Razón de sobra le asiste a Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) al advertir que es preciso actuar con cuidado cuando en relación con el escandaloso caso de la Odebretch, se emiten juicios sobre situaciones que aún se encuentran en fase de investigación. Y hace especial mención al caso del Presidente Danilo Medina.
La de Castaños es una voz y una opinión de factura independiente. Lo ha demostrado en todo momento en sus funciones como la figura visible de la FINJUS. Nunca el gobierno ha escapado a su visión crítica en cada ocasión en que entendido válido y necesario hacerlo. Tampoco la oposición, ni ningún otro sector de la vida nacional. Es, además, un competente jurista. De ahí, que sus posiciones tengan tanto peso y sello de credibilidad.
Es lógico que la oposición busque todos los flancos débiles y puntos vulnerables del gobierno y trate de explotarlos. Es su papel, tanto desde el punto de vista de la búsqueda de equilibrio en el desempeño de la gobernabilidad como en el ejercicio político. En dejar al desnudo y combatir los posibles errores del gobierno y el debilitamiento del partido oficial se cifran sus posibilidades de llegar al poder.
Pero en ese desempeño tiene que manejarse con prudencia y responsabilidad. Tan malo le resulta ir de prisa como quedarse rezagado.
Pecar por exceso que por timidez. No llegar como pasarse. Y cuando legisladores de la oposición plantean someter a juicio político al Presidente de la República por el caso de Odebretch se les está yendo la mano y actuando con extrema precipitación.
Odebretch continúa en fase de investigación. No solo aquí, sino en Brasil que es donde se está llevando a cabo y hurgando en profundidad y extensión con el revelador testimonio de 77 ex ejecutivos de la Odebretch, quienes han negociado su participación y condenas más leves a cambio de facilitar detalles de la gigantesca estructura internacional de soborno montada por la empresa. Y esos mismos fiscales cariocas, que demuestran un alto grado de independencia, son los que para no contaminar la investigación que aún está en proceso y aportando nuevos
detalles, decidieron no dar nombres de los implicados en el soborno en los distintos países hasta el mes de junio. Un plazo que en el caso nuestro, por excepción, se acordó sería un mes antes, o sea, en mayo.
Es claro que las prerrogativas que acompañan la condición de Primer Magistrado, no lo liberan de la responsabilidad de acudir a los tribunales cuando sea requerido, ya como testigo, mucho menos como acusado. Danilo Medina no es la excepción.
Pero Danilo Medina no ha sido acusado ni convocado como testigo en el caso de la Odebretch. De ahí, que en tanto no lo sea, ni tiene que presentarse ante los tribunales, ni hay razón jurídica ni política válida para reclamarle que lo haga. Tampoco tiene que hacerlo ante el Congreso. Menos aún ser sometido a un juicio político de destitución, sin que pese el menor cargo en su contra.
¿En base a qué se sustentaría un juicio de esa naturaleza? ¿Qué prueba en su contra pudieran presentar los que promuevan el mismo? Como bien advierte Servio Tulio Castaños eso sería pretender crear una crisis política sin la menor justificación. No sería dañar al gobierno ni al partido oficial. Sería dañar al país poniendo en riesgo la institucionalidad.
Al igual que antes hiciera Hipólito Mejía en su reciente comparecencia pública, Danilo Medina fue categórico al defender su honra y declarar de manera enfática que reta a quien tenga una sola evidencia que cuestione su honestidad a que la presente, al tiempo de pedir que esperemos a que los fiscales brasileños cumplan el compromiso de dar a la luz pública los nombres de todos los que hayan recibido sobornos de la Odebrecht.
Ahí es cuando se sabrá la verdad. Y si en ese momento preciso surgiera alguna razón válida, la menor sospecha, el más mínimo indicio en su contra, será entonces que procederá reclamar al mandatario que se someta al imperio de la justicia como cualquier otro ciudadano común y corriente y la oposición congresual pudiera disponer de los elementos requeridos para reclamar una interpelación o un juicio político.
Pero solo entonces. Ahora luce tan prematuro como improcedente.