La salida de la empresa minera que operaba en Monseñor Nouel ha dejado a cientos de extrabajadores sin sustento ni seguro médico.
Bonao.– Lo que está ocurriendo en la Provincia Monseñor Nouel tras el cese de las operaciones de extracción de ferroníquel por las empresas que sucedieron a la antigua Falconbridge es un drama social penoso y angustiante que raya en lo inhumano.
Trabajadores que dedicaron gran parte de su vida laboral a ese consorcio, están desamparados sin fuentes de sustento y carentes de un seguro médico que les permita atender los delicados cuadros de salud propios de edades avanzadas.
La indolencia e indiferencia del consorcio minero y de las diferentes matrices internacionales que se han sucedido en ventas y traspasos ha prevalecido durante años y es recientemente, o sea en julio, cuando el gobierno ha emprendido una acción legal para ir en auxilio de estos trabajadores.
Este drama abarca también a contratistas, pequeños, medianos y grandes comerciantes que prestaron servicios durante las operaciones mineras en Bonao y que, pese a años de quejas y reclamos, no han podido recibir ni siquiera una, no han podido recibir ni siquiera una parte de los cuantiosos recursos que les adeudan, que ascienden según un listado a 32 millones de dólares, pero otras fuentes aseguran que pudiera alcanzar hasta los 100 millones de dólares.
Es muy bueno beneficiarse de nuestros recursos naturales, pero cuando ya no les conviene, salir corriendo y no dar la cara. Ciertamente, mientras esto no se resuelva, se estará sentando un mal precedente en cuanto a deberes y obligaciones humanas y legales de las firmas extranjeras en el país.
Este conflicto no solo impacta directamente a los afectados en Bonao, sino que además lanza un mensaje preocupante sobre la seguridad jurídica y social en los acuerdos con empresas extranjeras.
Si no se exige responsabilidad a las multinacionales que operan en el país, se corre el riesgo de establecer un precedente negativo que podría disuadir futuras inversiones responsables o, peor aún, normalizar el abandono de compromisos sociales.
La ausencia de consecuencias claras refuerza la idea de que las empresas pueden explotar recursos y personas sin ningún tipo de obligación a largo plazo, lo que mina la confianza de la población en sus instituciones y en los beneficios reales del desarrollo minero.
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