Durante la jornada, uno de los temas más discutidos fue la constitucionalidad de la figura, un aspecto que generó posiciones encontradas entre los participantes.

La mayoría de las intervenciones se centraron en las estrictas condiciones que impone la propuesta de candidaturas independientes, para quienes aspiren a postularse sin el respaldo de partidos políticos.

Entre las principales preocupaciones expresadas por los sectores convocados, destacaron el elevado número de firmas requeridas para formalizar una candidatura y la prohibición de establecer alianzas, lo que consideran un obstáculo injustificado para la participación ciudadana.

El debate sobre la constitucionalidad de las candidaturas independientes también ocupó un lugar relevante. Algunos participantes cuestionaron los argumentos de organizaciones como FINJUS y Participación Ciudadana, al considerar que han malinterpretado la sentencia del Tribunal Constitucional que aborda el tema.

Pese a la limitada asistencia, el presidente de la comisión, Elías Wessin, calificó la jornada como «fructífera».

La comisión volverá a reunirse la próxima semana para definir la metodología de deliberación con miras a presentar un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Dentro de los sectores que fueron escuchados en la primera ronda de trabajo de la comisión de Hacienda, se encuentra la Asociación de Industrias Textiles, que aseguran que con la reforma fiscal podrían perder miles de empleos, al tiempo en que propusieron al gobierno que para aumentar sus recaudaciones fiscales obliguen a los que se dedican al comercio de las pacas y a los chinos a cumplir con el pago de impuestos.

En el partido de la liberación dominicana tienen una posición similar, además insisten en que la reforma fiscal es un ataque a la clase media y media baja del país.

Dentro del partido Fuerza del Pueblo insisten en que ante la cantidad de objeciones que se presentaron este jueves durante las vistas públicas, lo más atinado es que el gobierno retire del congreso la controvertida pieza tributaria.

«En este proyecto de modernización esperábamos que se corrijan del pasado de reformas fiscales anteriores, las primeras es la introducción del impuesto selectivo al consumo en los seguros generales donde actualmente, el sector asegurador tiene un impuesto selectivo al consumo y es una figura destinada a desincentivar consumos de productos o productos. El seguro no es un lujo ni aquí ni en ninguna economía del mundo, el seguro significa protección», indicó Glass.

Agregó que otra distorsión que esperaba fuera corregida es la figura del impuesto al seguro de vida.

«Particularmente llama la atención el incremento de tasas impositivas al seguro de vida en las últimas cuatro décadas, como consecuencia la República Dominicana en el año 1964, dígase hace 40 años, contaba con una producción de seguro de vidas, que va directamente a proteger a la población y quitarle carga al Estado en llevar atención a la gente cuando desaparece el productor de un hogar de 35 millones de dólares y hoy no llegamos a 7 millones de dólares y hoy se compran más de 300 millones de dólares en el exterior en seguro de vida, lo que hace que muchos empleos se perdieron, esa producción local no existe y es un dinero que no está en la economía dominicana produciendo riquezas, empleos, inversión e infraestructura y otros medios».

Al indicar que en Cadoar abogan a que se establezca un sistema impositivo, equitativo y justo y se corrijan distorsiones que se viene arrastrando de procesos asimilares anteriores, Glass, indicó que consideran que «este proceso, que debe ser evaluado cuidadosamente para evitar decisiones apresuradas sin los análisis de impacto correspondientes, puedan comprometer los logros en materia de desarrollo socioe-conómica que hemos logrado en los últimos 25 años».

Agregó que «en este caso para el sector asegurador se propone un aumento al 15%  del impuesto sobre las ganancias de empresas extranjeras de seguros. Este aumento de la presunción de ganancia hace y lesiona directamente el bolsillo del dominicano, directamente en los seguros para los clientes su capacidad se verá reducida para adquirir cobertura que protejan su salud sus vehículos sus viviendas y negocios. Esto significa que aumentar las primas de seguros los sectores productivos como industrias, hoteles, restaurante, servicios, zona franca, construcción, entre otros, que encuentran en el seguro la protección de sus activos, de sus operaciones y sus empleados verán un incremento importante en sus costos. Igualmente las micro y medianas empresas que son el 86% del aparato productivo nacional y cuyo valor agregado representa el 32% de nuestra economía, se verán afectados por el aumento de los costos de los seguros».

