Esta iniciativa dará inicio el 20 de diciembre en Guaricanos, donde FUNBUENAS realizará una entrega masiva de donaciones a niños y familias de escasos recursos, llevando esperanza y alivio en una de las épocas más sensibles del año. La segunda jornada está programada para el 24 de enero en San Pedro de Macorís, como parte de un plan de acción continuo orientado a impactar positivamente a sectores históricamente desatendidos.

Las donaciones incluyen artículos esenciales para el hogar, kits escolares, raciones alimenticias, juguetes, utilería deportiva y otros aportes destinados a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas. A través de estas acciones, FUNBUENAS consolida su labor benéfica enfocada en la asistencia social, la protección de la niñez y el fortalecimiento comunitario, promoviendo valores de solidaridad, amor al prójimo y responsabilidad social. 

La Fundación Buenas Obras hizo un llamado a la sociedad, al sector empresarial y a las autoridades a sumarse a estas causas solidarias, destacando que el trabajo conjunto es clave para construir un país más justo y humano.

Compromiso y proyecciones de FUNBUENAS

Con estas jornadas, FUNBUENAS continúa dejando huellas de esperanza en todo el territorio nacional, reafirmando su misión de servir con transparencia, vocación y compromiso social.

El presidente de FUNBUENAS, Félix Victorino, señaló que estas jornadas surges del firme compromiso de la institución con las comunidades más necesitadas, reafirmando la misión de la fundación de estar presente donde existan necesidades sociales urgentes.

Para el 2026 Funbuenas desarrollará múltiples programas de impacto social a nivel nacional, centrados en la asistencia comunitaria, apoyo a la niñez, ayudas humanitarias y respaldo a familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, expresó Victorino quien reitera el compromiso de  su organización de constituirse en puente solidario entre los más necesitados y cualquier individuo de buena voluntad dispuesto a ayudar.

Para contactar al equipo de FUNBUENAS los interesados pueden comunicarse a través del teléfono 809-962-9260

Más allá de la oscuridad, este evento debe servirnos de espejo:

¿Qué tanto hemos avanzado realmente en garantizar un sistema estable, moderno y resiliente?

El problema no es nuevo

Lo hemos vivido una y otra vez, con distintos gobiernos, diagnósticos y promesas. La red eléctrica nacional opera al límite, sin redundancia suficiente, con plantas envejecidas, mantenimientos diferidos y una dependencia excesiva del combustible fósil.

Hoy más que nunca

El país necesita pasar del análisis a la acción. Inversión en tecnología, diversificación de fuentes, descentralización energética y fiscalización real son piezas claves.

Los apagones no se resuelven con discursos, sino con planificación, transparencia y continuidad de políticas públicas más allá de los ciclos electorales.

Un apagón nacional no debe repetirse. Pero si lo aprovechamos para revisar a fondo las causas, asumir responsabilidades y construir soluciones sostenibles, entonces quizá —por una vez— la oscuridad nos haya ayudado a ver con más claridad.

El paso del huracán Melissa dejó más de 30 muertos y decenas de desaparecidos, arrasando comunidades ya frágiles y devastadas por la pobreza y la inestabilidad. Cada desastre natural profundiza el sufrimiento de un pueblo que vive entre la vulnerabilidad y el abandono.

Las lluvias se van, pero quedan las casas destruidas, los niños desaparecidos y la esperanza diluida en el lodo.

Haití necesita más que ayuda humanitaria: requiere un compromiso real del mundo para reconstruir su futuro con dignidad y resiliencia.

La región comparte historia, cultura y también vulnerabilidad. Hoy, más que nunca, la unión y la cooperación son esenciales para mitigar el sufrimiento humano.

Que la solidaridad trascienda fronteras y que la reconstrucción sea rápida, justa y acompañada del apoyo regional e internacional que estos valientes pueblos merecen.

