Desde este punto de vista, los legisladores y el Poder Ejecutivo tenían -siguen teniendo- una buena razón para querer sacar adelante este nuevo código cuya discusión empezó hace casi treinta años en el marco de la Comisión sobre la Reforma y Modernización de la Justicia que se creó en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. El Código Civil, por ejemplo, tuvo otra suerte pues este también se sometió a revisión por parte de expertos, pero nunca ha llegado cerca de aprobarse en las cámaras legislativas. Los legisladores habrán pensado que esta era su oportunidad de casarse con la gloria y darle a la sociedad dominicana un nuevo Código Penal como demandaban tantos sectores sociales.

            No obstante, hay también otros motivos políticos que precipitaron la aprobación del nuevo Código Penal. Hay sectores que querían la aprobación y entrada en vigor del nuevo código para producir una derrota política a las organizaciones feministas y a otros sectores de la sociedad que reclamaban la incorporación de las tres causales en el Código Penal. Así, este tema sale del terreno legislativo y se le cierra un espacio político a esos sectores, a pesar de las promesas que a favor de las tres causales hicieron desde la oposición quienes hoy controlan tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo.

            Desde la perspectiva técnico-jurídica, la mayor parte de los expertos en materia penal ha invocado el criterio de que el nuevo Código Penal trae consigo una nueva teoría del delito -de marca jurídica alemana- que era necesaria para dar respuestas idóneas a los desafíos de la criminalidad en la sociedad contemporánea. Uno de los componentes centrales de esa nueva teoría del delito es la tipicidad rigurosa como expresión del principio de legalidad. Se trata de establecer una relación efectiva entre la conducta antijurídica, la tipicidad legal, la culpabilidad y la sanción. Paradójicamente, una de las principales críticas que se formulan contra el nuevo Código Penal es que contiene numerosas disposiciones cuya formulación resulta imprecisa, vaga o general, lo que, a la postre, creará problemas a la hora de encajar ciertas conductas en determinadas normas jurídicas.

            También se ha alegado que muchas disposiciones del nuevo Código Penal violan la Constitución, lo que augura que el Tribunal Constitucional se llenará de acciones directas de inconstitucionalidad contra artículos de este nuevo instrumento jurídico. Si bien esa es la función del Tribunal Constitucional, es preocupante que este órgano termine absorbiendo una gran cantidad de conflictos y que, en consecuencia, pase a desempeñar un papel que reemplace, sin proponérselo, a los órganos de representación política.

            A favor de no dilatar la entrada en vigor del nuevo Código Penal están quienes consideran que este instrumento era lo que se necesitaba para, por fin, poder enfrentar la criminalidad. Este argumento se repite en todas las sociedades donde se discuten leyes penales: el reclamo por penas cada vez más fuertes -el nuevo código tiene penas de hasta sesenta años- con la idea un tanto ingenua de que la existencia de una legislación penal con castigos más fuertes conducirá necesariamente a la reducción de la criminalidad, ya sea por disuasión o por sanción. En realidad, ni este ni ningún Código Penal es una panacea. Los problemas de la criminalidad tienen múltiples causas, por lo que se ha probado en diferentes sociedades que su abordaje efectivo no depende de que las leyes penales sean más drásticas.

            Hay un punto adicional a tomar en cuenta. La nueva teoría del delito que subyace en este esfuerzo legislativo implica lograr un balance entre, por un lado, la necesidad de fortalecer la capacidad estatal para combatir la criminalidad y, por el otro, la necesidad de proteger los derechos de los justiciables, entre ellos el de la presunción de inocencia, el principio de objetividad en el accionar del órgano persecutor y el respeto cabal a las garantías del debido proceso en el marco de un orden constitucional que se sustenta en los límites al poder y la protección de los derechos fundamentales. ¿Se logra realmente este equilibrio o la balanza se inclina hacia un lado en detrimento del otro?

            La controversia pública que se produjo en torno a si se debía o no postergar la entrada en vigor del nuevo Código Penal puso de relieve las críticas que existen a este nuevo instrumento jurídico. Si bien se cumplió con el proceso legislativo formal -aunque hasta esto ha sido cuestionado ante el Tribunal Constitucional-, no puede decirse que este nuevo código nace con un gran consenso en la comunidad jurídica nacional. El propio presidente de la República, al crear una Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal, dispuso como uno de sus mandatos que esta lleve a cabo “el estudio y análisis de eventuales mejoras derivadas de su implementación”. Asimismo, a las cámaras legislativas han llegado decenas de propuestas para modificar o mejorar numerosas disposiciones del código que entrará en vigor el 3 de agosto.

