La convocatoria del Consejo Nacional de Migración para dar cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, representa un paso de gigante en el largo y fatigoso camino que tendrá que recorrer la República Dominicana para corregir la presencia masiva en su territorio de una gran cantidad de extranjeros ilegales procedentes de Haití.
El presidente Danilo Medina ha dejado claro que su apego a la institucionalidad está por encima de cualquier otra consideración, por eso no le ha temblado el pulso para iniciar el cumplimiento de una decisión que ha valorado en su apego a la constitucionalidad y las leyes, sin ocultar que se ha sensibilizado frente al drama humano de personas que reclaman nacionalidad dominicana bajo el alegato de que han nacido y se han criado en territorio dominicano, aunque todas las constituciones que se ha dado el país desde 1929 excluyen de ese derecho a los hijos de extranjeros en tránsito.
La sentencia confiere un plazo de noventa días a partir de su notificación, para que el Consejo Nacional de Migración elabore el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales Radicados en el país, que deberá ser remitido al Poder Ejecutivo con las recomendaciones de lugar, y no va a pasar otra cosas que no sea una solución institucional, ordenada, humanitaria y justiciera para todos los que califiquen.
La ejecución de ese plan puede dilatar varios años y conlleva una inversión importante de recursos, mientras tanto todo el que lo desee puede acogerse al beneficio de una residencia temporal que les garantiza el ejercicio de todos sus derechos.
En la sentencia se establece que “Los extranjeros en tránsito que modifiquen su situación migratoria y obtengan un permiso legal de residencia en el país pasan a integrar la categoría de extranjeros inmigrantes, según las indicadas normativas, por lo que sus hijos nacidos en el territorio nacional si adquieren la nacionalidad dominicana por aplicación del principio de ius soli”
Una vez esté concluido el levantamiento, entre las opciones que tiene el Poder Ejecutivo a su alcance está el de promover una ley de naturalización que acoja a la cantidad de personas que no pueden obtener una cédula como dominicanos por haber sido registrados por padres extranjeros ilegales, pero ese beneficio no debe incluir a las personas que se han valido de falsificaciones para la adquisición de sus documentos de identidad.
Es el gran momento de todos los ilegales interesados en corregir su status en la República Dominicana, unos podrán alcanzar la nacionalidad, otro el permiso de residencia, que para los fines de poder estudiar y trabajar en el país es la misma cosa, lo que le estará vedado a los que no logren la nacionalidad será el derecho al voto.
La convocatoria del Consejo Nacional de Migración ha sido la mejor respuesta que el país podía ofrecer frente a la manipulación y a la presión cargada de diatribas con la que se pretende doblegar a una nación soberana, por primera vez se observa a un Estado dominicano articulado para ofrecer respuestas institucionales.
Algunos de los que tenían reservas frente a la sentencia al examinarla mejor y empoderarse de ella han comprendido que representa hacer lo que nunca se ha hecho: enfrentar un grave problema con las herramientas institucionales. La opinión pública luce muy fragmentada en torno al tema, pero no así la sociedad que sus representaciones mayoritarias ha recibido la sentencia con fervor patriótico.