Glass reiteró la disposición de Cadoar de reabrir el diálogo para la consideración de aspectos que contribuyan verdaderamente a generar equidad y bienestar a todas las partes.

«Aspiramos que se considere modificar el sistema fiscal y logre establecer lo más alineado con las mejores prácticas internacionales donde se reconozcan que los seguros generales de estructura económica en cualquier país dan estabilidad y seguridad financiera a eso debemos de orientarnos según proyecto de modernización fiscal, a uno que logre mayor recaudación de impuestos, pero mueva la competitividad, el desarrollo sostenible y genere efectos positivos en vez de uno que detenga el avance exhibido y nos coloque en una situación de mayor vulnerabilidad económica», concluyó.

El presidente de la comisión de Hacienda, en un tono firme, recordó a los presentes la importancia del orden durante la exposición, «por favor, ustedes se recuerdan dónde están, ¿verdad?» expresó, haciendo un llamado a la civilización en el salón. 

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Mientras que Pacheco se dirigió a los asistentes con un mensaje de conciliación. «Miren señores, nosotros hemos aguantado aquí que nos digan hasta barriga verde y ustedes no nos han visto a ninguno de nosotros protestando», afirmó, pidiendo respeto tanto hacia los legisladores como hacia los expositores que habían llegado a compartir sus opiniones sobre el proyecto de ley de modernización fiscal. 

Asimismo, instó a mantener el orden y la tranquilidad en la sala. «Estamos en disposición de estar aquí hasta la hora que sea necesario, pero vamos a hacerlo en orden», destacó, enfatizando la necesidad de permitir que cada expositor hable sin interrupciones. «Lo único que queremos pedir es que ese mismo derecho que nosotros estamos respetando de aquí para allá, nos lo respeten de allá para acá», concluyó. 

El proyecto de ley de modernización fiscal busca actualizar y optimizar el sistema impositivo del país, y ha generado opiniones divididas entre los distintos sectores. Las vistas públicas continuarán, con el objetivo de recoger amplias perspectivas antes de que el proyecto sea sometido a votación en el Congreso. 

La controvertida propuesta de modernización fiscal sigue siendo sometida al discusión de distintos sectores de la sociedad.

Previo al inicio de las vistas públicas este jueves, representantes el sector agrícola solicitaron al gobierno excluir del pago de impuestos los alimentos de consumo de los dominicanos. Señalaron que, en lugar de gravar estos productos, se debería aplicar el impuesto sobre la renta a grandes y pequeños productores y regularizar el sector.

Religiosos también se han dado cita ante este Congreso y afirman que todos los dominicanos deben pagar impuestos pero siempre y cuando sea de manera justa.

Una vez concluyan las vistas públicas y se hayan escuchado todos los sectores, la Comisión de Hacienda se reunirá con el gobierno para llegar a un consenso sobre los posibles cambios a la reforma fiscal.

Pacheco, también respondió al expresidente Leonel Fernández, tras sus declaraciones de que la pieza debería ser discutida en otro escenario.

Durante estos últimos días la comisión de Hacienda ha escuchado distintos sectores productivos de la vida nacional.

“El IPI en propiedades de adultos mayores es simplemente un abuso”, expresó Bonifacio con indignación, refiriéndose a las personas que dedicaron su vida al trabajo y ahora deben utilizar sus ahorros y pensiones, “que no les alcanzan”, para sobrevivir en un sistema que, según ella, no garantiza lo más básico.

“Este país no nos garantiza nada de calidad: ni agua, ni luz, ni salud, ni seguridad…la clase media no aguanta más”, sentenció.

La dirigente vecinal también alertó sobre el impacto para familias con niños con capacidades diferentes, quienes “serían gravemente afectados en su economía y no es justo”.

Además, llamó al Gobierno a eliminar privilegios públicos, reducir sueldos exorbitantes y recortar gastos innecesarios como los “barrilitos”.

“Ustedes pueden ahorrar en los fondos públicos controlen los altos sueldos que no deberían estar por encima del salario del presidente”, agregó.