Como se optó por no extender el vacatio legis, lo cual solicitaron numerosos especialistas en la materia e instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), es de esperar que se creen las oportunidades para debatir los cambios que muchos sectores reclaman, que haya receptividad en las cámaras legislativas y que se pueda llegar a un Código Penal que exprese el mayor consenso posible. Sólo así el nuevo Código Penal tendrá vocación de perdurar en el tiempo y consolidarse como un instrumento efectivo de combate a la criminalidad en un marco de respeto a los derechos y las garantías de las personas que enfrenten la justicia penal.

En la comunicación, dirigida al presidente de la Comisión Bicameral, diputado Wandy Batista, las y los firmantes sostienen que el artículo 111 omite reconocer circunstancias excepcionales en las que la continuación forzada de un embarazo afecta gravemente derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas, entre ellos la vida, la salud, la integridad física y psíquica, la dignidad, la igualdad y la autonomía personal.

Cambios propuestos al artículo 111

Proponen sustituir la redacción vigente del artículo 111 para establecer expresamente que la interrupción del embarazo no genere responsabilidad penal cuando la vida o la salud de la mujer, adolescente o niña se encuentre en peligro, cuando el embarazo sea incompatible con la vida extrauterina o cuando sea consecuencia de una violación sexual, agresión sexual o incesto.

Asimismo, señalan que el artículo 110 contiene una contradicción normativa al remitir a una eximente cuya formulación resulta insuficiente desde el punto de vista constitucional, generando incertidumbre jurídica y comprometiendo principios como la legalidad, la taxatividad y la seguridad jurídica.

Como parte de la propuesta, plantean modificar el artículo 110 para eliminar la expresión «fuera de la eximente del artículo 111», de manera que el delito de aborto forzado no admita excepciones.

Observaciones al artículo 110

Las y los juristas sostienen que el artículo 37 de la Constitución debe interpretarse de manera sistemática, junto con el resto de los derechos fundamentales reconocidos por la propia Constitución, y recuerdan que ninguna disposición constitucional establece una protección absoluta de la vida prenatal que impida al legislador reconocer excepciones en circunstancias extremas.

Interpretación constitucional de las causales

La propuesta también destaca que, de los 21 países cuyas constituciones reconocen alguna forma de protección de la vida prenatal, la mayoría contempla excepciones legales cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, existe inviabilidad fetal o el embarazo es consecuencia de una violación o incesto.

Finalmente, las y los firmantes aseguran que las modificaciones propuestas no constituyen una excepción al orden constitucional dominicano, sino una forma de armonizar la protección de la vida prenatal con los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República Dominicana.

La propuesta fue presentada por Patricia M. Santana Nina.

En representación de más de 70 juristas, docentes universitarios, investigadores y profesionales del Derecho, entre ellos Ana Isabel Bonilla Hernández, exjueza del Tribunal Constitucional; Cristóbal Rodríguez Gómez, Angélica Noboa Payán.

Thiago Marrero Peralta, Carlos Morel, Dilia Leticia Jorge Mera, Paola Pelletier Quiñones, Michelle Pérez Fuentes Hiciano, Emilio Zucco, Katia Ríos Goico, Alberto Fiallo-Billini Scalon, Laura Hernández Fondeur y decenas de especialistas del ámbito jurídico.

El exvicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que la nueva normativa representa un avance significativo en comparación con el actual Código Penal, de origen napoleónico, que data de 1845. El jurista ofreció estas declaraciones previo a impartir una conferencia sobre el tema a estudiantes de la Universidad Católica de Santo Domingo.

Castaños Guzmán destacó que la nueva legislación incorpora una serie de tipos penales y disposiciones adaptadas a las realidades contemporáneas, lo que, a su juicio, fortalece el sistema de justicia penal del país.

Recursos ante el Tribunal Constitucional

Sin embargo, pese a esos avances señalados por sus defensores, el Tribunal Constitucional continúa recibiendo recursos de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la Ley 74-25, promulgada por el presidente Luis Abinader el año pasado y que aún no ha entrado en vigor.

Entre los sectores que han expresado su rechazo figuran representantes del sector salud. Médicos y dirigentes gremiales advierten que algunas disposiciones podrían afectar el ejercicio profesional de la medicina y poner en riesgo la atención de miles de pacientes.

Estas preocupaciones también han encontrado eco en el Congreso Nacional. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados manifestó inquietudes sobre el impacto que determinadas disposiciones podrían tener en el desempeño de los profesionales de la salud.

