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Un nuevo desafío para la JCE

Es cierto que la ley no es taxativa al respecto, pero al enunciar todos los cargos de elección, indica la voluntad del legislador de distribuir la carga de las reservas.

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En cenáculos políticos se cuece una interpretación de la Ley de Partidos 33-18 que está llamada a constituirse en un nuevo desafío para la Junta Central Electoral (JCE) como si fueran pocos los que ya ha tenido que afrontar y los que le faltan si en verdad pudiera garantizar las elecciones del próximo año “con sujeción a los principios de libertad y equidad” como se instituye en los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República.

Se trata del artículo 58 de la Ley de Partidos que autoriza a los partidos a reservarse para sus dirigentes o para alianzas “un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al veinte por ciento del total de la nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidos por la Constitución y las leyes”.

Hasta ahora se asume que la intención del legislador, al establecer ese tope, ha sido proteger el derecho de los miembros de los partidos a elegir democráticamente sus candidatos, al margen  de la voluntad, los intereses o los compromisos de las cúpulas directivas. En consecuencia hasta ahora ha prevalecido el criterio de que la cuota se reparte por igual entre los diversos niveles de elección, es decir senadores, diputados y funcionarios municipales.

            Pero por conveniencia coyuntural, en los ámbitos del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se está interpretando que la reserva del 20 por ciento puede hacerse por completo en cualquiera de los niveles electivos, para abrir la puerta a otro impúdico reparto de las candidaturas a senadores, diputados y alcaldes, como ya hicieron en el 2016, antes de la ley 33-18.

Como los puestos electivos para los comicios municipales de febrero y los presidenciales y congresuales de mayo del 2020 totalizan 4,113, el 20 por ciento equivale a 823. El presidente y vicepresidente, los 32 senadores, 190 diputados nacionales, 40 diputados al Parlamento Centroamericano y sus 40 suplentes, 158 alcaldes y 158 vicealcaldes, más los 235 directores de distritos municipales, sólo totalizan 815. De manera que podrían dejar para el “derecho a elegir” los candidatos a los 1,164 regidores y sus 1,164 suplentes, 235 subdirectores de distritos municipales, y 735 vocales, que totalizarían 3,298, y constituirían el 80.1 por ciento, del total.

En palabras populares, la dirección de los partidos pretendería comerse la masa y dejar los huesos y piltrafas a la militancia, lo que sin duda constituiría una burla mayúscula al reclamo de democratización de la gestión partidista que fue uno de los objetivos de la ley discutida durante más de dos décadas.

Es cierto que la ley no es taxativa al respecto, pero al enunciar todos los cargos de elección, indica la voluntad del legislador de distribuir la carga de las reservas. Por cierto que si prevalecen los intereses de las cúpulas, todas las reservas podrían quedarse en la elección municipal de febrero y apropiarse de las candidaturas para las congresuales de mayo, asumiéndose que no encontrarán algún resquicio para reservarse también la elección  de los candidatos a presidente y vicepresidente de la nación.

El interés de aplicar antojadizamente la cuota de reserva se inscribe en la estrategia de compra de votos para la perseguida reforma constitucional, repitiendo la práctica del 2016 de “reelección por reelección”. Si se aplica por niveles de elección, la reserva de senadores sólo sería de 7, y 38 de las 190 candidaturas a diputados. En las circunstancias por las que atraviesa el PLD, con una confrontación que lo sitúa al borde mismo de la división, este limitado número de reservas legislativas implicaría otro problema: la distribución entre los dos grupos que se disputan el control del partido gobernante. Si se las reservan todas se quedan como están ahora.

De persistir esta estrategia, que se baraja en  la comisión del PLD encargada de organizar el proceso para las elecciones primarias, la JCE se enfrentaría a otro grave dilema. ¿Tendrá esta vez fortaleza para hacer valer el principio democrático al interior de los partidos, o capitulará ante el poder establecido? Demasiada carga para tres personas, porque ya sabemos que las otras dos están ahí como fruto del reparto de las cúpulas dominantes. Que Dios les ilumine el difícil camino de la dignidad y el decoro.-

 

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