Esta iniciativa que arriba a su 15 aniversario, tiene por propósito recolectar 46 mil litros de leche en envases de Tetra Pak, para ser distribuidos a niños y niñas carenciados residentes en 16 ciudades en todo el territorio nacional.

En la República Dominicana, desde el año 2011 hasta la fecha, se han recolectado un total de 566,927 litros de leche, beneficiando a 63,188 niños, para un promedio anual de 40,495 litros de leche que han sido distribuidos a los infantes.

La encargada Nacional de la Lechetón Activo 20-30, Carolin Lugo, destacó que esta noble causa representa un acto de amor y solidaridad para miles de niños en situación vulnerable. “Con cada litro de leche donado, contribuimos a brindar un futuro más sano y digno para ellos”, enfatizó.

Tetra Pak, reafirma su compromiso de respaldo a esta iniciativa que lleva 15 años impactando vidas en la República Dominicana y más de cuatro décadas contribuyendo a brindar una mejor alimentación en la región, así lo manifestó Bruno Basile, jefe de comunicaciones de Tetra Pak para Centroamérica y Caribe.

La leche en envases de Tetra Pak garantiza que este alimento, de vital importancia en la nutrición de los infantes, se conserve durante su distribución y almacenamiento, y que llegue apta para el consumo a los beneficiarios, explicó Basile.

El apoyo de personas comprometidas que adquieran leche en envases de Tetra Pak de la marca de su preferencia, variedad y tamaño en los diferentes supermercados, representa una oportunidad para continuar mejorando vidas y construir un mañana lleno de esperanza y bienestar para los niños, niñas y adolescentes.

La colecta de leche tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en los supermercados de Grupo Ramos y CCN, ubicados en Santo Domingo, Azua, Baní, Padre Las Casas, Bonao, Higuey, La Romana, La Vega, Mao, Moca, Nagua, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, Sánchez, Santiago y Villa Vásquez.

En estos centros habrá voluntarios orientando a las personas para la recolección de la leche que será colocada en carritos identificados con el emblema de Lechetón Activo 20-30.

La leche recolectada

La leche recolectada será entregada a decenas de albergues y hogares de acogida del país, con el propósito de suplir un vaso de leche diaria a cada niño, por un periodo de tres meses.

Por más de 15 años, de manera ininterrumpida, Lechetón Activo 20-30 ha logrado alimentar vidas de miles de niños de nuestro país. Es una iniciativa del Club Activo 20-30 de Santo Domingo, que cuenta con 63 años formando líderes al servicio de la comunidad.

Se trata de Andrea Valdez Pinales (64 años), hallada sin vida el 15 de septiembre en el río Sabita en Monte Plata tras desaparecer el 20 de agosto, y de Rafael Andújar (64 años), encontrado sin vida en una zona rural de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, luego de estar desaparecido desde el 1 de septiembre.

Abreu advirtió que estos hechos reflejan la extrema vulnerabilidad de las personas con Alzheimer y resaltó la urgencia de implementar protocolos de búsqueda inmediatos, alertas tempranas y redes de apoyo comunitario más sólidas para prevenir nuevas tragedias.

La demencia afecta a mayores de 60 años

Actualmente, dicha enfermedad es una de las formas de demencia más frecuentes en el mundo, que afecta más a las personas mayores de 60 años y no tiene cura ni tratamientos que impidan su progresión, y República Dominicana no es la excepción.

Las últimas estadísticas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en nuestro país, dicen que la población mayor de 60 años pasó de ser el 2.7% en 1950 a 6.1% en 2015 y se estima que para el 2050 llegue al 15.2%, que es el segmento de la población con más probabilidades de sufrir la enfermedad.

Se estima que un 8% de la población dominicana de más de 60 años sufre de demencia, esto equivale a alrededor de 90,000 casos.

Se trata del estudio ‘Impacto de la crisis climática, ambiental y energética en el desarrollo y bienestar de las niñas, niños y adolescentes en Panamá’, presentado este martes por representantes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia o Unicef y del Ministerio de Ambiente panameño.

