El partido entre los Cocodrilos de Matanzas y los Toros de Camagüey fue suspendido de manera inmediata tras un saqueo perpetrado dentro del estadio contra los peloteros matanceros.

• Según el comunicado oficial, individuos ingresaron al vestuario y al dugout del equipo de Matanzas y despojaron a los jugadores de guantes, bates, equipos de protección, calzado, teléfonos móviles, carteras y pertenencias personales. Algunos atletas quedaron literalmente con lo puesto, listos para calentar… pero sin herramientas para jugar, en una escena más propia de una crónica social que de un evento deportivo.
  
  

La dirección del equipo, en coordinación con las autoridades deportivas, decidió suspender el encuentro al considerar imposible exigir rendimiento a jugadores que acababan de ser víctimas de un acto que violenta su dignidad y su espacio más íntimo.

• El hecho convierte al béisbol, símbolo histórico del orgullo nacional cubano, en otra víctima colateral del deterioro social que vive la isla.
  
  

Que hoy se robe en los vestuarios de los peloteros de la Serie Nacional no solo habla de delincuencia: revela hasta qué punto la necesidad y la desesperación han cruzado líneas que antes parecían intocables. El dugout, antes refugio de estrategia y camaradería, se transforma ahora en escenario del colapso cotidiano. En Cuba, al parecer, ya no hay terreno sagrado… ni siquiera donde se juega la pelota.

¿Cuál es el contexto general?

Durante años se establecieron porcentajes fijos de los ingresos nacionales que debían ser asignados a distintos entes y organismos del Estado como una forma de supuestamente garantizar que esos recursos fueran asignados en el presupuesto de cada año, aunque se supiera que no existían recursos suficientes para cubrirlos, y como los ingresos no daban para cumplir con estos, se estableció la perversa práctica de incumplir con el mandato de esas leyes, hasta que al amparo de una reforma para la modernización del Estado como fue la aprobación de la Ley No. 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, se coló astutamente en su artículo 37 la posibilidad de reformar o suspender leyes vigentes por el tiempo del ejercicio presupuestario.

En base a tal facultad las leyes de presupuesto posteriores han autorizado al Poder Ejecutivo cada año a apropiar montos inferiores a los correspondientes de conformidad con los porcentajes establecidos en distintas leyes, como es el caso del poder judicial y de los ayuntamientos, y como lo fue del 4% del PIB para financiar el gasto público en educación, hasta que luego de una intensa lucha ciudadana el entonces candidato Danilo Medina asumió estratégicamente el compromiso de cumplirlo, al cual se había opuesto el entonces presidente Leonel Fernández, pero nunca modificó la ley 66-97 Orgánica de Educación que precisamente se había aprobado durante su primer gobierno en el que no tenía la mayoría congresual, que sí tuvo en el segundo y el tercero.

¿Qué medidas fiscales se han implementado?

Y para poder conseguir los recursos para cumplir con este mandato legal se aprobó otro parche tributario la Ley 253-12 de Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal, sin consensuar y firmar el pacto fiscal que se había aprobado mediante la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo de ese mismo año.

Y como parte de ese paquete impositivo en el artículo 3 de la Ley 253-12 se incluyó una modificación del artículo 296 del Código Tributario que establece la tasa del impuesto de las personas físicas, para suspender mediante la inclusión de un segundo párrafo la ejecución del ajuste por inflación anual en los años fiscales 2013, 2014 y 2015 de la escala de rentas que van desde el rango exento, a los gravados con 15%, 20% y 25%; y también se incluyó en el artículo 11 una modificación del artículo 297 que establece la tasa del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas para elevarla del 25% al 29%, disponiendo una reducción a 28% en el 2014, hasta fijarla en el 2015 en 27%.

Como a partir del año 2016 ya no existía la suspensión de la indexación salarial establecida en el propio Código Tributario, en ese año se realizó el ajuste aumentando las rentas exentas de RD$399,923.00 a RD$409,281.00, pero a partir de 2017 el gobierno de entonces decidió ampliar la práctica de suspender mediante la ley de presupuesto el cumplimiento de disposiciones legales a la indexación salarial, la cual ha sido continuada por los dos posteriores del PRM.

