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Un excelente trabajo

Un excelente trabajo
Mario Rivadulla

Por pasadas y frustrantes experiencias, la mayoría de la gente desconfía del nombramiento de comisiones oficiales, sobre todo cuando se trata de evaluar situaciones que pudieran involucrar a funcionarios públicos, figuras políticas y personajes influyentes  en  la posible comisión de algún hecho punible.

Bien arraigada en el ánimo público la convicción de que, por lo general, estas comisiones no llegan a nada concreto y son más bien una forma dilatada de jugar con el tiempo para terminar convirtiéndose en una especie de cortina de humo,  mientras el caso que la originó va perdiendo interés o resulta sustituido por otras situaciones que desplazan la atención de la gente.

No ha ocurrido así con la  comisión nombrada para investigar y evaluar la cuestionada operación de venta y traspaso de terrenos de Los 3 Brazos.  Contrario a la tradición y a todo pronóstico pesimista, los integrantes de la misma actuando con agilidad y eficiencia, llevaron a cabo un cuidadoso trabajo de investigación dentro del plazo establecido y han de rendido un informe concluyente determinando que la transacción violó la Constitución y las leyes de Función Pública y de Reforma de la Empresa Pública.

Más aún.  El informe advierte que el esquema comercial que se siguió fue “altamente perjudicial para el Estado Dominicano; donde el interés público fue lesionado por el interés privado”.   Esto así, sostiene el informe, por cuanto la venta de la propiedad fue tramitada a un costo muy por debajo, donde las empresas beneficiadas INEFA y TITULATEC establecieron un negocio con ganancias exorbitantes.

A consecuencia de lo anterior, la Comisión también recomienda remitir su informe al Ministerio Público para que este determine si en la operación quedó comprometida la responsabilidad penal de los participantes.

El trabajo de la Comisión no se detiene ahí, sin embargo.  Va más allá al contemplar la situación de los ocupantes de estos terrenos, muchos de los cuales tenían una permanencia de décadas en el sitio recomendando convertirlos de ocupantes en propietarios en forma ajustada a su condición  socio-económica.  En el caso de los más pudientes, vendiéndoles sus respectivas  parcelas a un precio adecuado.  Y por el contrario, entregando la propiedad a título gratuito a quienes disponen de recursos muy limitados para poder comprarla.

Finalmente, la Comisión propone la creación de “un mecanismo y calendario para el cierre definitivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y la Comisión de Reforma Empresa Pública”. Obviamente la existencia de las mismas carece de justificación, contribuyendo a drenar innecesariamente  los recursos del Estado.

Desde que salieron a relucir los detalles de la operación de venta de los terrenos de Los 3 Brazos a empresas privadas para con la excusa de llevar a cabo un trabajo de titulación, era evidente que el propósito real escondía el montar un atractivo negocio con fines de lucro del que se derivarían suculentos beneficios.

Fuera de toda lógica que el Estado fuera a desprenderse de más de un millón de metros de terrenos ya ocupados por miles de familias, a precio muy por debajo del que posteriormente exigió y cobró a un número determinado de ocupantes, la empresa a cargo de la alegada titulación. De reclamar a la misma que en estos casos se reembolsen los fondos cobrados al amparo de un negocio a todas luces ilegal.

Más incomprensible todavía que con la alegada justificación de titular esos terrenos se otorgarse esa facultad a una empresa privada, cuando el Estado dispone de mecanismos y medios para llevar a cabo esa tarea sin intermediación privada.  Con más razón aun, cuando como era esperar, se estaría originando un previsible foco de protestas y un innecesario conflicto social al gobierno, tal como ocurrió y gracias a lo cual la sospechosa operación se hizo de dominio público.

Esta vez, la comisión que presidió el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, rindió la función para la que fue creada.  Lo hizo tal como correspondía. Y es justo felicitar a sus integrantes  por este trabajo de investigación y evaluación excepcionalmente bien realizado con diligencia, a conciencia y responsabilidad en defensa del patrimonio público, que marca la diferencia con respecto a otras fallidas y decepcionantes experiencias registradas anteriormente.

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