Puerto Plata. – La Fiscalía de Puerto Plata impuso un año de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad en contra de Isidro Frica Santos, Alfonso María Paredes, Milandis Núñez, Mary Michelle Ulloa y Brailin Núñez, alías El Mocho, quienes forman parte de una asociación de malhechores dedicada a la suplantación de identidad, estafa, chantaje y extorsión en línea.
Las investigaciones realizadas por el procurador fiscal Warlyn Tavarez, director de la Unidad de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, revelaron que los imputados utilizaban la identidad del coronel Aneurys Ruiz Álvarez, director del DICRIM en Puerto Plata, para cometer diversos delitos a través de plataformas digitales, logrando obtener fondos de manera fraudulenta.
La misma investigación determinó que esta estructura criminal operaba desde el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe (CCR-1), donde los internos Isidro Frica Santos, Milandis Núñez y Alfonso María Paredes dirigían un centro de llamadas clandestino con celulares conectados a internet. A través de esta plataforma, realizaban estafas y obtenían dinero de sus víctimas.
Por medio de la Dirección General de Prisiones, se pudo intervenir el módulo donde operaban los imputados, permitiendo el hallazgo de dispositivos móviles utilizados para la comisión de los delitos.
Durante una requisa en el CCR-1 San Felipe, el equipo de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), logró incautar varios teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que servían como herramientas clave en la red de estafas.
Además, el grupo contaba con colaboradores externos, como Mary Michelle Ulloa y Brailin Núñez, quienes reclutaban personas para recibir los fondos ilícitos y facilitar la logística de la organización criminal.
La procuradora fiscal Maribel Reynoso demostró ante el juez Romaldi Marcelino Henríquez, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, que los implicados están involucrados en los hechos que violentan las disposiciones establecidas en los artículos 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, junto con los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, y los artículos 2, numeral 11, artículo 3, numeral 2, 3, 4, 5, y artículo 9, numeral 1, de la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos.
Este caso sigue en desarrollo, y las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en esta red delictiva, que representa una seria amenaza para la seguridad y el orden público.
La medida coercitiva impuesta deberá ser cumplida por los imputados en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.
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