Falsas ofertas de empleo, promesas de mejores oportunidades y el uso de plataformas digitales forman parte de las nuevas estrategias utilizadas por las redes de trata para captar víctimas.

Víctimas forzadas a delinquir

«Las redes criminales ya no se limitan a explotar a sus víctimas… las obligan también a participar en actividades ilícitas, convirtiéndolas simultáneamente en víctimas y en instrumentos del crimen organizado», señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

Protección estatal

Álvarez insistió en que quienes son obligados a cometer delitos bajo amenazas o coerción no deben ser tratados como criminales, sino identificados y protegidos como víctimas de trata.

«La firmeza del Estado debe dirigirse, sobre todo, contra quienes planifican, financian y se benefician de estas redes criminales», dijo Álvarez.

En el acto por el Día Mundial contra la Trata de Personas también fue encabezado por la procuradora general de la Republica, quien junto a Alvarez destacó que la trata ya no representa solamente una grave violación de los derechos humanos, sino también una amenaza para la seguridad y el Estado de Derecho, debido a su vínculo con organizaciones criminales transnacionales.

«Ningún Estado puede enfrentar por sí solo redes criminales que operan simultáneamente en múltiples jurisdicciones», afirmó el ministro.

Un llamado a reforzar la cooperación nacional e internacional frente a un delito que, según las autoridades, continúa adaptándose a las nuevas tecnologías y a las condiciones sociales y económicas para ampliar sus redes de explotación.

El imputado fue identificado como Luis Edgar Rossis Júpiter, para quien el Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva por su presunta vinculación con la estructura criminal.

Rossis Júpiter fue detenido el pasado martes en un apartamento del sector El Milloncito, en el Distrito Nacional, durante una intervención realizada por la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, luego de recibir una alerta sobre varias mujeres que supuestamente estaban retenidas contra su voluntad.

De acuerdo con las informaciones preliminares, las extranjeras habrían sido captadas en Colombia mediante falsas ofertas y trasladadas a República Dominicana, donde presuntamente eran obligadas a ejercer actividades sexuales para pagar una supuesta deuda de hasta 4,000 dólares.

Durante el operativo, las autoridades ocuparon teléfonos celulares, documentos de viaje, un vehículo y sustancias que se presume son narcóticas. El detenido habría intentado escapar al percatarse de la presencia de los agentes.

Las siete mujeres fueron colocadas bajo protección para recibir asistencia integral, mientras las autoridades continúan las investigaciones para identificar y localizar a otros posibles integrantes de la presunta red de trata de personas.

El convenio fue suscrito por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, en un acto celebrado en la sede de la Procuraduría General de la República, en Santo Domingo.

Se trata del primer acuerdo de este tipo que firma la República Dominicana bajo el amparo de la Convención de Palermo de las Naciones Unidas, instrumento internacional adoptado en el año 2000 para fortalecer la cooperación entre los Estados frente a la delincuencia organizada transnacional.

• El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año y permitirá integrar fiscales y policías de ambos países en investigaciones conjuntas.
• Las acciones estarán dirigidas a perseguir redes criminales, proteger a las víctimas y afectar los recursos económicos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Fortalecer la cooperación para enfrentar delitos sin fronteras

Durante la firma, Yeni Berenice Reynoso destacó que la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes constituye una prioridad estratégica para el Ministerio Público dominicano, debido a que son delitos que afectan directamente la dignidad humana y requieren respuestas coordinadas entre los Estados.

La procuradora explicó que estas investigaciones se desarrollan de manera paralela con procesos por lavado de activos, ya que las organizaciones criminales buscan introducir en la economía formal los beneficios obtenidos de forma ilícita.

Asimismo, señaló que el Ministerio Público trabaja de forma conjunta con instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ministerio de Defensa, entre otras entidades, para fortalecer las investigaciones y la protección de las víctimas.

Reynoso indicó que fiscales de ambos países ya venían colaborando antes de la firma del convenio dentro del marco de la Convención de Palermo y afirmó que este acuerdo permitirá ampliar esa coordinación para salvar vidas, proteger los derechos fundamentales de las víctimas y mejorar la persecución de las redes criminales transnacionales.

