Termina en Guatemala diálogo de ley despenaliza aborto de niñas violadas

Este día, según informaron las organizaciones en un comunicado, se insistió en la necesidad de una «reparación digna y transformadora», pues hasta ahora se ha limitado a una indemnización incumplida por los agresores.

«La reparación transformadora que han contemplado sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos busca corregir las condiciones de vulnerabilidad de manera que las víctimas no sean devueltas a la misma situación estructural», aseguraron las entidades, que también abogan por concretar «un proyecto de vida».

Este proyecto de ley, que debe ser discutido y aprobado por el pleno -donde hay una gran mayoría conservadora-, reitera la obligación del Estado de generar acciones orientadas a la reparación de las niñas de 14 años y menores que han sido víctimas de violación, explotación sexual y trata, y a la no repetición a través de la protección social.

Además, en su artículo 7, establece la posibilidad de despenalizar el aborto en «niñas y adolescentes igual o menor de 14 años que a consecuencia de una violación sexual, explotación sexual y trata de personas resulten con un embarazo forzado».

«Para lo cual se aplicará el Segundo Kit medicamentoso, dentro de las 12 semanas de gestación», agrega el proyecto.

Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, en lo que va de año se han registrado 2.101 casos de niñas de 14 años y de menos que enfrentan un embarazo.

En Guatemala el aborto está prohibido y es un tema tabú entre la población, conservadora y patriarcal, y este año se ha empezado a discutir en el Congreso la iniciativa de ley «Prevención a la vida y la familia», en la que piden aumentar la penalización contra el aborto e imposibilitar el matrimonio homosexual.

La propuesta de ley presentada establece penas de prisión de 5 a 10 años para la mujer que cause o consienta el aborto y de 6 a 12 años de cárcel para quien lo practica, si es consentido.

Los médicos o profesionales sanitarios que lo consientan o que «cooperen» en su realización tendrían que pagar, además, una multa de 50.000 a 200.000 quetzales (de 6.600 a 26.600 dólares) y quedarían inhabilitados para ejercer su profesión entre 10 y 20 años.

La propuesta contempla el aborto terapéutico siempre y cuando lo recomienden «por lo menos dos médicos gineco-obstretas» porque la vida de la progenitora está en riesgo y se han agotado «todos los medios científicos y técnicos».

En Guatemala se calcula, a falta de estadísticas oficiales, que cada año se producen 65.000 abortos ilegales e inseguros y anualmente 21.600 mujeres son hospitalizadas con complicaciones por los abortos ilegales, la tercera causa de muerte materna