Por su parte, el exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, se sumó al debate sobre los alcances y desafíos que plantea la nueva normativa penal.

Salud, aborto y prensa en debate

Asimismo, los temas relacionados con la interrupción del embarazo continúan generando controversia. Grupos que defienden la inclusión de las tres causales sometieron un recurso ante el Tribunal Constitucional con el propósito de permitir el aborto en circunstancias específicas. En contraste, organizaciones de orientación cristiana también recurrieron al alto tribunal para solicitar que se mantenga la penalización vigente.

A estos reclamos podrían sumarse representantes de los medios de comunicación, quienes han manifestado preocupaciones sobre artículos que, según alegan, podrían limitar el ejercicio de la libertad de prensa y la labor periodística.

Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, cada vez más cerca, el debate continúa intensificándose entre quienes consideran la reforma una necesidad impostergable y quienes reclaman modificaciones antes de su aplicación definitiva.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, Peralta reiteró su apoyo personal a que se incluyan las tres causales, pero consideró que se debe buscar una salida práctica frente al estancamiento legislativo.

“Yo he dicho en otras ocasiones que, si yo hubiese sido legislador, voto en favor de que se incluyeran las causas para, digamos, interrumpir el embarazo en situaciones particulares”, sostuvo. “Creo que eso es una decisión de la embarazada”, agregó.

No obstante, reconoció que ese punto específico no ha logrado los votos suficientes para ser aprobado en el Congreso Nacional.

“Yo tengo una posición, digamos, intermedia en esta discusión, y es que yo, frente al hecho de que no hay un acuerdo sobre un tema del Código, que es ese, un tema muy importante, que no haya un consenso entre los legisladores que arrastre los suficientes votos como para aprobarlo”, explicó.

Ante este panorama, propuso que se apruebe el Código Penal con los demás artículos, dejando el debate sobre las causales para una ley aparte: “A mí me parece una buena salida, y lo voy a decir en dominicano, una buena jugada sacar el Código aunque este tema siga en discusión y pueda conocerse en una ley separada posterior”.

Recordó que el Código contiene muchas otras reformas necesarias para el sistema penal. “Un Código, como su nombre lo indica, es un conjunto de normas y no solamente el tema de la interrupción del embarazo es de importancia para la justicia penal y para la sociedad”, indicó. “Ahí hay muchos elementos que ya no pueden seguir bajo el régimen que se está conociendo ahora”, añadió.

Frente a cuestionamientos sobre la premura con la que se ha reactivado el proceso legislativo en torno a la pieza, Peralta respondió con una anécdota familiar: “Yo me río por esa pregunta, Yolanda, porque por un tema personal, que me permito establecer el símil aquí, y es que un día iba a vender la casa de mi abuelo y una prima me llama y me dice: ¿cuál es la prisa de vender la casa? Y yo le digo: bueno, mi abuelo murió en el 57, yo no sé qué entender”.

Peralta afirmó que, aunque no ha participado directamente en la redacción final del proyecto, desde el inicio del actual gobierno se han hecho esfuerzos para colaborar con el Congreso. “Yo llamé a un grupo de penalistas a la consultoría… para que ellos me ayudaran, se integraran con la comisión de la Cámara de Diputados en ese momento”, recordó. Sin embargo, reconoció que el proceso se detuvo por falta de continuidad.

“Yo lo que creo que ha faltado quizás es un poco de conversación, de mesas de trabajo donde la gente se siente y se vea la cara”, dijo. “Como yo dije ahorita, si se transe, alguna cosa hay que aceptarla y otras no. Así son las normas”, concluyó.

Las manifestantes rechazan tajantemente el contenido del código penal propuesto. Denuncian que permite prácticas como el castigo físico a menores y la violación dentro del matrimonio, calificándolas como medidas propias de “la caverna”.

Voceras del movimiento, consideran que el Senado está a punto de cometer una injusticia al apoyar una legislación que, a su juicio, representa un retroceso alarmante.

“Es una afrenta y una demostración de la crisis de valores como la verdad dentro de la clase política que nos gobierna”, expresó Natalia Mármol, representante de la Coalición por la Vida y los Derechos de la Mujer.

Marmos cuestionó que el partido oficialista, el PRM, no haya cumplido con su compromiso de incluir las causales en la reforma penal.

“Un país con un código penal de la época cavernícola, que abandona a las mujeres y a las niñas y niños, y que garantiza la prescripción de los delitos de violencia de género, está condenado a seguir perdiendo vidas”, lamentó.

