Toda sociedad se encuentra atravesada por una diversidad de conflictos activos, intereses contrapuestos y tensiones con potencialidad para convertirse en conflictos. A partir de la democratización progresiva de las sociedades contemporáneas, manejar o gestionar la conflictividad social se ha convertido en una de las tareas constantes y transversales en el ejercicio democrático de gobierno.
Gestionar la conflictividad social no es responsabilidad solamente de la administración gubernamental, del Poder Ejecutivo. Una de las definiciones más usadas del concepto de gobernabilidad es la que acentúa que la misma es la capacidad de la sociedad de producir acuerdos y tomar decisiones de interés colectivo, es decir, que no se limita a la acción de los gobernantes, de los actores políticos y de las instituciones públicas, sino que también incorpora las capacidades, actitudes y grado de cohesión en las relaciones entre los actores sociales, y entre éstos últimos y los actores e instancias políticas.
Las instancias de la administración pública y las del sistema político están llamadas a agregar las demandas o apelaciones de los intereses sociales, procesarlas y posteriormente transformarlas en acciones políticas a través de la representación, la deliberación (discusión y búsqueda de acuerdos), la organización y la conversión de toda esa energía social en voluntad política. En ese proceso intervienen no sólo el poder ejecutivo, sino también el legislativo y el judicial, convirtiéndose en uno de los espacios por excelencia para resolver parte de la conflictividad social arbitrando y decidiendo sobre intereses contrapuestos. Igual peso tienen los partidos y el sistema político en su conjunto.
Pero no menos importante es la cultura desarrollada por las organizaciones de la sociedad civil respecto a la agregación, deliberación y expresión de las demandas sociales. Lo mismo puede decirse de la opinión pública y de los medios de comunicación.
Como puede verse, el asunto de la gobernabilidad se refiere a unas capacidades distribuidas transversalmente a lo largo y ancho de las dimensiones de la sociedad y del Estado. Son capacidades imprescindibles para la vida en colectividad, para la convivencia. Por eso, cualquier factor que afecte la cohesión social, al dificultar la convivencia, también es un factor que incide en la gobernabilidad y en la seguridad ciudadana.
Tomemos en cuenta, también, el contexto marcado por la hiperconectividad, la comunicación bilateral y multilateral inmediata, y el impacto de las tecnologías de comunicación que afectan tanto la percepción de los hechos como la configuración de las relaciones de poder. A causa del impacto de las TIC y la sociedad red los medios verticales, autoritarios o no democráticos, que producen consentimiento o “tranquilizan” a los actores sociales, han ido perdiendo eficacia y credibilidad.
Producir y estimular las capacidades que son fundamentales para la gobernabilidad es, entonces, una tarea de gobierno de primer orden, porque si una colectividad no está en condiciones de encontrar vías de solución a sus principales conflictos, bloquea la toma de decisiones y también la posibilidad de encaminar la acción colectiva hacia las metas y la satisfacción de las necesidades básicas.
La sociedad dominicana, en la que le ha tocado ejercer las funciones de gobierno al Presidente Danilo Medina, manifiesta grandes dificultades en lo que se refiere a la cohesión social, la convivencia y la gobernabilidad democrática. Quienes lo acompañamos en el equipo de gobierno estamos conscientes de esas restricciones y tenemos en nuestro quehacer diario la meta de generar una transición hacia mejores condiciones de gobernabilidad, dialogando, escuchando, tomando en cuenta todos los puntos de vista y encontrando modos de solucionar la conflictividad social, siempre considerando las restricciones y límites que impone la realidad.
Generar y gestionar la apertura y la disposición al diálogo, propiciar y producir confianza, restablecer la autoridad basada en el consentimiento libre de los actores sociales, en el respeto a la ley y las instituciones, son tareas de gran complejidad, sin horarios, sin fines de semana, sin pausa, porque no hay un día del año en que en nuestra sociedad no emerjan situaciones que demandan la acción del gobierno en el sentido enunciado.
Pero hemos logrado avanzar. La valoración altamente positiva que ha logrado este primer año de gestión del Presidente Medina así lo refleja. La misma es el resultado de trabajar arduamente por mejorar las condiciones de gobernabilidad, un accionar complejo que es difícil de expresar y mucho más de medir. Pero la gente lo percibe y los resultados se evidenciarán a medida que pase el tiempo y continúe el cumplimiento de los programas y estrategias de esta administración.
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