CIUDAD DE PANAMÁ.- Un exfuncionario del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y un empresario fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de peculado o malversación de fondo públicos por la compra irregular de instrumentos musicales destinados al Ministerio de Educación de Panamá (Meduca).
El Ministerio Público informó este jueves que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró culpables por este caso a Giacomo Tamburelli Lettieri, exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), y al empresario Roberto Carretero Napolitano.
Como pena principal se estableció cuatro años de prisión, y como pena accesoria la prohibición para el ejercicio de funciones públicas por el término de dos años una vez cumplido el tiempo en la cárcel.
El «delito probado se cometió» a través de la adquisición irregular, mediante el PAN, de instrumentos musicales destinados al Meduca, e involucró «un perjuicio económico al erario por el orden aproximado 4.033.506,69 dólares», dijo la Fiscalía.
«Los hechos datan del (período constitucional) 2009-2014, cuando se emitieron órdenes de compra para la adquisición de instrumentos musicales y su distribución. Sin embargo, no se evidenció en los expedientes (…) documentación que certificara la distribución de los bienes, así como el faltante de instrumentos musicales», indicó la información judicial.
Según datos de la prensa local, Tamburelli es una de las cuatro personas llamadas a juicio por un caso de peculado por la compra de comida deshidratada, en un proceso que comenzará en enero próximo según lo estableció en agosto pasado el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.
Estas compras, que causaron una lesión patrimonial de 14 millones de dólares según versiones de la prensa local, fueron realizadas inicialmente por el antiguo Fondo de Inversión Social (FIS), que luego cambió al también extinto PAN, en el periodo comprendido del 2009 al 2011, de acuerdo con la información judicial.
El extinto PAN es el epicentro de varias investigaciones por supuesta corrupción y uno de sus directores, Rafael Guardia, confesó los delitos y fue condenado por la Justicia panameña a cinco años de cárcel y a devolver al Estado 30 millones de dólares.