Reiteró que no se trata de ideología, sino de proteger vidas y evitar daños a miles de familias dominicanas.

Por su parte, congresistas oficialistas sostienen que la despenalización del aborto justificado ha sido el principal obstáculo para la aprobación del nuevo código. “Este país no aguanta un día más sin código penal actualizado. No podemos permitir que un solo punto mantenga al país en el limbo”, manifestaron legisladores en defensa de la pieza.

Ante este panorama, las organizaciones feministas reafirmaron que seguirán en pie de lucha, tratando de sensibilizar a sectores como la Iglesia Católica, que se oponen a la inclusión de las causales en el nuevo marco legal.

Durante la jornada de este jueves, se leyó de forma íntegra el articulado del proyecto sin que se diera lugar a debates. En cambio, el ambiente estuvo marcado por elogios y felicitaciones entre los legisladores, quienes calificaron la aprobación en primera lectura como un «primer gran paso».

No obstante, advirtieron que este no es un hecho inédito, ya que en ocasiones anteriores el proyecto ha sido aprobado por una de las cámaras y rechazado por la otra, o incluso observado por el Presidente de la República o anulado por el Tribunal Constitucional.

Sin causales, pero con miras a consenso final

Una vez más, el tema de las tres causales para la interrupción del embarazo quedó fuera del proyecto, pese a la presión de sectores sociales que defienden su inclusión. Esto fue motivo de comentario por parte de algunos senadores, que llamaron la atención sobre el enfoque que recibe este tema a nivel internacional, cuestionando los fondos destinados al movimiento pro-causales.

Durante la lectura del proyecto, se hizo notar la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien permaneció en el hemiciclo senatorial por aproximadamente una hora, en una señal de aparente interés y respaldo interinstitucional.

Próximo paso: modificaciones puntuales el martes

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a los legisladores a concentrarse durante el fin de semana en preparar propuestas puntuales de modificaciones para ser discutidas el próximo martes, con el fin de evitar retrasos innecesarios. El objetivo es que el nuevo Código Penal sea aprobado en esta misma legislatura, que concluye en unos 16 días.

“Hemos aprobado en primera lectura un código sustancialmente mejor al que tenemos hoy… Vamos a enriquecer esta pieza que tanto ha esperado el país”, expresaron legisladores, reconociendo que aún quedan ajustes por hacer.

Desde la comisión responsable de su elaboración, se valoró como un logro del Congreso el haber alcanzado el consenso necesario para avanzar en este proceso. “Damos gracias a Dios porque haya sido sobre nuestra propuesta que se construyó este consenso”, afirmó uno de los senadores impulsores.

El tema de las eximentes con la interrupción del embarazo sigue siendo la razón para el colectivo de lucha por los derechos de la mujer se mantenga protestando frente al Congreso Nacional por la posible aprobación de la nueva normativa penal.

Las manifestantes entienden que los senadores incurren en una injusticia al aprestarse aprobar una iniciativa que su juicio representa un retroceso alarmante.

Natalia Mármol, representante de la Coalición por Vida y los Derechos de la Mujer, dijo que no hay justificación para que el PRM no cumpla con la inclusión de las causales.

Las organizaciones feministas advierten que se mantendrán en pie de lucha procura de sensibilizar a los sectores como la iglesia católica que se aponen a la inclusión de las eximentes que justifican el aborto.

El Congreso se convertirá nuevamente en el centro de presión de los grupos pro causales.

Tan solo un día después de que la comisión que estudió el código penal finalizara el análisis de la pieza y a unanimidad decidiera rendir un informe favorable, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo se presentó ante la sede legislativa  para advertir que la aprobación del proyecto sin las eximentes representaría un retroceso en materia de justicia social y salud pública, especialmente para las más pobres.

Rechazaron la propuesta no solo por excluir las causales, sino también por permitir la prescripción de crímenes de violencia, crear una jurisdicción militar aparte y eliminar protecciones para grupos históricamente discriminados. También denunció que el Congreso busca limitar derechos de las víctimas de violencia de género y dejar sin responsabilidad penal a instituciones como el Estado, los partidos y las iglesias.

Miembros de la comisión que estudió el proyecto del código penal aseguran que quienes insisten en la inclusión de las tres causales están a favor de que no se apruebe la pieza que lleva más de dos décadas estancada y que contiene más de 70 nuevos tipos penales y penas acumuladas de hasta 60 años de prisión.

