Salcedo, cabecera de la emblemática provincia Hermanas Mirabal, fue escenario de una concentración frente al Palacio de Justicia que reunió a las diversas instituciones que trabajan a favor de la mujer para expresar sus quejas por lo que estiman, con sobrada razón, que los tribunales están dictando fallos benévolos al disponer medidas de coerción de libertad condicional a cambio de simples garantías económicas a los hombres agresores en los casos de mujeres abusadas.
La pacífica demostración de protesta, que estuvo acompañada de actividades artísticas y culturales, fue encabezada por la directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer. La institución, que cuenta con un largo y esforzado expediente de trabajo para empoderar a las mujeres y romper el vicioso círculo de silencio que encubre los atropellos de que son víctimas muchas veces con trágicas consecuencias, está dirigida por Linabel González.
Para sustentar su reclamo, la activista llama la atención sobre el hecho de que en el 75 por ciento, o sea, las tres cuartas partes de los casos sometidos a la justicia de mujeres abusadas que han sido víctimas de heridas, golpes y otras formas de maltrato, a los agresores se les ha otorgado la libertad bajo fianza.
Ciertamente el hecho de que los responsables de tales abusos puedan disfrutar de libertad casi inmediata envía una señal muy negativa en contra de las mujeres abusadas, obligadas a vivir bajo el permanente miedo de recibir nuevas agresiones y las colocan en mayor riesgo de ser víctimas de un feminicidio. No es un temor injustificado. Los ejemplos sobran de hombres obcecados por el afán de tomar revancha ante el hecho de haber sido puestos en evidencia y llevados a los tribunales que violan las órdenes de alejamiento y sobre cuyo comportamiento posterior las autoridades no ejercen ningún tipo de control.
La tasa de abuso intrafamiliar en los hogares dominicanos supera el cincuenta por ciento, uno de los más elevados de la región como lo es también la proporción de feminicidios en relación con nuestra población. Se entiende que se trata de un problema multifactorial y complejo, donde es preciso un laborioso proceso de desarraigo de la torcida cultura machista transmitida de generación en generación, y admitida aún por la mayoría de las mujeres obligadas y resignadas a un rol de servidumbre. Precisamente por ello, el Estado y la Administración de Justicia en especial tienen que actuar en consecuencia para servir de protectores y garantes de la seguridad de la mujer en permanente riesgo de maltrato.
En el caso de la Justicia, fallos excesivamente benévolos, complacientes y en extremo tolerantes con los agresores constituyen un estímulo para que estos continúen aferrados a la viciosa práctica de abusar de las mujeres, si no con total impunidad en la confianza de que serán juzgados como si hubiesen cometido un delito menor cuando en realidad debe ser considerado y sancionado como uno de mayor gravedad.
El mensaje de la justicia para los agresores de las mujeres tiene que dejarse sentir fuerte y contundente, de tal manera que sirva de disuasivo y no de estímulo.