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Tragicomedia hondureña

Tragicomedia hondureña
Julio Martínez Pozo

Todo lo que empieza mal acaba peor, pero conforme a las leyes de Murphy, “si hay posibilidad de que algunas cosas fallen la que causa más daño será la primera”, en Honduras muchas cosas han fallado, pero la de consecuencias más nefastas ha sido la de perdonar  los principales responsables de la Masacre de Hacienda Los Horcones, en Olancho, propiedad de Manuel Zelaya Ordóñez, que no solo facilitó el escenario sino además sumó sus manos criminales para el asesinato del sacerdote Iván Betancourt y las señoritas Ruth Argentina García Mallorquín y María Elena Bolívar Vargas, así como de una decena de líderes campesinos.

“El 25 de junio de 1975, durante el gobierno del general Juan Alberto Melgar Castro, que recién le había dado un golpe de Estado al también golpista Oswaldo López Arrellano, ocurrió en Olancho una de las masacres más crueles de las luchas campesinas.

“El 13 de junio de ese año los campesinos, que pertenecían a la Unión Nacional de Campesinos (UNC), se tomaron varios puentes y calles con la finalidad de demandar la liberación de 25 compañeros que estaban presos en el occidente del país por haber recuperado tierras, pero esa acción no dio resultados y optaron por la marcha del hambre para el 25 de junio.”

Lejos estaban de pensar que terratenientes como Mel Zelaya y Carlos Bahr, se unirían a los escuadrones de la muerte, para aleccionarlos de manera tal que a nadie más se ocurriera tomar tierras.

Honduras había vivido un siglo XX a merced de las dictaduras militares y en el último cuarto se integró una Constituyente para la proclama de la Constitución que aun está vigente desde 1982, pero los Zelaya y los Micheletti movieron sus influencias para usar ese escenario para un borrón y cuenta nueva que libró a los autores de la masacre de Olancho de la condena definitiva de 20 años de prisión.

Con ese hecho la nueva institucionalidad nació mal herida, pero sin duda que mejor que lo anterior, entonces, como en otros países de la región, surgió un sistema democrático regenteado por un bipartidismo en el que el Partido Nacional, conservador, y el Partido Liberal, tan conservador como el primero, se alternaban en el poder, con una constitución que impedía la reelección presidencial, complementada por una ley electoral y un Código Penal que sancionaban drásticamente a quien tratara de modificarla para perpetuarse en el poder.

Por veinticinco años el ensayo democrático anduvo conforme al marco constitucional, pero Melito Zelaya, de tradición liberal, se descubrió el corazón socialista que había llevado muy oculto en su trayectoria política, cerró filas en el arroz con mango bautizado como socialismo del siglo XXI, y estimulado por los petrodólares de Hugo Chávez empezó a retozar con las posibilidades de reformar la constitución para reelegirse, y acabó atrapado en calzoncillos en su residencia y montado en un avión rumbo a Costa Rica, destituido por el Congreso con apoyo de los militares.

La paradoja es que entre los jóvenes que denunciaron las ambiciones de Mel Zelaya y promovieron su destitución por querer modificar la Carta Magna estaba el actual presidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, que lo ha hecho peor, porque maniobró para que la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional  la Constitución, pagando con un descrédito que ha terminado por minar su popularidad a un grado tal que para quedarse, ha tenido que imponer un escrutinio sin credibilidad.

 

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