen dos corredores el corredor del pacifico que es el que trabaja a nivel de Centroamérica y el Caribe en el área de la República Dominicana.

Aclaró el mayor general Muñoz Noboa, que dependiendo de cómo la situación de ambos corredores se active, el Caribe siempre va recibir la presión, una presión tanto en trazas marítimas como aéreas.

Durante operativos se han decomisado drogas y especies marinas en extinción, cuya captura está prohibida, en el litoral sur de la República Dominicana.

Asimismo, el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso de un reforzamiento de la vigilancia terrestre en la frontera como medida de prevención ante posibles disturbios del otro lado de la frontera.

Como medida el gobierno dominicano dispuso que las operaciones aéreas entre Haití y el país estén suspendidas a nivel comercial. En estas operaciones solo se permitirá el aterrizaje de aeronaves en el Aeropuerto Internacional La Isabela, Doctor Joaquín Balaguer, para operaciones aéreas con traslado exclusivo de nacionales dominicanos y personal diplomático extranjero debidamente acreditado en la República de Haití.

Mientras, los dominicanos que residen en Haití que necesiten ser evacuados contarán con las facilidades de las autoridades dominicana a través de la embajada en Puerto Príncipe y las Fuerzas Armadas.

Tras el fallecimiento del presidente Haitiano, Jovenel Moise, hoy asume su cargo el ministro interino, Claude Joseph.