La institución destacó que este nuevo servicio, desarrollado dentro del programa Burocracia Cero, ha logrado un tiempo promedio de respuesta de apenas tres horas, lo que representa un avance importante en la modernización y eficiencia de los trámites migratorios en el país.

Modernización y cooperación institucional

La DGM explicó que este piloto, conocido como Beta Pública, ha permitido fortalecer la interoperabilidad entre varias instituciones clave, mejorando la conectividad y la calidad de los datos utilizados en el proceso.

Entre las entidades involucradas están la Junta Central Electoral (JCE), la Procuraduría General de la República, la OGTIC, el Colegio Dominicano de Notarios, la Tesorería Nacional, a través del sistema SIRITE, y Banreservas.

«El organismo señaló que la plataforma aún se encuentra en una etapa de mejora continua, bajo un esquema de prueba-error-prueba, con el objetivo de garantizar un sistema más robusto, seguro y eficiente para las familias dominicanas».

Atención al usuario y recomendaciones

La DGM recordó que los usuarios pueden recibir asistencia a través de su Call Center (809-508-2555), soporte por WhatsApp (829-961-8925), correo electrónico info@migracion.gob.do y sus redes sociales oficiales.

Además, la institución ha publicado videos explicativos en YouTube y plataformas digitales para orientar a los ciudadanos en el uso del sistema.

Entre las recomendaciones para evitar contratiempos, la DGM sugiere realizar el trámite con anticipación al viaje, verificar que los documentos cumplan con los requisitos oficiales y asegurarse de que no contengan errores antes de iniciar la solicitud.

La entidad agradeció la confianza de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo sus servicios digitales para ofrecer procesos más accesibles, seguros y transparentes.

El control migratorio de menores de edad es un tema regulado en la mayoría de los países, debido a la necesidad de garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes frente a riesgos como la trata, la sustracción internacional o los viajes no autorizados.

• Por esta razón, las autoridades migratorias suelen exigir permisos especiales cuando un menor viaja sin la compañía de uno o ambos padres o tutores legales.

En la República Dominicana, la Dirección General de Migración (DGM) ha sido la entidad responsable de supervisar estos procesos, estableciendo requisitos documentales, como autorizaciones notariales, actas de nacimiento y validaciones institucionales, para permitir la salida del país de menores de edad. Estos procedimientos se han caracterizado históricamente por ser presenciales y con intervención de múltiples entidades.

Con el avance de la transformación digital del Estado, diversos organismos públicos han impulsado la modernización de sus servicios para reducir la burocracia, mejorar la eficiencia y facilitar el acceso ciudadano. Este proceso ha sido reforzado por iniciativas gubernamentales orientadas a la digitalización de trámites y la interoperabilidad entre instituciones.

Durante su intervención, abordó los desafíos de la identidad digital, la seguridad y la inclusión en la transformación digital del Estado, y explicó que el principal reto no es únicamente tecnológico, sino institucional y ético, ya que la identidad digital redefine la relación entre el ciudadano y el Estado, al convertirse en la llave de acceso a derechos, servicios y oportunidades.

En ese sentido, advirtió que la discusión no debe centrarse en si digitalizar servicios o proteger a las personas, sino en cómo digitalizar sin generar nuevas formas de exclusión, riesgo o vulnerabilidad.

Batista señaló que, si no se diseña correctamente, la identidad digital puede convertirse en una barrera en lugar de una herramienta de acceso, por lo que la digitalización debe avanzar junto a garantías de inclusión, protección de derechos y confianza ciudadana.

Asimismo, explicó que la identidad digital debe entenderse como una infraestructura pública crítica, lo que implica interoperabilidad con reglas claras, aplicación del principio de mínima información necesaria, arquitecturas seguras y auditables, así como la existencia de alternativas no digitales mientras persistan brechas estructurales.
 
El funcionario también advirtió que el crecimiento de la oferta y demanda de servicios digitales traerá consigo mayores riesgos, incluyendo fraudes más sofisticados mediante inteligencia artificial y un aumento de los puntos vulnerables en los sistemas, por lo que la identidad digital se convierte en el nuevo perímetro de seguridad del Estado.

Como prioridad país, Batista planteó la necesidad de establecer un marco nacional de gobernanza de la identidad digital que defina principios comunes para todas las instituciones, garantice la interoperabilidad con responsabilidad, establezca salvaguardas de privacidad y ciberseguridad desde el diseño, y alinee la identidad digital, la protección de datos y los servicios digitales dentro de una visión integral de Estado.

«El desarrollo de la identidad digital no debe avanzar por acumulación de proyectos, sino como una decisión estratégica de país. Lo que definamos hoy marcará la relación entre el Estado y la ciudadanía durante la próxima década”, concluyó.