Los que hoy están en la oposición decidieron posponer la reforma fiscal integral y recurrieron a los subterfugios de programas de subsidios establecidos desde el año 2004 bajo el SIUBEN y de suspensiones de aplicación de leyes para equilibrar los presupuestos anuales del Estado, sin embargo se opusieron virulentamente al proyecto de reforma introducido en octubre de 2024, en vez de haber asumido una posición responsable de reclamar la necesidad de la reforma, pero exigiendo la debida discusión que asegurara su idoneidad, así como se negaron a aceptar la reducción propuesta a la contribución económica del Estado a los partidos políticos a finales de 2020, aunque reclaman ahora eliminar la práctica de otorgamiento de subsidios y de suspender la indexación que ellos mismos instauraron.

Tanto el gobierno como la oposición conocen las restricciones presupuestarias, y el círculo vicioso de recurrir al endeudamiento para mitigar el déficit y equilibrar el presupuesto, y a los subsidios por su efecto apaciguador, peligroso malabarismo que necesitamos enfrentar tomando las decisiones correctas, pero para eso se necesita más responsabilidad fiscal, y menos oportunismo.

«Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses», escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario explicó que «tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe», y agregó: «La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño«.

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Tensiones con Washington

En los últimos meses, Petro ha endurecido sus críticas hacia su homólogo estadounidense, Donald Trump, y ha acusado a ese país de cometer «asesinatos» y «crímenes de guerra» en su ofensiva antidrogas, primero en el Caribe y luego en el Pacífico, donde desde septiembre se han registrado decenas de ataques y más de setenta muertos.

Estos episodios han profundizado las tensiones diplomáticas entre Washington y los Gobiernos de Colombia y Venezuela, a cuyos líderes Trump acusa de promover el narcotráfico.

Reacción del Reino Unido

El anuncio de Petro llega después de que CNN informara que el Reino Unido dejó de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe, para no ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, que considera ilegales.

Durante años, el Reino Unido –que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia– había ayudado a EE. UU. a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas. Esto implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.

La decisión del Reino Unido supone una ruptura significativa con uno de sus aliados más cercanos y su principal socio en el intercambio de inteligencia.

En su informe «Reconfiguración de Oriente Medio tras la guerra de Gaza«, publicado este jueves, la organización propone una revisión profunda de la política exterior europea tras el conflicto que devastó el enclave palestino.

El documento, de 94 páginas, formula recomendaciones para Europa y España centradas en la reconstrucción de Gaza, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del derecho internacional.

Acuerdo de Asociación UE–Israel

El informe recuerda que el Acuerdo de Asociación bilateral, en vigor desde el 2000, incluye una cláusula sobre el respeto a los derechos humanos (artículo 2) que la UE «no ha aplicado nunca» y ofrece una base jurídica suficiente para suspender el tratado hasta que Israel cumpla con el derecho internacional y detenga la ocupación y colonización de los territorios palestinos.

La Comisión Europea propuso el pasado 17 de septiembre suspender el trato comercial preferencial con Israel por la ofensiva en Gaza, una medida que necesita ser aprobada por unanimidad por los Veintisiete para que pueda aplicarse.

«La UE debe pasar de las declaraciones de condena a una acción política efectiva que incluya sanciones y la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel. No hacerlo supone avalar la impunidad y, en la práctica, respaldar las políticas de ocupación y limpieza étnica», apunta la fundación.

El informe también cuestiona la cooperación científica a través de Horizon Europe, el mayor programa de investigación e innovación de la UE y del que Israel es partícipe desde 2021.

 Cooperación científica

En el marco de la escalada del conflicto en Gaza, la Comisión Europea ya suspendió a Israel 14 millones de euros en el periodo 2020-2024, de los que 4,3 millones ya habían sido asignados y alrededor de 9,5 millones quedaban pendientes.

También congeló futuras asignaciones correspondientes a 2025-2027, con la excepción de fondos destinados a la sociedad civil y al Yad Vashem (Museo de la Historia del Holocausto).

Para la fundación, mantener colaboraciones mientras Israel emplea tecnología europea en su ofensiva sobre Gaza es «inadmisible«.

Los autores del texto proponen suspender su participación en Horizon Europe y revisar los convenios de cooperación científica y tecnológica con Tel Aviv.