Investigaciones conjuntas y protección de las víctimas

Por su parte, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, afirmó que el convenio representa una herramienta concreta para fortalecer el trabajo entre los ministerios públicos de ambos países.

Explicó que el acuerdo permitirá conformar equipos integrados por fiscales y policías de Chile y República Dominicana para investigar de manera conjunta delitos relacionados con la trata de personas, el tráfico de migrantes, el lavado de activos, los delitos económicos y la corrupción.

«Valencia Vásquez sostuvo que el intercambio de información, experiencias y estrategias contribuirá a fortalecer las investigaciones y la persecución penal de las organizaciones criminales que operan a nivel internacional».

El convenio también contempla el intercambio de información sobre procesos penales, la recopilación de pruebas y la coordinación de actuaciones para identificar y judicializar a los responsables, además de proteger la vida e integridad de las personas migrantes víctimas de estas redes delictivas.

La firma del acuerdo contó con la presencia de autoridades dominicanas y chilenas, entre ellas representantes del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Chile en la República Dominicana.

Fue la primera aparición ante la corte de los dos hermanos, conocidos por promover la misoginia en internet, tras ser arrestados el pasado sábado en Miami, informó el medio Miami Herald.

Nuevos cargos y víctimas adicionales

Los cargos están relacionados con cuatro víctimas adicionales dentro de la trama de explotación sexual por la que los hermanos están encarando causas en Rumanía, Reino Unido y Estados Unidos, y que originalmente involucraban a tres mujeres denunciantes.

La pareja de hermanos, con doble nacionalidad estadounidense y británica, impugnará la extradición al Reino Unido, según dijo su abogado al citado medio.

Extradición al Reino Unido y próxima audiencia

La próxima audiencia, que fijará su fianza, está programada para el lunes de la semana que viene. Hasta entonces, Andrew y Tristan Tate permanecerán detenidos en la prisión federal de Miami, ubicada en el centro de la ciudad.

Su arresto tuvo lugar después de que la Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido detallara en un comunicado que decidió procesar a Andrew Tate, de 39 años, por siete cargos adicionales de violación, tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres por agresión causante de lesiones corporales y 19 cargos adicionales por delitos «relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema».

A su vez, también decidió procesar a Tristan, de 38 años, por un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual.

Según CPS, los hechos delictivos supuestamente tuvieron lugar entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Ambos huyeron el año pasado a Florida desde Rumanía, donde están bajo investigación penal desde 2022, acusados de formar un grupo criminal organizado para explotar a mujeres en la industria del entretenimiento para adultos, cargos que ambos niegan.

A su llegada al estado, no obstante, el fiscal estatal, James Uthmeier, comunicó el inicio de una investigación contra los hermanos.

Los acusados, que podrían afrontar una condena máxima de cadena perpetua, orquestaron un esquema de trata de personas enfocado en «mujeres venezolanas vulnerables», a quienes reclutaban para viajar a Estados Unidos con promesas de empleo, según documentos judiciales citados por el DOJ.

Después de ayudarlas a entrar de forma irregular al país norteamericano, los presuntos criminales llevaban a las mujeres a Nashville, la capital de Tennessee, donde les decían que debían saldar su deuda con trabajo sexual y se quedaban con las ganancias, agregó la dependencia en un comunicado.

Red de trata en moteles de Nashville

La red de trata establecida en moteles de la ciudad la dirigían Yilibeth Carmen Rivero y su hijo, Kleiver Daniel Mota, sostuvieron las autoridades estadounidenses.

La madre, agregaron, reclutó a sus hijos adultos y a sus parejas, quienes usaban amenazas de violencia y armas de fuego para someter a las mujeres traficadas por la organización.

Además, añadieron, hacían que las víctimas creyeran que Mota pertenecía a una banda carcelaria venezolana y que había estado en prisión por homicidio en Venezuela, para que tuviesen miedo.

