No fue precisamente constructiva la jornada de ayer de evaluación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura de los aspirantes a continuar en unos casos, o acceder en otros, a ocupar la alta posición de magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Ya desde antes su presidente Mariano Germán había adelantado su propósito de dejar vacante el cargo una vez vencido el período de ocho años para el que fue electo.
Lamentablemente lo que debió resultar en todo momento una jornada de evaluación de los méritos y experiencia de los aspirantes, sirvió de escenario para un enfrentamiento, a todas luces personal, entre el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez y la experimentada magistrada Miriam Germán Brito, consecuencia de serias diferencias pasadas, sobre todo en el caso de la Odebrecht y los consiguientes resentimientos acumulados.
Estos salieron al desnudo cuando al momento de evaluar a la doctora Germán Brito, el Procurador exhibió tres cartas, dos de ellas anónimas, y la tercera firmada por un juez de la provincia Santo Domingo con imputaciones encaminadas a poner en duda la honorabilidad de la magistrada, considerada entre las más capaces y honestas con que cuenta el Poder Judicial. Esto dio inicio a un feo e inapropiado espectáculo transmitido por televisión a conocimiento público.
No vamos a tomar partido por ninguno para no echar más leña al fuego. La doctora Germán ha recibido sobrado respaldo, incluyendo la Vicepresidenta de República y varios de los más distinguidos abogados del foro nacional. Y en cuanto al Procurador tendrá que asumir su propia causa si no encuentra voces de apoyo que le hagan coro.
Ahora bien, en un enfoque estrictamente imparcial y legal de este penoso incidente, que ojalá no vuelva a repetirse, es de hacer notar los siguientes aspectos.
El primero es que la propia ley establece el mecanismo para presentar objeciones del tipo que exhibió el Procurador, pero previo al proceso de entrevistas a los aspirantes, por lo que al hacerlo en ese momento estaba fuera de orden y así debió habérsele requerido.
Lo segundo es que las denuncias anónimas, cuando más constituyen motivo para iniciar un proceso de investigación, pero en modo alguno pueden utilizarse como elemento de prueba. De no ser así, todos los ciudadanos estaríamos expuestos a ser víctimas de denuncias calumniosas.
Y lo tercero, es que el juez de la provincia de Santo Domingo que firmó la carta en que pone bajo cuestionamiento el proceder de la doctora Germán Brito, conoce perfectamente, mejor que nadie por la propia posición que desempeña, que toda imputación tiene que estar acompañada de elementos probatorios que la sustenten. Si realmente cuenta con ellos debió anexarlos, o deberá hacerlo si formaliza su denuncia en los tribunales.
Por lo demás, reiteramos e insistimos, es necesario tomar providencias para que este tipo de situaciones a todas luces irregular no vuelvan a presentarse, dejando en entredicho la seriedad de un proceso que debe estar revestido de la máxima solemnidad, y jamás permitir que se convierta en un campo de batalla personal ni un penoso espectáculo de circo.