Además, sugieren prohibir las importaciones de productos procedentes de asentamientos ilegales en Cisjordania, donde afirma que viven ya más de 800.000 colonos israelíes, y aplicar sanciones comerciales a las empresas que operen en esos territorios.

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Tropas europeas en la Fuerza Internacional de Interposición (ISF)

La Fundación Alternativas propone además que la UE participe en la Fuerza Internacional de Interposición (ISF) prevista en el plan de Estados Unidos para Gaza, con el fin de garantizar el alto el fuego y evitar nuevas ofensivas israelíes.

El informe advierte que una ISF sin respaldo europeo o de la ONU podría darle a Israel más poder sobre el enclave palestino.

Los autores concluyen que la UE necesita una estrategia autónoma para Oriente Medio, basada en el multilateralismo, el diálogo con países de la región como Turquía, Arabia Saudí, Catar o Emiratos Árabes Unidos y la diversificación de alianzas.

La fundación califica la devastación de Gaza como «apocalíptica», afirmando que el 92% de las viviendas y el 98% de las tierras agrícolas han sido destruidas.

Según datos de Sanidad gazatí, más de 68.875 personas -la mayoría civiles- han muerto y 170.679 han resultado heridas por bombardeos israelíes.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el ingeniero César Fernández, al hablar en nombre de la Comisión de Infraestructura, explicó que el proceso FITRAM-CCC-LP-2025-0001 vulnera principios establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Además, alertó que el modelo de ejecución adoptado “pone en riesgo la sostenibilidad financiera y técnica del transporte masivo en el país”.

En su declaración, Fernández dejó claro que la Fuerza del Pueblo no se opone a ampliar el transporte público.

“Creemos en la movilidad masiva, moderna y eficiente como un derecho de la gente”, precisó, al tiempo de afirmar que el partido respalda todo proyecto de transporte que sea viable, transparente y sostenible para la ciudadanía.

Al abordar la capacidad y planificación del Monorriel, Fernández indicó que el sistema propuesto nace por debajo de la demanda real del corredor, con una capacidad tope de 20 mil pasajeros por hora/sentido, frente a los 27 mil que ya maneja el Metro de Santo Domingo.

A su juicio, escoger un modo de menor capacidad en un eje de alta demanda “condena a la red a la saturación temprana”, obliga a mayores intervalos de paso y limita la posibilidad de absorber crecimientos de flujos en horas pico.

Fernández agregó que el esquema 100 % elevado y la tecnología propietaria del monorriel restringen la escalabilidad y dificultan la integración plena con el sistema existente (Metro y corredores alimentadores).

Señaló que cambios de flota, ampliaciones de estaciones y evacuaciones en altura encarecen y complican la operación, cuando el país ya dispone de una infraestructura metroviaria probada y escalable.

En ese sentido, Fernández al presentar el informe de la comisión citó al ingeniero Jeffrey Infante, quien abordó los costos y operación del proyecto, destacando que el costo por kilómetro del monorriel se sitúa en una banda superior a la del Metro, pese a entregar menor capacidad.

Infante detalló que la combinación de viaductos continuos, aparatos de vía especiales, material rodante específico y repuestos no estandarizados eleva la inversión inicial y los costos de ciclo de vida.

“No hay ahorro fiscal: se paga más por transportar menos”, resumió el comisionado.

De acuerdo con Fernández, Infante también advirtió que el gasto operativo del monorriel tiende a ser más alto por consumo energético, mantenimiento de vigas y logística de rescate o evacuación, rubros que presionan la sostenibilidad financiera del proyecto. A esto se suma la dependencia de proveedores únicos, lo que aumenta riesgos y reduce márgenes de negociación para el Estado.

A continuación, Fernández citó al comisionado Wilkin Moreno, quien trató el tema de los riesgos y estándares internacionales.

Moreno señaló que, conforme a buenas prácticas internacionales, los monorrieles se recomiendan para corredores de demanda media, mientras que para flujos sostenidos por encima de 20–24 mil pasajeros por hora/sentido, la literatura técnica sugiere metro pesado, por su robustez, redundancia y capacidad de crecimiento.

“El diseño debe responder a la demanda del corredor, no a la novedad tecnológica”, puntualizó.

Fernández explicó que, según Moreno, existen riesgos operativos asociados a evacuaciones en altura, interrupciones por fallas en un viaducto único y tiempos de recuperación ante incidentes, factores que impactan en la confiabilidad del servicio.