Cargos y sentencia prevista en noviembre

Los venezolanos afrontan cargos como conspiración para el tráfico sexual, conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro financiero y conspiración para cometer lavado de dinero, que podrían implicar una condena de cárcel de por vida.

Estos perpetradores lucraron con el sufrimiento humano, al tiempo que socavaban la integridad de nuestra frontera. Estas condenas demuestran que proteger a las personas vulnerables y asegurar nuestra frontera no son objetivos contrapuestos», declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División de Penal del DOJ.

Los acusados recibirán su sentencia definitiva en la semana del 16 de noviembre, cuando un juez federal determinará la condena.

Allanamientos por trata y lavado

La estructura captaba mujeres en República Dominicana y Colombia para trasladarlas a Europa con fines de explotación sexual.

Captación en RD y Colombia

Las investigaciones indican que las ganancias obtenidas por la organización eran enviadas al país para ser introducidas al sistema financiero mediante inversiones y otras operaciones de presunto lavado de dinero. En los operativos participaron fiscales dominicanos junto a agentes de Bélgica y Países Bajos, en una acción que refuerza la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional.

El bullicio habitual del aeropuerto se disolvió en un estallido de aplausos, llanto y abrazos contenidos durante más de un año. El día 7 de julio de 2026, con las maletas cargadas de una mezcla de alivio y nostalgia, la inmigrante salvadoreña Yessenia Ruano volvió a pisar el suelo que considera su hogar: los Estados Unidos.

Después de catorce meses de un exilio forzado que ella misma tuvo que elegir para proteger a su familia, el reencuentro con la comunidad de Milwaukee no solo marcó el fin de una pesadilla, sino el inicio de un capítulo donde la justicia, aunque incompleta, finalmente tocó a su puerta.

Es como un sueño hecho realidad y le doy gracias a Dios, primeramente, por hacer esto posible. Es como que me siento en casa”, confesó Yessenia, con la voz entrecortada, asimilando apenas el impacto de haber cruzado la terminal aérea no como una fugitiva de la deportación, sino como una mujer amparada por la ley.

A su lado, sus dos hijas gemelas de diez años, ciudadanas estadounidenses, miraban el entorno con una mezcla de asombro y familiaridad recuperada. El recibimiento fue abrumador.

Rostros conocidos de la Escuela ALBA, el centro educativo público bilingüe donde Yessenia trabajó durante años como asistente de maestra, se congregaron para darle la bienvenida que las leyes migratorias le habían negado en el pasado.

La autodeportación por presión de ICE

En mayo de 2025, la presión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se había vuelto insostenible. A pesar de que Yessenia tenía un trámite activo para obtener la visa T, un visado humanitario otorgado a víctimas de trata de personas, las autoridades migratorias endurecieron sus políticas de supervisión.

Ante la inminente amenaza de ser arrestada y recluida en un centro de detención, lo que habría significado una separación abrupta y traumática de sus hijas menores de edad, Yessenia tomó una de las decisiones más desgarradoras que puede enfrentar una madre: la autodeportación.

La familia entera se trasladó a El Salvador, un país que para sus hijas era un territorio completamente desconocido y para Yessenia, un pasado que ya no le pertenecía.

El choque cultural, el confinamiento en una vivienda precaria y la interrupción de la educación de las niñas marcaron catorce meses de resistencia silenciosa. Sin embargo, en los tribunales estadounidenses se gestaba una batalla legal decisiva.

El impacto en sus hijas gemelas

Un juez federal, al evaluar una demanda colectiva que cuestionaba las agresivas tácticas de deportación del gobierno contra inmigrantes con solicitudes humanitarias vigentes, emitió un fallo histórico.

Fallo federal por solicitudes humanitarias

A pesar de la victoria jurídica, la felicidad en el hogar de los Ruano está incompleta. El fallo del juez federal, sumamente específico en sus alcances técnicos, solo amparó de forma directa a Yessenia y a sus hijas ciudadanas.

