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Temer destituye a un asesor detenido por la Policía por supuesta corrupción

Temer destituye a un asesor detenido por la Policía por supuesta corrupción
Temer destituye a un asesor detenido por la Policía por supuesta corrupción

BRASILIA.- El presidente brasileño, Michel Temer, en medio de una grave crisis por sospechas de corrupción, destituyó hoy a uno sus asesores, Tadeu Filippelli, detenido por la Policía y salpicado por irregularidades en la construcción de un estadio.

La operación policial está relacionada con millonarios desvíos de dinero público que supuestamente ocurrieron durante la construcción del estadio Mané Garrincha de Brasilia, una de las sedes del Mundial de fútbol de 2014.

Temer, a quien el Tribunal Supremo ha decidido investigar por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, decidió destituir a Filippelli una vez que fue informado de su detención, según confirmaron fuentes oficiales.

Las sospechas contra Temer surgieron de un acuerdo de cooperación judicial pactado por la empresa JBS, cuyos dueños confesaron que sobornan al actual gobernante a cambio de “favores políticos” desde 2010 y entregaron un explosivo y comprometedor audio.

La grabación fue hecha por Joesley Batista, uno de los socios de JBS, quien en una conversación con Temer relata diversas maniobras ilegales que hace en favor de su empresa ante el silencio y lo que por momentos parece sugerir hasta la anuencia del gobernante.

En la misma operación realizada hoy también fueron detenidos los exgobernadores del Distrito Federal de Brasilia José Roberto Arruda y Agnelo Queiroz, quienes junto con el ahora exasesor presidencial habrían participado en maniobras para inflar el precio de las obras del estadio.

Filippelli fue vicegobernador durante la gestión de Queiroz, entre 2011 y 2014, período en que fue realizada la mayor parte de esas obras y concluyó la construcción del estadio, a cargo de la empresa Andrade Gutierrez, que denunció las irregularidades en un acuerdo de cooperación judicial.

Según la denuncia, las obras estaban presupuestadas inicialmente en 600 millones de reales (unos 180 millones de dólares), pero finalmente costaron casi 1.500 millones de reales (unos 454 millones de dólares).

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