“La resiliencia y la seguridad operacional son determinantes en un sistema masivo, y no se evidencian garantías suficientes en el pliego para mitigar estos riesgos”, precisó Fernández.

En lo referente a los fideicomisos y la opacidad financiera, Fernández citó al diputado Tobías Crespo, quien denunció falta de transparencia en la estructura fiduciaria del FITRAM, al operar con escaso control parlamentario y sin auditorías externas publicadas.

Crespo reclamó la divulgación del contrato de fideicomiso, sus estados financieros, la matriz de riesgos y los compromisos contingentes para el fisco, a fin de evitar que el proyecto genere endeudamiento encubierto o obligaciones futuras no autorizadas.

“El país no puede comprometer recursos multimillonarios sin una debida diligencia completa y transparente”, subrayó.

Posteriormente, Fernández citó al arquitecto Carlos Sully Bonelly, quien analizó los aspectos de transparencia y licitación.

Bonelly cuestionó el proceso licitatorio, al considerar que presenta deficiencias de transparencia, plazos y condiciones restrictivas, así como documentación técnica incompleta para una contratación de esta envergadura.

Sostuvo que tales condiciones afectan la libre competencia y pueden favorecer indebidamente a determinados oferentes.

“Sin información completa y verificable, no hay transparencia ni competencia efectiva”, afirmó.

De igual forma, Fernández citó al jurista Manuel Fermín Cabral, quien expuso sobre las irregularidades legales y la Ley 340-06.

Fermín Cabral advirtió posibles violaciones a los principios rectores de dicha ley, particularmente los de publicidad, igualdad, transparencia y libre competencia.

Señaló que un proceso con bases incompletas o restrictivas podría ser susceptible de impugnación e incluso de nulidad.

Llamado de la Comisión

Al cierre de la exposición, el ingeniero César Fernández, en nombre de toda la Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo, reiteró el llamado a suspender de inmediato la licitación FITRAM-CCC-LP-2025-0001, auditar el fideicomiso FITRAM y reorientar la inversión a la expansión del Metro de Santo Domingo, “un sistema de mayor capacidad, menor riesgo y mejor retorno social para el país”.

Asimismo, la comisión instó al Gobierno y a los órganos de control a responder públicamente a estas observaciones, publicar los estudios completos del proyecto y convocar audiencias técnicas con participación de la academia, colegios profesionales y sociedad civil, antes de comprometer recursos del Estado.

A través de una carta enviada al director de la DGCP, Carlos Pimentel, González le solicita que de las instrucciones que considere pertinentes a fin de suspender el Registro de Proveedor del Estado (RPE) 14500.

De igual modo, solicitó que sean suspendidos los números de Registro de Proveedor del Estado de las empresas OG&AA Project Management and Construction SRL y BUNKERMYM SRL, a las que está vinculado.

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En el caso de Onéximo González fue designado por el presidente Luis Abinader como vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), mediante el decreto 461-25.

En atención a esta designación es que ha solicitado la suspensión de sus registros de Proveedores del Estado, para dar fiel cumplimiento a la Ley 340-16 de Compras y Contrataciones que prohíbe a los funcionarios públicos, en nivel de dirección, ser oferentes del Estado dominicano.

González se ha desempeñado como consultor por más de 40 años en diversas empresas nacionales e internacionales, así como en organismos de cooperación internacional para los que ha trabajado.

Antecedente:

Tras ser designado recientemente como vicepresidente ejecutivo de la OMSA mediante el decreto 461-25, Onéximo González asumió el compromiso de ajustarse a lo establecido por la Ley 340-16 sobre Compras y Contrataciones, la cual prohíbe a los funcionarios públicos en niveles directivos mantener vínculos como proveedores del Estado.

En este contexto, González tomó la decisión de solicitar la suspensión de su registro y el de las empresas vinculadas a su nombre, como medida de transparencia y cumplimiento legal.

Con más de 40 años de experiencia como consultor en empresas nacionales, internacionales y organismos de cooperación, González afirmó que su actuación al frente de la OMSA estará guiada por los principios de integridad, ética pública y respeto a la institucionalidad.

La solicitud enviada a la Dirección General de Compras y Contrataciones busca eliminar cualquier posible conflicto de interés en el ejercicio de sus nuevas funciones.