Miguel, su esposo y el pilar que la sostuvo durante el difícil año de destierro en El Salvador, no fue incluido en la orden de retorno inmediato. Su estatus legal dependía de su condición de beneficiario colateral, un vacío legal que lo obligó a quedarse atrás en el aeropuerto de San Salvador.

Lejos de rendirse ante este nuevo obstáculo, Yessenia ya ha tomado cartas en el asunto. De la mano de sus abogados, ha presentado una petición formal ante las autoridades de inmigración, solicitando de manera urgente que Miguel pueda unirse a ellas en los Estados Unidos.

La petición para reunir a Miguel

El retorno a Milwaukee representa un triunfo, pero no el fin de la batalla. Yessenia es plenamente consciente de que regresar no significa haber obtenido la residencia automática y que el laberinto legal del ajuste de estatus sigue vigente.

Las autoridades y sus antiguos compañeros de la Escuela ALBA ya le han comunicado que tiene las puertas completamente abiertas para reincorporarse a su antiguo puesto.

Pero esta vez, el objetivo de Yessenia es más ambicioso: inspirada por el proceso legal que la obligó a madurar y a defender sus derechos, se ha propuesto iniciar su certificación oficial para dejar de ser asistente y convertirse, finalmente, en una maestra titular.

La agencia policial internacional explicó este lunes en un comunicado que esta operación, bautizada como Global Chain, se desarrolló entre el 8 y el 12 de junio pasado y estuvo centrada en las redes de tráfico de personas implicadas en la explotación sexual, el trabajo forzado, la mendicidad forzada y otras formas de criminalidad.

Balance de arrestos y víctimas

Del total de los arrestados, 334 lo fueron por cargos vinculados con el tráfico de personas y 690 por delitos asociados.

Las víctimas identificadas procedían de 45 países, pero mayoritariamente de Argentina, Colombia, Venezuela, Moldavia y Nepal.

Para llevarla a cabo y facilitar esa coordinación, se utilizaron dos centros de mando en Río de Janeiro, en Brasil, y en Skopje, la capital de Macedonia del Norte.

Casos detectados en Brasil y Argentina

En Brasil, la Policía Federal desmanteló una estructura que llevaba víctimas a Camboya, donde eran obligadas a participar en estafas por internet. Pudieron ser identificadas 406 víctimas, de las cuales 83 de nacionalidad brasileña y 323 extranjeras.

En Argentina, la Policía Federal llevó a cabo dos redadas en las que fueron rescatadas dos niñas bolivianas que estaban siendo explotadas en una tienda de comestibles, y los traficantes fueron detenidos. Las investigaciones pusieron en evidencia una red de explotación más amplia.

Red de menores en Bélgica

Las autoridades belgas desmantelaron una red que captaba a chicas menores de edad a través de las redes sociales, las mantenían cautivas y les obligaban a prostituirse en Bélgica y en Francia.

En conjunto, en esta operación, alrededor de un 10 % de las víctimas eran menores procedentes del continente americano y fueron sometidas a explotación sexual.

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, señaló que «la trata de personas sigue siendo una de las formas más lucrativas y extendidas de delincuencia organizada en todo el mundo, ya que genera cientos de miles de millones en ingresos ilícitos cada año y causa un daño grave y duradero a las víctimas».

Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Rubén Ramírez Lezcano y Francisco Pérez Mackenna, respectivamente, suscribieron hoy los acuerdos con el presidente paraguayo, Santiago Peña, y su homólogo chileno, José Antonio Kast, como testigos.

Kast arribó a Paraguay el pasado lunes para participar en la 68 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, un bloque al que Chile está asociado, y aprovechó la ocasión para cumplir su primera visita a Paraguay como mandatario.

Tras la firma, Kast, en el cargo desde marzo pasado, dijo durante una declaración conjunta que las herramientas de cooperación constituyen «pasos muy importantes» para la integración, aunque sin ofrecer detalles.

Mientras que, en un comunicado de prensa, la Presidencia paraguaya indicó que el acuerdo tributario busca evitar que una misma renta sea gravada al mismo tiempo en los dos países.

