Redacción internacional.- La madrugada del viernes, James Christopher Lindsey, de 42 años, irrumpió en la casa de su exnovia Kristin Stevens en Chuluota, Florida, y la apuñaló hasta 70 veces con un cuchillo de cocina, informó NBC News. El ataque ocurrió apenas horas antes de que el hombre enfrentara una audiencia por cargos previos de violencia doméstica contra la mujer, quien había solicitado una orden de alejamiento.
Lindsey huyó de la escena en su vehículo tras el brutal ataque, pero murió horas después en un accidente automovilístico mientras conducía a más de 160 km/h. La policía encontró su auto volcado en Fort Christmas Road, en el condado de Orange, y declaró su muerte en el lugar.
En el momento del crimen, el hijo de 16 años de la pareja se encontraba en la vivienda, pero resultó ileso. Otro hombre presente en la casa intentó detener al atacante y fue herido en la pierna antes de escapar a una vivienda vecina para alertar a la policía.
La trágica muerte de la residente y la muerte de su victimario exponen un largo historial de violencia doméstica entre ambos. Miami Herald señaló que la pareja mantuvo una relación intermitente durante 18 años, marcada por múltiples incidentes que involucraron la intervención de las autoridades desde al menos 2014.
El 6 de noviembre, Lindsey había sido arrestado por un ataque previo contra Stevens y acusado de agresión doméstica. Aunque se le ordenó entregar 21 armas de fuego y municiones, fue liberado con una fianza de mil dólares y una orden de no acercarse a la mujer. La policía había solicitado que se le colocara un monitor GPS para rastrear sus movimientos, pero un juez rechazó esta medida.
El historial de violencia subraya las fallas en el sistema judicial para proteger a las víctimas, dejando expuesta a la ciudadana a un ataque que podría haberse prevenido. Este caso ha impulsado una conversación sobre la necesidad de leyes más estrictas y recursos adicionales para monitorear a los agresores reincidentes.
El asesinato de Kristin Stevens dejó una marca imborrable en su familia y en la comunidad de Chuluota. El hijo de la pareja enfrenta la pérdida de su madre y padre, además de las secuelas emocionales de este trágico evento.
El sheriff Dennis Lemma calificó el incidente como un evento “desgarrador y traumático”, destacando su impacto duradero en las familias afectadas y en la comunidad. A través de una página de recaudación de fondos, amigos y seres queridos de Stevens han iniciado una campaña para apoyar al hijo sobreviviente y promover la implementación de leyes más estrictas que ayuden a prevenir tragedias similares.
La campaña, que ya ha recaudado más de USD 6,000, tiene como objetivo impulsar una legislación que exija el uso obligatorio de monitores GPS para agresores de violencia doméstica bajo fianza. En el caso de Lindsey, las autoridades habían solicitado esta medida tras su arresto en noviembre, pero fue denegada por un juez, lo que permitió que el agresor continuara representando un peligro para Stevens.
“No se debe temer por la vida en una relación abusiva, y ningún niño debería perder a su madre de manera tan violenta e insensata”, escribió la amiga cercana de la víctima, Kori Álvarez Resto. Este caso ha revitalizado el debate sobre cómo las políticas de justicia penal pueden proteger mejor a las víctimas y garantizar que los agresores no reincidan.