Los Ángeles (EE.UU.) – El juicio contra Meta por el supuesto diseño de funciones adictivas para niños y adolescentes centra la atención en la estrategia de los demandantes, que buscan replicar el precedente que los llevó a la mayor victoria contra las tabacaleras, al sostener que la tecnológica conocía y ocultó los posibles daños de sus plataformas para los menores.
El proceso, que entra este miércoles en su segundo día de testimonios en el tribunal federal de Oakland (California), evalúa varias acusaciones, entre ellas las de los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que aseguran que la empresa, fundada por Mark Zuckerberg, violó las leyes estatales de protección del consumidor.
Meta ocultó lo que sabía sobre el daño que sus productos causan a los jóvenes porque mirar hacia otro lado resultaba más rentable”, dijo en un comunicado el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman.
La coalición de fiscales ha calificado a la acusación como la demanda de protección al consumidor «más grande» en la historia de Estados Unidos en este siglo.
Coleman, al igual que sus otros tres colegas, se mostró confiado de que están «en la posición perfecta» para lograr una victoria frente a la tecnológica: «Lo hicimos con el acuerdo sobre el tabaco en la década de 1990… Lo haremos de nuevo con Meta«.
El fiscal de Kentucky se refiere al Acuerdo Marco de Conciliación (MSA), logrado en 1998 por 52 estados y territorios estadounidenses con las cuatro compañías tabacaleras más grandes del país.
El MSA se logró gracias a las demandas presentadas en 1994 contra las tabacaleras por infringir leyes de protección al consumidor al no advertir sobre los daños que podían ocasionar los cigarrillos.
El pacto resolvió decenas de demandas estatales que buscaban recuperar los costos de atención médica asociados al tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
Con el tiempo, más de 45 tabacaleras llegaron a acuerdos con los estados firmantes en el marco del pacto
Hasta ahora, el MSA constituye el mayor acuerdo civil en la historia de los Estados Unidos, que obligó a las tabacaleras a pagar aproximadamente 206.000 millones de dólares durante los primeros 25 años de vigencia del mismo.
Los cuatro estados que no forman parte del MSA —Florida, Minnesota, Misisipi y Texas— acordaron previamente pagos por un total de 40.000 millones de dólares.
En un argumento similar al proceso contra las tabacaleras, los fiscales han acusado a Meta de diseñar funciones para Facebook e Instagram para mantener a los niños «enganchados» y cada vez más tiempo en las plataformas, “hasta el punto de causarles daños físicos y mentales”, y no advertir sobre las posibles consecuencias de su uso.
«Explotar a nuestros residentes más vulnerables para aumentar las ganancias corporativas no solo es moralmente incorrecto, sino también ilegal», dijo el fiscal de California, Rob Bonta, en una conferencia de prensa tras el primer día de audiencias.
Otro punto en común entre los procesos de los estados contra las tabacaleras y las redes sociales es que ambos estuvieron precedidos por numerosas demandas de personas que alegaban haber sufrido daños por sus productos.
Desde mediados de la década de 1950 hasta 1994, particulares presentaron más de 800 demandas contra fabricantes de cigarrillos por daños relacionados con el tabaquismo, según datos de Public Health Law Center.
Por su parte, las matrices de redes sociales enfrentan más de 3.000 acusaciones por supuestamente causar daños a la salud de sus usuarios.
Los fiscales han enfatizado que el litigio contra Meta hace parte de un proceso más amplio que incluye a otros gigantes tecnológicos, como Google, TikTok y Snap, que miran de cerca el proceso.
Meta, al igual que las tabacaleras, ha intentado desechar los procesos judiciales, pero este año ha recibido varias sentencias en su contra que le obligan a hacer pagos millonarios.
Sobre la sanción económica que debería pagar la matriz de Instagram y Facebook, se ha especulado en los últimos días. Los fiscales se negaron este martes a dar una estimación, pero han confirmado que buscan pagos en «concepto de sanciones civiles, devolución de beneficios ilícitos y restitución».