SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) notificó mediante acto de alguacil al presidente de la República, Luis Abinader, al Ministerio de Defensa, al Estado Dominicano y altos mandos que conforman el Estado Mayor con la finalidad de responder los términos de la demanda en daño patrimonial, interpuesta por incumplimiento de una sentencia que ordenó a través de un recurso de amparo, el reintegro del coronel Pedro Goico Guerrero al Ejército Nacional en el año 2021.
La orden de citación número 11973-2023, fue realizada por Diomede Villalona, presidente del TSA, contra el mandatario, Luis Rodolfo Abinader Corona y el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa.
Además, fueron notificados todos los oficiales que conformaron e integran el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, según la ley 139-13, como el ministro de las Fuerzas Armadas, el comandante de la Armada Dominicana, el Comandante General de la Fuerza Aérea, el Inspector General de las Fuerzas Armadas y el consultor Jurídico del MIDE, en calidad de secretario del Estado Mayor.
Según adujo Goico Guerrero, la citación incluye también a varios viceministros de Defensa y otros altos oficiales que con sus alegadas conductas de omisión ignoraron deliberadamente el desacato a una sentencia definitiva, que desde hace más de dos años, le favoreció, y que dichos oficiales y el Presidente de la República se niegan por inconfesos intereses a ejecutarla en abusiva y franca violación del mandato y el juramento constitucional, lo cual está castigado en la Constitución y leyes orgánicas de la República.
Pepe Goico afirmó que su demanda en daño patrimonial solidaria se debe a que el tribunal también ordenó emplazar a la Procuraduría General Administrativa para que en un plazo de 30 días, presente sus recursos de defensa sobre el fondo del recurso, así como de los incidentes que considere pertinentes al caso, debiendo anexar todos los elementos justificativos de su defensa.
El coronel Pedro Julio Goico «Pepe Goico», lamentó que en dicha demanda el presidente Luis Abinader y su consejero, el consultor jurídico Antoliano Peralta Romero junto a otras dependencias del gobierno central, sean «quienes a contra pelo de la Constitución, la que juraron cumplir, estén destacando deliberadamente las sentencias definitivas de los jueces, obviando, incluso, las denuncias reiteradas del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara e importantes editoriales de periódicos del País, lo que indujo al recurrente a presentar una demanda por más de 100 millones de pesos».
La defensa del ex coronel, representada por los abogados penalistas Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez, adujo que el desacato a sentencias definitivas de los tribunales, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, se ha convertido en una práctica recurrida por los gobernantes e instituciones del Estado, y que este gobierno de corte democrático también ha incurrido en la violación a ese sagrado principio constitucional, como es el de ejecutar las decisiones emanadas de los tribunales de la República.