Tecnología contra el crimen: el desafío de bloquear las señales en las cárceles dominicanas

SANTO DOMINGO.- Desde hace casi 15 años, República Dominicana ha intentado frenar los delitos que se organizan y ejecutan desde las cárceles mediante el uso de tecnología de bloqueo de señales. Sin embargo, los intentos previos han fracasado, dejando en evidencia las fallas del sistema penitenciario y la vulnerabilidad de los proyectos implementados.

Ahora, una nueva iniciativa, liderada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), busca establecer un sistema más eficiente y seguro, basado en tecnología israelí utilizada con éxito en El Salvador. Pero, ¿qué garantiza que esta vez funcione?

El Informe con Alicia Ortega, trasmitido todos los lunes por Colorvisión, canal 9, y Noticias SIN, abordó el tema.

Las cárceles: epicentro del crimen organizado

Los centros penitenciarios dominicanos han sido, durante años, un punto clave para el crimen organizado. Desde detrás de los barrotes se han planificado y ejecutado atentados como el del abogado Jordi Veras en 2010, ordenado desde la cárcel de Rafey en Santiago. También se han llevado a cabo innumerables fraudes telefónicos, extorsiones y operaciones de narcotráfico.

Según datos oficiales, el 90% de las llamadas fraudulentas en el país provienen de las cárceles, utilizando teléfonos robados y redes clandestinas de comunicación. Esto ha convertido el tráfico ilegal de llamadas en una industria criminal, con estructuras que involucran a internos, familiares y en muchos casos, al propio personal penitenciario.

Uno de los métodos más utilizados para ingresar droga a los recintos es el de “las palomas”, personas en motocicletas que lanzan sustancias al patio de las cárceles, donde internos con control territorial las recogen y distribuyen.

Los intentos fallidos por bloquear la comunicación

La preocupación por los delitos originados desde las cárceles llevó al expresidente Leonel Fernández a declarar en 2011 una emergencia de seguridad nacional, ordenando la instalación de bloqueadores de señal en los recintos penitenciarios. Sin embargo, la iniciativa se quedó en papel.

En 2014, el entonces procurador Francisco Domínguez Brito anunció la implementación de un sistema de bloqueo en la cárcel de 15 de Azua, como prueba piloto antes de extenderlo a otros recintos. Pero el proyecto fracasó.

“No funcionó porque quien tenía que cuidarlo fue el mismo que destruyó el sistema”, reconoció Domínguez Brito a El Informe.

La empresa H&M Consulting, dirigida por Idekel Morrison, estuvo a cargo de la instalación. Sin embargo, el sistema basado en bloqueadores que emitían una señal en la misma frecuencia que las redes móviles resultó vulnerable.

Según los reportes, el propio personal penitenciario saboteó la tecnología, desconectando los equipos, robando las baterías y evitando que el bloqueo funcionara correctamente.

Un nuevo intento con tecnología israelí

Ahora, el Indotel ha retomado el proyecto con una nueva estrategia. Su presidente, Guido Gómez Mazara, asegura que la tecnología utilizada esta vez es diferente y permitirá un control más estricto.

El sistema, probado ya en cuatro centros carcelarios, bloqueará celulares, tablets y computadoras, permitiendo que los internos solo se comuniquen a través de un sistema monitoreado por la Procuraduría.

“Cualquier intento de usar un teléfono móvil dentro de la cárcel activará un circuito que bloquea todo el entorno. Es materialmente imposible que se conecte”, explicó Gómez Mazara.

Además, la supervisión estará a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Indotel, con una pantalla de monitoreo en tiempo real que alertará si algún equipo es desconectado.

“Si alguien en la cárcel de Rafey se combina con un personal penitenciario y nos desconecta el sistema, al segundo lo sabemos”, aseguró el funcionario.

El reto de la infraestructura carcelaria

Uno de los problemas históricos de los bloqueadores de señal es el impacto en las comunidades aledañas a las cárceles. En el caso de La Victoria, una de las prisiones más grandes del país, el bloqueo podría afectar la comunicación de miles de personas que viven en la zona.

Para evitar este problema, la estrategia del Indotel ha sido instalar el sistema en cárceles aisladas, como el nuevo centro penitenciario Las Parras, que estará operativo a finales de marzo.

El costo del proyecto asciende a 300 millones de pesos, financiados con recursos del Indotel.

¿Será este el intento definitivo?

La gran incógnita sigue siendo si esta nueva tecnología logrará resistir la corrupción interna y el sabotaje, factores que han hundido los intentos anteriores.

“Si los agentes no tienen un sentido de integridad, esto va a durar 20 días”, advirtió Gómez Mazara, recordando lo sucedido en Azua en 2014.

Sin embargo, las autoridades aseguran que esta vez el sistema cuenta con mecanismos de control más rigurosos y que la vigilancia digital en tiempo real hará la diferencia.

El tiempo dirá si este cuarto intento de bloqueo de señales en las cárceles dominicanas logrará, finalmente, poner fin a la industria delictiva que opera desde sus celdas.