Por: Sandy Cuevas
Santo Domingo.- Con el fin de evitar anomalías en licitaciones como la ocurrida con el contrato que adjudicó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, a la empresa Transcore Latam, SRL, Transportistas, Juristas y la Sociedad Civil consideran que el gobierno debe colocar veedores que den seguimiento a esos proyectos de gran magnitud como pasa en otras instituciones.
Al considerar como grave que la empresa Transcore Latam, SRL, burlara con Informaciones sin autorización y documentos falsificados para ser beneficiario del contrato millonario, los distintos sectores consideran que el Ministerio Público debe establecer sanciones.
“Eso implica una responsabilidad penal, tanto para las personas que están como contratistas y habría que ver si algún miembro de la institución del Intrant sí estuvo involucrado en un entramado”, expresó Joseph Abreu, representante de Participación Ciudadana.
Joseph Abreu y el abogado César Segura, consideran que las investigaciones deben pasar al Ministerio Público, ya que ha sido una estafa que afecta directamente el erario público.
“Bajos las investigaciones necesarias encabezadas por el Ministerio Público, debe haber consecuencias porque un país sin consecuencias los demás seguirán haciendo lo mismo y debemos evitar eso”, relató el jurista César Segura.
Al recordar que en el Ministerio de Educación pasó algo similar recientemente con el contrato del transporte escolar, el transportista William Pérez, entiende que el estado debe crear comisiones de veedores capacitados para atender esos grandes contratos.
“Que lleguen más allá y yo pienso que doña Milagros es excelente para acompañar eso, pero acompañarlos de verdad y no que quede en postalitas y que esté en los sitios porque mira cuánto luchamos con educación y nadie nos hizo caso”, argumentó William Pérez.
Mientras que para choferes del transporte colectivo, el escándalo que ha generado la licitación que les costaría unos mil 300 millones de pesos al estado debe marcar un precedente.
“Yo siento que si porque se trató que hicieron uno como que se siente extraño, yo encuentro que si ese contrato que hicieron lo hubiesen elaborado con una licitación algo bien organizado no hubiese pasado lo que pasó”, añadió Johan Castillo, chofer de transporte público.
“Esas licitaciones tienen que verificarlas porque en ocasiones eso es asuntos político y esperemos que eso se resuelva”, sostuvo Juan Cuevas, chofer de transporte público.
Ante del conflicto que llevó a que el estado dominicano suspendiera el contrato, la empresa Transcore Latam había colocado más de 300 semáforos en el Gran Santo Domingo.