Los desafíos que supone este contexto se ven agravados por la desigualdad en Panamá, lo que aumenta la vulnerabilidad de la niñez frente a estas crisis, alerta el documento.

Panamá es altamente vulnerable a los desastres hidrometeorológicos -es el decimocuarto país más afectado en todo el mundo- y las inundaciones y sequías afectan desproporcionadamente a los niños, especialmente a aquellos en situación de pobreza o en comarcas indígenas, explica el informe.

La triple crisis que afecta a Panamá

El estudio señala que Panamá se ve afectado por una triple crisis: climática, ambiental y energética, cuyos efectos interactúan y amplifican sus impactos en la población, especialmente en la niñez.

La crisis climática se evidencia en el aumento de la temperatura en 0,23 grados celsius desde 1971, lo que ha intensificado las olas de calor; en la alteración del régimen de lluvias (las inundaciones y las sequías suponen el 93 % de los desastres en Panamá). 

La crisis ambiental incluye el aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 113 % en las últimas dos décadas; la contaminación del aire (por la actividad de los sectores energético y agrícola), del recurso hídrico, y la gestión deficiente de los residuos sólidos en Panamá. 

La crisis energética se manifiesta en la falta de acceso a la electricidad, que afecta al 10 % de los hogares con niños, y en la inestabilidad del suministro eléctrico alimentado por fenómenos meteorológicos extremos que aumentan la demanda de energía y reducen la capacidad de generación, lo que provoca un alza en los precios del servicio.

El efecto en la niñez y adolescencia

Algunos efectos de la crisis climática en los niños y adolescentes son el aumento del riesgo de deshidratación y de enfermedades como el asma debido a las olas de calor, afectaciones a la seguridad nutricional, hídrica y a la educación por las sequías y la inundaciones, estas últimas cada vez más frecuentes en las zonas costeras.

El estudio destaca que «el incremento del nivel del mar es una de las amenazas climáticas más urgentes, afectando a cerca de un millón de personas», pues ha intensificado, entre otros, la salinización de las fuentes de agua potable, lo que aumenta el riesgo de enfermedades como la diarrea y el cólera.

La contaminación del aire consecuencia de la crisis ambiental repercute directamente en la salud infantil al incrementar enfermedades respiratorias, mientras que la contaminación del agua o su acceso desigual (23 % de la niñez no tiene acceso a gestión segura del agua) favorece enfermedades gastrointestinales y vectoriales como la malaria y el dengue.

Propuestas de acción

El estudio habla de integrar los derechos de la infancia en las políticas de adaptación y mitigación, proponiendo el enfoque NARES (Naturales, Adaptativas, Respetuosas, Evolutivas y Sostenibles) para garantizar un futuro sostenible para la niñez.

También incorporar criterios de riesgo climático en los planes de ordenamiento; promover legislación que priorice a la niñez en la respuesta a la triple crisis, y asegurar que la acción climática tome en cuenta los derechos de la niñez, habilitando espacios de participación activa de estos.

Además, promover soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de cuencas y conservación de manglares, para reducir el impacto en la niñez.

La CIJ considera que el cambio climático es “inequívocamente causado por las actividades humanas, que no están limitadas territorialmente”, y representa “una amenaza urgente y existencial”, con efectos “graves y de gran alcance”. El sistema climático, advirtió, es “una parte integral y vital del medioambiente y debe protegerse para las generaciones presentes y futuras”.

“Un medioambiente limpio, saludable y sostenible es una condición previa para el disfrute de muchos derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo el acceso al agua, a la alimentación y a la vivienda”, señala el máximo tribunal de Naciones Unidas, con sede en La Haya.

“Los Estados tienen obligaciones, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de respetar y garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos mediante la adopción de las medidas necesarias para proteger el sistema climático y otras partes del medioambiente”, dijo la CIJ, que alertó de que los efectos adversos del cambio climático “socavan el disfrute efectivo de los derechos humanos, especialmente de aquellas personas en situación de vulnerabilidad”.

