No hubo secuestro de personal consular y militares dominicanos destacados en Anse-A Pitre, Haití, como tampoco es cierto que se hayan hecho asentamientos de inmigrantes haitianos en bateyes del desmantelado ingenio Montellano en Puerto Plata, como se ha denunciado reiterativamente en la primera semana de este año, alimentando el clima nacional de confrontación y exclusión que grupos radicales promueven cada vez con mayor entusiasmo.
Sí fue cierto que un grupo de haitianos disgustados por disposiciones de preservación del espacio marítimo dominicano, donde pescaban, en las proximidades de Pedernales, apedrearon el local del consulado, lo que obligó al personal a permanecer en su interior hasta que las autoridades locales les garantizaron su seguridad. Así lo informó al gobierno el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, general Carlos Manuel Aguirre Reyes. También lo reconoció el director de Migración, José Ricardo Taveras, un funcionario nada sospechoso de cordialidad con los haitianos. A pesar de ello múltiples comentaristas y medios informativos nacionales han seguido denunciando el supuesto secuestro, y algunos llegaron a reclamar acciones militares.
Sin duda hubo un incidente desagradable y peligroso, una actitud agresiva ante la cual la cancillería nacional procedió con altura y ponderación, tramitando la correspondiente protesta y pidiendo las necesarias garantías, en un lenguaje diplomático evadiendo echar combustible sobre las pasiones bilaterales.
Lo del supuesto asentamiento de inmigrantes haitianos por parte de una entidad canadiense es absolutamente falso, como ha documentado el regidor reformista Juan Arismendy Medina, quien preside la Fundación Samaritana, responsable de haber construido unas 1,500 modestas viviendas escuelas y consultorios médicos en diez comunidades de extrema pobreza en ese municipio del que fuera síndico 1986-90.
El munícipe testimonió por Teleantillas, que todo comenzó en 1988 cuando un potentado empresario canadiense, que vino de turista, chocó con la extrema pobreza y se acercó a la Asamblea de Iglesia Cristiana de la que el señor Medina era animador. Otros contribuyentes canadienses se sumarían posteriormente a una obra de carácter humanitario. Fue aprobada por autoridades nacionales e incentivada por personas sensibles como el recordado Freddy Beras Goico. Reportajes en periódicos nacionales como el Listín Diario, y el canadiense Toronto Star dieron cuenta de la humanitaria renovación de bateyes y parajes abandonados tras el cierre del Ingenio Montellano. Algunas de las entregas de viviendas han sido reproducidas en Teleantillas y en periódicos digitales y en Youtube.
Como en todas las zonas cañeras del país, la decadencia de la industria azucarera dejó en la miseria y el mayor abandono a ciudadanos dominicanos, haitianos y dominico-haitianos. De las tres categorías han sido beneficiarios de las viviendas con costo promedio de 4 mil dólares. Reportajes televisivos han mostrado que se trata de personas residentes en esos lugares por décadas, muchos de ellos mostrando sus cédulas de identidad, tarjetas del programa oficial Solidaridad y de Senasa.
No hay dudas que también se dieron viviendas a inmigrantes haitianos, pero de los que han trabajado y vivido allí por décadas y sus descendientes, al igual que ha ocurrido en los mínimos proyectos que en el pasado desarrolló en algunos bateyes el Consejo Estatal del Azúcar, y muy recientemente el Consorcio Vicini, que ha invertido muchos millones de pesos para mejorar el rostro de los residentes en sus bateyes.
Por suerte las máximas autoridades nacionales han actuado con responsabilidad y no se han dejado arrastrar por los promotores de la confrontación. El vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, habló con admirable inteligencia y serenidad llamando a la ponderación, especialmente a los responsables de la información y la orientación. Toman en cuenta la delicada situación política e institucional por la que atraviesa Haití, cuyo agravamiento en nada beneficiaría al país, al control migratorio, ni a los cada vez mayores intereses económicos de empresarios dominicanos, exportadores y constructores.