TC: Otra ratificación del relajo institucional

Sin que hayan podido encontrar un torniquete para contener el descalabro del sistema judicial, que se extiende por todo el cuerpo social de la nación, el Tribunal Constitucional certifica otro relajo institucional del Congreso y el Poder Ejecutivo  

                                               Por Juan Bolívar Díaz

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anunciada esta semana que anula el Código Penal promulgado hace un año es una nueva certificación del relajo institucional que se ha impuesto en el país y que mantiene en capilla ardiente al sistema judicial, subordinado a los intereses coyunturales y las luchas grupales del poder político.

No han podido encontrar una brecha para salir del escándalo en que está sumida la justicia y el ministerio público, cuando se certifica que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo promulgaron el código penal sin la aprobación definitiva del Senado, violando flagrantemente la Constitución de la República, a pesar de oportunas advertencias.

Anulado el Código Penal

La mayoría de los medios y comentaristas se han quedado en la superficialidad ante el Comunicado del 2 de diciembre de que el TC acogió las acciones de inconstitucionalidad de tres entidades sociales contra la ley 550-14 de diciembre del 2014 que instituyó un nuevo Código Penal, discutido durante dos décadas y objeto de incontables sesiones y consensos dentro y fuera del Congreso Nacional.

La anulación del nuevo Código Penal y el restablecimiento del de 1884, no pudo ser por los cuatro artículos objetados, del 107 al 110, sobre casos de despenalización del aborto, que podían haber dejado sin efecto salvando los otros 391 de los 395 artículos de una de las piezas legislativas más complejas, que deroga 47 leyes, un decreto-ley, una orden ejecutiva y una resolución emitidas a lo largo de 130 años, entre el 1884 y el 2014.

El Comunicado 61/15 del TC es muy parco en la información referente al Código Penal, dejando pendiente la publicación del texto de la sentencia, pero es obvio que se han acogido los argumentos de los recurrentes que también  fundamentaban su pedido de nulidad por la forma en que fue aprobada la ley, sin la ratificación del Senado, tras unas observaciones presidenciales al proyecto original, sólo conocidas por la Cámara de Diputados, y que instituciones,  juristas y analistas, calificaron de absurdo inexplicable.

Al respecto búsquese el «Tema de Hoy» del 21 de diciembre del 2014, titulado «Una chapucería legislativa de los diputados y el PLD», cuyo resumen  advertía: «El procedimiento para aprobar las observaciones presidenciales que establecen excepciones en la penalización del aborto y su promulgación sin conocerlas el Senado, exponen la legislación a una declaratoria de inconstitucionalidad».

Insólita maroma ejecutiva

 El 28 de noviembre del 2014 el presidente Danilo Medina observó la ley del Código Penal que había aprobado el  Congreso penalizando por completo el aborto, y la devolvió a la Cámara de Diputados, acogiendo un clamor nacional acorde con la legislación de casi todos los países del mundo, para despenalizarlo en tres casos: cuando peligre la vida de la madre, por malformación del feto incompatible con la vida, y si hay violación o incesto.

Cadena de violaciones a los procedimientos: El presidente de la Cámara, Abel Martínez no somete a votación el texto del Ejecutivo, sino una reformulación propia, la que sólo acoge la primera causal y remite las otras dos a una «futura legislación especial».  Violenta el reglamento interno, pasando por encima de la Comisión de Justicia que debía conocerlo, ignora otras propuestas y no permite debate. La aprueban por mayoría simple, cuando la ley original había sido sancionada como Orgánica, con dos tercios de los votos.

Lo más absurdo es que Martínez remite el proyecto al Poder Ejecutivo, proclamando que no necesita pasar por el Senado, a pesar de que contenía reformas a lo que esta cámara había aprobado originalmente, en clara violación de los artículos 76 y 93 de la Constitución que establecen que el Poder Legislativo lo integran dos cámaras y que a ambas corresponde «Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes».

Lo peor de todo es que pese a numerosas advertencias de legisladores, expertos constitucionalistas e instituciones,  el Poder Ejecutivo se apresuró a promulgar la ley sin la aprobación senatorial, el 19 de diciembre. El viernes 4, HOY, (página 4-A) informa que el Consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo que la anulación del código «era una situación que se podía esperar», informando que disintió de la decisión de los diputados, pero que el presidente lo dejó al Tribunal Constitucional.

La lucha interna en el PLD

 El presidente Medina tenía una solución institucional fácil ante el conflicto, que era remitir el proyecto al Senado para que éste decidiera si tenía que refrendarlo o no. Con el control total de esa cámara legislativa el trámite era un «flay al cátcher», cuestión de par de días. El Tema de HOY citado indicó que Abel Martínez «no reveló el origen de su proyecto ni si lo había consensuado con su partido o con el Poder Ejecutivo, pero en fuentes políticas se sostiene que fue fruto de acuerdo para superar la división de los dos sectores que se disputan el predominio en el Partido de la Liberación Dominicana».

