Quito.- Un nuevo motín carcelario estalló este miércoles en Ecuador en la Cárcel Regional de Guayaquil, el primero desde que el presidente Daniel Noboa logró controlar la crisis carcelaria vivida a inicios de año con la declaración de «conflicto armado interno» y la posterior militarización de las cárceles.
En videos difundidos en redes sociales se aprecia un incendio desde el interior de uno de los pabellones, aparentemente por colchones incendiados, mientras que algunos presos protestan por el trato de los militares en las cárceles.
Si bien este amotinamiento no ha sido confirmado aún por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil indicó que se ha cerrado la vía que pasa por delante de la prisión por la operación policial que se lleva a cabo en sus inmediaciones.
La Cárcel Regional de Guayaquil ha sido una de las más intervenidas por la Policía y las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción decretado por el Gobierno, con recurrentes operativos para requisar armamento y objetivos prohibidos a la población penitenciaria.
De esta prisión se escapó entre finales de diciembre e inicios de enero el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), líder de la banda criminal Los Choneros, que cumplía una pena de 34 años de cárcel por narcotráfico, asociación ilícita y homicidio.
Hasta antes del inicio del estado de excepción Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua de Ecuador, tenían el control sobre el interior del recinto carcelario, donde cobraban cupos a los presos por el tipo de celda que usaban y también por la alimentación, entre otros elementos de un amplio entramado de extorsión, según testigos.
Este recinto penitenciario forma parte del complejo carcelario de la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde existen cinco cárceles en las que están recluidas unas 12.000 personas aproximadamente.
La Regional, denominada oficialmente por Centro de Rehabilitación Social Guayas Número 4, es la segunda cárcel más grande de Ecuador con unos 4.500 reos en su interior, sólo superada por la adyacente Penitenciaría del Litoral, que tiene en su interior a unos 5.500 reclusos.
Este nuevo motín ocurre a menos de dos semanas de que concluya la prórroga de 30 días del estado de excepción decretado por Noboa con el objetivo de combatir a las bandas del crimen organizado, a las que ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Esta decisión conllevó el despliegue de militares en las cárceles con el objetivo de arrebatar el control de las prisiones a las bandas criminales, que dominaban muchos de los centros carcelarios, donde sus rivalidades causaron desde 2020 una serie de masacres en las que fueron asesinados más de 500 presos.
Durante la militarización de las cárceles, varias organizaciones han denunciado violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, una acusación que el estamento militar ha rechazado siempre de plano al aducir que su actuación se apega a la legalidad y a los derechos humanos.