Un compromiso de doble vía

En el amplio trabajo de auditoría que está llevando a cabo la OXFAN sobre la economía nacional y otros aspectos de nuestra realidad como país, destaca la versión del que publica  la prensa matutina en que hace notar el bajo porcentaje de tributación que se paga en el país en comparación con otros del área, sugiere poner mayor énfasis en los impuestos directos a los ingresos y aumentar otras tasas como la del gravamen a la propiedad inmobiliaria.

Creemos, sin embargo, al menos no aparece en la versión periodística, que el valioso informe adolece de algunos aspectos que es preciso tomar en cuenta y que influyen en alguna medida en ese análisis.

Con frecuencia se menciona el hecho de que la carga fiscal que prevalece en el país está por debajo del promedio continental.  Y se baraja la cifra de entre un 13 y un 14 por ciento.  Pero…¿se corresponde la misma con la realidad, o es una verdad a medias?

Cuando el propio director general de Impuestos Internos, quien hace demostrables esfuerzos por aumentar las recaudaciones, afirma que los niveles de evasión tanto del ITBIS como del ISR superan  el cincuenta por ciento, se llega entonces a la obligada conclusión de que esa baja presión fiscal está soportada por menos de la mitad de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Para estos últimos por consiguiente, la carga tributaria viene a resultar el doble de la cifra señalada, mientras que para los evasores, en tanto lo sigan siendo, será cero.  Aumentar los impuestos sin mejorar sustancialmente esta desproporción, equivaldría a castigar a los que pagan ensanchando la brecha con los que evaden esa obligación.

El otro punto de importancia corresponde a las obligaciones del Estado con respecto a los contribuyentes en justa correspondencia a los aportes de estos.

Entre los aspectos a considerar serían, para mencionar los mas relevantes: mejorar la calidad del gasto público, eliminando privilegios irritantes y costosos; erradicar el clientelismo; la innecesaria y abultadísima nómina pública;  las botellas; los privilegios, barrilitos, cofrecitos, exoneraciones para carros lujosos y costosos y otros derroches similares; una continua auditoría sobre la forma en que se emplean los fondos públicos no solo en los organismos del Estado, sino en las instituciones autónomas, los partidos políticos, las ONGS y todas aquellas que figuren en el presupuesto.

En el mismo orden: dejar bien definido en el presupuesto la variedad y calidad de servicios y bienes que los ciudadanos recibirán del Estado a cambio de los impuestos que pagan: seguridad, energía estable, agua potable, limpieza de las vías públicas y recogida de basura; calles, contenes, aceras, avenidas, carreteras y autopistas bien asfaltadas y mantenidas; eficientes servicios  de salud preventiva, atenciones médicas y hospitalarias; una educación pública de calidad; un sistema confiable de seguridad social; autoridades comprometidas con velar por el cumplimiento de las leyes y normas; una administración de justicia ciega y sorda a presiones y contubernios para sancionar lo mal hecho sin distingos ni privilegios.

Los ciudadanos están obligados al sostenimiento del Estado con el pago de los impuestos.  Pero el  Estado, a su vez, está obligado a retribuir  a los ciudadanos por esos aportes en servicios y bienes que contribuyan a garantizarles una adecuada calidad de vida.  Es un compromiso de doble vía que debe correr en ambas direcciones, por lo que todo proyecto impositivo tiene necesariamente que partir de esa base.