Este convenio también persigue prevenir la evasión y la elusión fiscal, mientras incorpora estándares internacionales que brindan mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los ciudadanos y empresas que desarrollan sus actividades económicas entre Paraguay y Chile.

En la misma nota, la Presidencia paraguaya informó que el acuerdo fortalece, asimismo, «la cooperación entre las autoridades competentes en materia tributaria» y fija los procedimientos para la resolución de conflictos o controversias.

El presidente chileno resumió durante la declaración conjunta que este convenio «mejora las relaciones comerciales» entre las dos naciones.

Combate a la trata de personas

En otro comunicado, el Gobierno de Peña indicó que el memorando de entendimiento para prevenir la trata de personas y asistir a las víctimas de este crimen establece la toma de «acciones coordinadas entre las instituciones competentes de ambos países» contra este flagelo.

Esto contempla el intercambio de información y buenas prácticas, así como el desarrollo de programas de formación y capacitación.

El acuerdo promueve una atención integral a las víctimas, basada en el respeto de los derechos humanos, la confidencialidad, la no revictimización y la cooperación internacional, además de prever la elaboración de un plan de trabajo conjunto y mecanismos de seguimiento para evaluar los avances de las acciones acordadas», informó el comunicado.

En sus declaraciones, Kast señaló, en alusión a la trata de personas, que el crimen organizado dificulta el desarrollo de las naciones.

Visita «histórica»

Peña, que recibió a su homólogo chileno en el asunceno Palacio de López, sede del Ejecutivo, calificó la visita como «histórica» y dijo que sirvió para renovar el compromiso de amistad entre los países, que se cimenta en una larga relación.

De igual manera, se mostró convencido de la necesidad de impulsar la agenda política y económica compartida por ambos países.

En este sentido, los Gobiernos pactaron el fortalecimiento del diálogo y la cooperación estratégica, así como la integración física del Cono Sur como un eje para el desarrollo regional.

De igual forma, se comprometieron en «promover nuevas oportunidades de comercio e inversión, destacando el dinamismo del intercambio bilateral y el papel de Chile como uno de los principales inversionistas en Paraguay«, de acuerdo con el contenido de un tercer comunicado de prensa.

Los países también acordaron continuar impulsando el Corredor Bioceánico Vial, una red de carreteras e infraestructuras que busca conectar el continente de este a oeste y generará inversiones, fortalecerá la logística y creará nuevas oportunidades de desarrollo para la región latinoamericana, de acuerdo con la Presidencia paraguaya. 

Captación y traslado hacia Trinidad y Tobago

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado señaló que las dos jóvenes, de 16 años, fueron captadas por un «grupo estructurado de delincuencia organizada», con el objetivo de ser trasladadas hacia Trinidad y Tobago para su «posterior explotación».

Igualmente, indicó que durante el operativo fueron detenidas dos personas en una carretera de Anzoátegui, quienes tenían como destino la ciudad de Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, «donde las abordarían en un vehículo fluvial para su traslado hacia la isla de Trinidad y Tobago, con fines de explotación sexual».

El Ministerio de Interior y Justicia agregó que, por este hecho, fue detenido un «grupo de personas», sin precisar la cantidad, por presuntamente operar a través de las redes sociales ubicando niñas y jóvenes bajo falsas promesas laborales en Trinidad y Tobago.

Redes sociales y antecedentes recientes

El pasado 2 de abril, el director del CICPC, Douglas Rico, informó del rescate de tres jóvenes de una red de trata de personas en Caracas.

Rico señaló entonces que las adolescentes, de entre 14 y 17 años de edad, fueron halladas en un hotel ubicado en el oeste de la capital venezolana, donde fue detenido un hombre, de 36 años, «que las trasladaba».

• En este caso, las jóvenes fueron captadas a través de redes sociales para ofrecerles trabajo como auxiliares del hogar en Trinidad y Tobago.

En marzo pasado, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela se reunieron con representantes de Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para «consolidar la cooperación interinstitucional» y plantear la realización de programas de formación sobre la trata de mujeres y niñas.