SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El hecho de que el gobierno dominicano y la Barrick Gold hayan podido finalmente negociar un nuevo acuerdo, según lo anunciado en Palacio, con beneficios 6 veces mayores de lo que hubiese recibido el Estado inicialmente, demuestra que el contrato que ratificó el pasado gobierno no era un acuerdo modelo, y mucho menos justo, como quisieron venderle al país.
Ha quedado bien claro que el contrato original era en extremo lesivo para el interés nacional y que, de ser mantenido, privaría a los dominicanos del legítimo derecho de que el oro extraído en Pueblo Viejo contribuya a mejorar la calidad de vida en el país.
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En segundo lugar, hay que destacar que la irresponsabilidad con la que actuaron los legisladores en el Congreso Nacional debe servir de referente negativo para jamás incurrir en una acción semejante. La forma en que fue aprobado el contrato, al vapor, incluso con comentarios de los mismos congresistas que admitieron no pudieron ni leer el proyecto, no debe olvidarse.
Tan reprobable comportamiento debe servir de lección a los congresistas para que en el futuro sean cautelosos y defiendan los intereses nacionales cuando traten asuntos relacionados con los recursos no renovables del país.
Finalmente, esta negociación, nos demuestra que no es verdad que por un país reclamar sus derechos, exigir una negociación justa, reclamar una participación equitativa en términos económicos, se viole la seguridad jurídica.
La Barrick Gold intentó de alguna manera chantajear al gobierno dominicano, pero el país respaldó la administración del Presidente Danilo Medina con un patriotismo ardiente que aún se está viviendo en este momento. Los reclamos parecen haber dado sus frutos, al por lo menos con la renegociación del acuerdo.