Actualmente el país está sufriendo los efectos de una vaguada.

Méndez recalcó que las provincias en alerta roja son el Distrito Nacional, Santo Domingo, Peravia y San Cristóbal. En amarilla hay 13 y en verde están ocho.

Recordó además que el protocolo dice que en la alerta amarilla, las evacuaciones de personas se inician, mientras que en la roja, los civiles deben resguardarse en «lugares seguros».

«Por lo que el Centro de Operaciones de Emergencias les sugiere a todas las empresas, al igual también que al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Administración Pública la suspensión de labores a partir de las cuatro de la tarde del día de hoy», expresó el director del COE en un video colgado en las redes sociales de la institución.

No podrán asistir a futuras funciones porque no podrán utilizar su cuenta de WhatsApp el 31 de octubre debido a faltas reiteradas.

¿Por qué WhatsApp suspenderá tu cuenta el 31 de octubre?

Aplicaciones no oficiales: te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc.

Difundir phishing y promociones falsas: normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias.

Rumores y extorsión: si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado.

Grupos de WhatsApp: Nunca debes colocarle el nombre de “Pedofilia” a tu conversación, de lo contrario WhatsApp bloqueará no solo a ti, sino también a los miembros de ese grupo.

La iniciativa fue aprobada con 219 votos a favor y 206 en contra, y ahora será enviada a la Casa Blanca para que el presidente estadounidense, Joe Biden, la firme y se convierta en ley.

Los desacuerdos entre demócratas y republicanos habían puesto a EE.UU. al borde de la suspensión de pagos de su deuda nacional, pero el proyecto de ley aprobado este martes sirve para reforzar la solvencia del país y mantener la estabilidad de los mercados financieros.

En concreto, la iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado la semana pasada, eleva el techo de endeudamiento por valor de 480.000 millones de dólares, una cantidad que permitirá a EE.UU. pagar hasta el 3 de diciembre las deudas que tiene pendientes.

Se trata, en cualquier caso, de un parche que no satisface por completo las peticiones de los demócratas y del propio Biden, que querían una solución a largo plazo.

De hecho, los progresistas propusieron suspender el techo de endeudamiento hasta diciembre de 2022 para no hablar sobre el tema durante la campaña para las elecciones legislativas de noviembre de ese año, en las que el partido teme perder la ajustada mayoría que tiene en las dos cámaras del Congreso Los republicanos, por su parte, se han opuesto a aprobar cualquier medida a largo plazo.

Aun así, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, decidió la semana pasada renunciar a un mecanismo parlamentario que requiere de una super mayoría para aprobar leyes, lo que permitió a los demócratas sacar adelante en solitario una suspensión temporal del techo de deuda.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió en varias ocasiones que EE.UU. se quedaría sin fondos para pagar sus deudas el 18 de octubre, con unas consecuencias que podrían ser «catastróficas».

EE.UU. nunca ha tenido que declarar la suspensión de pagos de su deuda nacional, pero estuvo cerca en 2011, cuando la mera posibilidad de que eso ocurriera desató el caos en los mercados financieros e hizo que Standard & Poor’s rebajara la nota de solvencia del país.

La actual situación sobre el techo de deuda se produce, porque, a diferencia de otros países, en EE.UU. el Gobierno solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso, que tiene el poder de elevar ese techo según crea conveniente.

La propuesta legislativa inducida por el presidente es parte de los trabajos de la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado, que opera en el interés del presente gobierno de disolver los entes y órganos públicos que resulten ineficientes y que no cumplan con los principios constitucionales de la Administración Pública.

Esta iniciativa fue prometida por Luis Abinader en la presentación de su programa de gobierno. La misma establece que el ente que tendrá a su cargo la continuación y culminación del proceso de liquidación y disolución definitiva del CEA será el Ministerio de Hacienda.

Se dispone que los empleados que laboren para los ingenios azucareros propiedad de este, o que sean propiedad del Estado, se reubiquen en otras dependencias del Estado, según aplique y en los casos que proceda.

Asimismo, se establece que las propiedades inmobiliarias, terrenos o porciones de terreno, propiedad del CEA y sus ingenios azucareros, sean transferidas a favor del Estado dominicano, ejecutando los procesos de titulación y saneamiento correspondiente.