Bonifacio hizo un llamado a una mayor fiscalización, afirmando que el Estado podría recaudar más si se aplicaran las leyes vigentes y se controlara la evasión en sectores como el comercio y la construcción.

“Aquí tenemos muchos comercios operando sin permisos, constructores violando la ley y choferes normalizando el caos en las calles. ¡Empiecen por ahí!”.

«Ustedes, honorables legisladores, cuentan con salarios de lujo en comparación con el salario promedio de nuestra República Dominicana, que es de 33 mil pesos en promedio. Pero yo sé que ustedes pueden ponerse en los zapatos de una familia que con ese salario, o mucho menos, tenga que comprar mucho más caro las cebollas, el ajo, las habichuelas, la carne, o que tenga que pagar más por el alquiler de su casa. La mayoría de las cuales pasarán a pagar el impuesto del patrimonio, sobre el impuesto al patrimonio inmobiliario, o IPI», expresó Antares.

Señaló que el aumento del costo de los alimentos, así como el los alquileres, entre otros, tendrá un «impacto terrible» en el pueblo dominicano e instó al gobierno a buscar medidas para bajar el costo de vida en el país, no para aumentarlo.

«Pero ustedes legislan para el pueblo dominicano, todo el pueblo dominicano. Y para la gran mayoría de las familias dominicanas, el aumento en el costo de los alimentos y de los productos básicos, incluyendo servicios digitales, que son una necesidad básica en el mundo de hoy, y el aumento en el alquiler de sus casas, tendrá un impacto terrible. Ya venimos sufriendo en nuestro país la alta inflación de los últimos años», continuó.

«Tenemos el tercer salario mínimo más bajito de toda América Latina, y las ciudades de Santo Domingo aparecen en los rankings por tener los costos de alquiler más alto de toda la región. El gobierno, entonces, y ustedes como legisladores, debería estar pensando en medidas para bajar el costo de vida en nuestro país, no para aumentarlo».

Antares agregó que es injusto que los dominicanos paguen más, cuando el Congreso Nacional no ha eliminado «gastos clientelares e ilegítimos como el barrilito» y cuando el Gobierno gasta más de 8 mil millones de pesos anuales en propaganda.

«Es injusto pedirnos que paguemos más, cuando los servicios en general siguen siendo de pésima calidad. Por todo esto, honorables legisladores, desde Opción Democrática nos unimos a las voces del pueblo dominicano y les pedimos rechazar este nuevo aumento de impuestos», pidió.

OD propone auditoria a la deuda pública

Antares aprovechó el escenario para proponer que se realice una autoritaria a la deuda del Estado.

«Traemos en cambio una propuesta diferente, la de realizar una auditoria a la deuda pública, que ronda ya los 60 mil millones de dólares. Ahí sí hay recursos. Uno de cada cinco pesos que recaude el Estado dominicano se utiliza para pagar intereses de esa deuda».

Agregó que «no sabemos cómo se ha utilizado la mayoría de esos préstamos, en qué condiciones se han tomado, si han violado normas nacionales o internacionales, o si se han utilizado para el fin que se tomó. Una auditoria permitiría aclarar esas preguntas e identificar deuda ilegítima, cancelar su pago y llevar a la justicia a los responsables. Países como Brasil y Ecuador han contado con más recursos en el Estado luego de auditorias que redujeron significativamente las deudas».

Insistió en que antes de aumentar impuestos, el Gobierno puede y debe empezar por revisar la deuda pública.

Ataca la evasión

Antares señaló que «el Gobierno puede y debe atacar los altísimos niveles de evasión y ilusión de impuestos, para empezar a recaudar de quienes hoy no pagan, en lugar de querer cargarnos más a quienes ya pagamos».

Y exhorto al congreso a apoyar el convenio de cooperación tributaria internacional que se discute actualmente entre muchos países, «que permitirá combatir los paraísos fiscales que utilizan muchos empresarios para no pagar sus debidos impuestos, incluyendo nuestro propio presidente Luis Abinader, que figuró en el escándalo internacional de los papeles de Pandora en 2021 por colocar parte de su patrimonio en paraísos fiscales».

«Exigimos justicia fiscal y justicia tributaria», concluyó.