Las mujeres del campo anunciaron una protesta frente al Congreso este jueves a las 10 de la mañana, al igual que la organización RD tres causales, coincidiendo con la sesión en la que el Senado prevé aprobar el nuevo Código Penal.

Durante las últimas sesiones, los legisladores reafirmaron su compromiso de entregar al país un nuevo marco legal que responda a las necesidades actuales de la sociedad, aunque la pieza excluye las denominadas tres causales.

Se esperan lecturas en el pleno este jueves

En palabras de uno de los miembros de la comisión, «El jueves daremos lectura en el pleno. Esta vez, garantizaremos que sí habrá Código Penal, a diferencia de procesos anteriores que no llegaron a concretarse». Señaló además que el equipo de asesores y técnicos trabaja en sesiones permanentes, con el objetivo de saldar una deuda legislativa de más de dos décadas.

El legislador hizo un llamado al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asegurando que podrían “casarse con la gloria” de entregar al país esta esperada reforma. «Esperamos también una respuesta favorable del Poder Ejecutivo, ya que en ocasiones anteriores el proyecto fue vetado, desestimando años de trabajo legislativo», expresó.

El Congreso asegura compromiso con el país

El presidente del Senado indicó que la comisión ha trabajado jornadas extensas, muchas veces hasta altas horas de la noche, y que hay confianza de que esta semana pueda presentarse el informe final. Reconoció que, aunque la legislatura se encuentra en su etapa final, aún hay tiempo hábil para aprobar tanto el Código Penal como otras reformas relevantes.

Sobre la posibilidad de una nueva observación por parte del Ejecutivo, aseguró que el presidente Luis Abinader ha sido uno de los mandatarios que más proyectos de ley —originados por legisladores— ha promulgado. “Luis Abinader está consciente de que el país necesita un nuevo código y no se opondrá a que avancemos en este proceso. Podrá hacer observaciones, pero no permitirá que se repita el estancamiento del pasado”, afirmó.

Más de 70 nuevos tipos penales y cúmulo de penas

El nuevo Código Penal contempla la incorporación de más de 70 tipos penales, y entre los avances más destacados está la aplicación del cúmulo de penas. “Con este nuevo código, quien cometa múltiples delitos dentro de un mismo hecho será sancionado por cada uno de ellos, y no únicamente por uno como ocurre actualmente”, explicó el vocero.

El legislador también respondió a las críticas por no convocar a vistas públicas en esta etapa, afirmando que se trata de un código que lleva más de 30 años en discusión y que ha sido ampliamente debatido en el pasado. “A esta altura, quien no conoce el contenido del proyecto es porque no ha tenido el mínimo interés”, subrayó.

Ya tenemos 20 años discutiendo el tema del Código Penal, aprobaciones, observaciones, va y viene, y el asunto no se ha podido lograr porque en esta sociedad, lamentablemente, hay una serie de condicionamientos de naturaleza fundamentalmente religiosa que paralizan cuestiones que deben ser resueltas o realidades que tienen las sociedades y a las cuales, precisamente, un instrumento de política criminal como es un Código Penal tiene que dar respuesta», señaló Rodríguez.

Durante su intervención en el programa El Despertador, el jurista aseguró que en el Congreso Nacional el partido oficialista lidera y los calificó como un partido mayoritariamente «de enfoque liberal».

«Si tienen esa mayoría en el Congreso, entonces ya el resto del sector de la sociedad que estamos en una aplastante minoría, tenemos que reconocer que esos temas que han trabado a la oposición, eso va a ser pasado por alto», puntualizó.

Añadió además que al día de hoy lo que prima es el capricho y el desprecio por lo institucional. Aseguró también que en el país, en este tema las preocupaciones son las mismas que cuando inició esta discusión, por lo que, según dijo, «ya se dio por vencido».

Asimismo, subrayó que, por el tema de las tres causales del aborto, a pesar de que ha disminuido, hubo un gran activismo por parte de la iglesia Católica, aunque no descartó que exista otra razón de peso, por lo cual aún no terminan la legislación.

«Indudablemente, los políticos no quieren tener un enfrentamiento con la iglesia», dijo Rodríguez.

¿Pena de muerte en el nuevo Código Penal?

Olivo Rodríguez Huertas, explicó que el tema de la pena de muerte fue el gran debate a principios del siglo pasado, sobre si mantenerla o abolirla.

Sin embargo, considera que esta medida no resuelve ningún problema y podría convertirse en un instrumento de venganza política.

«Recuerden que los ciclos en la vida social cambian. Entonces eso es muy peligroso«, concluyó.