Por lo que se supo, los seguidores del presidente del PLD, Leonel Fernández, entre los cuales resaltaba Martínez, maniobraron contra las observaciones de Danilo Medina para dejarlo como «auspiciador del aborto» ante los sectores eclesiásticos más retardatarios. Y transaron con éstos para violar los procedimientos, garantizándoles de esa forma que su Tribunal Constitucional se encargaría liquidar la ley. Asesores políticos habrían recomendado al presidente salirse del conflicto dejando correr la bola.

De esa forma, todo un Código Penal fruto de 20 años de discusiones y que actualizaría otro que data de 130 años, queda sin efecto, víctima de la lucha interna y las maniobras politiqueras en contubernio con poderes tradicionales que frenan la actualización de la sociedad dominicana. Por eso hay sectores que sólo resaltan la anulación de los cuatro artículos que racionalizan y humanizan la penalización del aborto. Será bien difícil que la ley sea conocida antes de las elecciones, pues reeditaría la polémica sobre el aborto.

Sin amainar el escándalo judicial

El relajo institucional con el Código Penal queda en evidencia en medio del escándalo que sacude al sistema judicial, sin precedente en la historia nacional, al decir de juristas e instituciones sociales y sin que se vislumbre cómo aplicarle un torniquete al descrédito y la desconfianza que genera en todos los ámbitos, muy especialmente en el empresarial, una de cuyas instituciones, la Fundación Institucionalidad encabeza las denuncias. Su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, advirtió que «el sistema de justicia está al borde del colapso», reclamando llegar a las últimas consecuencias.

El constitucionalista Cristóbal Rodríguez proclamó por Teleantillas que la crisis rebasa el límite del sistema judicial, «siendo una manifestación de la situación de descalabro a gran escala de la sociedad dominicana», aludiendo a los múltiples escándalos de corrupción y precariedad institucional de los últimos meses.

El escándalo estalló el lunes 16 de noviembre, cuando el Procurador Francisco Domínguez Brito escribió al Gobierno del Poder Judicial que tras un año de pesquisas se determinó que «existe una estructura a lo interno del Poder Judicial conformada por jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares que se dedica a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas de narcotráfico, lavado de activos y corrupción». Pero el diputado peledeísta de Santiago Francisco Matos descalificdó al Ministerio Público al reiterar que tiene 112 denuncias contra fiscales de todo el país, que «extorsionan dedicándose a fabricar falsos expedientes».

Temen salida política

La lucha de poderes en el PLD se advierte también en la crisis judicial, que envuelve a figuras como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y el ex procurador general Radhamés Jiménez, vinculados al doctor Leonel Fernández, a quienes casi se les ha responsabilizado de las operaciones de la banda denunciada por Domínguez Brito, también dirigente del partido oficial.

Las diligencias para ventilar el escándalo se centraban esta semana en la jueza Awilda Reyes, por las escandalosas sentencias relacionadas con el narcotraficante Arturo del Tiempo, con la quiebra del Banco Peravia, y la libertad del regidor Ericcson de los Santos, acusado de crímenes mediante sicariato. Los dos últimos vinculados al presidente del PRD, que pactó para apoyar la reelección del presidente Medina.

Se allanó la residencia de la jueza Reyes, pero el viernes se desmintió que se hubiese hecho lo mismo con la del renunciante juez Francisco Arias Varela, aunque éste fue señalado como cabecilla de la banda judicial en su calidad de miembro del Consejo del Poder Judicial y ella denuncia como quien «le transmitía órdenes superiores». No faltan quienes expresan temor de que todo quede en otra reducción del poder del expresidente Fernández, ahora en los partidarizados órganos judiciales, en beneficio del nuevo líder peledeísta Danilo Medina. Se confía que el bullicio navideño relegue la crisis al olvido.-                                  

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, las acciones directas de inconstitucionalidad interpuestas por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la Fundación Transparencia y Democracia y la Fundación Matrimonio Feliz contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la ley 550-14, que instituye un nuevo Código Penal en la República Dominicana.

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, las acciones directas de inconstitucionalidad anteriormente descritas y DECLARAR, de una parte, la inconstitucionalidad de la Ley núm. 550-14 ─que instituye un nuevo Código Penal en la República Dominicana─; y, de otra parte, la continuación de la vigencia del Código Penal de la República Dominicana, promulgado mediante Decreto-Ley núm. 2274 del veinte (20) de agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro (1884).