Redacción Internacional.- El 37º Alto Tribunal Penal de Estambul ha rechazado la petición de extradición de Samir Nasri Salem Handal, acusado de participar en el complot en el que fue asesinado el presidente haitianoJovenel Moisey objeto de una orden roja de detención de Interpol.
La corte ha dictado además libertad sin cargos para Handal, un empresario jordano que habría alquilado su casa a Christian Emmanuel Sanon, quien habría organizado el asesinato, informa la prensa turca.
Handal fue detenido en el Aeropuerto de Esatmbul cuando viajaba de Estados Unidos a Jordania en noviembre de 2021. Fue encarcelado por la orden de detención internacional de Interpol y ha pasado ocho meses en prisión.
La defensa ha argumentado que Handal no sabía que preparaban el asesinato de Moise y que solo alquiló la casa sin tener más conocimientos de la cuestión.
Desde el magnicidio de Moise el pasado 7 de julio, la convulsa situación política y económica de Haití se vio aún más agravada. Pronto el vacío de poder degeneró en una crisis de seguridad, con asesinatos y secuestros a diario, sobre todo en amplias zonas de la capital.
Jovenel Moise venía gobernando por decreto luego del retraso de las elecciones previstas para 2018 y lideraba el gobierno en medio de fuertes disputas sobre cuándo terminaría su mandato.
De 53 años, Moise nació en una familia de bajos ingresos en Trou-du-Nord, en el noroeste del país, hijo de un mercader y una costurera. En su adolescencia se mudó a Puerto Príncipe y estudió Ciencia Política. Posteriormente, inició una carrera como empresario.
En 2015, el presidente Michel Martelly lo designó como el candidato a la presidencia del partido político que Martelly fundó, el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK). Las elecciones fueron turbulentas, con acusaciones de fraude, lo que obligó a realizar un nuevo proceso en 2016. Allí, Moise venció en primera vuelta con el 55% de los votos, 36 puntos más que su rival.
Asumió el cargo en febrero de 2017. Desde 2019 enfrentaba protestas sociales por el deterioro de las condiciones de vida en el país y acusaciones de corrupción.
En medio de la creciente violencia y una ola de secuestros, el presidente, acusado de inacción ante la inseguridad e impunidad de las bandas, continuaba gobernando la nación más pobre del hemisferio occidental a punta de decretos, sin contrapeso del Legislativo y con el objetivo de realizar un referéndum constitucional (no previsto en la Carta Magna), inicialmente programado para el 27 de junio y luego pospuesto en medio de la crisis.
La oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil rechazaban de plano la propuesta presidencial, y denunciaban la ilegitimidad del mandato del jefe del Estado y la imposibilidad de organizar unas elecciones, dada la inseguridad generalizada.
Líderes opositores le acusaban de intentar aumentar su poder, por ejemplo al aprobar un decreto que limitaba las competencias de una corte que audita los contratos del gobierno o con otro que creaba una agencia de inteligencia que sólo respondía ante el presidente.