Actuar y cooperar

En respuesta a una solicitud de la Asamblea General de la ONU, respaldada por 130 países e impulsada por países del Pacífico y del Sur Global, la CIJ emitió hoy lo que se denomina “opinión consultiva” y por la que busca zanjar las cuestiones relacionadas con las obligaciones que tienen los países en relación con el cambio climático, y las consecuencias que tendría incumplir con esas responsabilidades legales.

La opinión consultiva, emitida por unanimidad, refuerza la base jurídica para que las naciones sean responsabilizadas por su inacción frente a la crisis climática.

El tribunal señaló que los tratados sobre el cambio climático -como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París- imponen a los Estados deberes específicos, que incluyen reducir emisiones, cooperar entre ellos, y adoptar medidas de adaptación y transferencia tecnológica en buena fe.

“Los tratados sobre cambio climático establecen obligaciones vinculantes para los Estados parte, destinadas a garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medioambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico”, determinó.

La Corte también aclaró que el incumplimiento de estas obligaciones puede constituir “un acto internacionalmente ilícito”, lo que podría acarrear responsabilidades legales, como el cese del daño, garantías de no repetición y reparaciones a los Estados afectados, en forma de “restitución, compensación y satisfacción”, si existe un “vinculo casual” directo. Pero la responsabilidad de Estados individuales requiere una evaluación “que debe realizarse caso por caso”.

Una nueva resolución

La opinión fue solicitada en 2023 tras una campaña liderada por Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico que alertó sobre las amenazas existenciales del calentamiento global. Su ministro de Adaptación al Cambio Climático, Ralph Regenvanu, señaló hoy, tras conocerse las conclusiones de la CIJ, que la opinión unánime de los jueces “refleja la urgencia del tema y el consenso global de que hay que actuar con decisión”.

“Confirma lo que las naciones vulnerables venimos diciendo desde hace mucho: los Estados tienen obligaciones legales frente al cambio climático”, agregó. Vanuatu dice que ahora llevará las conclusiones de la CIJ de vuelta a la Asamblea General de la ONU y buscará “una resolución que respalde su implementación” y que “impulse los cambios estructurales necesarios”.

Aunque la opinión de la CIJ no es vinculante, sí tiene un peso político y jurídico importante, puesto que puede servir de base legal para futuras demandas contra Estados; para presionar a los países más contaminantes a rendir cuentas y tomar medidas más ambiciosas; y reforzar las exigencias de financiación climática y reparaciones por pérdidas y daños.

Además, la decisión también puede ser usada en negociaciones climáticas internacionales como la futura Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) o tratados futuros.

Durante audiencias en la CIJ el pasado diciembre, los países industrializados argumentaron que no se concluyen obligaciones legalmente vinculantes de los tratados. Los más en desarrollo y los pequeños Estados insulares advirtieron de que estos convenios “han fallado” y exigieron a los países ricos más esfuerzos en la lucha climática y la adaptación a sus efectos. 

Santo Domingo.- Cuando inicia este sábado la temporada ciclónica, y que según las autoridades, será más activa que el año anterior, residentes en sectores vulnerables manifiestan su temor por las inminentes inundaciones a que se enfrentan.

El anuncio de lo que podría suceder, genera preocupación entre comunitarios de la cañada de Guajimia, que solicitan a las autoridades intervenir el sector para evitar daños mayores.

En tanto, los expertos llaman a tomar medidas preventivas ante una confluencia de factores que favorecen la formación de tormentas tropicales para esta temporada.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica conocido por sus siglas en inglés como (NOAA), prevé la formación de 25 fenómenos atmosférico, los que 13 podrían convertirse en huracanes.

El cuatro de noviembre del 2022, fueron protagonistas una vaguada y una onda tropical que dejaron un acumulado de unos 267 milímetros de lluvia. Provocando a su paso, aparte de los daños estructurales, la desaparición de varias personas y el fallecimiento de otras.