Según Meléndez, las propuestas contenidas en el proyecto crearían un «escenario desolador» para miles de familias dominicanas, ya que aumentarían significativamente los costos de las viviendas y limitarían drásticamente el acceso a la vivienda asequible, afectando tanto a los compradores de viviendas de bajo costo como a la vivienda media, que representa el 86% de las nuevas construcciones.

Meléndez explicó que una de las medidas más preocupantes es la eliminación de la tasa diferenciada del impuesto sobre la renta para los fideicomisos de vivienda, lo que generaría un incremento del 12.5% en el precio de las viviendas. 

Este aumento llevaría a que el 59% de los proyectos de vivienda de bajo costo dejen de calificar para el bono estatal, lo que impactaría gravemente a los compradores. Además, la inclusión del 18% del IVA a materiales esenciales como arena, grava y caliche aumentaría los costos de construcción y afectaría la producción de bloques, hormigón y otros insumos clave para el sector.

Otro punto crítico señalado por Meléndez es el incremento del 10% al 15% en las retenciones sobre los honorarios de la mano de obra en el sector construcción, lo que incrementaría los costos de los proyectos y reduciría la oferta de viviendas, elevando a su vez los precios de los alquileres.

La presidenta de Acoprovi también destacó la posible disminución de la base de exenciones de inmuebles, lo que afectaría tanto a los propietarios como a los desarrolladores inmobiliarios.

En términos de impacto económico, Meléndez afirmó que la reforma fiscal provocaría una caída del 56% en la demanda de viviendas y una reducción de 77 millones de dólares en inversión en nuevos proyectos, lo que llevaría a la pérdida de más de 115,000 empleos en el sector.

Estos efectos, según las proyecciones de Acoprovi basadas en datos del Ministerio de la Vivienda, amenazarían los avances logrados en la reducción del déficit habitacional y generarían un retroceso de décadas en el acceso a la vivienda digna.

Meléndez concluyó su intervención con un llamado a la «conciencia» de los legisladores para que revisen las medidas propuestas y eviten que el proyecto fiscal contradiga los esfuerzos del gobierno por disminuir el déficit habitacional. «Esta lucha no es solo por la vivienda de bajo costo, sino también por la vivienda media, que representa una parte esencial de nuestro sector», concluyó Meléndez, solicitando una reconsideración de las propuestas que podrían afectar a miles de familias dominicanas.

Sin embargo, expresó su oposición a varios aspectos, como la reducción del límite para acogerse al RST, el aumento del 10% al 15% en la retención de honorarios y la imposición de gravámenes a alimentos y gastos educativos.

Suero resaltó la importancia de mantener ciertas exenciones y medidas actuales, como el valor mínimo para vivienda, argumentando que muchas viviendas superan los 5 millones de pesos y que reducir este umbral afectaría tanto a médicos como a la población en general. Además, insistió en que la reforma podría imponer cargas económicas adicionales a los médicos al obligarlos a pagar en un solo plazo y a contratar servicios contables costosos para cumplir con los nuevos requisitos fiscales.

El CMD rechazó el incremento del porcentaje de retención sobre los honorarios profesionales, solicitando que se mantenga en un 10% y no en el 15% propuesto en la reforma.

Asimismo, Suero hizo un llamado a que no se graven los alimentos ni los gastos educativos, ya que considera que esas medidas impactarían negativamente tanto en los profesionales como en la ciudadanía.

En resumen, aunque Suero reconoció algunas ventajas en el proyecto de reforma fiscal, la postura del Colegio Médico Dominicano es firme en preservar ciertos aspectos tributarios tal como están, protegiendo tanto a los médicos como a la población dominicana frente a posibles perjuicios fiscales.

Estos encuentros son parte de los mecanismos legítimos que proveen espacios de discusión sobre proyectos de interés que se proponen en el Congreso.

Se recuerda que el pasado lunes, el Gobierno dominicano dio a conocer el proyecto de «modernización fiscal», este incluye un aumento de impuestos en diversos servicios, bienes y productos.

Al mismo tiempo que propone la reducción de la carga tributaria para las micro, pequeñas y medianas empresas. Con el objetivo de aumentar los ingresos estatales en aproximadamente 122,000 millones de pesos anuales.