El pasado 18 de noviembre de 2023 contó a un protagonista que sí se esperaba, aunque eso no le impidió lo que definió la directora de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), Gloria Ceballos junto al presidente de la nación, Luis Abinader, como el “evento de mayor precipitación pluvial jamás ocurrido en República Dominicana”.

El potencial ciclón tropical dejo una acumulación sin precedentes en la historia dominicana de unos 431 milímetros de lluvia en varias zonas del Gran Santo Domingo, alcanzando los 474 milímetros cuando se suman todas las aguas que empezaron a caer desde el jueves 16.

El evento atmosférico dejó varios fallecidos, el colapso fatal de estructura viales, casas inundadas y daños en la agricultura.

Los especialistas de la NOAA predicen un 85 por ciento de probabilidades de una temporada ciclónica más activa de lo normal.

«Este mes, que es de la conmemoración de las víctimas (cuyo día nacional es el 9 de abril), vamos a indemnizar a 32.000 personas y esperamos el próximo año culminar con esas 106.000 personas que están en esta ruta, contribuyendo así desde este Gobierno a la superación de esos rezagos», aseguró a la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón.

Casi el 80 % de las personas que serán indemnizadas en este priorización son mayores de 68 años, mientras que también hay personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, para las que se destinará parte de los 4,4 billones de pesos (1.100 millones de dólares o 1.000 millones de euros) que el Gobierno tiene para víctimas en cuatro años, el presupuesto más alto de la historia.

Indemnizar a los vulnerables

Durante el acto celebrado por el Día Nacional de Víctimas en Bogotá, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, entregó a varias víctimas las cartas que les acreditaban la indemnización.

Entre ellas, Anabel Pulido, una indígena wayuu, víctima de desplazamiento y violencia sexual, que aseguró a EFE: «el que el día de hoy nos estén restituyendo y nos estén dando una indemnización, no significa que vayamos a tener la vida que teníamos antes».

«Es un dolor que llevamos por dentro y que cada uno vive», alegó e hizo un llamado a la resiliciencia y a «dejar el pasado atrás» para «renacer de las cenizas»

Ahora va a destinar la indemnización para poder construir un negocio turístico en su comunidad, un proyecto que tuvo que dejar aparcado por el conflicto.

Deudas históricas

Según el Registro Único de Víctimas, el conflicto armado ha dejado desde 1996, 9.659.204 víctimas, lo que supone que dos de cada diez colombianos han padecido las consecuencias de la violencia, ya sea por verse obligados a desplazarse, porque hayan asesinado o desaparecido a un familiar o hayan sido víctimas de abusos como violencia sexual, amenazas, secuestros, atentados, combates o despojos de tierras.

Desde 2012, el Estado colombiano ha pagado 9,2 billones de pesos (2.400 millones de dólares o 2.200 millones de euros) en indemnizaciones, pero apenas se han realizado 1,5 millones de indemnizaciones a unos 1,4 millones de personas.

«La deuda que las víctimas tienen con este país es una deuda enorme que pasa por cambios estructurales», aseveró Márquez hoy en el evento, aludiendo a que además del conflicto, muchas zonas de Colombia son «víctimas del abandono del Estado y la exclusión».

Por eso, más allá de las indemnizaciones, el Gobierno quiere apostar por llegar a los territorios para dar «respuestas integrales a todas las víctimas».

«El presidente Gustavo Petro ha vivido el horror de la guerra y yo también porque fui víctima del conflicto armado y sé el dolor que significa el desplazamiento forzado, sé el dolor de una mamá por evitar que su hijo sea reclutado por un grupo armado, sé lo que significa que alguien se desplace y no tenga un bocado que meterle a la boca a sus hijos», alegó Márquez, que aseguró que el fin es «devolverle la dignidad a estas más de 10 millones de víctimas del conflicto armado».